El análisis realizado permite destacar que las prioridades del GPS para el 2012, están orientadas a los programas que implican transferencia directa de ingresos, como es el caso de las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo y las Pensiones No Contributivas.

Por su parte, el análisis de la distribución geográfica de los principales programas sociales permite destacar que el principal criterio en general observado es la cantidad de población, en particular cuando se trata de las asignaciones para las provincias más grandes como es el caso de Buenos Aires, mientras que los indicadores sociales de las provincias tienen una incidencia limitada sobre la distribución de recursos a las provincias.

Sin embargo, cabe aclarar que también hay diferencias en función de la modalidad de transferencia que se trate. En este sentido, se observa una mayor tendencia a respetar criterios objetivos de reparto en los programas que implican transferencia directa de ingresos a los beneficiarios y a organizaciones como las universidades o entidades educativas. Por el contrario se observan mayores debilidades en la asignación presupuestaria a las provincias en los programas que implican transferencias a gobiernos provinciales y municipales.

En suma, se presenta como un desafío relevante mejorar la información de gasto social incluida en la Ley de Presupuesto, en especial la información referida a la distribución geográfica de los recursos a las provincias. Estas condiciones son esenciales para poder contar con el Presupuesto Nacional como una verdadera herramienta de planificación y gestión de las políticas públicas y al mismo tiempo mejorar el debate parlamentario en torno a las prioridades sociales.

Repercusiones en la Prensa:

La Nación, 15 de julio: El hambre como variable de ajuste

La Nación, 10 de julio: Deteriora la inflación las partidas del gasto social

La Voz del Interior, 4 de julio: Según el Presupuesto, Anses ya debería haber enviado 340 millones a la Caja

La Voz del Interior, 4 de julio: Falta información sobre los criterios para gasto público