La incesante tensión entre los poderes del Estado y la prensa independiente en varios países de América latina, ha puesto sobre el tapete una nueva discusión sobre lo que las empresas de comunicación llaman “sistemáticos abusos de poder”, mientras los jefes de Estado responden acusando a los dueños de medios de “subordinarse a intereses espureos que conspiran contra la estabilidad” de sus gobiernos.

El fenómeno, más visible en países conducidos por regimenes populistas, en los últimos tiempos también dio lugar a la sanción de nuevas leyes destinadas a introducir regulaciones a las empresas de comunicación, las cuales son denunciadas por ONGs que promueven la libertad de prensa, como destinadas a restringirla, mientras desde los poderes se las señala como normas que buscan democratizar la comunicación.

En medio de esta andanada de producción de nuevas fórmulas legislativas en torno a la prensa, resulta una paradoja la vigencia en varios países de la región de antiguas leyes que castigan a periodistas, generalmente encuadrándolos en el Código Penal, por infracciones en el ejercicio de su profesión.

Uno de los casos mas llamativos se ha venido reiterando en Brasil donde, a pesar de los esfuerzos de la jefa de Estado, Dilma Roussef, por diferenciar su modelo de gestión del de varios colegas enfrascados en fuertes enfrentamientos con los medios y empresas de comunicación, se han verificado condenas a periodistas que en algunos casos incluyen multas y en otros penas de prisión.

El periodista Paulo Henrique Amorim, presentador del programa Domingo Espetacular, de la Red Record, fue condenado por el Tribunal de Justicia (TJ) de Río de Janeiro a pagar una indemnización de R$ 100 mil (reales), por daños morales , al abogado Nélio Machado.

Según la revista Consultor Jurídico, Amorim fue condenado por la publicación de "ofensas y acusaciones sin pruebas" en su blog, Conversa Afiada. El abogado alega haber sido acusado por el periodista de estar involucrado con delincuentes y de reunirse con asesores de Gilmar Mendes antes de que el entonces presidente del Tribunal Superior Federal (STF) le concediera dos hábeas corpus a su cliente, el banquero Daniel Dantas, en 2008.

En sus fundamentos para dictar la condena, el juez Fernando Cerqueira señaló que “La libertad de expresión y de información, particularmente cuando es ejercida por profesionales de los medios de comunicación, como cualquier otro derecho fundamental, no es absoluta. Más allá de los límites consagrados por la veracidad de la información, debe ser compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados por la misma", Otro episodio similar lo vivió el comunicador Marcos Antônio Moreira, conocido en Río de Janeiro como propietario del portal Super Site Good. Fue condenado a pagar una indemnización por daños morales de 21,8 mil reales al ex-inspector-general de Justicia del estado de Mato Grosso, el juez Orlando Perri.

La condena se debió a una nota publicada en su sitio, donde Moreira dijo que una reunión de capacitación de la Inspectoría General se convirtió en un "baile de disfraces sin compromisos". Una imagen de Perri en la supuesta fiesta ilustraba el texto. Para la Justicia, "de forma maliciosa, el acusado [Vila] insertó fotos que registran momentos de relajación (justo antes de un largo día de trabajo), con el objetivo de denigrar la imagen del demandante [Orlando Perri]".

No obstante estas controvertidas decisiones de la Justicia, el Tribunal Superior recientemente emitió un fallo que deja luz para la esperanza.

A diferencia de lo que ocurre en países como Ecuador y Venezuela, en un importante precedente jurídico para la prensa brasileña, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) decidió que la “presunción de inocencia” de investigados y acusados de crímenes “no impide que la prensa divulgue, incluso de forma crítica, los hechos del caso”, sin ir más allá de la información proporcionada por las autoridades competentes, informó el Jornal do Brasil.

Con su dictamen, la Corte revirtió por unanimidad una condena a pagar 5 mil reales al diario Jornal do Dia, de Sergipe, por entender que la publicación de una foto y un reportaje que mencionaban el involucramiento de un empresario en un esquema de tráfico de influencias y desvío de fondos no perjudicaba la "presunción de inocencia" del investigado.

Otro caso polémico se conoció en Colombia donde el Poder Judicial condenó al periodista Luis Agustín González, director del periódico Cundinamarca Democrática, por la comisión de los delitos de injuria y calumnia. a cumplir 20 meses de prisión y al pago de una multa de 20 salarios mínimos,

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), manifestó su preocupación por la condena que recayó en González tras la denuncia penal de la ex gobernadora y líder política de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, por un editorial publicado en 2008, titulado “No Más”, en el que González cuestionaba la candidatura de Serrano al Congreso.

El editorial criticaba las aspiraciones de los “politiqueros de siempre” y aclaraba: “Nos ocupamos, sin tapujos y frenteramente, de María Leonor Serrano, que ‘otra vez’ se presenta en forma descarada y hasta amenazante, a decirle al pueblo fusagasugueño que aspira a un escaño en el Senado de la República.” A lo largo del artículo se recordaban algunas actuaciones de la candidata mientras fue gobernadora que, a juicio del periodista, no debían ser premiadas por los electores

Tras sus objeciones a la postulación de Serrano, el periodista finalizaba señalando que: “Creemos que ya es hora que hagamos un alto en el camino y, por fin, pongamos fin a esta clase de gamonales que creen que Fusagasugá es un hato privado y que como tal quieren manejar a su antojo, apartándose de los intereses colectivos de la comunidad.”

Por su parte la denunciante planteó que el artículo afectó su honra y buen nombre, y le causó graves daños morales y materiales. La jueza Primera en lo penal municipal de Fusagasugá, le dio la razón en primera instancia. Para la FLIP, “esta sentencia condenatoria contradice la jurisprudencia nacional e internacional y genera un grave precedente para la libertad de expresión en Colombia”. Los casos precedentes se encuentran en instancias de apelación, una alternativa que en la mayoría de los países puede terminar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde últimamente se han conocido varios fallos rechazando condenas contra editores y periodistas.

Uno de los dictámenes más recientes estuvo referido a la Argentina, con relación a la condena en 1998 a dos periodistas de la Editorial Perfil.

La Corte –con sede en Costa Rica y que es una instancia superior a la Comisión Interamericana de derechos Humanos de la OEA– sentenció que Argentina violó el derecho a la libertad de expresión de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, de la revista Noticias, luego de que un juzgado los hallara culpables por publicar aspectos de la vida privada del ex presidente Carlos Menem..

Ambos periodistas fueron condenados a pagar un resarcimiento al ex presidente argentino, tras publicar en 1995 un artículo donde aludían a un hijo del mandatario no reconocido por entonces.

Las resoluciones de la Corte Interamericana –que en este caso pidió una reparación para los comunicadores– son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la OEA, sostuvo el constitucionalista ecuatoriano Santiago Guarderas.

La decisión del más alto tribunal de Justicia, autorizado a revisar sentencias por los países integrantes de la OEA (Organización de Estados Americanos) tuvo amplia repercusión en Ecuador donde a su vez., varias ONGs nacionales e internacionales vienen denunciando la proliferación de demandas contra medios y periodistas.

El caso que generó mayores controversias es protagonizado por el propio presidente de la República, Rafael Correa, quien no oculta su más cerril desconsideración hacia medios y periodistas independientes.

El jefe de Estado demandó a tres directores y al ex editor de la sección Opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, por injuria calumniosa. Todos ellos fueron condenados a pagar $ 40 millones y a tres años de cárcel aunque la sentencia se encuentra apelada. Hay otros 16 juicios en proceso y en varios de ellos también es querellante el presidente de Ecuador destacándose el iniciado contra los autores del libro “El Gran Hermano”, Carlos Calderón y Christian Zurita, demandados por un supuesto daño moral al jefe de Estado porque en su obra se relatan los contratos que mantuvo con el Ejecutivo, Fabricio Correa, hermano del mandatario

Acerca de la disputa judicial con el diario El Universo, mientras se espera el fallo de la Cámara de Casación Penal, se mencionó la posible desaparición del rotativo que se edita en Guayaquil y, se conoció en julio pasado la renuncia del periodista que escribía su columna los domingos y su posterior salida del país para radicarse en los Estados Unidos.

A fines de octubre último, durante un encuentro del UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) en Asunción, en un reportaje ofrecido a los medios acreditados, Correa refutó las denuncias de persecución contra el diario. “El Universo dijo que durante el levantamiento policial del 30 de septiembre de 2010 yo di la orden de disparar contra civiles desarmados, contra un hospital y que soy un criminal de lesa humanidad. ¿Por qué tengo que aguantar esas difamaciones?”, preguntó y agregó: “luego de que lo publicaran, por si acaso, les anunciamos que las querellas se archivarían si reconocían su error, lo cual es un imperativo ético y constitucional. La Constitución obliga a rectificar cualquier información inexacta. Pero ellos no lo han querido hacer porque así son de soberbios”, se quejó el mandatario

En un reciente encuentro celebrado en Caracas para fundar un nuevo organismo regional, sin presencia de Estados Unidos y Canadá, Correa propuso sin éxito a sus colegas incluir en la futura legislación del organismo, mecanismos de regulación a la prensa.

Interrogado al respecto confirmó su proyecto del que, luego de admitir su falta de consenso, lamentó la posición de la mayoría de los mandatarios.

Es que los medios dijo. “son negocios privados con fines de lucro. Pero ellos no están vendiendo corbatas, están vendiendo información - recalcó- un bien público que perjudica o beneficia a toda la sociedad. Una mala información nos puede crear una guerra civil o una catástrofe, poner en riesgo la seguridad de la nación. Por supuesto que la sociedad en acción colectiva debe regularlos”, insistió.

En Venezuela existe otro caso que ha provocado reclamos de diversas instituciones, tanto locales como internacionales y es del periodista Leocenis García.

El comunicador lleva cumpliendo tres meses de prisión debido a una nota publicada el 20 de agosto en su semanario 6to Poder, donde se efectuó un fotomontaje en el que se presentaba como empleadas de cabaret, de faldas cortas y tacones altos, a seis mujeres que encabezan instituciones públicas autónomas o independientes del Ejecutivo, entre ellas la presidenta del Tribunal Supremo y la fiscal general.

García canjeó su libertad por la reapertura del semanario y mientras espera el juicio por incitación al odio del que dijo no tener las mínimas garantías de defensa en su país, dio lugar a reiterados reclamos por su liberación y el levantamiento de las acusaciones en su contra. . Recientemente periodistas de distintos medios elevaron una nota al Tribunal Supremo de Justicia donde solicitaron “que cumpla con el exhorto que el 25 de agosto de este año le hizo la Relatoria Especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se retiraran los cargos contra Leocenis García. Instamos también –señalaron los comunicadores-al estado venezolano a que tome en consideración la petición de libertad inmediata que han hecho la organización Reporteros Sin Frontera (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)", dice el documento.

También la SIP en su última reunión del año, realizada en octubre pasado en Lima, tras pasar revista a los numerosas enfrentamientos del gobierno chavista con la prensa, condenó la persecución policial, política y judicial contra el presidente de Globovisión Guillermo Zuloaga, contra el periodista y editor del diario El Nuevo País y la revista Z, Rafael Poleo y contra la periodista Patricia Poleo, actualmente en el exilio, y contra Dinorah Girón, periodista y editora del semanario Sexto Poder,

Paraguay es otras de las naciones donde la relación prensa-Gobierno no pasa por su mejor momento Como prueba de esa tensión, asociaciones de periodistas señalaron que el presidente Fernando Lugo en un discurso contra la prensa del 24 de marzo pasado lanzó que “Sería interesante un cerco eléctrico para que toquen los periodistas” y, unos meses más tarde ,el 9 de agosto de 2011, entre otras frases se despachó con una admonición contra el diario asunceño afirmando “Ojalá que en el 2013 ABC se trague toda la tinta que usaron para criticar”…

En ese contexto se cuentan varios casos de juicios por difamación y calumnia contra periodistas. Uno de ellos afectó a la redactora del diario ABC Color, Sandra López. El proceso fue impulsado por la empresaria Zunilda Castiñeira, quien reclamaba dos años y medio de prisión y un resarcimiento económico de 6.000 millones de guaraníes. El juez Manuel Aguirre sostuvo que no hubo lesión al honor y la reputación de la querellante.

Otro demanda que concluyó en absolución afectó a los periodistas de Canal 9 Silvio Cuevas, Yolanda Park y Andrés Caballero, así como el ex directivo Ismael Hadid, en una querella por difamación, calumnia e injurias promovida por el abogado Evelio Fabio Salinas.

En otro juicio fue condenado el periodista Luis Verón a pagar “costas” a un estudio jurídico, en el marco de una causa por difamación y calumnia .que instruyó el juez Digno Arnaldo Fleitas

Casos de signo opuesto se han conocido en Perú y en El Salvador.

En el país andino, la Corte Suprema de Justicia a fines de octubre ordenó la inmediata libertad del periodista Paul Garay, preso desde abril pasado tras ser condenado por el delito de difamación, en un caso que movilizó a diversas organizaciones internacionales de prensa. Garay fue sentenciado el 19 de abril de 2011, a tres años de prisión efectiva pero, una apelación el 27 de julio redujo la pena a 18 meses

Integrante del staff del canal Visión 47 de televisión y de radio La Exitosa de Pucallpa (noreste), fue hallado inocente de los cargos de difamación contra el fiscal superior de Ucayali, Agustín López, a quien había tildado de "enano eléctrico”.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una ONG de periodistas que brega por la libertad de expresión en América Latina, saludó la absolución y abogó por "la despenalización de casos de opinión", en un comunicado difundido en Lima. "La medida marca un esperado precedente en el respeto a la libertad de expresión en el Perú", dijo IPYS. . En el país centroamericano donde su presidente Mauricio Funes ejerció la profesión de periodista, la Asamblea Legislativa aprobó eliminar la pena de cárcel para los periodistas y particulares que en el ejercicio de la libertad de expresión cometan calumnia, difamación o injuria.

La reforma legislativa al Código Penal dejó como sanción el pago de una multa para resarcir los daños ocasionados por cualquiera de esas tres actuaciones.

Ana María de Lara, presidenta del Comité para la Libertad de Expresión de la Organización Interamericana de Radio (OIR), sostuvo que la decisión es positiva, aunque cree que la libertad irrestricta es la mejor normativa para eliminar las amenazas a la prensa y a la libre expresión de toda la población.

Mientras la mayoría de los países de la región aparecen suscribiendo el Acta de Chapultpec, en varios de ellos sigue pendiente el cumplimiento de sus 10 principios.

Cabe recordar el numero 4 que indica: “ El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.”

Por Eduardo Zukernik