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Al OESTE DEL RÍO TÁCHIRA

La crisis económica, política y social de Venezuela ha generado el ingreso a Colombia de migrantes procedentes del vecino país, en donde se incluye también a víctimas del conflicto armado interno y a retornados, quienes buscan mejores condiciones de vida aquí o en otros países de la región.

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En este contexto se dio la visita a la ciudad a Cúcuta, uno de los municipios de mayor recepción de migrantes provenientes de Venezuela, con el objetivo de conocer y visibilizar esta realidad.

La primera parada de la jornada fue en el Puente Internacional Simón Bolívar, uno de los principales pasos de tránsito habilitados en los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela. El Puente conecta sobre el Río Táchira a Cúcuta, oficialmente San José de Cúcuta, con las ciudades venezolanas de San Antonio y San Cristóbal. Por allí cruzan a diario entre 30.000 y 40.000 personas, y aproximadamente 2.000 de ellas se quedan en Colombia.

La población que se mueve regularmente entre los dos países y que vive en zona de frontera, se identifica por medio de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), la cual facilita el ingreso y mantiene el registro de las entradas y salidas diarias. Según Migración Colombia, hasta el 8 de febrero de 2018 había 1.620.494 Tarjetas de Movilidad Fronteriza. De esta cifra, el 47% afirmó que ingresan a la zona de frontera para comprar víveres o alimentos, un 20% lo hace con la intención de visitar a familiares, otro 12% ingresa por turismo y un 14% lo hace por actividades no remuneradas y por trabajos agrícolas o industriales[1].

La calle que dirigía hacia el Puente estaba llena de puestos informales y de basura. Había gente vendiendo todo tipo de alimentos, así como minutos a celular. Otros cuantos ofrecían viajes en bus y en carro a los que íbamos llegando, al mismo tiempo que varios jóvenes con carretillas se arrojaban encima de la gente ofreciendo cargar y transportar maletas a cambio de propinas. En un momento escuché a un hombre diciendo “compro oro y plata; compro y vendo celulares”. Si esta oferta existe es porque muchos de los que llegan a Colombia, algunos solo con lo que llevan puesto, están dispuestos a vender sus pertenencias con tal de obtener algo de dinero.

Los trayectos en bus y carro que ofrecían en toda la entrada del Puente eran hacia distintas partes de Colombia y del continente, desde Rumichaca –donde se encuentra el puente fronterizo entre Colombia y Ecuador– hasta Buenos Aires. El precio hacia Rumichaca, que son entre 27 y 34 horas de viaje dependiendo de la ruta que se tome, es de 300.000 COP por persona. El trayecto hasta Buenos Aires, que son aproximadamente 110 horas sin hacer paradas, lo que equivaldría a 4 días y medio de viaje, cuesta un millón de pesos por cabeza. Colombia entonces es utilizada por los migrantes como puente para llegar a terceros países, pues en lo corrido del 2018 más de 593 mil ciudadanos venezolanos han abandonado el territorio nacional (OCHA, 2018) y los principales destinos han sido Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Aquellos que no tienen dinero para costear estos viajes realizan sus desplazamientos a pie. Las caminatas tienen desafíos en términos de alimentación, salud, hospedaje y seguridad. La mayoría de los caminantes no llevan provisiones suficientes y los alimentos que reciben por el camino se limitan, según el informe de la OCHA, a pan, naranjas, bananos y agua, de aquí la subalimentación y deterioro físico de algunos (p.14). A esto se le suma las condiciones de las rutas. Estas generalmente presentan bajas temperaturas, como es el caso del Páramo de Berlín, y una altitud significativa como en el sector del Picacho que se encuentra a 3800 metros de altura.

Más adelante pedimos permiso a las autoridades para caminar sobre el Puente. De Colombia a Venezuela iba gente, pero era relativamente poca en comparación a la cantidad de personas que estaban esperando para entrar a nuestro país. Del lado de Venezuela ni siquiera se vislumbra una fila, sino gente agrupada hacia la entrada.

Solo pudimos llegar hasta la mitad del Puente cuando nos recomendaron devolvernos, pues nos llevaría todo el día realizar el control migratorio para volver a Colombia y la Guardia Nacional de Venezuela podría poner problema. Los funcionarios colombianos revisaban los documentos de quienes iban entrando. Pude ver varias TMF, que simplemente eran escaneadas por las autoridades. Otros iban con sus pasaportes, algunos azules, otros vinotinto. La mayoría iban con morral y otros cuantos con maletas de rueda, no en muy buen estado.

Una mujer que caminaba al lado mío, en medio de sus pasos acelerados, me contó que venía de la ciudad de San Cristóbal y que su destino final era el municipio colombiano Los Patios. Allí había conseguido trabajo de jueves a domingo en una repostería. Llegaba el jueves en la mañana y el domingo en la tarde se devolvía a su ciudad, y así sucedía semana tras semana. Colombia era el lugar donde trabajaba pero su residencia y familia seguía en Venezuela.

A unos cuantos metros del Puente estaban las instalaciones del ACNUR, la Cruz Roja, los Cascos Blancos de Argentina y el Consejo Noruego para Refugiados. Aún no habían abierto las puertas al público pero ya había fila y la gente estaba amontonada a las afueras. La mayoría eran mujeres, muchas de las cuales estaban embarazadas, bebés en brazos de sus madres y niños. El llanto de los bebés eran el común denominador, si se encontraban allí seguramente era por algún malestar físico, a lo que se le suma el hambre, el cansancio y la exposición al sol. La gente estaba desorganizada y agitada, por esta razón los funcionarios decían casi a gritos, “a la derecha por favor, mantengan la fila”, y así poder ser escuchados por todos mientras llevaban la lista de ingreso en la mano.

En la entrada nos recibió Daniel, un funcionario del ACNUR. Él nos comentó que ese punto en específico se encargaba de asesorar e informar a 100 personas diarias, especialmente en temas legales y migratorios. Daniel nos mostró los formatos de los permisos que ha dado Colombia frente a la migración venezolana. Habló de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) y de los Permisos Especiales de Permanencia (PEP).

El objetivo del PEP fue regularizar la permanencia de venezolanos sin antecedentes judiciales que entraron a Colombia de manera regular, es decir, sellando su pasaporte por un Puesto de Control Migratorio habilitado. Sin embargo, como los migrantes en situación de irregularidad no fueron cobijados por esta medida, el Gobierno impulsó, entre abril y junio de 2018, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV). Según Migración Colombia, 442.462 personas se registraron y tuvieron la oportunidad de acceder al PEP-RAMV. Ambos permisos autorizan al ciudadano venezolano a ejercer cualquier actividad u ocupación legal no regulada y les permite acceder a salud y educación hasta por un periodo máximo de dos años. Después de este plazo, si se desea permanecer en el país, se debe tramitar una visa. Al respecto, Daniel nos comentó que si bien el PEP autoriza el trabajo legal, las cosas se complican en la práctica, pues los empleadores no saben cuál es el camino a seguir para lograr un contrato con esos permisos.

Al lado del puesto del ACNUR estaban las carpas de la Cruz Roja. Un joven que trabaja ahí nos explicó que a diario atienden a 200 personas por lista, niños y mujeres en su mayoría. Con las mujeres se realiza planificación familiar y se les entrega pastillas anticonceptivas. Al preguntarle que cuál era la situación de los niños que llegan allí, respondió que es muy común que lleguen con enfermedades respiratorias, pero que también llegan niños saludables a los cuales se les realiza un chequeo general y se les da vitaminas y sueros. En este punto, nos contó que no cuentan con ambulancias para hacer el traslado a urgencias de los casos más críticos. Si bien los hospitales prestan el servicio, las distancias son significativas y las ambulancias tardan más de lo esperado, y en algunos casos, nunca llegan.

Cerca de la frontera hay un comedor comunitario de la Diócesis de Cúcuta que se sostiene por las donaciones realizadas y por la contribución del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA). Allí el padre David Cañas nos recibió y nos comentó que el objetivo directo del comedor es calmar el hambre de la población más vulnerable, que hoy en día es la que proviene de Venezuela.

Al comedor asisten a diario entre 2500 y 3000 personas para desayunar y/o almorzar. La mayoría de voluntarios que preparan los alimentos son venezolanos, y al finalizar el día, gracias a su labor, pueden llevar de la comida que quedó a sus casas. El padre David nos contó que hay gente que cruza la frontera, va al comedor y se devuelve a Venezuela. Así de crítica es la situación de hambre y escases en el país vecino.

El comedor se convierte 2 o 3 días de la semana en un centro de salud en donde asisten estudiantes de medicina y psicología de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. Cuando le pregunté a David que cuáles eran los principales problemas y necesidades de los migrantes, me respondió que se trata de temas de alimentación, salud, alojamiento y orientación legal y psicológica.

Después del comedor nos dirigimos al Centro Piloto de los Scalabrinianos en el barrio Camilo Daza, ubicado en la periferia de la ciudad. Además de haber una biblioteca y un comedor que a diario ofrece almuerzos para casi 400 personas, ofrecen servicios de acompañamiento, de orientación legal y brindan sus instalaciones para realizar brigadas y capacitaciones en distintos temas. Mientras nos dirigimos hacia allá, el padre Francesco Bortignon comentaba, desde su experiencia como director de varias sedes educativas de la misión Scalabriniana, que las condiciones socioeconómicas y de unidad familiar son bastante frágiles. Solo el 30% de los niños viven con papá y mamá, el otro 30% vive con madre o padre y el otro 30% vive con tíos y/o abuelos.

Ya en el Centro Piloto, la administradora del lugar, Gladys, dijo que la situación en el barrio había empeorado desde el cierre de la frontera en 2015, en donde más de 1.500 colombianos fueron deportados y otros 22.000 retornaron voluntariamente, muchos de ellos con sus familias, es decir, con hijos y/o pareja venezolana[1]. Ella me comentó que los migrantes llegan al Centro buscando información legal, pues necesitan ayuda para realizar trámites, conseguir documentos y solucionar su situación migratoria. Además, llegan indagando por fuentes de empleo, pero sobretodo, y haciendo mucho énfasis en esto, las personas llegan buscando a alguien que los escuche, de aquí la importancia de la ayuda psicológica.

El acceso a vivienda y educación son otras problemáticas de los migrantes. En primer lugar, las personas no poseen los recursos suficientes para sustentar un arriendo, y cuando el dinero no es el problema, la situación migratoria irregular les impide sustentar y formalizar contratos. De otro lado, las escuelas de los Scalabrinianos reciben a los niños aunque no tengan documentos; no obstante, los colegios estatales continúan poniendo trabas al acceso a la educación de esta parte de la población.

Un interrogante que surgió a lo largo de la jornada fue qué hacer con aquellos que no están cobijados por el PEP. Aquí se debe recordar que muchas personas no se registraron en el RAMV por desconocimiento, falta de orientación o por miedo de que las autoridades fueran a deportarlos. Igualmente, Gladys señaló que así se tuviera PEP, no hay suficiente fuente de empleo en la ciudad de Cúcuta para acoger a la población que está llegando, razón por la cual muchas personas continuaban desempleadas.

La baja oferta laboral agudiza el comercio informal y las implicaciones que esto trae consigo, como por ejemplo, la falta de seguridad social, la invasión del espacio público y la competencia desleal. La falta de empleo también, en algunas ocasiones, promueve actividades como la prostitución y algunos actos delictivos como el robo.

Este tipo de prácticas irregulares no solo afectan a los comerciantes legales sino a los empleados formales, puesto que los empleadores prefieren contratar a un migrante indocumentado por menos del salario mínimo legal establecido, lo cual a su vez genera brotes de xenofobia y es causa de discordias dentro de la sociedad. En este sentido, la contratación ilegal no solamente es injusta con el migrante, sino que además, termina por afectar la calidad de vida del colombiano. Ahora bien, tener PEP no significa que vaya a haber un trabajo digno y que con esto se vaya a acabar la explotación laboral, pues algunos empleadores se aprovechan de la situación de necesidad y vulnerabilidad de quienes llegan.

Ese día almorcé con una familia venezolana. Eran dos adultos, una niña de unos 6 años y un niño un poco más pequeño que ella. Al comienzo asumí que eran sus hijos, pero a medida de que íbamos conversando me di cuenta de que ambos eran sus nietos. La madre de los niños vive en Bogotá y trabaja indocumentada en una panadería, en donde gana 20.000 COP diarios. Ella no vio otra alternativa que dejar, por un tiempo, a sus hijos en manos de sus abuelos, e irse a buscar un sustento económico a la capital del país.

El impacto que esto ha tenido en sus hijos ha sido significativo, según su abuela, mientras contaba que la niña lloró todos los días las primeras tres semanas de su ausencia. Esas semanas, además de tener lejos a su madre, inició clases en su nuevo colegio. Allí la llamaban “veneca” y recibía comentarios ofensivos por parte de sus compañeros de clase. Frente a esta situación de desosiego, sus abuelos pidieron ayuda psicológica en el colegio y poco a poco todo fue mejorando. El acompañamiento de una de las maestras fue esencial para la adaptación de la menor. La profesora estuvo pendiente de la niña, ayudándole con sus compañeros y con las materias de la escuela, al mismo tiempo que estableció comunicación directa y constante con sus abuelos. Ellos realmente estaban agradecidos con el rol que tuvo la maestra en sus vidas.

Ese día la niña llevaba un traje típico colombiano, pues había participado en un concurso de Mapalé. La siguiente semana iba a haber un concurso de disfraces, y al parecer, esas actividades la motivaban a ir al colegio. En ese momento me di cuenta de la importancia que tienen los maestros y las instituciones educativas en el proceso de integración de los estudiantes que llegan de afuera y el impacto que pueden tener en sus vidas.

En el momento en el que esta familia decidió venir a Colombia, su hijo tenía el pasaporte vencido, y pasar por las “trochas” o pasos irregulares en la frontera no era una opción porque allí se encuentran los “coyotes”, que es el término que se utiliza para referirse a las personas que cobran la entrada al territorio colombiano. Allí también hay presencia de grupos criminales y se han dado casos de violencia sexual y de tráfico de personas. A su padre le horroriza pensar que su hijo se embarque en esa travesía con todas las amenazas que eso representa, y le pide, cada vez que puede, que no vaya a llegar al país por ese camino. Se debe resaltar que en el país vecino sacar un pasaporte es una tarea difícil, por no decir imposible. Además de esto, invertir dinero en un pasaporte no es una prioridad.

Ahora bien, para esta familia es inevitable hablar del pasado y de sus experiencias en Venezuela. Sus dos carros los dejaron allá, uno de ellos ya no funciona y el otro va por el mismo camino, pues las llantas y los arreglos mecánicos resultan muy costosos, por lo cual los vehículos terminan estacionados. Por otro lado, relataban que durante sus últimos meses en Venezuela los niños ya no iban al colegio porque no había transporte ni comida. Algunas veces fueron a estudiar caminando pero llegaban cansados y con hambre, y en esas condiciones era difícil recibir clase.

La familia también me comentó que están en contacto con otros migrantes provenientes de Venezuela que han llegado a Cúcuta. Una de las mayores preocupaciones se evidencia en la situación de una retornada, es decir, una mujer con nacionalidad colombiana que se tuvo que devolver de Venezuela. A ella y a sus 8 hijos les otorgaron una ayuda monetaria pero por falta de información y de acompañamiento la ayuda terminó perdiéndose. De acuerdo a la familia, esta situación es algo que sucede a menudo, ya que las ayudas, por lo general, no ofrecen un acompañamiento adecuado y las personas desconocen el procedimiento a seguir.

Asimismo, en la ciudad se encuentra el Centro de Migraciones de la Diócesis de Cúcuta y de los Misioneros Scalabrinianos. El Centro recibe a las personas con mayor vulnerabilidad y que no tienen otro lugar al cual acudir independientemente de su nacionalidad, y tiene capacidad para albergar entre 150 y 200 personas. El Centro ha recibido a lo largo de su historia a migrantes internos, desplazados por el conflicto, a gente de África, y últimamente, a retornados y venezolanos.

Ese día el Centro tenía los cupos llenos. Algunas personas estaban sentadas a los alrededores de las habitaciones, los niños más chiquitos se encontraban en un espacio que recreaba un jardín infantil, en donde jugaban y coloreaban. Los niños un poco más grandes estaban realizando actividades con los voluntarios del Consejo Noruego, y el resto, charlaba y jugaba cartas en la zona social.

Los cuartos permanecen con llave durante el día. Hay un cuarto familiar que generalmente lo ocupan grupos familiares con niños y mujeres embarazadas. Hay otro cuarto solo para hombres, con camarotes sencillos unos al lado de los otros y un baño colectivo dentro. Para las mujeres había un cuarto igual y por los juguetes, las maletas y la ropa, era evidente que los niños se quedaban con ellas. Dependiendo de la situación de cada persona, se podían quedar en el Centro de 3 días a varios meses mientras encuentran alguna oportunidad por fuera o logran contactar a algún familiar. Además de esto, reciben tres comidas diarias, asistencia psicológica y atención de salud. En otras palabras, es un lugar de paso para aquellos que más lo necesitan.

Después de todo esto, es evidente que las personas provenientes de Venezuela que cruzan la frontera hacia Colombia tienen que enfrentarse a una estructura normativa ajena y algunos no conocen bien sus derechos ni están bien informados sobre lo que sucede. Es clara la necesidad que se tiene en el ámbito de orientación y acompañamiento, y es indiscutible la situación de incertidumbre y vulnerabilidad de la mayoría de los que están llegando a Cúcuta.

Bibliografía

Migración Colombia. (2018). Colombia & Venezuela más que 2.200 kilómetros de frontera. Recuperado de http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/infografias-2018/8276-colombia-y-venezuela-mas-que-2-200-kilometros-de-frontera

Migración Colombia. (2018). Infografía PEP Primer Semestre 2018. Recuperado de http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/categorias-migratorias/7921-infografia-pep

Migración Colombia. (2018). Infografía TMF Primer Semestre 2018. Recuperado de http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/categorias-migratorias/7918-infografia-tmf

Migración Colombia. (2018). RAMV Infografía. Recuperado de http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/categorias-migratorias/7922-infografia-ramv

OCHA. (2018). Informe de la situación humanitaria de los migrantes venezolanos en tránsito peatonal en Norte de Santander.


[1] Información recuperada de Colombia y Venezuela más que 2.200 kilómetros de frontera. Disponible en http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/infografias-2018/8276-colombia-y-venezuela-mas-que-2-200-kilometros-de-frontera


[1] Datos recuperados de la Infografía TMF 1er Semestre de Migración Colombia, disponible en http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/categorias-migratorias/7918-infografia-tmf

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