En marzo del año año 2020, la enfermedad causada por el COVID-19 ingresó a Costa Rica, lo que generó un contexto de incertidumbre y de desafíos sanitarios, económicos y sociales que perduran aún hasta el presente. La consecuencia inmediata de las medidas de restricción a la movilidad y al comercio fue un crecimiento del desempleo, que se duplicó hasta alcanzar el 24%, lo que ocasionó una reducción en los ingresos de los hogares del país ante la pérdida casi medio millón de empleos. Si bien la respuesta estatal compensó la pérdida de ingresos de los hogares, especialmente de los de mayor vulnerabilidad, no fue suficiente para evitar un incremento en la pobreza, un aumento en la desigualdad y una ampliación de otras brechas de carácter estructural en el mercado laboral. Si bien desde mediados de 2020 se ha venido observando un proceso de recuperación de la producción, esto no ha ido acompañado de un aumento equivalente en el empleo, y en particular las personas que trabajaban en el sector informal son las que aún presentan las mayores dificultades para re incorporarse nuevamente al mercado laboral, lo que plantea retos y consideraciones para lograr una recuperación resiliente.