Aún con fronteras abiertas, conciertos, eventos deportivos y actos protocolarios de gobierno, y sin acciones contundentes de comunicación por parte del Gobierno Federal se anuncia la fase 1 del COVID-19 en México, luego de la confirmación de aproximadamente 17 casos registrados en el país.

Al mismo tiempo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina diaria, mejor conocida como "la mañanera", pidió mantener una vida normal y seguir en contacto con las personas, indicando que todo estaba bajo control “estamos blindados, no nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias”, aseguró, indicando que el mejor remedio para el virus era la “honestidad”.

Días después, el mandatario expresó “estamos preparados por lo del ‘coronavirus’, de acuerdo a la estrategia que hemos venido llevando a cabo desde hace tres meses, antes que otros gobiernos en el mundo”, de inmediato se hizo tendencia en twitter el hashtag #AMLOPreVidente, es de notar que los mensajes del presidente carecen de la seriedad que esta situación amerita y están lejos de una comunicación con autoridad mostrada por otros jefes de gobierno en el mundo.

Ante la poca información y falta de prudencia política en el tema, las noticias falsas y las bromas han sido aprovechas por las redes sociales, donde el desbordamiento de videos, “memes” y chistes han provocado incredulidad por parte de muchos ciudadanos y en otros casos psicosis social.

Desafortunadamente, los spots de radio, televisión, publicidad impresa y digital, no han sido suficientes, ni aprovechados para comunicar la magnitud del problema, sus consecuencias y las acciones preventivas urgentes a realizar.

La actuación de los medios de comunicación ha sido más activa, aún con la poca información que se tiene por parte de las autoridades, invitando constantemente a los ciudadanos a tomar una actitud preventiva.

Lo que es claro hasta hoy, es que el gobierno mexicano no ha comunicado un plan de contingencia de forma adecuada y clara, las consecuencias de ello están por venir, principalmente en materia de salud pública y económica, y los mexicanos siguen esperando un mejor antídoto para el COVID-19 que un simple trébol de cuatro hojas o la estampita del santoral.

Después de los primeros brotes confirmados en México, la respuesta por parte de la clase política no se hizo esperar. A través de sus páginas web oficiales, los principales partidos políticos del país (PAN, PRI, PRD, con excepción de MORENA, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador), comunicaron que decidían suspender sus actividades de capacitación, de militancia y cualquier otra que requiriera una congregación de personas.

De igual forma, el Senado de la República y la Cámara de Diputados comunicaron que decidían suspender los eventos en sus respectivos recintos, con la intención de sumarse a las medidas precautorias por la pandemia. Sin embargo, es importante mencionar que fue en la Cámara de Diputados, el pasado 18 de marzo (previo a la suspensión de actividades) donde se “aprovechó” la ausencia de los diputados del PAN, PRI y PRD, para presentar y aprobar, en menos de una hora, la iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y a la Ley de Partidos Políticos, la cual permite que los diputados puedan hacer precampaña y campaña, sin dejar su curul. Esta iniciativa obtuvo 254 votos a favor (Morena, PT, PES y PVEM), 20 en contra y 3 abstenciones.

La otra votación y aprobación que generó revuelo en la Cámara baja, fue la que se realizó el pasado jueves 19 de marzo, y que tuvo como objetivo el avalar el juicio político en contra de Rosario Robles, ex titular de la ex Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral ha comunicado, a través de su Consejero Presidente, medidas cautelares para las actividades y preparativos para los comicios locales en Coahuila e Hidalgo, los cuales incluyen reducir al mínimo las sesiones públicas del Instituto; cancelar los eventos, conferencias y reuniones ya previstas, las cuales serán reprogramadas hasta que termine la contingencia sanitaria. Aún no se ha planteado ninguna acción que ponga en riesgo la celebración de dichas elecciones locales.

Con respecto al gobierno federal, se observan una serie de acciones que llaman la atención por ser contradictorias y alejadas a lo que los diferentes jefes de estado en el mundo han hecho. Existe una clara distancia entre las recomendaciones que la Secretaría de Salud ha generado para la población en general y las acciones que Andrés Manuel hace. Se ve al jefe del ejecutivo asistiendo en plena crisis a eventos masivos en diferentes estados del país; dando sus conferencias matutinas con las mínimas restricciones de salud, y expresando un mensaje que pareciera buscar minimizar la situación crítica que se vive por la pandemia. Por momentos, pareciera que la estrategia del gobierno federal responde a las decisiones que tome una sola persona, y no por los expertos en la materia. Esta situación empieza a generar indignación y molestias dentro y fuera del territorio nacional.

La desaceleración económica mundial, la guerra comercial entre China y EE.UU., el Brexit y la caída en los precios del petróleo han sido la antesala de la actual contingencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), por lo que el panorama económico, tanto global como nacional, es desalentador. Los pronósticos de crecimiento mundial para 2020 de la OCDE eran de 2.4% al inicio de la contingencia, pero dada la rápida propagación del virus han estimado que el crecimiento de la economía global podría alcanzar a penas 1.5%.

En el caso de México las afectaciones se previsibles están en el sector de servicios, transportes, turismo y manufacturas, al interrumpirse los suministros de las cadenas de producción. Asimismo, los efectos inmediatos se han presentado el tipo de cambio, al pasar de niveles de $18 pesos por dólar desde enero a $24.42 pesos por dólar el 20 de marzo de 2020, y la reducción de la tasa de interés a 6.5% por parte del Banco de México. Cabe mencionar que, aunque sin relación con el COVID-19, la caída en los precios del petróleo en marzo anunciada por la OPEP afectará los ingresos de PEMEX y por lo tanto a las finanzas públicas.

Frente al escenario global desalentador y la incertidumbre sobre la duración de las medidas de aislamiento por el COVID-19, se esperarían acciones gubernamentales que contrarresten la desaceleración económica. En ese sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han propuesto acciones específicas como la suspensión temporal de pagos provisionales de impuesto sobre la renta e impuesto a gasolinas y diésel, la suspensión temporal de actos de fiscalización, mejorar el acceso a financiación y acceso a créditos de la banca de desarrollo y establecer estímulos fiscales temporales al empleo e inversión. Sin embargo, el 20 de marzo el presidente de México anunció que no se otorgarán estímulos fiscales ni reducción de impuestos a las empresas ante la contingencia, por lo que la recesión económica que se avecina se puede profundizar todavía más.

En los ámbitos estatal y municipal respecto a la pandemia Covid-19 la falta de lineamientos y protocolos que desde el nivel Federal se esperarían, además de la instalación y dictaminación de medidas preventivas por el Consejo de Salubridad dispuesto en la Constitución Política Mexicana han llamado la atención de gobernadores y alcaldes. Ejemplos de ello, los comunicados que la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y el GPPAN en el Senado y Cámara de Diputados han dispuesto; en el primer caso, exponen la falta de inventarios de recursos materiales disponibles para la debida atención y la falta de un índice de cantidad de pruebas que deberían realizarse para detección de casos, además de la propuesta al gobierno federal de disponer de los tiempos oficiales de medios de comunicación para informar. Por su parte, Diputados y senadores del GPPAN instaron además a la instalación de una Comisión de Emergencia Económica para apoyar la economía nacional en sus diversas actividades productivas afectadas por la pandemia, así como la rendición de 40 mil millones de pesos que se transfirieron al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) del cual se desconoce su ejercicio y reorganizar la planeación de grandes obras como refinería Dos Bocas, entre otras medidas.

Casos municipales y estatales en donde las respectivas autoridades han actuado ante la falta de lineamientos y protocolos establecidos para la federación son: Guanajuato[1], en donde se prevé la compra de un hospital móvil; Municipio de Nacozari de García, Sonora, cuya alcaldesa ha declarado toque de queda de 8:00 a 20:00 hrs., con excepción de trabajadores y Yucatán, con la creación de portales web difusores de medidas que llevan a cabo como la instalación de un comité consultivo de epidemiólogos, filtros de revisión en centrales camioneras, carreteras,  aeroportuarias, suspensión de eventos públicos, suspensiones de requisitos administrativos como reemplacamientos y comunicados frecuentes o diarios de la secretaría de salud estatal.

El Poder Judicial de la Federación (PFJ) suspendió la mayor parte de sus actividades en respuesta a la crisis sanitaria generada por el COVID-19 hasta el 19 de abril de 2019.

El titular del PJF, el Min. Arturo Zaldivar, anunció el pasado 17 de marzo el acuerdo que establece las medidas que tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A partir del 18 de marzo, la SCJN suspendió actividades jurisdiccionales. Esto quiere decir que no correrán plazos en los procedimientos, no habrá audiencias ni se celebrarán sesiones. Asimismo, se estableció una guardia para atender asuntos urgentes especialmente para otorgar suspensiones.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal quien es el órgano a cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del PJF y cuyo titular también es el Min. Zaldivar, también aprobó un acuerdo sobre el mismo asunto.  Dicho acuerdo establece la suspensión de actividades de los órganos que comprenden al PJF, tampoco correrán plazos procesales y estableció un sistema de guardias para atender asuntos urgentes.

El contenido de ambos acuerdos es una respuesta oportuna ante la crisis sanitaria. No solo protegen a todos los trabajadores del PJF sino que evitan aglomeraciones en sus recintos y brindan tranquilidad a la ciudadanía que podría tener alguna presión por tiempos procesales. 

El 16 de marzo, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció a través de su cuenta de Twitter que no iba a permitir que un vuelo de la aerolínea Avianca procedente de la Ciudad de México aterrizara en San Salvador porque, según dijo el mandatario, había 12 pasajeros enfermos de coronavirus en el avión. Al día siguiente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su habitual "mañanera" que no entraría en una confrontación con el presidente salvadoreño, pues mantiene buenas relaciones con ese país. Asimismo, las autoridades mexicanas confirmaron que no encontraron indicios de casos de Covid-19 en los pasajeros del vuelo de Avianca que viajaría de la Ciudad de México a San Salvador y que el presidente de ese país impidió su acceso.

El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes 20 de marzo el cierre parcial de la frontera con México para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus. En una rueda de prensa, Mike Pompeo señaló que ambos Ejecutivos acordaron la restricción del "tráfico no esencial", de lo cual quedaría exento el comercio entre ambos países, en un pacto similar al alcanzado con Canadá esta misma semana. La medida entrara en vigor a partir del sábado 21 de marzo.

El 18 de marzo, el gobierno de Guatemala prohibió la entrada de extranjeros a su territorio, en los ocho cruces formales de la frontera que comparte con México, con el propósito de impedir que ingresen personas que pudieran ser portadoras del COVID-19. En estos lugares estableció personal de las Fuerzas Armadas de su país.

Luego de que la pandemia de coronavirus ha dejado varados a decenas de mexicanos varados en diversos aeropuertos en el mundo, el gobierno de México ha logrado el retorno vía aérea, marítima y terrestre de 1,153 connacionales. El secretario de Relaciones Exteriores, informó que se ha conseguido el regreso de mexicanos que buscaban salir de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela.

Konrad-Adenauer-Stiftung México

CORONA Blog | Análisis semanal

Semana 16 al 20 de marzo

Con la colaboración de:

Hans Blomeier, Representante de la KAS en México

Ann-Kathrin Beck, Representante Adjunta

Natalia Arriaga, Gerente de Proyectos

Eduardo Walsh, Gerente de Proyectos

Patricio Garza, Gerente de Proyectos

Luis Téllez, Gerente de Proyectos

Ilse Reyes, Gerente de Proyectos