La instalación de la mesa estuvo a cargo de Andrés Molano-Rojas, director académico del ICP, quien resaltó la importancia de discutir estas temáticas y los roles de cada uno de los actores de la gobernanza tripartita (el Estado, el sector privado y la ciudadanía). A su vez, la discusión contó con la participación de numerosos juristas y economistas, quienes enriquecieron la temática desde sus experiencias en diversos sectores del país.

Como primera consideración de la mesa se habló de una constitucionalización del derecho en Colombia, en la que todas las cuestiones legales se están convirtiendo en controversias constitucionales, y por ende han obligado a la participación de la Corte Constitucional como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Lo anterior conlleva a que la Corte dirima controversias en derecho, a veces usurpando las responsabilidades de las ramas ejecutiva y legislativa, y que tome decisiones solamente basada en los principios constitucionales, sin dimensionar realmente las consecuencias que sus decisiones generan y que pueden tener efectos adversos en el bienestar económico de la nación.

Posteriormente, la discusión siguió planteando la posibilidad de que la Corte Constitucional pueda adoptar un análisis profundo del costo-beneficio de cada una de sus decisiones. Esto responde al papel que ha adquirido la Corte Constitucional, y en general la rama judicial, como garante de derechos que no han sido adecuadamente cubiertos por la demás ramas del poder público y que ha conducido a que surjan decisiones que no siempre son sensatas pero que deben cumplirse a toda cabalidad. Por ello, se habló también de la posibilidad de que haya un principio de sustentación científica en cada fallo proferido por la Corte, junto a un debate probatorio de fondo que permita la viabilidad material de la decisión.

Durante la discusión también se habló de la legitimidad que las decisiones judiciales tienen en el panorama político, debido a que la rama judicial es una que no es sometida a un ejercicio democrático de elección popular. No obstante, se habló de una serie de decisiones “carismáticas” de los jueces, que son tratadas por éstos debido a que son temas que influyen en la ciudadanía (particularmente en relación con el tema medioambiental), pero que no dimensionan el verdadero impacto sobre la inversión extranjera directa y la seguridad jurídica del sector empresarial.

Finalmente, se discutió sobre el papel que tiene la academia en la mejora de esta problemática. Así, los participantes de la mesa coincidieron en señalar que las facultades de derecho deberían diversificar su oferta educativa con el fin de incluir otras temáticas que permitan un adecuado dimensionamiento económico de las decisiones judiciales.