La mesa de ponencia estuvo a cargo de 3 profesionales que escribieron artículos para la revista: el Mg. Felipe Paredes San Román, exviceministro de Justicia; el Mg. Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y la Mg. Marilyn Aróstegui, Comisionada en el Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Felipe Paredes San Román, expuso los retos por parte de las instituciones públicas por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En ese sentido, abordó la vulnerabilidad a la que estuvieron expuestos los presos y miembros del INPE ante el COVID-19 y como se implementó una serie de protocolos y medidas que permitieron un menor impacto durante la segunda ola del virus. Asimismo, comentó sobre la creación de los centros de retención temporal, los cuales se implementaron con el fin de proteger y garantizar la salud de la sociedad. El ponente Jorge Luis Salas Arenas se refirió a los problemas convencionales y constitucionales derivados de la condena del absuelto en el Perú. En relación con eso, argumentó que la casación no es una solución al problema, debido a que esta medida es un recurso extraordinario, reservado a un número muy limitado de casos y por ello el porcentaje de inadmisibilidad es muy alto. Asimismo, resaltó que el Perú necesita una disposición legislativa, debido a que se podría estar condenando en algún lugar del Perú a algún absuelto, en acatamiento de disposiciones que no son regulares, pero son vistas en el Código Procesal Penal.

Finalmente, Marilyn Aróstegui, destacó los efectos de la pandemia en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia a través de la conciliación extrajudicial, menciona que el COVID-19 ha obligado a repensar como el sistema de administración de justicia ha ido funcionando hasta el momento y sobre como debería ser más eficiente. De tal manera, destaca algunos problemas en el sistema de justicia como la carga procesal, la poca transparencia e ineficiencia, los retos lingüísticos y geográficos que limitan el acceso, la corrupción sistemática y el lenguaje complejo y técnico. En ese marco, se propone la conciliación extrajudicial como un medio complementario para acceder a la justicia. Sin embargo, la pandemia impactó en este tipo de procedimiento que obligó la adecuación de los servicios a la virtualidad y se advirtió una disminución en la atención de solicitudes del servicio conciliatorio gratuito a nivel nacional respecto a los años 2018-2021. También, reflexiona que la responsabilidad de la promoción de los beneficios de la conciliación extrajudicial no solo debería recaer en el ente rector como el Ministerio de Justicia y DD. HH, sino también en la comunidad jurídica como son los docentes y la academia, con el fin de cultivar una cultura de paz.