KAS Colombia

Manifestación pacífica ¿regular para garantizar los derechos de todos?

Durante el desarrollo de las jornadas de movilización social en Colombia, se han vulnerado los derechos a la propiedad, la libertad y la vida de cientos de colombianos que se han visto afectados por los consecutivos actos violentos. Dentro de estas jornadas de manifestaciones, se ha discutido el monopolio efectivo de la fuerza por parte del Estado, así como las garantías en materia de derechos para los ciudadanos que no han hecho parte de las movilizaciones y se ha afectado la integridad de un importante número de miembros de la Fuerza Pública. En este contexto, la sociedad colombiana debate la pertinencia del desarrollo de las extensas jornadas de movilización, que en su mayoría transcurren de manera pacífica, pero que debilitan la evolución de las estrategias de reactivación económica, agravan el panorama sanitario en lo referente al aumento de contagios por el virus SARS-COV 2 y dejan consigo numerosas afectaciones a los bienes públicos y a la propiedad privada.

Desde este contexto, la KAS y el ICP convocaron una nueva mesa de expertos para dialogar acerca de la manifestación pacífica y los instrumentos necesarios para regularla y garantizar los derechos de todos. El objetivo de este espacio fue analizar las diferentes propuestas y perspectivas que buscan garantizar los derechos de los manifestantes y de los ciudadanos que no protestan, mientras se hace efectivo el derecho a la protesta pacífica.

Para dar inicio al evento, Stefan Reith, representante de la KAS Colombia, señaló que el Estado colombiano garantiza el derecho a la protesta pacífica, en medio de un contexto de discusión de reformas importantes para la sociedad colombiana. De igual forma, indicó que es importante reconocer los límites de la protesta social y las graves consecuencias que provocan los actos vandálicos. En segundo lugar, Carlos Augusto Chacón, director académico del ICP, mencionó la necesidad de garantizar el derecho a la protesta social y señaló la importancia de discutir las iniciativas actuales presentadas en el Congreso que buscan hacer efectiva la protección de los derechos de los que protestan, de los que no protestan y que buscan ejercer garantías para el desarrollo de la protesta social.

La intervención principal estuvo a cargo de Carlos Camargo Assis, Defensor del pueblo y se contó con la participación de miembros del Congreso de la República, directores de asociaciones gremiales, retirados de la Fuerza Pública, entre otros.

En la parte inicial del diálogo los panelistas indicaron que es necesario garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, entendiendo los compromisos internacionalmente adquiridos por Colombia, a la luz de los convenios y tratados en materia de derechos humanos. De igual forma, los panelistas indicaron que es necesario evitar la estigmatización de la protesta social. Por otro lado, aseguraron que la institucionalidad se debe intervenir en los casos en los que la protesta social deriva en hechos violentos y contrarios a la expresión pluralista de la protesta social pacífica. Asimismo, los participantes señalaron que en el primer eslabón de intervención se deben ubicar los organismos de DDHH para privilegiar el diálogo como instrumento para superar actos violentos. Además, indicaron que en segundo lugar se hace necesaria la intervención de la Fuerza Pública para reducir la potencial escalada del conflicto enmarcado en actos violentos.

Asimismo, los panelistas indicaron que es necesario realizar el ejercicio de ponderación de derechos para realizar las intervenciones sobre las manifestaciones de forma diferenciada, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y de distinción, atendiendo a las convenciones y protocolos sobre derechos humanos y protesta social internacionalmente reconocidos y adquiridos por el Estado colombiano. Sin embargo, reconocieron la prevalencia de la jurisprudencia producida por las altas cortes, en lo referente al derecho a la protesta, teniendo en cuenta el establecimiento de límites para el desarrollo de la protesta social, con el objetivo de armonizar el ejercicio de este derecho con el desarrollo de las actividades productivas y de las libertades de los ciudadanos.

Más adelante, los expertos indicaron que dentro del desarrollo de las protestas y de las manifestaciones, se han instaurado narrativas que privilegian el desarrollo de la protesta por encima del resto de los derechos humanos, afectando la integridad y el pleno desarrollo de la democracia. De igual forma, los panelistas mencionaron que es necesario que los manifestantes pacíficos rechacen de forma contundente los actos violentos dentro de la protesta pacífica para darle legitimidad a las manifestaciones. Asimismo, los participantes del panel indicaron que las discusiones en lo referente a la reforma de la Policía Nacional y el desmonte del ESMAD - (escuadrón móvil antidisturbios), buscan restar la legitimidad de la Fuerza Pública y van en contravía de los retos que enfrenta el Estado colombiano en materia de seguridad.

En este sentido, se indicó que es importante reconocer la importancia de la capacitación, equipar y capacitar al ESMAD para mejorar los protocolos de la aplicación de la fuerza.  De igual forma, se señaló que es importante aumentar la capacidad del ESMAD para garantizar el control y la reducción de los riesgos al interior de la protesta social. También se mencionó la importancia de fortalecer la respuesta institucional frente a los actos vandálicos para prevenir daños al mobiliario público y a la propiedad privada, así como para garantizar respuestas efectivas para los afectados por hechos de violencia y de acciones ilegales en el marco de las manifestaciones.

En este escenario, los participantes explicaron que, en el marco de las manifestaciones, algunas autoridades locales han reducido el margen de acción de la Policía Nacional, a pesar de que la Fuerza Pública ha realizado 1437 intervenciones en las 12281 manifestaciones. Asimismo, resaltaron el compromiso de la Fuerza Pública con los derechos humanos, teniendo en cuenta que se han realizado inspecciones en lo referente a los abusos por parte de miembros de la fuerza pública, en el desarrollo de las manifestaciones.

Además, se resaltó que se ha establecido una narrativa en contra de la fuerza pública, que afecta la confianza ciudadana en las instituciones durante la protección a la vida, la libertad y la propiedad privada. De igual forma, los expertos explicaron que, en el contexto actual de pos-acuerdo, diferentes grupos armados organizados se han apropiado de espacios legítimos de la ciudadanía, en los que se están desplegando acciones coordinadas en contra de los bienes públicos y en contra de la fuerza pública. De esta forma, las acciones preparadas para atacar a la fuerza pública desafían el monopolio de la fuerza del Estado. En este sentido, se dijo que el Estado debe disponer de los recursos jurídicos, procesales y judiciales para enfrentar los desafíos propuestos por los propiciadores de actos vandálicos durante las manifestaciones.

Finalmente, Stefan Reith agradeció a los participantes y destacó la pertinencia del debate en medio del contexto actual. De igual forma indicó que es importante diferenciar la protesta pacífica de los actos violentos para fortalecer la respuesta institucional frente a los retos en materia de protección a los derechos humanos y en lo referente a la seguridad. Por su parte, el Defensor del pueblo resaltó la importancia de esta discusión frente a los desafíos en materia de derechos humanos que se establecen durante las movilizaciones. Finalmente, Carlos Augusto Chacón agradeció a los participantes e instó a los diferentes sectores para extender la discusión y abordar iniciativas de ley en esta materia que se están discutiendo en el Congreso de la República.