KAS COLOMBIA

KAS COLOMBIA

KAS COLOMBIA

La transformación tecnológica de la gestión pública ha sido un tema de gran relevancia en los últimos años. En pro de mejorar la calidad, la eficiencia y el acceso a los servicios de justicia y como respuesta a los retos que impuso la pandemia de COVID-19, la Administración Duque impulsó algunas iniciativas de transformación tecnológica del sector justicia con las cuales se pretende optimizar la ejecución de los recursos públicos, mejorar la eficiencia del sistema y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en términos de justicia.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Fundación Konrad Adenauer junto con el Instituto de Ciencia Política y su Observatorio Legislativo llevaron a cabo la tercera Mesa de Expertos del año 2022, proyecto con el cual se pretende contribuir, mediante el diálogo intersectorial, al análisis de los desafíos que enfrenta Colombia en materia legislativa. Este evento se desarrolló el día 14 de junio y contó con la participación de varios expertos en la materia, algunos funcionarios, congresistas, expertos y otros actores representativos del sector justicia en Colombia.

Para dar inicio a la jornada, María Clara Escobar, Directora Ejecutiva del ICP, presentó unos saludos iniciales. Dentro de su intervención se señaló que, aún cuando en Colombia se ha hablado de la transformación digital de la justicia desde 1996 sólo hasta hace poco se han empezado iniciativas concretas para la consecución de mecanismos promuevan un mayor acceso de la ciudadanía a la justicia. Así mismo resaltó que desde la pandemia por COVID-19, este proceso se ha venido acelerando, pero aún es necesario unificar esfuerzos administrativos para mejorar la rapidez, accesibilidad y eficiencia de la justicia en el país.

Por su parte, Andrea Valdelamar, Coordinadora de Proyectos de la KAS Colombia, agradeció la participación de los expertos y asistentes del evento. Del mismo modo, señaló que la conversación sobre la digitalización de la justicia es un tema de gran interés para la fundación puesto que permite comparar la experiencia colombiana con la alemana. Según señaló, a ambos países les queda mucho por aprender sobre este tema y por ello la KAS manifestó un gran entusiasmo en poder apoyar la iniciativa del ICP para adelantar un debate tan relevante como este.

En esta oportunidad, el Viceministerio de Promoción de la Justicia, Francisco José Chaux realizó una presentación general sobre la Ley 2213 de 2022, la cual fue sancionada por el Presidente Iván Duque el día 13 de junio del presente año. De acuerdo con el Viceministro, dicho hecho fue de gran importancia pues significó la sanción de la Ley de la Digitalización de la Justicia y se estableció como una muestra del compromiso de esta Administración con la transformación del sector justicia. A saber, esta Ley permite que algunas disposiciones realizadas en el Decreto 806 de 2020, el cual fue emitido en respuesta a la emergencia sanitaria, sean ahora de vigencia permanente, luego de pasar por algunos ajustes en el Congreso de la República.

De acuerdo con el Viceministro, luego de un arduo trabajo de diseño del proyecto de ley junto con varias modificaciones y revisiones realizadas en el proceso de negociación con el Congreso, la Ley 2213 de 2022 representa un gran avance para la administración de la justicia en Colombia. Para rectificar lo anterior, el Viceministro presentó algunas cifras que demuestran la mejoría de los procesos judiciales durante la implementación de medidas que promovieron la digitalización de la justicia en 2020 y en los años posteriores. Según el Viceministro, en el año 2020 el índice de evacuación de procesos en los juzgados penales de Bogotá fue del 96%; en la sala de extinción de dominio esta cifra pasó a ser del 85% y en la jurisdicción laboral el índice llegó al 93%. Lo cual demuestra los efectos positivos de la digitalización de la justicia.

Así mismo señaló que la inversión adelantada en el sector para aumentar la digitalización parece haber llegado para quedarse, pues dichas modificaciones en los procesos judiciales permitieron un ahorro significativo en términos de gastos presupuestales. Mientras que simultáneamente se lograron llevar a cabo más de 781 mil audiencias virtuales en el 2021 y para el primer semestre de 2022  la cifra ya va en más de 392 mil audiencias.

El siguiente en intervenir fue César Lorduy, Representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, quien extendió la presentación general del proyecto de ley impulsado. Dentro de su intervención, el congresista resaltó que en 2019 se realizaron cerca de 29 mil audiencias, mientras que en 2020 con la digitalización se logró la ejecución de 856 mil. Del mismo modo en 2020 se realizó la radicación de  190 mil tutelas por día, de manera  virtual, lo cual representó el 33% de la totalidad de las tutelas, a la vez que 150 mil tutelas fueron remitidas vía virtual a la Corte Constitucional para su revisión. Otro punto resaltado fue la presentación de demandas, las cuales superaron las 110 mill de demandas virtuales.

Para finalizar el congresista señaló que la Administración actual diseñó el Plan Estratégico Digital 2021-2025, con el cual se pretendía avanzar en la digitalización de los procesos propios del sector justicia. No obstante, advirtió que la implementación de dicho plan depende de la Administración entrante y su voluntad de continuar los esfuerzos realizados. En línea con lo anterior, el congresista señaló que la implementación futura de estas medidas también tendrá que afrontar dos retos importantes: la accesibilidad del proceso judicial de manera virtual a personas en condición de discapacidad o con dificultades para acceder al servicio de internet y a dispositivos electrónicos aptos para llevar a cabo las audiencias. 

Continuando con la conversación, Daniel Castaño, Consultor en Derecho, Tecnología y Ética Digital, quien realizó una breve presentación sobre la Justicia Digital en la historia y en el mundo. De acuerdo con el experto, en Colombia es menester transitar de los procesos judiciales propios de la historia romana a la creación de un ciberespacio judicial, que posibilite concebir la justicia como un servicio que vive en la nube y al que podemos acceder todos los ciudadanos desde nuestro celular. En relación con lo anterior, resaltó que si bien existen experiencias valiosas en países como Emiratos Árabes, que dan cuenta del funcionamiento de un ciberespacio judicial y la Ley 2213 de 2020, presenta unos avances en los cuales se presenta un ley con tecnología neutra, aún nos queda un largo camino por recorrer para mejorar las puertas de accesos a éste.

Una vez concluídas estas primeras intervenciones, los demás participantes pudieron realizar sus aportes y opiniones sobre los retos que Colombia debe superar en materia de digitalización de la justicia. En ese orden de ideas, algunos de los participantes señalaron que aún es necesario trabajar en mejorar la estructura general de proceso judicial para atender problemas en las diferentes entidades que administran justicia en el país. A saber, se señaló que si bien la Ley 2213 presenta mejoras al funcionamiento de los juzgados, aún es necesario trabajar en otras instancias como las Comisarías de Familia, URI o Agencias, que aún encuentran problemas administrativos para gestionar sus funciones de manera efectiva.

Por otro lado, otros participantes resaltaron la importancia de revisar las herramientas que ya posee el país para trabajar en la superación de las asimetrías en el uso de las tecnologías dentro del sistema judicial. De manera complementaria, otros participantes señalaron que a la administración estatal de justicia aún le queda mucho por aprender de los procesos de arbitraje virtual, que desde el sector privado ha sido pionero de la justicia digital.

Para finalizar, se llamó atención sobre otros temas como la protección del principio neutralidad de red y el principio de neutralidad tecnológica y la necesidad de  promover una cultura del uso de la tecnología en la gestión de justicia.

Para dar cierre a la conversación, Carlos Augusto Chacón, Director Académico del ICP, agradeció la participación de los asistentes y señaló que para el Observatorio Legislativo es muy importante retomar estos temas en la siguiente legislatura. Así mismo indicó que es de gran importancia trabajar para que se sigan tratando temas como el de la implementación de las tecnologías en la gestión pública, la inteligencia artificial, entre muchos otros.