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El pasado jueves 19 de Abril, a las 18:30 horas el Centro de Estudios de la Universidad Miguel de Cervantes, realizó el primer Seminario de Profundización en Políticas Públicas en la sede de la universidad. El tema abordado en esta ocasión fue: “Nuevas medidas de probidad del gobierno de la República en el manejo de los recursos”.

Los expositores fueron los señores Rafael Blanco y Alberto Cardemil Herrera.

Rafael Blanco, Abogado y candidato a Magíster en Derecho Público por la Universidad Católica. Actualmente es el Secretario Ejecutivo de la Agenda de Probidad, Transparencia, Modernización del Estado y Calidad de la Política del Gobierno de la República, nombrado por la presidenta de la República.

Alberto Cardemil Herrera, Abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidato a Magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Chile y la Universidad de Salamanca. Actualmente es Diputado de la República, miembro de las comisiones de Defensa Nacional, de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia; y de la comisión investigadora por avisaje del Estado.

A dicho seminario asistieron 56 personas, entre alumnos universitarios, docentes y profesionales del servicio público. Al inicio del seminario se ofreció un cocktail de bienvenida. El seminario fue grabado para el trabajo posterior sobre el contenido del mismo por el Consejo Académico del Centro de Estudios.

El orden del día del Seminario fue:

18:30 hrs Cocktail de bienvenida

18:45 hrsPresentación del Centro de Estudios por el Presidente del Directorio de la Universidad, Gutenberg Martínez

18:55 hrsIntroducción al Seminario por el Director del Centro de Estudios, José Antonio Rosas

19:00 hrsExposición de Rafael Blanco

19:30 hrsExposición de Alberto Cardemil

20:00 hrsDialogo y discusión con el público asistente

20:30 hrsTermino de la actividad.

A continuación se presentan las principales ideas abordadas por cada expositor:

RAFAEL BLANCO

La Probidad y la Transparencia son conceptos importante para la democracia y que, como tales, han sido relevantes en la gestión de leyes y legitimidad de los Gobiernos. Así, la probidad representa para la política honradez, mientras transparencia una claridad que se comprende sin ambigüedades.

En la actualidad existen en Chile una serie de proyectos de Ley en pro de la Probidad y Transparencia en el aparato público, en donde ninguno de ellos consta de urgencia, a excepción de aquel que regula el Lobby y de intervención electoral, los cuales son de carácter simple. Algunos de éstos son:

1.-Proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el fin de determinar las labores que, de manera exclusiva, deben efectuar los Diputados y Senadores de la República -actualmente está en el primer trámite constitucional-.

2.- Proyecto que modifica la Ley orgánica Constitucional de bases Generales de la Administración del Estado, en materia de Probidad y Transparencia en la función pública (se encuentra en el primer trámite constitucional).

3.- Proyecto sobre Transparencia, límites y control de los gastos electorales, estableciendo normas contra la intervención electoral (se encuentra en la etapa de primer trámite constitucional).

4.- Proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (se encuentra en el primer trámite constitucional).

5.- Proyecto que establece una reforma constitucional que consagra la definición de probidad y transparencia, amplía las atribuciones del Tribunal Constitucional en materia que indica y otorga nueva facultad que señala al presidente de la república (se encuentra en la etapa primera de trámite constitucional).

6.- Proyecto de Ley que regula el Lobby (se encuentra en el segundo trámite constitucional).

7.- Proyecto de regulación del Lobby, en el contexto de la agenda de modernización del Estado (se encuentra en la etapa de primer trámite constitucional).

8.- Proyecto que establece la obligación de los partidos y los pactos políticos de efectuar primarias para la designación de candidatos a alcaldes, parlamentarios y Presidente de la República (se encuentra en la etapa de primer trámite constitucional),

ALBERTO CARDEMIL

Si bien el esfuerzo por transparentar la gestión del Estado se hizo patente desde que recuperó la democracia en 1990, fueron los escándalos políticos acaecidos durante el período de los Presidentes Lagos y Bachelet, de los que dieron paso a una preocupación y posterior demanda de la ciudadanía por regularizar las actividades que circundan a la política. Los hechos que conmocionaron a la opinión pública fueron los casos MOP-GATE (2002), lo que provocó el bullado pacto entre el hasta ese entonces Ministro del Interior, José Miguel Insulza, y el ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, y el caso de Chiledeportes a fines del 2006.

Frente a esta situación coyuntural, el sistema política responde, pero siempre bajo una perspectiva reduccionista. Esto se debe a que la percepción de la ciudadanía siempre se refiere exclusivamente a los tres poderes del Estado, apartando las responsabilidades del sector privado en cuanto a transparencia y probidad.

Aún con esta situación, el mundo político además de hacer un esfuerzo por transparentar su trabajo, se ha hecho cargo someramente del sector privado con un proyecto de Ley que propone la obligatoriedad para los directores de las A.F.P y de las Isapres de efectuar declaraciones de patrimonio (se encuentra en la primera etapa de trámite constitucional).

Sin embargo, este esfuerzo, el cual puede ser interpretado como una “voluntad política”, no se manifiesta en forma empírica. Esto, porque a pesar de los discursos, no existe una genuina intención de dar pie al proyecto de creación de un Instituto de Formación Pública, la cual reviste de importancia al momento de educar acerca de probidad, transparencia y ética en la capacitación funcionaria. El esquivo propósito de poner en marcha esta iniciativa pospone también una verdadera modernización del Estado.

Así, el principal cuestionamiento que se manifiesta ante este tema es el referente a la responsabilidad que le cabe al sector privado, la cual pareciera estar sobre valorada, ya que existe la creencia social de que el sistema privado cuenta con un soporte de transparencia y probidad a priori, hecho que no necesariamente se da en todos los casos. Debido a esto, es responsabilidad del Estado regularizar esta situación, aportando también a la democratización a todo nivel en Chile.