Después de la bienvenida dada por el Presidente de la Academia, Eduardo Lizano, y la Representante de la Oficina de la Fundación en Costa Rica, Kerstin von Bremen, fueron presentados los resultados de dicho estudio:

Como en la mayoría de los países latinoamericanos el Estado costarricense tuvo un rol muy activo dentro de la economía con respeto a la sustitución de las importaciones de 1950-1980. Luego de la fuerte crisis económica en el 1979, se empezó al principio de los años 1980, a crear un modelo de desarrollo que fomenta una apertura de la economía, una integración al comercio internacional y un retiro del Estado de la economía. Numerosas empresas públicas fueron privatizadas mientras se daba la transformación gradual y despacio a traves de los tres programas de ajuste estructural impulsados durante ese periodo.

Sin embargo el estado tuvo (y tiene) una influencia fuerte en los sectores importantes de la economía. Actualmente existen 370 instituciones estatales y semi-estatales en Costa Rica.

Según la Academia de Centroamérica el rol del Estado en el sector de la economía está limitado a una estabilización macroeconómica, el establecimiento de las reglas del mercado y la facilitación de los bienes y servicios.

La facilitación de los bienes y servicios implica tres obligaciones para el Estado. Inicialmente el Estado actúa como un empresario proveyendo directamente los bienes y servicios para la creación de empresas públicas. El Estado como proveedor de servicios públicos crea condiciones generales como la definición de los impuestos y aranceles, la protección de los ciudadanos y de la competencia y la infraestructura pública. Además el Estado actua como proveedor de los servicios básicos como educación, salud, vivienda, seguridad social. Le toca disminuir la pobreza y la discriminación y velar por una igualdad de oportunidades.

Actualmente el Estado costarricense cumple con su tarea y está presente en numerosos sectores del sector público: Existen empresas estatales en la industria, la electricidad, en telecomunicaciónes y finanzas. Los servicios de infraestructura pública, el sistema de salud, agua y educación son estatales.

Aunque la presencia del Estado hoy sea menos en comparación a los años 70‘s, muchas empresas tienen una posición de monopolio, como la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Generalmente la justificación política para ello, es la creación de empleo porque algunas regiones no atraen a empresas privadas. Se argumenta que una apertura del mercado y con eso una competencia libre, dirigiría a una pérdida de empleos y así podría tener consecuencias políticas graves.

Al otro lado una abolición de algunos monopolios estatales podría mejorar la eficiencia, dijo Luís Mesalles. La existencia de defectos en el mercado no debería servir como un cheque en blanco para intervenciones estatales, porque en algunos casos estas tachas son producidas por el Estado mismo. Al final Mesalles resume que el Estado debería dedicarse a los servicios básicos como educación, salud, agua e infraestructura pública. Además debería preocuparse por la mejora de la eficiencia de la asignación de sus recursos y por evitar la distorsión relativa de los precios. Áreas en los cuales el sector privado tiene competencias, como p.e. la produción de bebidas espirituosas o la distribuición de celulares y seguros deberían ser manejadas por empresas privadas. Dicho en otros términos, el Estado debería crear las condiciones generales y el marco dentro del cual la economía puede actuar libre e independiente.

A continuación, la exposición de Mesalles fue comentada desde tres puntos de vista diferentes:

El primer comentarista fue Luis Loría, científico del IICE de la Universidad de Costa Rica. Loría recomendó un retiro del Estado de la economía e hizo hincapié en las supuestas fuerzas autorreguladoras de un libre mercado.

Constantino Urcuyo, director académico del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo (CIAPA), expusó que atrás de cada decisión (económica-) política hay personas con intereses concretos. El politólogo señaló que el estudio definió al Estado como un aparato y no, como lo preferiría él, como un „conjunto de normas“ o un „creador de reglas“ en el sentido de la economía institucional. La ciencia social costarricense debería trabajar más en el campo de la economía política para investigar, mediante análisis de actores, los ganadores y los perdedores de los proceses sociopolíticos.

El último comentarista fue el Presidente de la Asamblea Legislativa Francisco Pacheco. Según él, el problema no es la cantidad de las organizaciones públicas sino su calidad. Por la burocracia y sueldos fijos faltarían monitoreo y evaluación de las instituciones estatales y su eficiencia. En este sector se necesitaría urgentemente reformas. El control de las actividades públicas se debería realizar más frecuentemente por los ciudadanos mismos, los cuales ya se pueden informar via internet sobre el presupuesto público, el uso de los recursos y licitaciones via el proyecto „Gobierno Digital“. También las alianzas públicas privadas serían una buena oportunidad para aumentar la eficiencia de los bienes y servicios estatales de una manera socialmente aceptada.

Al final, los expositores estuvieron disponibles para contestar las preguntas de los participantes.