El precio al carbono es un mecanismo emblemático que contribuye a mitigar los efectos del cambio climático, en particular de las emisiones asociadas a la quema de combustibles fósiles, y a promover la transición energética, pues brinda una señal de mercado para incentivar el uso de energías más limpias.

Sin embargo, en algunos países de América Latina, fijar un precio a las emisiones puede ser más que un instrumento ambiental, al alentar políticas compensatorias, ayudar a cerrar las brechas de presupuesto público, sustituir tributos regresivos, así como optimizar el gasto público mediante la eliminación de subsidios fósiles.

Por eso ante la incertidumbre social, económica y ambiental que ha generado el impacto del COVID-19 en el mundo, y de manera particular en América Latina, herramientas como el Precio al Carbono merecen tener la atención debida para solucionar los problemas, desde una perspectiva sostenible, que afrontamos y afrontaremos en la región.