Las cifras son alarmantes: según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (iDMC, por sus siglas en inglés), desde 2009 se estima que una persona cada segundo ha sido desplazada por un desastre, con un promedio de 22,5 millones de personas desplazadas por eventos climáticos o meteorológicos desde el 2008 .

Teniendo en cuenta estos retos, el Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer (EKLA-KAS) colaboró con el Centro de Derecho Internacional (CEDIN) para la organización del XIII Curso de Invierno de Derecho Internacional, especialmente en la realización de un curso sobre los Desafíos Contemporáneos para la Protección Internacional de los Refugiados: Cuestiones Institucionales y Procesuales en la Interfaz entre la Protección Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Ambiental.

El curso sobre Derecho de Refugiados y Protección Ambiental tuvo lugar del 10 al 14 de julio en Belo Horizonte, Brasil, con la participación de la Profesora Cecilia Marcela Bailliet, de la Universidad de Oslo (Noruega).

El curso proporcionó a los estudiantes un enfoque holístico del marco legal e institucional de los refugiados, que van desde las cuestiones de género hasta el terrorismo. Se alentó la participación activa del público, a través de una asignación para discutir el posible diseño de un nuevo mecanismo para abordar la situación de los desplazados ambientales y / o de los migrantes de cambio climático. Basándose en la Agenda de Protección de la Iniciativa Nansen, los participantes tuvieron que abordar el alcance de la protección e identificar a los actores responsables. Los estudiantes tuvieron que proponer mecanismos de supervisión y aplicación, así como debatir si este instrumento debería ser de soft law o hard law; bilateral, multilateral, regional o universal.

Entre los principios de Nansen, se destacó que las respuestas al cambio climático y al desplazamiento relacionado con el medio ambiente deben estar fundamentadas en conocimientos adecuados y guiados por los principios fundamentales de humanidad, dignidad humana, derechos humanos y cooperación internacional. Los Estados tienen el deber primordial de proteger a sus poblaciones y prestar particular atención a las necesidades especiales de las personas más vulnerables, más afectadas por el cambio climático y por otros peligros ambientales. Por eso, el liderazgo y la participación de los gobiernos y comunidades locales, de la sociedad civil, del sector privado son necesarios para abordar eficazmente los desafíos planteados por el cambio climático.

Merece especial atención las dificultades para aislar el cambio climático de otros factores como la principal causa de la migración y, así, poder definir el alcance legal de un nuevo tratado. Por ese motivo, el curso se enfocó en el diálogo necesario entre los instrumentos existentes. En este sentido, por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha prestado apoyo técnico al proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y se comprometió a seguir prestando apoyo técnico a las Partes en la aplicación del Acuerdo de París.