Reuters

Reportajes internacionales

Barómetro de Ginebra

de Olaf Wientzek, Diana Peters, Sarah Ultes

Acontecimientos en las organizaciones internacionales en Ginebra Mediados de febrero de 2020 - mediados de mayo de 2020

El «Barómetro de Ginebra» repasa, con una periodicidad variable, una selección de los aconte-cimientos acaecidos en las organizaciones internacionales con sede en Ginebra.

Ya desde mediados de marzo, la lucha contra la COVID-19 domina casi por completo la agenda de las principales organizaciones internacionales presentes en Ginebra[1]. Así ha sido también en la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada los días 18 y 19 de mayo, en la que se puso el foco en los esfuerzos realizados a este respecto. En dicha asamblea, y a pesar de las considerables tensiones geopolíticas experimentadas en el marco de la reunión virtual, se ha aprobado una ambiciosa resolución. Aparte de eso, se han producido también algunos otros acontecimientos destacables en Ginebra, en particular el inesperado anuncio de dimisión del director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevêdo.

Salud global: una Asamblea Mundial de la Salud que abre nuevas perspectivas

En la edición número 73 de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA), que se celebró los días 18 y 19 de mayo, por primera vez de forma virtual y con un orden del día reducido, los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron una resolución[2] pionera para superar juntos la pandemia de COVID-19 con la adopción de medidas colectivas y globales. En lugar del tema programado, «Personal de Enfermería y de Partería», la lucha contra la pandemia mundial acaparó toda la atención, junto con la elección de parte del Consejo Ejecutivo[3]. Está previsto continuar la reunión de la WHA a finales de año (probablemente en noviembre).

El contundente mensaje lanzado durante el encuentro mantenido en esos dos días por los ministros de Sanidad de todos los países miembros de la OMS, incluidos los 14 jefes de Estado que participaron en las sesiones de inauguración y clausura (entre ellos también la canciller alemana, Angela Merkel), ha sido que la unidad mundial es una potente herramienta para luchar contra la pandemia. La resolución, formulada por la Unión Europa y sus Estados miembros y apoyada por más de 140 países, es una manifestación concreta de este llamamiento y una hoja de ruta para el control del brote pandémico, y fomenta una intensificación de los esfuerzos, a escala nacional e internacional, para combatir la pandemia. Su puesta en práctica garantizaría una respuesta más coordinada, coherente y adecuada ante la pandemia, lo cual salva vidas y preserva también los medios de subsistencia. La resolución subraya la importancia de la colaboración multilateral, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, para hacer frente a la crisis. El secretario general de la ONU, Guterres, criticó ante la WHA la desigual estrategia seguida en el mundo. Por otro lado, numerosos Estados miembros han enviado mensajes de vídeo elogiando a la OMS, y también a su director general, Tedros Ghebreyesus, por su papel decisivo a la hora de liderar la respuesta a esta crisis. Diversos mandatarios, entre ellos, la canciller alemana, han destacado el papel clave de la OMS como coordinadora de la crisis y su responsabilidad a la hora de garantizar el acceso y la distribución equitativos de todos los productos y tecnologías sanitarias esenciales para luchar contra el virus.

Los pasajes centrales de la resolución tienen que ver con el compromiso por una mancomunación voluntaria de patentes, así como con la exigencia de que el acceso a las vacunas y terapias sea igualitario. También se recoge de forma explícita la posibilidad de eludir el derecho internacional de patentes (mención a la utilización de las disposiciones correspondientes del Acuerdo sobre los ADPIC). Se trata sin duda de un paso de gran alcance; EE. UU., entre otros, había tratado de hacer este párrafo más restrictivo. Es importante destacar también que muchos ministros y jefes de Gobierno, incluso de los países más grandes, clasifican las futuras vacunas contra la COVID-19 como bien público mundial, lo que implica que sean asequibles y de libre acceso.

La resolución destaca el fomento de la investigación y el desarrollo con financiación tanto pública como privada. Ello supone que las innovaciones sean públicas en todos los ámbitos pertinentes y que toda la información relevante se intercambie con la OMS. Un papel destacado podría desempeñar la plataforma tecnológica contra la COVID-19 propuesta por Costa Rica, que se pondrá en marcha el 29 de mayo y que tiene por objetivo eliminar las barreras de acceso a vacunas, medicamentos y otros productos sanitarios eficaces.

Otro importante aspecto de la resolución es el estudio y la evaluación imparciales, independientes y exhaustivos, impulsados por muchos países, de la respuesta global de todos los Gobiernos y comités internacionales ante la pandemia, incluida, pero no solo, la labor de la OMS. La resolución subraya que, en la situación actual, es prioritaria la gestión de la crisis aguda. Debe además investigarse la aparición y propagación de la pandemia, así como revisarse el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional de 2005.  Las enseñanzas que se obtengan de la crisis actual son esenciales para reforzar la colaboración global ante posibles futuras pandemias y crisis sanitarias. La canciller alemana, Angela Merkel, subrayó la relevancia de contar con mejores mecanismos de alerta temprana y medidas de prevención, así como con una mayor cooperación en materia de investigación. No se estableció ningún plazo para realizar dicho estudio. Tedros afirmó ante la WHA que pondría en marcha lo antes posible una evaluación independiente. 

Es de destacar también que varios Estados miembros plantearon en sus intervenciones en vídeo la cuestión de una financiación más sostenible de la OMS. El ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, recordó además que la OMS debía ser independiente de influencias externas. Anunció que Alemania, junto con Francia, presentaría un plan para la reforma de la OMS y que lo desarrollarían durante la presidencia del Consejo de la UE.

La adopción de la resolución debe valorarse como un éxito de la WHA. Aun cuando la puesta en práctica de la misma depende, naturalmente, de los Estados miembros, supone sin duda un importante impulso político. Durante los preparativos de la WHA, no pocos observadores se mostraron preocupados por que las tensiones geopolíticas, sobre todo entre EE. UU. y China, ensombrecieran por completo la Asamblea, algo que no se hizo patente en el grado en que se había temido. No obstante, la discordia sí hizo su aparición. En cualquier caso, la actuación de los dos pesos pesados mundiales no podría haber sido más diferente.

Es verdad que EE. UU. no bloqueó la resolución y se distanció únicamente de algunas fórmulas de la misma, entre ellas las exigencias de que el acceso a la vacuna sea universal, rápido y equitativo, y el llamamiento a la mancomunación de patentes. Las peticiones de renuncia a los derechos de propiedad intelectual «enviarían además un mensaje erróneo a los innovadores, los cuales son de una importancia fundamental para la solución (...)». No obstante, EE. UU. fue el único país que se manifestó de forma decididamente crítica: en la WHA, el Secretario de Salud, Alex Azar, volvió a exponer los motivos de la escalada de la pandemia. Según él, la OMS fracasó a la hora de facilitar la información necesaria acerca del brote en China con la debida antelación. Causó escándalo además una carta hecha pública por Trump a través de Twitter durante la WHA y dirigida a Tedros, el director de la OMS, en la que volvía a lanzar los ya conocidos reproches contra la OMS. El presidente de EE. UU. amenazó también con suspender su aportación de fondos a la OMS y reconsiderar la afiliación de su país a la Organización si esta no presentaba propuestas de reforma en un plazo de 30 días. Tedros no respondió a la carta ni a los reproches durante la WHA. Se limitó a hacer referencia más tarde a un informe del Comité Independiente de Asesoramiento y Supervisión para el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, el cual elogiaba el liderazgo de la OMS en el marco de la crisis y advertía contra la creciente politización de la respuesta ante la pandemia.

La postura de China fue muy diferente: la OMS había pedido tanto a Trump como al presidente chino, Xi Jinping, que participaran en calidad de Jefes de Estado en las sesiones de inauguración y clausura de la WHA. La negativa de Trump ofreció a Xi Jinping una plataforma desde la que confirmar su apoyo a la resolución y anunciar una aportación de dos mil millones de dólares estadounidenses para la lucha contra el coronavirus durante los próximos dos años. China se comprometió además a poner a disposición del mundo entero la vacuna contra la COVID-19 si su país era el primero en desarrollarla. Xi Jinping defendió a China de las críticas y reproches que acusan a su país de ocultar el brote y recalcó que se había actuado siempre con sinceridad (!) y transparencia (!!).

Por otra parte, la petición formulada por 13 países durante los preparativos para la WHA de que Taiwán participara como observador, que contó con el apoyo de EE. UU., Nueva Zelanda, Japón, Canadá y Australia, pero fue rechazada firmemente por Pekín y sus aliados, ha sido aplazada a la siguiente reunión en noviembre. Ya durante el fin de semana se realizaron ostensibles e intensos esfuerzos diplomáticos por evitar un escándalo público sobre este tema en el ajustado programa de la WHA.

Organización Mundial del Comercio:

conmoción personal en tiempos tormentosos

Tras el duro golpe al que tuvo que hacer frente la OMC por la paralización en diciembre de su Órgano de Apelación, el primer semestre debía haberse dedicado a mantener intensas negociaciones con la vista puesta en la Conferencia Ministerial prevista para su celebración en junio en Nursultán, la capital de Kazajistán. Dicha reunión tenía que dar un nuevo impulso al comercio mundial y ser además señal de la capacidad de actuación de la OMC. Pero la COVID-19 ha desbaratado también estos planes. La Conferencia Ministerial ha sido pospuesta y tendrá lugar, previsiblemente, no antes del verano o del fin de 2021.

El 14 de mayo, el que ha sido durante siete años director general de la OMC, Roberto Azevêdo, anunció que abandonaría sus funciones el 31 de agosto de 2020. Estaba previsto que su mandato se prolongara durante otro año más. Además de razones personales, para justificar su decisión aludió también a un motivo estratégico: en su opinión, la Conferencia Ministerial prevista es de especial importancia y debe prepararse de forma adecuada, y las discusiones personales paralelas acerca de su sucesor al año siguiente la torpedearían. A pesar de lo comprensible del razonamiento, la dimisión no llega en un momento precisamente oportuno:

1. Refuerza la impresión, dominante en la opinión pública desde la crisis de mediación, de que la OMC está sumida en una crisis y apenas tiene capacidad de actuación.

2. Aun cuando en la actualidad no puede continuarse con la tramitación de muchos expedientes, la OMC desempeña un importante papel en la lucha contra las medidas restrictivas al comercio (a menudo no debidamente anunciadas) de los países miembros en el marco de la crisis de la COVID-19.

3. No hay ninguna garantía de que la sucesión esté regulada de hecho para finales de agosto. Si se toma como vara de medir la paralización durante meses en torno a la presidencia de las negociaciones pesqueras a finales de 2019, alcanzar un acuerdo rápido es una empresa ambiciosa.

La competencia por ocupar el puesto se prevé encarnizada. No obstante, para encontrar una solución lo antes posible, se ha establecido que el plazo para la presentación de candidaturas sea breve: del 8 de junio al 8 de julio. La carrera por la sucesión parece estar muy abierta. Se oyen ya, no solo en Ginebra, los nombres de numerosos candidatos, sobre todo europeos y africanos. Por el momento, han aceptado el desafío Yonov Frederick Agah (Nigeria), director general adjunto de la OMC; Abdelhamid Mamdouh, egipcio-suizo con amplia experiencia en la OMC, y Eloi Laourou, embajador de la República de Benín ante la ONU. Resuena además el nombre de Amina Mohamed (Kenia), que ya en 2015 organizó una Conferencia Ministerial de la OMC en Nairobi en su por entonces calidad de ministra de Asuntos Exteriores de su país. Los representantes africanos insisten en que ha llegado el momento de que la OMC tenga el primer Director General procedente del continente. Los representantes de EE. UU., Canadá y la UE argumentan, por el contrario, que es hora de que vuelva a haber un candidato de los países industrializados. Circulan por consiguiente también los nombres de representantes europeos, como el excomisario de Comercio de la UE, el británico Peter Mandelsson; la nueva ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, o también la ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos, Sigrid Kaag. Si a pesar del plazo estipulado para el nombramiento, no se consiguiera encontrar un sucesor para finales de agosto, el puesto lo ocuparía de forma temporal uno de los cuatro directores generales adjuntos: además de Agah, estas personas son Alan Wolff (EE. UU.), Yi Xiaozhun (China) y Karl Brauner (Alemania).

La elección del director general no es una mera cuestión personal, sino que se trata de una decisión en la que está en juego el rumbo que ha de tomar la Organización en el futuro: el brasileño Azevêdo está considerado un diplomático con carácter más bien de mediador con respecto a los Estados miembros. No son pocos los que desean, precisamente ante los indicios de un proteccionismo al alza en todo el mundo, que la OMC adopte una postura más política y agresiva. En cualquier caso, al sucesor le aguarda una tarea hercúlea: impulsar una reforma de calado de la OMC y conducir importantes negociaciones en los sectores del comercio electrónico y la agricultura, procurando al mismo tiempo un equilibrio entre competidores como EE. UU. y China. Por ello no solo se busca un candidato que pueda emprender con solvencia la modernización de la OMC, sino que aporte también autoridad política e, idealmente, experiencia como ministro. Para que los avances en la reforma de la OMC tengan éxito, el candidato debe ser alguien con quien Washington pueda entenderse.

La OMC ha visto menoscabado últimamente su margen de actuación. Algunos Estados miembros han presionado para continuar las negociaciones en formato electrónico. Otros, sobre todo muchos países pequeños, se han opuesto a ello, principalmente por falta de capacidad. No obstante, los últimos meses no han estado exentos de acontecimientos en la OMC: teniendo en cuenta la amenaza de una caída en el comercio mundial este año de entre el 13 y el 32 %, la OMC se opone al proteccionismo desenfrenado de sus Estados miembros y se esfuerza por que las medidas restrictivas al comercio adoptadas por sus miembros sean transparentes[4]. Hasta el momento, la OMC ha evitado exponer al escarnio público a países concretos, y no son pocos los observadores que critican esta postura contenida. Los representantes de algunos Estados miembros, por el contrario, alaban el papel desempeñado por la OMC en esta crisis.

A pesar de la turbulenta situación para la OMC y el comercio mundial, en los últimos meses no han dejado de surgir iniciativas que dan pie a la esperanza: Estados miembros de tamaño medio en cuanto a población o poder económico, como Canadá, Suiza, Nueva Zelanda o Singapur, han lanzado varias iniciativas por las que un grupo de miembros de la OMC se compromete a no imponer más restricciones a la exportación de equipos médicos ni perturbar las cadenas mundiales de suministro de alimentos. Incluso en materia de mediación se atisba un pequeño rayo de esperanza: así, el 30 de abril, 19 miembros de la OMC, entre ellos algunos pesos pesados como EE. UU., China, Canadá, Australia, México o Brasil, acordaron un procedimiento de apelación provisional para la solución de disputas comerciales. Este procedimiento se apoya en reglas ya existentes de la OMC y deberá aplicarse únicamente hasta que el Órgano de Apelación vuelva a estar operativo. En conjunto, esta solución ha tenido considerablemente más repercusión de lo que muchas voces habían supuesto.

Los derechos humanos y la Alianza por el Multilateralismo

Del 24 de febrero al 20 de marzo estaba programada la celebración del 43º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Más de una semana después fueron cancelados los habitualmente numerosos actos paralelos, lo que provocó el descontento, sobre todo, de las ONG. A ello le siguió, diez días más tarde, la suspensión de todas las demás reuniones. Únicamente se pudo llegar a un consenso sobre las conclusiones del 34º Examen Periódico Universal (EPU) de 14 Estados[5], así como sobre el nombramiento de 19 nuevos relatores especiales y expertos independientes[6].

En un primer momento, el Consejo dio comienzo al más alto nivel con la reunión durante tres días de representantes de más de 90 países y organizaciones internacionales. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento en favor de una cultura de los derechos humanos e identificó siete prioridades[7]. Advirtió a los Estados contra una aplicación selectiva de los derechos humanos y pidió que estos fueran considerados un requisito, y no un obstáculo, para la soberanía de cada país. Guterres apeló a un multilateralismo basado en los derechos humanos.

Al margen del Consejo se celebró la iniciativa, lanzada entre otros por Alemania y Francia, de la «Alianza por el Multilateralismo»[8], con la presencia de los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países. Un lugar destacado tuvo la primera de las seis Iniciativas de la Alianza, la denominada «Llamamiento humanitario a la acción» (CfA, por sus siglas en inglés), así como la lucha contra la impunidad. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, subrayó la especial responsabilidad de Alemania, que actualmente es al mismo tiempo miembro del Consejo de Derechos Humanos y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y prometió además seis millones de euros para la siempre infrafinanciada Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). La reunión de la Alianza despertó un gran interés en Ginebra, también entre los representantes diplomáticos de países que no son miembros de la misma por el momento.

La Oficina del Consejo de Derechos Humanos entiende la pandemia de COVID-19 como un reto especial para el conjunto del sistema de los derechos humanos y ha desarrollado, con ayuda de sus expertos, numerosas directrices para los Estados en relación con la gestión de la crisis[9]. Se hizo hincapié en exigir enfoques más inclusivos que protejan a los grupos especialmente vulnerables frente a la discriminación, la desigualdad estructural y la imposibilidad de acceder a los sistemas de salud. Un aspecto considerado central es la salvaguarda de los derechos socioeconómicos para prevenir los conflictos sociales, así como de los derechos civiles y políticos fundamentales en vista del abuso realizado por parte de numerosos países de las disposiciones excepcionales. Como antigua médica y ministra de Sanidad, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet ha hecho uso de la palabra con frecuencia en las últimas semanas y ha expuesto los criterios para una salida responsable del confinamiento[10].

Sombría perspectiva humanitaria

Ya antes del brote de COVID-19, varias organizaciones internacionales consideraron el año 2020 como el de la peor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Por culpa de la recesión mundial y de las medidas tomadas por los países para la contención del virus, millones de personas están ahora en riesgo de perder sus medios de subsistencia. Además de hambrunas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) se cierne sobre varios países la amenaza de un aumento de los conflictos y la inestabilidad social, y también podrían quedar pronto relegados los avances de las últimas décadas en materia de desarrollo. Por ello, ya en marzo se acordó en una acción concertada un Plan de Respuesta Humanitaria Global (GHRP, por sus siglas en inglés) para luchar contra la COVID-19 en los países más vulnerables y con ingresos medios y bajos. Las necesidades iniciales de todas las organizaciones humanitarias de la ONU tuvieron, no obstante, que ser corregidas al alza en pocas semanas, pasando de 2000 a 6700 millones de dólares estadounidenses e incluyen ahora a 63 países en total[11].

La ventana de oportunidad que abrió Guterres, secretario general de la ONU, con su llamamiento a un alto el fuego global, probablemente se cierre pronto sin que se hayan logrado grandes éxitos, a pesar de la sorprendentemente resonancia que tuvo al principio. Los esfuerzos por promover la paz se han estancado en los últimos meses en el centro de mediación de Ginebra. Recientemente, el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, ha anunciado la predisposición del Comité Constitucional sirio de retomar las negociaciones, tan pronto como vuelva a ser posible viajar a Ginebra. No se ha planteado la posibilidad de mantener encuentros virtuales.

La OIT advierte de las consecuencias sociales de la crisis

La pandemia de COVID-19 tiene también profundas y transcendentales consecuencias en el mundo laboral. Actualmente, según la OIT, cerca del 68 % de los trabajadores se han visto afectados por las medidas de confinamiento. Mientras que en el primer trimestre se perdieron horas de trabajo equivalentes a 130 millones de empleos a tiempo completo, la OIT calcula que en el segundo trimestre la cifra ascenderá hasta los 305 millones de empleos a tiempo completo. La pérdida de ingresos, según este organismo, ha afectado de manera desproporcionada a la economía informal. Cerca de 2000 millones de personas, y con ello más de la mitad de todos los trabajadores del mundo, corren el peligro de perder sus medios de subsistencia. La pobreza relativa podría crecer en hasta un 21 % en los países industrializados, y en hasta un 56 % en las economías de ingresos medios-bajos. La OIT hace un llamamiento por tanto a adoptar medidas de emergencia y de apoyo, sobre todo para la pequeña y la mediana empresa, estimular la economía, proteger los puestos de trabajo e iniciar un estrecho diálogo entre gobiernos, trabajadores y empresarios. El director general de la OIT, Guy Ryder, insistió en abordar a medio y largo plazo las desigualdades e incertidumbres que se han puesto ahora de manifiesto en el mundo laboral.

Política de personal: un freno para China

El 9 de mayo, Daren Tang (Singapur) fue nombrado nuevo director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en sustitución del australiano Francis Gurry. En la segunda ronda de votación para la elección celebrada el 4 marzo se impuso con claridad a la candidata propuesta por China, la directora general adjunta de la OMPI Wang Binying, con 55 votos frente a 28. El proceso estuvo precedido por intensos esfuerzos diplomáticos por parte de distintos países occidentales, sobre todo EE. UU., por impedir que la candidata china ocupara la cúspide de la OMPI. Uno de los motivos eran las evidentes dudas acerca de su independencia con respecto a Pekín. Al final se hizo patente que Tang reunía las mejores opciones contra Wang Binying, lo que redundó en un amplio apoyo a la candidatura del primero.

Nota al margen: la OMPI anunció en abril que China había superado a EE. UU. en número de patentes presentadas.

Comentarios

No es este el primer año en que se ha observado, en el microcosmos de las organizaciones multilaterales, la consolidación de la posición de China en el mundo y la voluntad de Pekín de ocupar los puestos estratégicos que se le presenten. Ejemplo de ello es el anuncio de China de invertir 2000 millones de dólares estadounidenses para luchar contra las consecuencias de la pandemia.

Si EE. UU. se repliega o es percibido como un cantonalista vacilante, la crítica acerca de que Pekín ejerce una influencia excesiva en las organizaciones internacionales se convertirá al final en una profecía cumplida. No obstante, la elección de Daren Tang como director general de la OMPI demuestra que la influencia de China no es ilimitada y que el mundo occidental puede desde luego imponer sus prioridades si actúa de manera coordinada y busca a tiempo la sintonía con otras partes interesadas.

Mientras la atención pública se fija en las repercusiones que la rivalidad geopolítica entre EE. UU. y China tiene en el trabajo de las organizaciones internacionales, otros no han dejado de proponer iniciativas en estos últimos meses. En la batalla contra la COVID-19, la UE ha desempeñado un papel cada vez más importante en las últimas semanas, ya sea por el apoyo a la iniciativa global ACT Accelerator de la OMS para agilizar la lucha contra la pandemia con la celebración de una conferencia internacional de donantes a principios de mayo, o mediante la redacción de una trascendental resolución para la WHA. En el contexto de la OMC, la UE ha sido la fuerza que ha impulsado la adopción de una solución intermedia en materia de mediación. No obstante, también otras partes interesadas, como es el caso de Canadá, Suiza, Nueva Zelanda, Singapur o Costa Rica, han sacado adelante una y otra vez importantes iniciativas tanto en la OMS como en la OMC. Las vacantes dejadas en estos comités por la retirada de EE. UU. no pueden ser cubiertas por completo por estos países que, sin embargo, se han preocupado en último término y de manera nada desdeñable por que la comunidad internacional pueda al menos ofrecer respuestas a los enormes retos planteados por la crisis.

 

[1] Encontrará análisis detallados sobre las actividades en las organizaciones internacionales en Ginebra en relación con la COVID-19 en la página de inicio de la oficina de la KAS en Ginebra.

[2] La resolución adoptada puede consultarse aquí.

[3] El Consejo Ejecutivo[3] de la OMS está integrado por 34 personas técnicamente cualificadas en materia de salud, designadas cada una por un Estado miembro que forma parte de la Asamblea Mundial de la Salud. El mandato de dichos Estados miembros tiene una duración de tres años. Han sido elegidos para formar parte del Consejo Ejecutivo, en el que también está presente Alemania, los siguientes países: Botsuana, Ghana, Guinea-Bissau, Madagascar, Colombia, la India, Rusia, Reino Unido, Omán y Corea del Sur.

 

[4] https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf (en inglés)

[5] Se analizó la situación de los derechos humanos en Italia, El Salvador, Gambia, Bolivia, Fiyi, San Marino, Irán, Angola, Kazajistán, Madagascar, Irak, Eslovenia, Egipto y Bosnia-Herzegovina.

[6] Encontrará un resumen de los nuevos relatores especiales y expertos independientes aquí.

[7] Encontrará el discurso aquí y el llamamiento íntegro, aquí.  

[8] Encontrará más información sobre las seis iniciativas aquí y sobre los participantes, aquí.

[9] Encontrará todas las publicaciones, directrices y mejores prácticas en la página de inicio de la COVID-19.

[10] Los cinco criterios pueden consultarse aquí.

[11] El GHRP actualizado está disponible aquí.

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Personas de contacto

Dr. Olaf Wientzek

Olaf Wientzek bild

Leiter des Multilateralen Dialogs Genf

olaf.wientzek@kas.de +41 22 748 70 70