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COVID-19: un ultimátum para la seguridad alimentaria

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Impactos Económicos del COVID-19 en Panamá

Elpidio González 

Licenciado en economía por la Universidad de Panamá. Ha realizado investigaciones en el área de la economía agrícola y los mercados de trabajo. Actualmente estudia una Maestría en Economía Agraria en la Universidad de Buenos Aires.

Danilo Rivera

Economista, graduado de la Universidad de Panamá con Experiencia profesional de casi 4 años. Se desenvuelve elaborando estudios, investigando y hasta ha participado en la elaboración del Libro “Reglas Fiscales Resilientes en América Latina” y la Revista de Iniciación científica de la UTP “La importancia y los precios en la cadena de Producción de arroz durante el período 2001 – 2014”.

 

En la mayoría de los países del mundo, las medidas de aislamiento y distanciamiento social establecidas para frenar el avance del coronavirus han tenido un impacto sobre el comercio de alimentos al perturbar las cadenas de suministro y dilatar sus cronogramas. No obstante, hasta el momento no se prevén golpes significativos en los niveles mundiales de producción de alimentos; de hecho, casi todas las estimaciones realizadas por la FAO han sido revisadas al alza (FAO, 2020a). En cuanto a los precios de las principales mercancías alimenticias, desde el inicio de la crisis sanitaria se ha observado un descenso general, principalmente provocado por la caída de los precios de los azúcares y los aceites vegetales. Esta disminución puede atribuirse a la reducción de la demanda de comidas fuera del hogar. El único rubro que ha experimentado un aumento es el arroz, debido a la suspensión de las exportaciones que efectuó Vietnam con el propósito de redefinir sus políticas de comercio exterior para adaptarse a esta coyuntura (FAO, 2020b).

¿Cuál es la situación actual de Panamá en cuanto a seguridad alimentaria? En medio de la incertidumbre general, los precios locales de alimentos han permanecido bastante estables en los últimos meses. De acuerdo con las estimaciones de ACODECO (2020), solamente las frutas y vegetales (dos de los diez rubros que componen la Canasta Básica Familiar) han registrado aumentos de enero a febrero de 2020. De igual forma, se pronostica que las importaciones de cereales permanezcan estables o aumenten, y que la cosecha de arroz 2019-2020 sea 5% mayor al promedio de cosecha de los últimos cinco años (GIEWS, 2020). Esto es una buena noticia, tomando en cuenta el contexto internacional de aumento en el precio de dicho cultivo. A pesar de este panorama de relativa estabilidad, las preocupaciones acerca del abastecimiento y del nivel local de precios siguen teniendo un sustento sólido, dada la cualidad de importador neto que ostenta nuestro país. Esto se debe a que la política panameña de comercio exterior no ha redundado necesariamente en un abaratamiento del costo de vida. De hecho, en casos específicos como el arroz, la importación ha servido para consolidar el poder de mercado de intermediarios en la cadena de producción (González, Rivera y Jované, 2018). La estrategia de comercio exterior de Panamá, en vez de perseguir el beneficio del consumidor y el desarrollo de las fuerzas productivas internas, ha estado influenciada por mercados asimétricos, profundas desigualdades y dependencias históricas.

Para demostrarlo, basta con analizar el caso de algunos cereales. Nuestra matriz de importación, en el caso del trigo, está volcada totalmente a Estados Unidos, con una participación muy modesta de Canadá. Para una importación de trigo con un valor CIF de aproximadamente 33 millones de dólares[1], ambos países estuvieron exentos del pago de tarifas aduaneras en 2019, producto de los acuerdos comerciales que Panamá ha suscrito con ambas naciones. Actualmente, los precios más competitivos por tonelada de trigo en el mercado internacional son los de Rusia y Francia (7% y 6% menores que el precio de Estados Unidos, respectivamente)[2], países con los que no tenemos acuerdos de gran alcance.

Por su parte, para el caso del arroz, en 2019 la matriz de importación se configuró de la siguiente manera, atendiendo al valor CIF total: Estados Unidos (47%), Guyana (43%), Brasil (3.2%), Paraguay (1.3%), y Uruguay, Tailandia, Argentina, Costa Rica, Italia, España, India y Colombia, juntos con el 1.8% restante. Mientras los precios de India, Uruguay y Tailandia han permanecido relativamente estables durante marzo, los precios de Estados Unidos registraron un aumento promedio de 3% con respecto a febrero de 2020, y de 9% con respecto a marzo de 2019[3].  

El lastre de nuestras relaciones con Estados Unidos ha impedido que ejerzamos una política de comercio exterior estratégica y totalmente autónoma. Del mismo modo, el sesgo comercial de nuestra economía transitista, expresado en un afán importador, no ha permitido que el sector agropecuario se dinamice.  La política de desarrollo económico en Panamá ha estado modelada por estos intereses, en detrimento del bienestar de los consumidores y del desarrollo de la producción interna. Este rasgo de nuestra formación económico-social tiene profundas raíces históricas, cuyos efectos nos alcanzan hasta hoy. La independencia de 1903 significó el inicio de un esquema de acumulación basado en la relación de dependencia de la burguesía comercial con los Estados Unidos (Hughes, 1998). Las primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas por decisiones económicas que propiciaron, mediante importaciones, el subdesarrollo de rubros estratégicos, como es el caso del arroz (Heckadon, 1983). Esta dinámica ha continuado sin obstáculos durante todos los periodos de nuestra era republicana. En 1970, el PIB terciario representaba el 45.1% de la producción. Con la promoción de la plataforma transnacional de servicios, este indicador había aumentado a 70.4% para 1980. En dicho contexto, a mediados de los setenta se firma el primer préstamo de ajuste estructural (Structural Adjustment Loan), que marca el “inicio de un proceso de liberalización de la economía al mercado mundial, (…) la reorientación de las actividades económicas hacia las exportaciones” (Achong y Jované, 1990). El mantra de una economía orientada hacia afuera, y sobre todo, de un sector agropecuario que debe desarrollarse para exportar, ha sido reproducido en todos y cada uno de los planes de gobierno después de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989.

Perseguir la soberanía y seguridad alimentarias es un objetivo que no interesa a las élites económicas panameñas, puesto que va en contraposición a sus esquemas de acumulación a corto plazo. Las actividades terciarias representaron en 2019 un 65% del total de la producción de mercado, un signo de que nuestro modelo de desarrollo sigue la misma dinámica que ha impedido el progreso del sector agropecuario. Pero no se trata de la búsqueda de autarquía, pues esa etapa de la historia humana ya quedó atrás. La soberanía alimentaria debe verse más bien como un mecanismo de control y de protección contra riesgos internacionales. Lo que sucede actualmente con el arroz es un ejemplo de los beneficios de la producción interna, ya que la incertidumbre internacional se verá matizada por un buen año de cosecha. Por otro lado, en el ejemplo del trigo, diversificar los orígenes de nuestras importaciones nos permitiría mayor capacidad de reacción ante la presencia de riesgos coyunturales.

La soberanía alimentaria también tiene que ver con la desigualdad. En 1980, el quintil de más bajos ingresos solo percibía el 1.8% de los ingresos totales, mientras que el quintil de mayores ingresos percibía el 61.2% (Achong y Jované, 1990). En 2018, el quintil con más bajos ingresos percibió el 4.9% del total de ingresos, mientras que el quintil de mayores ingresos percibió el 46.2% (CEPALSTAT). Reducir la desigualdad y la pobreza para que una mayor parte de la población pueda acceder a los bienes alimenticios, también es luchar por la soberanía alimentaria.

 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Programa Regional ‘’Alianzas para la Democracia y el Desarrollo con Latinoamérica (ADELA)’’

Albrook 16, Cl. Las Magnolias, Ancón

Ciudad de Panamá / PANAMÁ

 

Referencias

Achong, Andrés y Jované, Juan. 1990. Los efectos de la política macroeconómica en la seguridad alimentaria: caso Panamá. CADESCA

Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO). 9 de marzo de 2020. Costos más bajos de la canasta básica familiar de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito: febrero 2020. Disponible en http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/view.php?arbol=4&sec=1&pagi=0

FAO (2 de abril de 2020a). Cereal Supply and Demand Brief. Consultado en http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/

FAO (2 de abril de 2020b). Food Price Index. Consultado en http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

Global Information and Early Warning System (GIEWS). 30 de enero de 2020. Country Briefs: Panama. FAO. Consultado en http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=PAN

González, E., Rivera, D., y Jované, J. (2018). La importación y los precios en la cadena de producción de arroz durante el período 2001-2014. Revista De Iniciación Científica, 4, 62-65. https://doi.org/10.33412/rev-ric.v4.0.1822  

Heckadon, Stanley. 1983. Cuando se acaban los montes: los campesinos santeños y la colonización de Tonosí. Editorial Universitaria Panama, Smithsonian Tropical Research Institute.

Hughes, William. 1998. Canal y desarrollo: una interpretación sobre la génesis de la burguesía panameña.

 

 

[1] Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE). Capítulo 10: Cereales. Consulta web en http://190.34.178.196/aduana/SIGA_SICE/index.php?pag=formprin

[2] y 3 Food price monitoring and analysis (FPMA) tool. Global Information and Early Warning System (GIEWS). FAO. Consulta en https://fpma.apps.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/dataset/international

 

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