El derecho a la Consulta Previa garantiza que los pueblos indígenas sean informados anticipadamente y que puedan participar en la formulación, la implementación y la evaluación de las medidas que los afectarían directamente. Sin embargo muchas veces las ideas y los intereses que son antagónicos forman parte de las negociaciones entre el gobierno, las empresas y los pueblos indígenas, por lo que la implementación de la ley resulta difícil.

El Foro se caracterizó por la presencia de representantes de todas las partes involucradas en los procesos de Consulta Previa. Entre otros, la viceministra de interculturalidad, Elena Burga; Jannine Delgado Silva de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía; Wrays Pérez y Ketty Marcelo, ambos líderes indígenas, también participaron en el foro. La experta canadiense Jay Hartling, consultora desde hace muchos años en procesos de la Consulta Previa y autora del libro “Guía de buenas prácticas para la Consulta Previa en las Américas”, describió el caso de Perú como un buen ejemplo de la realización de la Consulta Previa. Sin embargo, la implementación de dicho derecho está marcada por constantes retos y el Perú recién ha empezado a dar los primeros pasos. Uno de los desafíos más grandes, según Hartling, es determinar el rol de la industria en el proceso de la consulta, así como la falta de contenidos y compromisos concretos en el proceso administrativo de la consulta.

Los representantes de los indígenas también ven muchos retos y afirmaron que, aunque la situación ha mejorado, la lucha por sus derechos no se acabó con la aprobación de la ley de la Consulta Previa. Con frecuencia se rompieron acuerdos, la información no llegó a tiempo a las personas afectadas o no tuvieron los recursos para defender su derecho a la Consulta Previa.

Gracias a la diversidad de opiniones y experiencias de los invitados, el foro mostró como debería darse la Consulta Previa y la importancia de que las diferentes partes discutan y lleguen a consensos.

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