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Desde hace algunas décadas, los estados latinoamericanos han venido incorporando de manera paulatina una serie de reformas legislativas tendientes al reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. Además de las reformas a la legislación interna, la mayoría de estos países han suscrito instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y más recientemente la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, que fortalecen la concepción del Estado pluricultural y establecen medidas para dar forma jurídico-política a esta conformación sociocultural histórica de los países latinoamericanos.

Podemos decir que las reformas se orientan en dos sentidos: por un lado establecen medidas tendientes a garantizar el mejor acceso de los indígenas a los servicios que presta el Estado, pues particularmente se establecen procedimientos tendientes a mejorar el acceso a la justicia de los individuos y las colectividades que descienden de los pueblos originarios. Una segunda vertiente, que sin duda es la más importante y de mayores alcances, se encuentra encaminada al reconocimiento del derecho de libre determinación de estos pueblos, que se concreta en el ejercicio de la autonomía social, económica, política y cultural planteada dentro del marco de los propios Estados nacionales que se constituyen como pluriculturales.

No obstante estos avances en el ámbito legislativo de las normas que podemos llamar de reconocimiento, existen estudios que reflejan muy bajos estándares de incorporación de estos nuevos parámetros jurídicos en las prácticas judiciales de los mismos Estados (Stavenhagen 2003, OACNUDH 2006, FLACSO 2007, OACNUDH/Asies 2008). Esta preocupante distancia entre lo reconocido en las normas y lo conocido y aplicado por los impartidores de justicia, representa un rezago para el Estado de derecho y también el fortalecimiento de un antiguo vicio de la cultura jurídica latinoamericana, que reconoce leyes para luego no observarlas.

Adicionalmente, la falta de aplicación de estas normas, más allá de representar una distorsión del sistema jurídico, puede también significar un problema de gobernanza en países de alta población indígena y capacidad de movilización social. Aunque para la mayor parte de los movimientos indígenas nacionales, las normas contenidas en los nuevos instrumentos nacionales e internacionales aún resultan insuficientes en relación con sus aspiraciones, es necesario decir que lo ya reconocido es no sólo un mecanismo para adecuar de mejor manera el derecho a la realidad social de pluralismo socio-cultural, sino que estas normas representan la paulatina concreción de sentidas demandas de justicia y reivindicación, que buscan dar un nuevo papel a los pueblos indígenas como parte integrante de la sociedad nacional, para diferenciarse de la situación ancestral de dominación socioeconómica y exclusión política a la que han sido sometidos.

El objetivo de este libro es justamente ofrecer una comprensión del fundamental replanteamiento del sistema jurídico representado por el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Por lo mismo, los trabajos aquí compilados buscan ser un aporte práctico que abone a una nueva y fresca mirada judicial sobre ciertos fenómenos jurídicos derivados de la pluralidad étnica de los países latinoamericanos.

Buscamos que esta nueva mirada se traduzca en una mejor aplicación de las normas que, dada su vigencia, están construidas bajo el paradigma del pluralismo jurídico. Creemos que a través de interpretaciones estrictamente apegadas a derecho, pero rebasando la estrecha visión formalista, el sistema jurídico vigente puede responder mejor a viejos vicios y problemas de las instituciones formales frente a la compleja realidad de los países pluriétnicos. Así mismo, esta perspectiva dignifica el papel de la judicatura y le da una perspectiva de verdadera garante del sistema jurídico, armonizadora e intérprete de leyes y en resumen creadora de los sistemas jurídicos nacionales.

Con este objetivo en mente, un grupo de trabajo conformado por juristas y antropólogos provenientes de diversos países latinoamericanos, centrados en el estudio de estos temas, y favorecidos con el apoyo e interés en esta temática por parte del Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer, hemos plasmado en una serie de artículos, basados en experiencias nacionales, reflexiones sobre el pluralismo jurídico y su relación con problemas jurídicos de primera importancia que nos ayudarán a pensar el derecho en su conjunto. Creemos que estos trabajos serán de mucho interés para procuradores y administradores de justicia preocupados en resolver de manera coherente los retos de la convivencia intercultural en nuestros países.