Notas de acontecimientos

La inflación y la situación actual del Uruguay

El 4 de julio fue la última clase del I Diplomado en Economía Política del Uruguay Contemporáneo. La última clase se tituló “La inflación y la situación actual del Uruguay”.

El Ec. Bonilla se encargó de profundizar en los conceptos de dinero, inflación, oferta y demanda de dinero, la inflación en la historia del Uruguay, los planes de estabilización y una reseña de la rendición de cuentas con las perspectivas económicas.

Con respecto a los planes de estabilización con el objetivo de bajar la inflación en un contexto determinado, se repasaron los 4 momentos en los que Uruguay aplicó este tipo de política económica:

El primero en 1959, junto a la Reforma Cambiaria y Monetaria, implementado por Juan Eduardo Azzini. Fue un plan clásico, que consistía en reducir el déficit fiscal mediante la baja del gasto público y el aumento de los ingresos del Estado mediante una reforma tributaria que llevaría a una menor emisión de dinero y por tanto a una menor inflación. El segundo fue conocido como el de la “congelación de precios y salarios” y fue aplicado en 1968. Al mismo componente clásico del plan anterior se le sumó para cortar con la inercia inflacionaria un decreto por el que se congelaban por un tiempo los precios y los salarios. El tercero fue instrumentado en 1978 y fue conocido como el de “la tablita”. A diferencia de los anteriores se basó en la utilización del tipo de cambio como “ancla nominal” para hacer descender el nivel de precios y el cuarto comenzó a utilizarse en 1991 y fue un sistema hibrido entre un tipo de cambio fijo y uno libre que fijaba “bandas de flotación” para el tipo de cambio, siguiendo una línea similar al de “la tablita”.

Inmediatamente después, se abordó el sistema de “Inflation Targeting” que consiste en un sistema de metas para controlar la inflación y que comenzó a utilizarse como tal en Nueva Zelanda en 1989 y en la década de 1990 muchos países se fueron sumando, incluidos varios del primer mundo.

El sistema se define por fijar un objetivo de inflación, como punto o como rango y además convertirlo en el principal objetivo de la política monetaria. Luego la utilización de proyecciones con metas intermedias para alcanzar ese objetivo junto a un alto grado de transparencia, en especial a través de la comunicación del Banco Central con los agentes económicos. Se complementa con alto nivel de rendición de cuentas, en especial en caso de desvío del objetivo.

¿Cuáles son las condiciones óptimas para implementar este sistema? Bonilla afirmó que las condiciones óptimas de implementación son: 1) Independencia del Banco Central. 2) Meta principal sea el control de la inflación. 3) Control del BC de los instrumentos de política monetaria. 4) Capacidad técnica 5) Independencia de la política fiscal. 6) El tipo de cambio no puede ser simultáneamente una meta. 7) Transparencia en la formulación de la política y canales regulares de información. 8) Las autoridades monetarias deben ser responsables por sus acciones.

En el capítulo de la Rendición de Cuentas, se señaló que en primer lugar se constata el deterioro de las condiciones macroeconómicas del país que más allá de posibles matices muestran el último dato disponible de déficit fiscal (4% del PIB) y del índice de Precios al Consumo anualizado (11%). Ante este panorama es saludable la reacción por parte del gobierno de tomar medidas para reencausar una senda que permita mejorar los indicadores macroeconómicos a través de un sendero de ajuste razonable. El ajuste fiscal propuesto era indispensable, aunque es cuestionable desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. En cuanto a lo primero seguramente resulte insuficiente para lograr los objetivos fiscales propuestos en lo que resta del actual período de gobierno y respecto a los aspectos cualitativos hubiera sido preferible que se procesara por la baja del gasto y no por el aumento de la presión fiscal.

El crecimiento del gasto público entre 2005 y 2014 es la principal fuente de los desequilibrios macroeconómicos que presenta el país y lo que explica, adicionalmente, que en este momento en que el crecimiento se frena sea necesario un ajuste fiscal. Por esta misma razón es que le correspondía al Estado ajustarse y no cargar al sector privado con las consecuencias de los desvíos fiscales de la última década. Otro argumento relevante es que un ajuste en el gasto público, especialmente como el propuesto por el CED de topear la ejecución del gasto público en un 90% para todo el Estado exceptuando salud, educación, seguridad y planes sociales, tendría un efecto recesivo menor que el que se encuentra a estudio del Parlamento en la rendición de cuentas. De acuerdo a las proyecciones CED la economía permanecerá estancada durante 2016, manteniéndose una inflación superior al 10%, se prevé un aumento de la tasa de desempleo que superará levemente el 9% a fin de año, un incremento del déficit fiscal hasta el 4,3% y un incremento del dólar hasta alcanzar un valor de $35,5, cotización interbancaria, en diciembre.

El encuentro culminó con la entrega de Diplomas a los asistentes y con una cena en honor a los participantes en un restaurante de Plaza Matriz. La segunda edición del Diplomado comienza en agosto y auguramos una amplia convocatoria.

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