La presentación principal estuvo a cargo de Elisa Cruz Rueda, Investigadora Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). El panel de comentarios fue conformado por Fiidencio Briceño Chel, Investigador Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión  Humanística de Yucatán (CECIDHY) y Judith Bautista Pérez, Investigadora Colectivo para Eliminar el Racismo en México (COPERA). Por parte de las partes organizadoras se contó con la participación de Hans Blomeier, Representante de la KAS México; Ilse Reyes, Gerente de Proyectos de la KAS México; Miguel Barboza, Coordinador de Proyectos del Programa Estado de Derecho para América Latina de la KAS; y Erick Eber Villanueva Mukul, Director del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA).

Eric Villanueva afirmó que “la inclusión de las comunidades indígenas es parte de la Agenda del siglo XXI”. Posteriormente, hizo un recorrido histórico sobre los indígenas en México, su integración y sus derechos en la agenda pública mexicana. Finalizó su intervención comentando que debe de haber un equilibrio entre las inversiones y los beneficios que se le dan a los pueblos indígenas, así como el uso de los recursos naturales y el impacto que tendrá extraerlos a largo plazo.

Por su parte, Hans Blomeier aseguró, que este es solo el inicio de actividades que llevarán a cabo la fundación y el gobierno de Yucatán dirigidas al bienestar de las y los yucatecos. Habló sobre la importancia que tiene la integración de las comunidades indígenas en la creación de una democracia plena.

Elisa Cruz abordó los temas de territorio y diversidad cultural, el Acuerdo San Andrés, el Acceso a la Justicia  y los Megaproyectos. Explicó que la protección del medio ambiente es la megatendecia que más afecta a las comunidades indígenas. “Los derechos Indígenas, son también derechos humanos”, declaró.

Asimismo, habló sobre la relación que existe entre las comunidades indígenas y la biodiversidad a nivel internacional y nacional. Por otro lado, reflexionó sobre la obligación que tienen los gobiernos de proteger los recursos naturales y, al mismo tiempo, a los pueblos indígenas ante los megaproyectos y las afectaciones territoriales. Finalmente, comentó que las prácticas y valores, creencias, peritaje antropológico y traducciones a lenguas indígenas, son los elementos que están faltando en México para que estas comunidades puedan acceder a la justicia.

Hubo un especial énfasis por parte de las y los participantes en la falta de inclusión de las comunidades originarias. Propusieron una inclusión a través de la traducción a las lenguas. Al mismo tiempo, se destacó el tema de la criminalización de los grupos indígenas al momento de buscar acceder a la justicia. Concordaron que el desarrollo social sólo puede darse si crean instrumentos adecuados para el acceso a la justicia indígena que tomen cuenta las necesidades y realidades verdaderas de estos pueblos originarios. De la misma forma, aseguraron que el desarrollo social tiene el problema de que no toma en cuenta la definición de las comunidades de este concepto y que por ende, en México.