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Guatemala es el único país de la región Latinoamericana que no cuenta con una la Ley sobre Libre Competencia; y el Acuerdo de Asociación de Unión Europea y Centroamérica, estipula que debe aprobarse una Ley de Libre Competencia a más tardar el próximo año, cómo una garantía para la libertad de mercado entre ambos continentes. La libertad de competencia no debe ser un tema que genere temor, más bien debería ser una oportunidad para que el sector privado pueda tener un papel activo para su aprobación, además que pueda ser un actor activo que garantice que este instrumento no será un vaivén utilizado para fines políticos, o personales. Debemos recordar que el espíritu de La política de competencia, es promover mayor eficiencia en los procesos de producción y mejorar las opciones de los consumidores en términos que existan más y mejores opciones de bienes y servicios en el mercado. Claramente con la Ley de Libre Competencia, se fortalecería la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor –DIACO- o al menos formaría parte de la institucionalidad que debe crearse para este fín. También saldrían ganando las pequeñas y medianas empresas guatemaltecas, al promover mejoras a la calidad de sus productos, e incentivaría la inversión a la innovación, y demandaría más profesionales altamente especializados, para satisfacer a un mercado de consumo más exigente. No cabe duda que en Guatemala, existen muchas empresas que tienen cultura de probidad, y de buenas prácticas; así como la existencia de profesionales, políticos y servidores públicos honestos y transparentes. Para este último, diferentes sectores han elaborado propuestas para las reformas de la Ley de Servicio Civil para el ámbito público, para que más personas con estas cualidades de transparencia y profesionalismo puedan incorporarse al Estado y subsanen el sistema público y su institucionalidad del tráfico de influencias y la corrupción que se genera en sus ámbitos. Talvés no es la mejor comparación, pero Guatemala debemos empezar abordar que la corrupción abarca no sólo el nivel político, sino también en el campo privado y personal, y a falta que exista educación para promover buenas prácticas y transparencia, se debería empezar a generar la cultura de probidad para hacer las cosas bien y correctas, sobre todo mencionar las conductas abusivas hacia al consumidor guatemalteco, dónde existen varios casos, y la DIACO en sí, ya no es suficiente. Sí bien no es un tema que debe abordarse a la ligera, debido que se debe analizar el contexto Guatemalteco y no necesariamente hacer un “copy-paste” de la Ley existente de otros países, en ninguno de los casos tampoco se debería postergar la aprobación de esta ley, Guatemala no debe quedar aislada del mundo competitivo, y ya es hora de abrir la cancha a más emprendedores guatemaltecos con nuevas iniciativas, con innovadoras propuestas, y además es tiempo que los buenos profesionales se queden en nuestro país, y que los consumidores tengamos la última decisión. Para su información, la propuesta elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra en el Ministerio de Economía para que pueda ser consultada al público.