Notas de acontecimientos

Justicia oficial con pertinencia cultural indígena

de Cynthia Fernández
Taller organizado con la Unidad de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial que volvió a convocar a jueces, fiscales, defensores públicos, líderes y autoridades indígenas con el fin de devolver y analizar la información recopilada en el taller del 26 de julio también en ciudad de Guatemala.

La información recopilada y sistematizada fue analizada en este nuevo encuentro de trabajo, el cuál permitió alcanzar acuerdos básicos respecto al contenido de la ruta que debe contener el documento de protocolo de servicio de justicia con pertinencia cultural y consideración de los derechos humanos culturalmente diferenciados.

Inicialmente el experto Guillermo Méndez presentó los resultados del trabajo de sistematización, seguido del trazo de la ruta de acciones que orientarán el contenido del protocolo.

Posteriormente se explicó la metodología del taller. Los participantes se reunieron en 3 grupos atendiendo a cada una de las etapas del proceso penal –investigación, etapa intermedia y debate– para analizar y discutir el contenido de la sistematización con el fin de confirmar, modificar o generar observaciones adicionales basadas en los criterios de viabilidad legal-procesal e institucional (financiera y humana).

Los 3 grupos de trabajo coincidieron que la más importante acción para la atención con pertinencia cultural es la elaboración de peritajes culturales sociológicos, antropológicos y de otro orden que puedan servir para fortalecer la labor judicial, fiscal y de defensa.

En el mismo sentido, los grupos insistieron en la obligada acción de consultar la jurisprudencia nacional e internacional como fuente primaria de la función que ejercen.

Con los resultados de este taller, el experto tiene la misión de redactar la hoja de ruta del protocolo para convertirla en la próxima publicación del Organismo Judicial a ser utilizada en los procesos formativos de operadores de justicia y como referencia para autoridades indígenas en la coordinación entre sistemas de justicia para la resolución de los conflictos de orden penal.

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