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Reportajes internacionales

Negociación sin paz

de Dr. Carsten Wieland

Uribe, el presidente de Colombia, batalla por el éxito de su mandato

Colombia es el único país con un proceso de paz en medio del conflicto y un conflicto en medio del proceso de paz. Esto hace que el éxito previsible de la batalla por la recuperación del monopolio de la violencia legítima del estado sea una empresa casi imposible. En los meses anteriores, los considerables avances contabilizados por el presidente de derecha liberal Álvaro Uribe Vélez, en su mandato 2002-2006, parecían estar amenazados. Sin embargo, este genio de la comunicación ha podido sobreponerse hasta ahora, con creatividad y aguante, a todos los escollos y mantener su popularidad entre la población. No obstante, crecen las dudas en relación a si Uribe podrá efectivamente pasar a la historia colombiana como un impulsor de la paz. A fin de cuentas, los colombianos han visto sucumbir muchos procesos de paz. Pero raras veces en la historia reciente del país hubo una esperanza tan grande como la actual.

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El presidente tiene que vérselas con tres fenómenos al mismo tiempo. Primero: los paramilitares. Ellos hacen parte del complejo proceso (parcial) de paz. Uribe pudo movilizar al desarme colectivo a casi 32.000 integrantes de los denominados grupos de autodefensa (AUC). Paralelamente, casi 3.500 combatientes entregaron sus armas individualmente. Sin embargo, nadie sabe cuántas de estas personas son “desmovilizados aparentes” que se colaron en el proceso para gozar del apoyo estatal. Pues los paramilitares que se someten a la ley de Justicia y Paz (Ley 975 del año 2.005) reciben durante un año una beca para una continuación de su formación y para una vida en la normalidad. Los 57 líderes principales de los paramilitares se encuentran, en cambio, en una cárcel de máxima seguridad en Medellín. Si dicen la verdad y cooperan con las autoridades investigativas, reciben penas máximas de cinco a ocho años. El pie de fuerza de los paramilitares es registrado y queda eximido de penas. Las víctimas de la violencia no han recibido, en cambio, ninguna indemnización y deben temer por su vida si confiesan ante el tribunal.

Segundo: la guerrilla. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con 15.000 combatientes, no han dado señas de entrar al proceso de paz, por más de que Uribe haya emprendido varios intentos espectaculares por integrarlos. Así sucedió a inicios de junio cuando, en respuesta a las presiones del presidente francés Nicolás Sarkozky, saltó por encima de su propia sombra y liberó 157 detenidos. Entre ellos se encontraba el “ministro de relaciones exteriores” de las FARC, Rodrigo Granada. Sarkozy esperaba que, como contrapartida, fuera liberada la antigua candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en el 2002 y posee la nacionalidad francesa. En total son 56 los políticos que se encuentran en poder de las FARC, entre ellos 3 estadounidenses. La acción no dio frutos. No habían transcurrido dos semanas, cuando 11 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, que habían sido secuestrados cinco años antes por parte de la FARC, fueron asesinados.

En un punto Uribe se ha mostrado inamovible. No habrá ninguna otra “zona de despeje” como la que hubo en la época de su predecesor, el presidente conservador Andrés Pastrana. Las FARC nuevamente exigen una zona neutral para un intercambio humanitario con el gobierno en la que puedan operar libremente. Bajo Pastrana esto llevó a que las FARC aunaran fuerzas en el territorio, secuestraran personas y traficaran con drogas, sin exposición a ningún riesgo. Con su dura posición, Uribe se echó encima a los familiares de muchos secuestrados y a críticos de su gobierno. Sin embargo, la mayoría de los colombianos comparten la opinión de no cederle nuevamente a las FARC un territorio estatal, que ha sido arduamente reconquistado, para un proceso con final incierto.

A mediados de agosto Uribe dio un nuevo golpe para introducir movimiento a su polémica con las FARC. Nombró a una de sus críticas más agudas, la Senadora liberal Piedad Córdoba, como enviada especial para establecer contacto con las FARC. Incluso animó al populista de izquierda Hugo Chávez a actuar como intermediario para un acuerdo humanitario. El presidente venezolano es uno de los pocos políticos de la región que las FARC respetan. Chávez tuvo un encuentro con los familiares de los secuestrados y visitó a Uribe a finales de agosto, reunión en la cual llamó a Uribe un “amigo” y afirmó el “amor” entre los dos países como “una nación”.

A pesar de sus muy discrepantes ideologías y los intentos de Venezuela por intervenir en la política interna de Colombia, como el consentimiento de unidades guerrilleras en la zona de frontera, Uribe y Chávez se la llevan sorprendentemente bien. A ambos los une un gran pragmatismo. Colombia se beneficia, entre otras, de unas exportaciones a Venezuela en crecimiento, pues bajo el Socialismo Bolivariano la producción interna de Venezuela se ha contraído y algunas empresas internacionales han emigrado a Colombia. Durante su visita en Colombia, Chávez anunció como gesto conciliatorio la posibilidad de regresar a la Comunidad Andina (CAN) por petición de Uribe.

A pesar de todo, la apuesta de Chávez por la “misión humanitaria” es, en todo caso, una sorpresa. Por primera vez desde el fin del proceso de paz en 2001 las FARC muestran señales de estar dispuestas a negociar. Dicho mensaje llegó a Chávez poco antes de su viaje a Colombia el 31 de agosto. Si Chávez logra, con el apoyo de Cuba, lo que a Sarkozy le fue negado, Uribe le habrá quitado filo a la mayor espina de su gobierno, pues hasta ahora Uribe no ha logrado ningún tipo de acuerdo con las FARC. Sin embargo, desde 2002 se han entregado libremente a las autoridades más de 5.000 combatientes de la guerrilla.

Por contraste, las negociaciones con el ELN, el segundo grupo guerrillero más fuerte, están mucho más avanzadas. El cese al fuego ha estado varias veces en una cercanía palpable. Pero las conversaciones en Cuba parecen haberse varado en su fase final. Casi 1.500 combatientes del ELN se desmovilizaron con la ley de Justicia y Paz y el ELN está fuertemente debilitado desde el punto de vista militar.

Tercero: Nuevos grupos criminales, extorsionadores y narcotraficantes. Estos son los actores que más desgatan al estado colombiano además de las FARC. Su número está en aumento, después de que los paramilitares abandonaron la escena política como protagonistas con la meta de combatir a la guerrilla. El número de nuevas personas armadas, la mayoría sin agenda política, fluctúa fuertemente en las estimaciones entre 3.000 y 9.000. Representan una amenaza seria al proceso de desmovilización y reinserción. El riesgo ha sido, a los ojos de observadores internacionales, subestimado. Este poder destructor no podría ser dominado solamente con métodos para el combate de la delincuencia común.

Los escépticos remiten al hecho de que en varias zonas que eran dominadas por los paramilitares, no son los militares quienes avanzan, sino la guerrilla. En este vacío también se chocan las nuevas bandas criminales, como las Águilas Negras. La situación se vuelve cada vez más confusa. De acuerdo a los datos de la Organización de Estados Americanos – OEA, se han formado 22 nuevos grupos violentos. No obstante, muchos municipios que tenían que padecer bajo la presencia de los escuadrones de la muerte se encuentran hoy en día libres de estructuras paramilitares. Antes las AUC estaban presentes en 711 municipios, hoy los nuevos grupos violentos están activos en 102 municipios y 16 de los 32 departamentos.

Sin embargo, esto arroja una oscura sombra sobre las elecciones regionales y municipales del 28 de octubre. Analistas y observadores electorales de la sociedad civil, cuya labor también es apoyada por la KAS, ven en más de un tercio de los municipios un “riesgo alto” de que se llegue a fraude electoral por medio de la intimidación, la compra de votos y el sabotaje. Antiguos paramilitares, señores de la guerra a nivel local y barones de la droga quieren asegurar poder e influencia sobre sus fuentes de ingreso. Mientras tanto, el narcotráfico se ha vuelto, no sólo combustible del conflicto, sino también eslabón de intereses comunes de los grupos guerrilleros, ex paramilitares y bandas criminales.

La opinión pública está más sensibilizada en estas elecciones que nunca antes. Pues desde diciembre del año pasado empezó un proceso doloroso de purificación: cada vez son más los políticos de alto rango, así sale a la luz a través de los medios del país, que están o estuvieron envueltos en pactos con los paramilitares. Si antes esto era tan sólo una sospecha que resultaba peligroso expresar públicamente, hoy esto está probado. Además, se habla abiertamente de los vínculos entre paramilitares y policía o el ejército. Mientras tanto, se investiga a más de 30 congresistas activos. Eso es casi un diez por ciento del congreso. A ello se asuman siete ex parlamentarios que se encuentran tras las rejas. Todos provienen de las heterogéneas filas de los hoy dispersos partidos liberal y conservador que apoyan al presidente Uribe. En total son 60 los políticos, en buena parte prominentes, que deberán declarar ante el tribunal.

Hasta ahora las olas de escándalo no han alcanzado al mismo presidente, aunque algunos de sus más allegados compañeros han comparecido ante la Corte. Uribe, quien fue supuestamente elegido en el 2002 con el apoyo indirecto de los paramilitares, todavía parece una piedra en medio del incendio. La mayoría de los colombianos le agradecen que en los últimos cuatro años el sentimiento de seguridad haya aumentado sustancialmente y los homicidios hayan caído drásticamente. Confían en él, y sólo en él, para liderar el complicado proceso de paz. Pues hasta ahora, no se ha podido establecer en esta difícil situación ningún tipo de líder personal como alternativa. Por eso en Bogotá ya se rumora sobre la agenda de un tercer mandato de Uribe.

A pesar del escándalo de la parapolítica, el presidente ha podido mejorar incluso su percepción de simpatía durante los primeros cinco meses del año 2007. Su popularidad subió 6,2 puntos a 73,4 por ciento. Renombrados empresarios también le han manifestado abiertamente su apoyo al presidente. El nuevo estado de la seguridad en el país puso en marcha a la economía y frenó la fuga de capitales al extranjero.

De acuerdo a una encuesta, la violencia en el país constituye tan sólo para un 76 por ciento de los colombianos una preocupación grande (en vez del 95% de hace cinco años). Como el mayor problema se percibe la brecha social. Esto es un éxito para la política de seguridad del presidente Uribe, que ahora ha creado un espacio libre para que temas urgentes del país, que hasta ahora ningún gobierno ha sabido solucionar, se constituyan en una preocupación. Si hace cinco años era un 89 por ciento de los colombianos quienes creían que el país iba en picada, hoy sólo un 42 por ciento lo afirma. En cambio un 53 por ciento mira el futuro con optimismo en comparación con el parco 9 por ciento de hace media década.

El optimismo también será necesario para superar los muchos nuevos obstáculos que se avecinan. A finales de julio los jefes de los paramilitares capturados se negaron a continuar cooperando con el gobierno. Muchos de ellos siguen sus negocios a través del celular en todas formas. La razón del bloqueo radica en que la Corte Suprema tumbó un pilar de la Ley de Justicia y Paz. De acuerdo con los jueces, a diferencia de lo que aplicará para la guerrilla, para los paramilitares no valen las más suaves penas que le corresponden a la sedición, porque ellos no buscaban combatir el orden estatal. Ellos deberían ser juzgados de acuerdo al derecho penal ordinario. Así como la posición de la justicia resulta comprensible de un punto de vista académico, también constituye un obstáculo para la solución política del conflicto.

Después de que Uribe pudo superar su rabia y criticó a los jueces de estar “presos de la ideología”, al fin permaneció en el territorio del Estado de Derecho y anunció una nueva ley que busca plantear una salida un escape al callejón sin salida. También En el futuro Uribe tendrá que invertir mucha energía y al mismo tiempo atar sus emociones para evitar que los logros de su primer mandato sean reversados y el país recaiga en un círculo desenfrenado de violencia.

El Dr. Carsten Wieland es representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia

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