Los temas de discusión de la sexta mesa de expertos giraron en torno a la reforma rural integral y al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

La mesa llegó a la conclusión de que se debe generar y promover espacios para un dialogo incluyente alrededor del tema de la tierra y del ordenamiento territorial.

Andrés Molano-Rojas, director académico del ICP, dio inicio a la sexta mesa de expertos con un balance de las discusiones previas en torno a la nación, los territorios y a los impactos institucionales del Acuerdo y su implementación. Acto seguido, le cedió la palabra a la mesa para iniciar el debate sobre el impacto de los ajustes institucionales del pos-acuerdo en el desarrollo económico y progreso social.

La primera consideración de la mesa se dio frente a la necesidad de llevar a cabo una reforma rural para superar las brechas y desigualdades del país. Esto cobró mayor relevancia a saber que, alrededor del 60% de las zonas rurales no tienen título de propiedad, lo que genera dificultades en términos de inversión y de tributación en los predios. También, se abordó la problemática de la vocación rural en las generaciones más jóvenes de campesinos, los cuales migran a las ciudades a causa de conflictos y en búsqueda de oportunidades.

En este punto, la mesa reflexionó en torno a la Reforma Agraria, resaltando que aproximadamente el 43% de los campesinos que se vieron beneficiados de la tierra entregada, ya no se encuentran allí, demostrando que la tierra no es suficiente para transformar la calidad de vida de los individuos. En este sentido, los expertos acordaron que el tema de la tierra y del ordenamiento territorial es un desafío enorme que va más allá de los Acuerdos de La Habana, de aquí la necesidad de avanzar en una reforma rural.

A continuación, se discutieron las implicaciones que traen consigo las solicitudes formales de extensión territorial por parte de las comunidades indígenas y afrodescendientes. De acuerdo a varios de los participantes, estas solicitudes, entre otras cosas, impiden las inversiones, la adjudicación de baldíos y la adquisición de licencias ambientales.

Posteriormente, se discutió alrededor del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el incremento de cultivos de coca que trajo consigo. Por un lado, algunos criticaron el asistencialismo de estas medidas, haciendo referencia al subsidio directo dirigido a los cultivadores, mientras que otros, destacaron que era necesario asistir a la población involucrada dada la pobreza en la que se veían envueltos. Ahora, dentro de las problemáticas para erradicar los cultivos ilícitos, los expertos resaltaron la falta de seguridad jurídica y la dificultad del Estado para desplazarse a lo largo del territorio. En este punto, se incluyó en la discusión el rol que podría jugar el sector empresarial.

La mesa cerró el encuentro reflexionando sobre la necesidad de superar las dicotomías que están fragmentando a la sociedad colombiana, haciendo referencia al discurso de los “amigos” y “enemigos” de la paz. A su vez, los integrantes estuvieron de acuerdo en la necesidad de generar y promover espacios para un diálogo incluyente alrededor del tema de la tierra y del ordenamiento territorial.