Los expertos hicieron énfasis en la pluralidad del Congreso 2018-2022, el cual fue el resultado de un proceso de paz que trajo consigo la repolitización de la sociedad colombiana.

Una de las discusiones centrales giró alrededor de la debilidad histórica del Estado y la necesidad de combinar seguridad y capacidad de acceso a bienes y servicios para fortalecer la legitimidad estatal.

La mesa tuvo en cuenta el rol de la comunidad internacional, especialmente el de la ONU, en la implementación de los Acuerdos.

Andrés Molano-Rojas, director académico del ICP, estuvo a cargo de la instalación y moderación de la mesa, iniciando la discusión sobre el impacto que puede tener el Acuerdo Final y su proceso de implementación en la democracia pluralista y el Estado de Derecho de Colombia. Así, después de sus palabras de bienvenida, prosiguió con los lineamientos del dialogo y cedió la palabra a los expertos.

La primera consideración de la mesa giró en torno al rol de la comunidad internacional, especialmente al de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el proceso de paz. La ONU, de acuerdo a los expertos, es fundamental no solo en términos de desmovilización y desarme, sino que también, es la garante y testigo de la no repetición de la violencia política.

A continuación, los expertos hicieron énfasis en la pluralidad del Congreso 2018-2022, el cual fue el resultado de un proceso de paz que trajo consigo la repolitización de la sociedad colombiana, en el sentido en el que se abrió el escenario político a nuevos actores. No obstante, el Estado de Derecho y la debilidad estatal continuaron siendo el eje central de la discusión.

Los expertos coincidieron en que existe una debilidad histórica del Estado colombiano, derivada de su incapacidad de poseer el monopolio legítimo de la fuerza y de brindar servicios básicos a lo largo del territorio. En este punto, algunos de los integrantes de la mesa, puntualizaron que uno de los objetivos del Acuerdo de Paz es la construcción de Estado en la periferia colombiana. La mesa resaltó además que, la construcción estatal se debería llevar a cabo a través de la garantía básica de seguridad y la capacidad de acceso a bienes y servicios, puesto que por sí sola, la seguridad, no conlleva a la legitimidad.

Ahora, durante la discusión se dio un debate en torno al Acuerdo como una política de gobierno y no de Estado. Los expertos argumentaron que, al no haberse dado un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad, con un Plebiscito derrotado, y el “Fast Track”, el Proceso de Paz fue una política de Estado con déficit de legitimidad. Entonces, la mesa llegó a la conclusión de que uno de los retos del próximo gobierno será realizar la transición entre una política de gobierno a una de Estado, a través de una conversación amplia e incluyente en donde se pueda llegar a un consenso entre todos los sectores.

El tema de la coca fue una constante a lo largo de la discusión. Esto fue así en la medida en la que es un fenómeno que alimenta la ilegalidad, y que a su vez, reemplaza al Estado. Igualmente, entre los desafíos que tiene la Colombia del post-acuerdo, se destacaron las elecciones territoriales de 2019 –en lugares en donde aún persisten estructuras de dominación ilegales–, la polarización, y la extensión de la normatividad del acuerdo, la cual puede llevar a problemas de interpretación.