Acceso a la información pública - Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina
Notas de acontecimientos
Charosky fue coordinador de Argentina Debate, una iniciativa que constituyó una innovación e incidió en los resultados de las pasadas elecciones en Argentina. Antes la información era un commodity administrado por el Estado, al que este podía permitir o impedir el acceso. Hoy la información ya no está en un conjunto de archivos de papel, sino que fluye. Las cámaras personales han dado oportunidad a los ciudadanos comunes de registrar eventos que hasta ahora podían permanecer en la oscuridad.
A partir de varios ejemplos de atropellos o casos de corrupción registrados por ciudadanos, Charosky describió la ampliación de las posibilidades de ejercer el control sobre la gestión estatal. Los registros citados posibilitaron en algunos casos la puesta en marcha de mecanismos jurídicos y políticos que facilitaron reformas del marco jurídico o la implementación de nuevas leyes —Freedom of Information Act, en los Estados Unidos—. En otros, la denuncia de informaciones falsas se expresó en resultados electorales adversos para los responsables —en España, a raíz de los atentados de Atocha—.El expositor destacó como etapa actual de este largo proceso la reciente aprobación de leyes de acceso a la información en casi todos los países de Latinoamérica. Del interés por el tema a nivel internacional atestigua la conferencia Open Government Partnership en Montevideo.
El acceso a la información ofrece al ciudadano una herramienta para controlar los posibles abusos del poder. Al mismo tiempo, le permite influir en las decisiones que se toman desde las instituciones, concluyó Charosky. Aquí se expresa la tensión entre la libertad individual frente al poder y las posibilidades de participar del colectivo.
“El derecho al acceso es una continuación del derecho a la expresión”. Con esta afirmación inició su disertación Giorgina Santangelo, profesora e investigadora de la Universidad Católica del Uruguay. "Sin acceso a la información no hay participación política de la ciudadanía", continuó Santangelo. Pero el marco legal no garantiza el acceso, debido a deficiencias en la implementación. Esto retroalimenta la desconfianza de los ciudadanos en la eficacia de las instituciones.
Uruguay cuenta desde 2008 con una Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, se constatan dificultades en la implementación debido a la falta de recursos asignados para dicha tarea y a la falta de capacitación de los funcionarios encargados. Tampoco hay capacidad del Estado para detectar y menos aún sancionar en forma eficiente los incumplimientos. Como primer paso, el Estado debería monitorear las acciones de los sujetos obligados por la ley y avanzar en la capacitación de la ciudadanía.
La democracia necesita de ciudadanos que participen en todo el proceso y no solamente en un contexto electoral. Un ciudadano crítico no delega en el sistema sino que participa desde todas las etapas. Para que esta participación sea calificada y eficiente, se requiere de ciudadanos en actitud de aprendizaje. Esto implica un cambio cultural que no se logra únicamente con leyes, sino desde una práctica diaria de participación y aprendizaje.
Las preguntas de un público muy activo se centraron en los problemas concretos de aplicación de la ley de acceso. Entre los desafíos pendientes más aludidos se destacan el desconocimiento del ciudadano sobre la propia existencia de la ley, el lenguaje incomprensible utilizado en la ley, la falta de capacitación de los funcionarios encargados de aplicarla. La ausencia del tema en la agenda política dificulta una estrategia de implementación efectiva.
“La legitimidad de las instituciones no solamente se basa en la política sino en la forma de comunicación de esta —concluyó un asistente al evento—, pero debajo del entramado jurídico institucional subyace un contexto cultural que debe ser desafiado”.
