La Consulta Previa, mecanismo fundamental para convivencia y resolución de conflictos - Programa Regional Participación Política Indígena en América Latina
Notas de acontecimientos
El Consejo de Consulta Previa (CCP) es un espacio esencial para el Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI) de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Es el escenario en el que el PPI se nutre de conocimiento intercultural de asesores indígenas y no indígenas, brindando aportes clave en la definición de temas prioritarios así como acciones estratégicas en el marco general de los procesos de consulta previa.
Esta es la quinta vez que el Consejo se reúne, toda vez que se tuvieron eventos anuales de 2015 a 2018, más un primer Consejo en 2013.
Con aportes de asesores de ocho países (Chile, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú) se desarrolló un espacio de amplio diálogo y construcción colectiva del estado de situación de la consulta previa en la región latinoamericana, incluyendo además a Canadá.
El Consejo percibe que uno de los cuellos de botella sigue siendo la falta de capacidad de diálogo intercultural y en línea con este factor, la alta desconfianza de los actores que participan de los procesos de Consulta. En este marco es imperativa la construcción de medidas que mejoren la confianza y la transparencia.
En cuanto a los marcos legislativos, quedó claro que no se requiere leyes ampulosas que pretendan ser perfectas, basta con tener ordenamientos jurídicos mínimos que permitan realizar la consulta con flexibilidad y tomando en cuenta las formas de representación y diálogo de los pueblos indígenas en cada país.
Si bien cierta sensación de pesimismo predominó en el debate ante el panorama regional, también quedó claro que es imperativo seguir apostando a buscar mecanismos de consulta, pues solo a través del diálogo es posible evitar la conflictividad. La experiencia de Canadá demuestra que, hace varios años, nadie apostaba por la consulta, y ahora está muy valorada.
Para el Consejo, en estos últimos cuatro años parecieran haber aumentado las debilidades y amenazas mientras que las oportunidades y fortalezas han decaído.
Por otro lado, el Consejo también evaluó las dos sesiones previas de revisión de la Ley y reglamento de Panamá de Consulta Previa. Al respecto, el Consejo valoró de manera muy positiva la posibilidad de brindar este tipo de acompañamiento y revisión a legislaciones específicas y trabajar más estrechamente con reparticiones de gobierno, así como con sector privado y líderes indígenas de la región, y que ciertamente el intercambio de experiencias entre países es altamente enriquecedor. En la evaluación del Consejo, sin duda el taller dejó importantes recomendaciones al Estado panameño, que a la brevedad posible, deberá replantear el contenido del reglamento con base en las especificaciones vertidas a lo lardo de dos días de trabajo.
El segundo día estuvo dedicado a desarrollar tres paneles de diálogo, con temas establecidos como prioritarios para el debate de acuerdo a las conclusiones obtenidas en el Consejo el año anterior (2017).
Los tres paneles estuvieron conformados de la siguiente manera:
- “Institucionalidad y voluntad política”, con la participación de Jay Hartling (Canadá), Minda Bustamante (Chile) y Jorge Panay (Panamá), moderó Claudia Niño de Colombia.
- “Diálogo Intercultural como herramienta fundamental durante la consulta previa”, con la participación de Manuel Martin Brañas (Perú), Josué Ospina (Panamá), Victor Leonel (México) y Mariana Yumbay (Ecuador); moderó Carlos Fredy Ochoa de Guatemala.
- “Consulta previa y visiones de desarrollo”, con la participación de Xavier Abreu (México), Guisela Mayen (Guatemala), Claudia Niño (Colombia); moderó Pablo Andrés Ramos de Colombia.
Finalmente, el CCP observó que, comparando con el análisis de la última reunión en 2017, la situación en la región ha mostrado pocas mejoras, pero sobre todo se percibe una fuerte incidencia de los problemas arriba descritos. La Consulta Previa es un mecanismo fundamental de diálogo que fortalece la democracia y garantiza el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas, y pese a los pocos avances en normativa, su aplicación aún se frena y dificulta por distintos problemas de carácter político, social, económico y cultural.
