EPISODIO 25 Justicia transicional para pensar el futuro de Nicaragua
- “Cuando el Estado se convierte en arma, la justicia transicional se vuelve inevitable”
Por: Cynthia Briceño
Para PolítiKAS
“En Nicaragua hoy, se utiliza la justicia como un arma de represión.” No es una metáfora, es el diagnóstico que plantea el jurista alemán Dr. Jan-Michael Simon, y que condensa una de las conclusiones más duras sobre la crisis nicaragüense: un sistema de justicia que dejó de garantizar derechos para convertirse en instrumento de persecución.
Su planteamiento —respaldado por los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas y presentado en Abril de 2026— va más allá: la justicia ha sido instrumentalizada para reprimir.
“El poder judicial no simplemente colapsó, sino que está capturado e instrumentalizado para atacar a su propia población”, afirmó en conversación con Políticas en Línea.
Esa lectura sostiene una tesis central: la represión no es una desviación del sistema, sino parte de su arquitectura. De ahí que los hallazgos del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, sobre los DDHH en Nicaragua apunten a patrones estructurales entre los que se incluyen:
- Violaciones graves de derechos humanos
- Uso instrumental de las instituciones; y
- Una progresiva eliminación de controles al poder.
Pero la reflexión no se queda en el diagnóstico. También plantea una pregunta de futuro: no solo cuándo podrían producirse cambios en Nicaragua, sino cómo se gestionarían.
Una crisis que desborda fronteras
Ese debate tiene una dimensión regional evidente. El Dr. Simon vincula directamente la represión iniciada en abril de 2018 con el aumento del exilio nicaragüense, no como migración económica, sino como desplazamiento forzado. “La población buscó salir de un espacio coercitivo”, explicó.
Las cifras ayudan a dimensionarlo: a finales de 2025, 342.045 nicaragüenses habían solicitado asilo en el extranjero y 31.387 habían obtenido condición de refugiados, evidencia de un exilio sostenido que ha impactado de forma directa a países como Costa Rica.
Pero el fenómeno, advierte el jurista e investigador de derecho comparado, no termina en el desplazamiento. También existe preocupación por formas de represión transnacional, donde mecanismos de intimidación pueden extenderse más allá de las fronteras, ampliando la discusión sobre justicia hacia la protección de una ciudadanía dispersa.
Pensar la transición antes de que ocurra
Desde ese diagnóstico emerge una de las ideas más importantes del experto: la transición empieza antes; con documentación, con memoria y con preparación institucional.
Tampoco es un tema solo de tribunales o rendición de cuentas. Se trata —como plantea el Dr Simon— de gestionar el cambio sin reproducir violencia, transformar instituciones sin provocar su colapso y responder a las víctimas sin bloquear acuerdos políticos necesarios.
“La transición empieza antes que cambien las correlaciones de fuerzas”, dijo, en una frase que funciona casi como hoja de ruta. Y en esa misma línea dejó otra definición clave:
“No se trata de elegir entre justicia y estabilidad, sino de construir estabilidad a través de justicia.”
Hay allí una idea de fondo: la justicia transicional no es un debate para después. Es una tarea presente y una herramienta política.
Desde su experiencia en procesos como la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala, el abogado e investigador, reivindicó Las Comisiones de Verdad, como espacios de legitimación para las víctimas y reconstrucción colectiva.
Otras medidas incluyen, la Activación de jurisdicciones fuera de Nicaragua, la protección de víctimas en el exilio e inclusive la negociación con concesiones transaccionales sustantivas.
“Documentar, insiste, no es solo preservar evidencia. Es preparar justicia”, plantea el investigador.
Ese énfasis alcanzó también al periodismo. Más de 250 periodistas nicaragüenses han salido del país en medio del cierre de medios independientes, pero aun así el Dr Simon destacó el papel del periodismo desde el exilio para sostener pluralidad y espacio público.
“Desde fuera se crean las condiciones para un espacio plural de opiniones. Algo que no existe dentro de Nicaragua”, afirmó.
En contextos de cierre autoritario, memoria, documentación y periodismo no son solo formas de resistencia; son parte de la infraestructura democrática que una transición necesitará.
En esa lógica, la justicia transicional deja de ser una discusión jurídica abstracta para convertirse en horizonte político. El Dr. Simon lo resume en una frase que sintetiza el desafío nicaragüense: “Cuando la impunidad es política de Estado, la justicia transicional se vuelve inevitable.”
EPISODIO 26 Pesos y contrapesos: el reto democrático del debate legislativo
- La tensión política es propia de toda democracia. El problema aparece cuando la confrontación gana sobre los argumentos y la ciudadanía empieza a perder confianza en sus instituciones
Por: Cynthia Briceño Obando
Periodista – PolítiKAS
Nuestra Asamblea Legislativa es el espacio donde se tramitan leyes, se fiscaliza al poder, se negocian acuerdos, se expresan las diferencias políticas del país, y se materializa mucho de lo que entendemos como ejercicio de poder en democracia.
Pero en medio de esa función esencial surge una pregunta cada vez más vigente: ¿cómo preservar la tensión necesaria entre poderes sin que el debate pierda fondo y se convierta en espectáculo?
Límites, transparencia y control de resultados
Hablar de pesos y contrapesos, explica Edel Reales, politólogo y gerente del Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica es hablar de límites. En un sistema democrático, ningún poder del Estado debe actuar sin controles. En el caso costarricense, la Asamblea Legislativa tiene la facultad constitucional de ejercer control político sobre los distintos órganos del Estado.
Ese control ya no se limita a revisar si una actuación fue correcta. Hoy también incorpora exigencias de probidad, transparencia, trazabilidad, rendición de cuentas y control de resultados.
Por su parte, Kattia Benavides, politóloga y analista del quehacer legislativo lo plantea desde una idea esencial: los pesos y contrapesos son mecanismos que impiden que una sola institución concentre el poder. Y cuando esos mecanismos se tensan, no necesariamente significa que la democracia esté en crisis. También puede significar que sus capacidades de control y equilibrio están siendo puestas a prueba.
“La incomodidad, en democracia, es saludable. El problema aparece cuando el debate deja de concentrarse en las ideas y se traslada al ataque personal”, asegura.
Del control político al show
Quienes observan la Asamblea Legislativa desde afuera muchas veces se quedan con la imagen más visible: el enfrentamiento, el tono elevado, la frase fuerte, el video que circula en redes sociales o la comparecencia convertida en espectáculo.
Esa exposición pública tiene valor. Permite observar, fiscalizar y acercarse al proceso político. Pero también ha cambiado el tono de la discusión.
Benavides advierte que cuando se pasa de debatir ideas a atacar personas, se pierde el fondo de la construcción política. La forma termina desplazando al contenido.
Reales agrega un punto clave: el control político exige preparación. “Un diputado o una diputada que estudia puede debatir con profundidad sobre un proyecto de ley, una visión de Estado o una investigación legislativa. Pero cuando falta estudio, el debate se empobrece y corre el riesgo de convertirse en ruido”, señala.
Benavides, por su parte suma que, en tiempos de redes sociales, esa tensión se vuelve todavía más visible. “La política se mira en vivo, se comenta al instante y se fragmenta en videos cortos. La ciudadanía juzga en tiempo real, y procesos que requieren estudio, deliberación y negociación terminan evaluados bajo la lógica de la inmediatez, en contraposición de los tiempos de política pública, construidos normalmente en el mediano o largo plazo”, explica.
Exigir mejor, simplificar menos
A modo de conclusión, ambos especialistas recordaron que, el equilibrio de poderes en democracia, no es un concepto, sino una práctica que se ejerce todos los días dando seguimiento a las decisiones públicas, comprendiendo cómo funcionan las instituciones y exigiendo respuestas.
Porque lo que ocurre en la Asamblea Legislativa no está lejos de la vida cotidiana. Ahí se toman decisiones que inciden en el empleo, el costo de vida, el transporte, la seguridad, los servicios públicos y los derechos.
Aun con sus tensiones, Costa Rica conserva una institucionalidad sólida. Pero esa fortaleza no debe darse por garantizada. Las instituciones necesitan modernizarse, adaptarse a los nuevos tiempos y recuperar confianza sin renunciar a los controles que sostienen la democracia.
La Asamblea Legislativa puede ser ruidosa, entramada y difícil de comprender. Pero también es el espacio donde se expresa la pluralidad política del país, donde los desacuerdos deben tramitarse y donde la democracia ocurre en vivo. Quizá por eso vale la pena mirarla con más atención y menos simplificación. No para dejar de exigirle, sino para exigirle mejor.