Durante la sesión virtual, asistieron 67 participantes que fueron conducidos por Ana Gabriela Contreras, profesional con experiencia en el estudio de los temas vinculados a derechos de pueblos indígenas.

La sesión dio inicio con un repaso sobre el concepto de acceso a la justicia como derecho humano, el que debe considerar de manera fundamental tanto al sujeto obligado a respetar y garantizar: el Estado, como a los titulares de su ejercicio: el pueblo indígena considerado colectivamente y personas indígenas, en su calidad individual.

A continuación, los participantes recordaron que es en la legislación nacional como internacional que se encuentra establecido y reconocido dicho derecho, por lo que debe entenderse que su ámbito de aplicación es en todas las áreas de la jurisdicción oficial: penal, civil, laboral, constitucional, etc.

Con el fin de trasladar el conocimiento teórico a una situación práctica, los participantes hicieron de manera conjunta el ejercicio a través del cual se buscaba elaborar la agenda pendiente para fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en Guatemala conforme  los siguientes campos:

•  Política institucional
• Promoción de reformas legislativas o constitucionales; nuevas leyes
• Litigio para promover la garantía de un derecho

Seguido de lo anterior, la docente presentó la situación del acceso a la justicia para mujeres indígenas por medio de un video grabado por una funcionaria Evelyn Curruchiche de la Defensora de la Mujer Indígena (DEMI), quien se refirió a los diferentes obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el marco de los litigios judiciales y la resoluciones de los conflictos que se tramitan con el apoyo legal de esta institución del Estado.

Finalmente la experta se refirió a los desafíos del derecho de acceso a la justicia en materia constitucional, los beneficios del litigio estratégico y la importancia de la interpretación del bloque constitucional para la aplicación de justicia.