El Estado del Medio ambiente en Bolivia

Recientes investigaciones cuentan que a nivel mundial el medio ambiente se encuentra en problemas para conservar su equilibrio, debido a los drásticos daños sufridos, los cuales han sido causados por la explotación irracional de las materias primas, la industrialización, la contaminación y la explosión demográfica inadecuada, entre otros factores.

En este sentido, la sociedad y la economía a nivel mundial se enfrentan actualmente a enormes desafíos a nivel del ecosistema y existe una necesidad real de reaccionar ante el cambio climático y la escasez de recursos, así como ante la creciente demanda de energía.

En Alemania, la política energética de los próximos años se asienta sobre un consenso multipartidista basado en un fuerte proceso de transición energética. Alemania tratará de adaptarse totalmente a las fuentes de energía renovables, reducir drásticamente los niveles de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética de aquí al 2050. Este consenso incluye la determinación de eliminar totalmente la participación de la energía nuclear en el país de manera progresiva hasta el 2022. Con el fin de completar con éxito esta tarea, Alemania precisa del apoyo de sus socios internacionales, en especial de América Latina, basándose en un intenso intercambio de ideas y una mejora del aprendizaje en todos los niveles.

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) consiente de su compromiso internacional en esta materia hace varios años atrás en Bolivia ha venido trabajando en la temática medio ambiental, a través de diferentes proyectos y programas.

La presente entrega sobre “El Estado del Medio Ambiente en Bolivia” fue un proyecto elaborado y coordinado por la Fundación Milenio bajo la orientación de Napoleón Pacheco el cual tiene el objetivo de desarrollar un estado del arte sobre la situación en Bolivia y sensibilizar a la ciudadanía boliviana una conciencia propositiva y proactiva sobre la problemática medioambiental.

Bolivia tiene una normativa e institucionalidad para la gestión ambiental desarrollada continuamente desde hace dos décadas, como en muchos casos, el país fue pionero en establecer estructuras estatales para enfrentar los desafíos que empezaba a imponer el orden mundial, los que terminarían de clarificarse a partir de la llamada Cumbre de la Tierra o Río 92.

En diciembre de 1990, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados convocó a un foro para analizar la problemática ambiental del país, producto de este foro se inicia el diseño del anteproyecto de ley de medio ambiente, que concluyó en 1992 con la aprobación de la Ley 1333. Esta norma fue elaborada en un proceso de amplia participación de los diferentes sectores y organizaciones sociales. El diseño y promulgación de esta norma fue un hito fundamental de la gestión ambiental, puesto que marca un antes y un después en la institucionalidad ambiental en Bolivia. Como menciona Mónica Castro: Esta ley, coincide con las tendencias críticas al desarrollismo que proponían un viraje hacia el nuevo paradigma denominado “Desarrollo Sostenible” y encuentra en el país un ambiente propicio para su aplicación.

Recientemente el 2009 con la nueva Constitución Política del Estado se ha incorporado criterios más amplios en materia de medio ambiente y recursos naturales. Por una parte, se establece como fines y funciones esenciales del Estado “Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”.

Además, en relación a los pueblos indígenas establece que: “En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”.

Pese a los avances realizados Bolivia sobre la temática medioambiental existen vacíos en otras áreas, por ejemplo el país no tiene una norma específica en materia de cambio climático pero al igual que otras naciones cuenta con una norma de medio ambiente y además es suscribiente de tratados internacionales específicos en materia de Cambio Climático. El país ha suscrito la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ha incorporado ésta en su estructura legal mediante Ley 1576.

En lo que se refiere a la problemática sectorial medioambiental es de resaltar que Bolivia se encuentra entre los 12 países de mayor deforestación, el país perdió 29.867 km2 de bosques entre los años 2000 y 2012. Bolivia cuenta con más del 46 por ciento de su territorio cubierto de bosque lo que exige que se apliquen diferentes niveles de manejo y protección.

En el sector hidrocarburífero uno de los desafíos de la gestión ambiental es el desarrollo de proyectos en áreas de alta conservación de la biodiversidad y de importantes fuentes agua, ese es el caso del campo Liquimuni en las áreas protegidas de Madidi, Pilón Lajas, y actividad hidrocarburífera en el Parque Aguaragüe. Proyectos que si bien cuentan con medidas de mitigación no son suficientes al encontrarse en sitios de alta fragilidad ambiental o importantes reservorios de agua dulce. Esta decisión pasa por una coherencia que debería existir entre las políticas del Estado, por un lado se protege a la Madre Tierra y por el otro este tipo de proyectos hace que se la vulnere.

En lo que al sector minero se refiere el mismo cuenta con un legado histórico en materia de contaminación ambiental que aún no ha sido resuelto, quedan monumentos de colas en diversas poblaciones mineras que afectan diariamente la calidad de vida de sus pobladores y nadie se hace responsable de su manejo. Se acaba de aprobar la nueva ley minera que tiene serias contradicciones con la Ley de la Madre Tierra, principalmente en lo referente a la explotación de recursos mineros en áreas protegidas y glaciares y al uso de los recursos naturales por parte de los concesionarios mineros, por ejemplo las aguas que se utilizan de discrecionalmente y sin ningún costo.

Un aspecto fundamental a regular es la actividad de las cooperativas y la minería pequeña que es la que más contamina, esto requiere disponer de un programa de incentivos que permita a las cooperativas acceder a tecnología de punta a menor precio, a cambio que se enmarquen en la legislación ambiental. El desafío del sector es involucrar en la gestión ambiental a todos los actores mineros.

El sector energético, probablemente tiene desafíos estructurales y ambientales de magnitud, en los próximos años se desarrollará con mayor fuerza, con mega proyectos que tiene en su cartera de inversiones, como la represa del Bala, la de Cachuela Esperanza, Geotermia en el Salar de Uyuni y energía nuclear en el norte de Potosí, para lo cual es de vital importancia desarrollar una normativa ambiental específica para este sector.

Ruben Ferrufino destaca que la problemática del cambio climático nos tomó de sorpresa debido a que no se dispone de la institucionalidad necesaria para enfrentarla. No sirven acciones aisladas en áreas determinadas sino no tenemos una acción global y una política pública que involucre a todos los sectores del país, es importante tener en mente que el problema de cambio climático rebasa toda acción individual de un gobierno e implica desafíos donde está involucrada la sociedad en su conjunto.

Las políticas de cambio climático deben ser transversales, implican regulación de diversos sectores al mismo tiempo, tienen implicaciones en términos de costos en el corto plazo y beneficios más adelante en el tiempo. En la medida que la visión predominante en muchas actividades es de corto plazo, lo natural es observar poco interés por asumir costos individuales actuales contra beneficios colectivos en el mediano o largo plazo.

El Estado requiere institucionalidad fortalecida para administrar y monitorear las políticas de cambio climático, el sector privado requiere de capacidades institucionales para incorporar medidas costo-eficientes, para dosificar adecuadamente los ritmos de evolución hacia mejores prácticas y procesos productivos, de modo que los cambios no comprometan la viabilidad de las unidades productivas. Finalmente, la sociedad requiere de institucionalidad para poder incorporar dentro sus valores el cambio climático y la calidad del medio ambiente. Estos valores son los que luego se hacen parte del modelo de producción en la práctica cotidiana.

Finalmente, es importante agradecer a los analistas e investigadores de la Fundación Milenio: Mónica Castro, Rubén Ferrufino, Hernán Zeballos y Evelyn Taucer por el importante aporte a la investigación y al estudio de la situación medioambiental en Bolivia. Al Director Ejecutivo de la Fundación Milenio Napoleón Pacheco agradecerle por la coordinación e idea de este estudio.