Y todo comenzó tan bien: Ya a finales de enero, el Ministerio de Salud panameño publicó un plan de prevención sobre COVID-19, se realizaron cursos de capacitación y se aplicaron medidas de vigilancia epidemiológica de los viajeros. Sin embargo, hasta la segunda semana de marzo, la población apenas notó estas precauciones. Aunque varios otros países de América Latina ya habían notificado los primeros casos, parecía que la sociedad panameña todavía no se había dado cuenta de la gravedad de la situación.
El 9 de marzo, Panamá comunicó el primer caso confirmado. Se trataba de una mujer panameña que había llegado de España dos días antes. Más tarde quedó claro que, a través del muy frecuentado aeropuerto internacional de la Ciudad de Panamá, el virus había llegado al parecer a Panamá mucho antes y había podido propagarse sin ser detectado, especialmente durante las festividades en torno al carnaval.
Medidas estrictas para combatir la pandemia
Con el primer caso confirmado, COVID-19 se hizo presente de repente en todos los medios de comunicación y el público. Las recomendaciones de las organizaciones internacionales de salud se aplicaron rápidamente. Ya el 13 de marzo, el Presidente declaró el estado de emergencia nacional, que fue acompañado de una serie de medidas de emergencia: Se cerraron todas las fronteras y se suspendió todo el transporte aéreo comercial y de pasajeros nacional e internacional. La entrada en Panamá sólo se permitía (y se permite en el momento de redactar el presente informe) a los panameños y residentes extranjeros que se pusieran en cuarentena interna inmediatamente después de su llegada durante 14 días. Todos los eventos tuvieron que ser cancelados y la educación escolar y universitaria fue suspendida en todo el país. Todos los centros comerciales y las tiendas han sido cerrados, sólo los supermercados, las instalaciones médicas, las farmacias y las gasolineras siguen abiertas. La mayoría de las operaciones comerciales se cerraron temporalmente, y se recomendó a todas las oficinas la utilización de la oficina en el domicilio. El presidente ordenó un toque de queda parcial el 18 de marzo, y luego un toque de queda completo desde el 25 de marzo. Dependiendo del último dígito de los documentos de identidad (para los extranjeros, el pasaporte), las mujeres pueden salir de la casa durante dos horas los lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, esto es sólo para ir a comprar comida o para comprar productos farmacéuticos. Los hombres pueden usar sus dos horas los martes y jueves. Los fines de semana hay un toque de queda absoluto. Hasta el 8 de mayo, la compra de bebidas alcohólicas también estaba completamente prohibida. En muchos puntos estratégicos de la capital y a lo largo de la Panamericana, hay controles estrictos y hay severas sanciones por no cumplir con los horarios de toque de queda establecidos. La presencia policial se incrementó enormemente después de los disturbios con neumáticos ardiendo y el saqueo de pequeñas tiendas durante las primeras noches del toque de queda total. Aunque la mayoría de los panameños aceptan las medidas del gobierno, después de ocho semanas de toque de queda hay cada vez más gente que no está de acuerdo con las medidas.
La política de información transparente del gobierno
En las primeras semanas de la crisis, el gobierno del presidente Laurentino "Nito" Cortizo impresionó con una política de información extremadamente transparente. Desde que se produjo el primer caso de Cortizo, se ha celebrado una conferencia de prensa todas las tardes a las 6 p.m., transmitida por televisión y radio. En la conferencia de prensa, el gobierno informa sobre los acontecimientos actuales y las nuevas medidas y responde a las preguntas de los medios de comunicación. Estas conferencias suelen ser convocadas y presididas por la Ministra de Salud, Rosario Turner, pero el propio Presidente Cortizo también asiste de vez en cuando, especialmente cuando se anuncian medidas importantes o nuevos acontecimientos. La estricta acción gubernamental para contener la pandemia tiene sus razones: con una población de unos cuatro millones de personas, el 15 de mayo se registraron 9.286 casos positivos, de los cuales 2.922 estaban activos y 266 fallecidos. Se tomaron 46.898 muestras. Esto hace que Panamá sea, con mucho, el país más afectado de América Central en comparación con el número de habitantes.
El gobierno del Presidente Cortizo, que ocupa el cargo desde julio de 2019, obtuvo un gran reconocimiento entre gran parte de la población panameña debido a su enfoque transparente y coherente, pero siempre moderado.
Las acusaciones de corrupción y colusión son una pesada carga para el gobierno
El colapso total de la curva de popularidad se produjo en la tarde del 24 de abril, cuando el periodista independiente Mauricio Valenzuela del grupo de periodistas de investigación Focopanamá publicó un vídeo en Instagram. En este video, Valenzuela mostró una carta firmada por el Viceministro del Ministerio de Asuntos Presidenciales con una orden de compra de 100 unidades móviles de aire acondicionado para el nuevo hospital, que se construyó en el sitio del aeropuerto nacional en sólo cuatro semanas como un hospital de emergencia con 100 camas. El alboroto en relación con esta orden de compra se debió a la especificación exacta del fabricante y a un precio de poco menos de 49.000 dólares estadounidenses por unidad (!), lo que representa un volumen de compra de poco menos de cinco millones de dólares estadounidenses. Los periodistas de Focopanamá investigaron entonces en Internet y no pudieron encontrar un precio para el equipo en cuestión que superara los 5.200 USD.
Al día siguiente, todos los medios de comunicación informaron sobre la publicación, y la población reaccionó conmocionada. El hecho de que el Ministerio de Salud no estuviera involucrado en esta compra sólo fue visto por los ciudadanos como una confirmación más del comportamiento corrupto de los políticos del gobierno. Los gritos en las redes sociales pidiendo la renuncia del Vicepresidente José Gabriel Corrizo (#gabyrenuncia) como ministro responsable se hicieron cada vez más fuertes. El anuncio de Carrizo durante su visita al nuevo hospital el 27 de abril, en el que destacó el valor de la transparencia y la honestidad en tiempos de crisis, fue recibido entonces de forma bastante burlona en las redes sociales. La dimisión del ministro Juan Carlos Muñoz, que había firmado la orden de compra de los acondicionadores de aire portátiles, anunciada ese mismo día, no cambió esto. La declaración del presidente Cortizo sobre la renuncia de Muñoz, en la que afirmaba que "Juan Carlos desempeñó un papel clave para asegurar el suministro de equipos e insumos médicos de manera adecuada, en las condiciones actuales y la demanda mundial"[1], fue considerada contraproducente.
En pocos días se descubrieron más y más casos de precios excesivos y nepotismo que llenaron los periódicos. El abogado de la empresa Security Equipments Inc. presentó una denuncia contra el ex ministro Muñoz ante el Ministerio Público por actuar contra la confianza pública y excederse en su autoridad. Esto se produjo después de que se informara en las redes sociales que la empresa Security Equipments Inc. ofrecía mascarillas por 12,4 millones de dólares. La carta de obligación de pago del 25 de marzo de 2020 había sido firmada por Muñoz. De hecho, se dice que la compañía ofreció un precio de 4,4 millones de dólares por sus servicios, según el abogado de la compañía que está presentando la denuncia. [2]
El vicepresidente Carrizo también se vio afectado. El 28 de abril el prestigioso diario La Prensa publicó un reportaje según el cual este último había adjudicado dos contratos de servicios de relaciones públicas estratégicas del gobierno a la empresa Mercadeo Integral en agosto de 2019 y marzo de 2020 por un total de 2,6 millones de dólares. El propietario, Carlos Guillermo De Ycaza Córdoba, fue nombrado por el gobierno en agosto de 2019 como miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá tras la ratificación del parlamento, pero al mismo tiempo sigue dirigiendo su empresa hasta hoy. El Vicepresidente excusó el hecho de que los contratos también fueron adjudicados sin licitación y sin obtener más ofertas, refiriéndose a la precaria situación debido a la pandemia. [3]
No son sólo estas revelaciones las que pesan sobre el gobierno. También hay discordia en las filas del partido gobernante de centro-izquierda, el PRD (Partido Revolucionario Democrático). Este partido, que sirvió como pilar político del dictador militar Manuel Noriega (1983-89), está dividido en diferentes alas que se definen menos por sus agendas y más por sus respectivos actores y clientela. El ex presidente Ernesto Pérez Ballardes (1994-99) del PRD, por ejemplo, afirmó que los principales actores actuales de su partido, que está formado principalmente por diputados actuales y antiguos, se preocupan principalmente por sus propios intereses, dejando al colectivo completamente al margen.[4] En abril, estos conflictos personales dieron lugar a tumultuosos enfrentamientos durante una sesión parlamentaria entre la diputada del PRD Kayra Harding y su compañero de partido Jairo Salazar, que la insultaron y se volvieron casi violentos. Según el ex presidente, el partido también está plagado de "caballos de Troya"[5], que no se identifican en absoluto con los objetivos del PRD, sino que sólo los utilizan como trampolín para sus propias ambiciones profesionales.
Además, casi no hay comunicación regular, y mucho menos coordinación política, entre el palacio presidencial y la fracción del PRD en el parlamento nacional, lo que sólo agravó la crisis del PRD y llevó a los representantes de los medios de comunicación a calificar al PRD como la oposición más fuerte a su propio gobierno. Un parlamentario del PRD llegó a calificar de "desastrosas"[6] las condiciones de su partido. El presidente Cortizo parece estar perdiendo las riendas del liderazgo.
La oposición política real, a su vez, es apenas visible en público. Sólo el nuevo líder del anterior partido de gobierno, el Partido Panameñista, y candidato a la presidencia el año pasado, José Isabel Blandón, comentó la situación actual y declaró objetivamente que el consenso que existía al principio de la crisis de la corona ya no existía, por un lado por el escándalo de la corrupción y por otro por la falta de apoyo a los sectores más pobres de la población. [7]
La falta de apoyo lleva a la población a las calles
El descubrimiento del comportamiento sospechoso de corrupción de los miembros del gobierno aumentó el creciente descontento, especialmente entre la población más pobre, por la falta de apoyo a través del plan de gobierno de Panamá Solidario que había sido anunciado por el Presidente Cortizo el 18 de marzo. El plan de ayuda de emergencia, con un presupuesto de 50 millones de dólares de los EE.UU., se introdujo para que los panameños necesitados (especialmente los que trabajan en el sector informal y los desempleados) recibieran un pago único inicial de 75 a 100 dólares de los EE.UU. y un paquete de alimentos. Sin embargo, a principios de mayo, ningún panameño había recibido dinero o beneficios. Esto y el creciente descontento por el toque de queda extremo dieron lugar a protestas y bloqueos de carreteras por parte de las autoridades policiales en la Ciudad de Panamá, en el suburbio densamente poblado de San Miguelito y en varias provincias. El Presidente prometió entonces aplicar el plan inmediatamente. Según el palacio presidencial, más de 300.000 panameños deberían recibir el apoyo para mediados de mayo.
La economía y el presupuesto de Panamá bajo presión
Sin embargo, no sólo pesan sobre el gobierno las acusaciones de corrupción, las disputas internas de los partidos y el creciente descontento de la población, cuyas acciones recientes parecen caracterizarse por alterar los planes y estrategias anteriores, así como por las recriminaciones, quejas e insultos mutuos. [8] La situación económica y financiera del país también se ve sometida a una presión cada vez mayor.
Gracias al canal, a la ubicación de la Ciudad de Panamá como centro bancario y a la mayor mina de cobre del mundo, Panamá está económica y fiscalmente mejor situada que muchos otros países de la región. No obstante, las consecuencias para la economía causadas por COVID-19, que se prevé que tenga la tasa de crecimiento más débil desde 2009, entre el 3,5 y el 4%, son precarias. Según las estimaciones actuales del FMI, COVID-19 aumentará el déficit presupuestario en unos 3.700 millones de dólares y tendrá un impacto significativo en la deuda nacional, que sólo en 2019 habrá aumentado en 5.000 millones de dólares hasta un total de 31.000 millones de dólares. La tasa de inflación se mantiene estable en torno al cero por ciento.
La mina de cobre en la costa caribeña es propiedad de la empresa Canada`s First Quantum Minerals Ltd. y está considerada como la mayor inversión extranjera en la historia de Panamá, con más de seis mil millones de dólares estadounidenses. Comenzó su producción el año pasado y se espera que genere alrededor del tres por ciento del producto nacional bruto a plena capacidad. Tras la primera muerte de un trabajador de la mina en la corona, el 4 de abril, el presidente Cortizo anunció el cierre temporal de la mina dos días después, debido a la presión de los sindicatos.
En abril, el FMI concedió a Panamá un préstamo de 515 millones de dólares para medidas de emergencia. El Banco Interamericano de Desarrollo (300 millones de dólares) y el Banco Mundial (41 millones de dólares) prometieron otros préstamos importantes. Poco después, Panamá emitió 2.500 millones de dólares en bonos del Estado con una tasa de interés del 4,5 por ciento y una duración hasta el 2056 en el mercado internacional. El gobierno también autorizó la retirada de 1.000 millones de dólares de los EE.UU. del fondo de ahorro panameño y anunció una reestructuración del presupuesto nacional para ahorrar otros 2.000 millones de dólares de los EE.UU. Queda por ver si las acusaciones de corrupción tendrán un impacto en la concesión de préstamos por parte de los bancos internacionales.
Perspectivas de futuro
El 11 de mayo, el gobierno panameño publicó su estrategia de salida de COVID 19, la cual, con una excepción, no incluye todavía ninguna fecha concreta. Los diferentes sectores de manufactura y servicios fueron divididos en seis bloques de acuerdo a su importancia.
El primer bloque, que fue readmitido el 13 de mayo, incluye el comercio electrónico, los talleres y el comercio de repuestos, los servicios técnicos como las instalaciones eléctricas y sanitarias, así como la producción agrícola industrial y la pesca artesanal. Está previsto que el aeropuerto internacional de Tocumen de la Ciudad de Panamá vuelva a abrir sus puertas el 22 de junio.
Como muchos otros presidentes antes que él, Cortizo prometió en su toma de posesión luchar contra la corrupción endémica en los círculos gubernamentales y empresariales de Panamá. Además, durante las primeras semanas de la crisis de Corona, sus discursos siempre estuvieron marcados por llamamientos a la solidaridad y a la acción conjunta para superar la pandemia. El principal objetivo del Presidente y su gobierno debe ser ahora recuperar la confianza de la población mediante una acción coherente y transparente, como al principio de la crisis de la Corona, y poner en práctica el retorno a la normalidad cotidiana rápidamente, pero siempre con la debida precaución.
[1] La Estrella de Panamá, https://www.laestrella.com.pa/nacional/200428/renuncia-juan-carlos-munoz-viceministro, accedido el 16.5.2020.
[2] La Prensa, https://www.prensa.com/politica/denuncian-ante-el-ministerio-publico-a-exviceministro-de-la-presidencia-juan-carlos-munoz, accedido el 16.5.2020.
[3] La Prensa, Los negocios del Ministerio de la Presidencia, 29.4.2020, S. 2ª.
[4] La Prensa, El PRD contra el PRD; el virus ataca al partido del Gobierno, 1.5.2020, S. 2ª.
[5] Ibídem.
[6] Ibídem.
[7] La Prensa, Las semanas pico del presidente Cortizo, 4.5.2020, S. 2A
[8] Ibídem.
