- “Las redes cruzan fronteras; la respuesta también debe hacerlo”. Especialistas reunidos en la región piden sostener la cooperación y la confianza y advierten:” La ciudadanía no puede aceptar la criminalidad como parte de la vida diaria”
Por Cynthia Briceño
PolítiKAS
"Luchar contra la criminalidad y el crimen organizado transnacional es hoy una carrera de largo aliento, una maratón. Y esa carrera se corre en lo cotidiano, dentro y fuera de las fronteras nacionales, con una decisión: no naturalizar ni legitimar la criminalidad".
Estas son ideas que compartieron Daniel Brombacher, director del Observatorio Europeo del Crimen Organizado de Global Initiative Against Transnational Organized Crime, y Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers International para el Caribe, Bermuda y América Latina, en esta conversación con PolítiKAS, donde nos explican cómo las redes criminales conectan América Latina y Europa, qué brechas aprovechan y qué cooperación se necesita para frenarlas.
Criminalidad instalada
Si bien los delitos y crímenes transnacionales no son un fenómeno nuevo en el mundo ni la región, en años recientes su presencia e incidencia aumenta. ¿Qué nos pasó en para llegar a la situación que vivimos hoy en materia de crimen organizado?
Lo primero que hay que decir es que el escenario actual es resultado de decisiones sociales, educativas y políticas que durante casi tres décadas no recibieron atención suficiente. Lo que antes podía percibirse como un asunto lejano, asociado a películas o series, hoy aparece en los barrios, el comercio, la corrupción y el lavado de dinero, explica Campos.
La continuidad institucional también importa. En América Latina, dijo, los cambios de gobierno suelen traer nuevos planes y reiniciar procesos que requieren tiempo. Cuando las instituciones comienzan a comprender cómo funciona un sistema criminal, puede cambiar nuevamente la estrategia pública. A esto se suma la falta de oportunidades: algunas personas en situación de vulnerabilidad llegan a considerar el delito como un proyecto de vida. Revertir esa percepción requiere ofrecer alternativas y sostenerlas.
Por su parte, Brombacher señaló que si vamos al caso puntual de la región, países como Costa Rica y Panamá forman parte de ecosistemas criminales que conectan regiones.
“Desde Berlín observamos problemas similares en mercados de drogas, cigarrillos de contrabando y trata de personas. En todos esos contextos, alertó, existe una tolerancia social que no debería asumirse como normal”, señala.
“La normalización puede comenzar con la compra o venta callejera de productos de contrabando o falsificados sin consecuencias visibles. Según Campos, una persona puede pasar de consumidora a vendedora y luego a distribuidora, mientras la actividad ilícita incorpora nuevos participantes y se conecta con operadores ubicados a miles de kilómetros”, enfatizó.
Las rutas cruzan fronteras y multiplican las ganancias
Las redes criminales aprovechan que pueden operar al margen de las regulaciones y del Estado de derecho. Campos describió conexiones entre Panamá, Costa Rica y Europa, incluidas rutas de droga hacia ese continente. Para enfrentarlas, los países necesitan coordinarse con la misma facilidad con que las organizaciones atraviesan las fronteras.
La distancia entre el origen y el mercado de destino aumenta la rentabilidad. Brombacher ejemplificó esa diferencia con la cocaína: de acuerdo con lo conversado durante las jornadas, un gramo que se vende en Alemania por unos 60 euros puede costar en Costa Rica menos de una décima parte de ese valor. Las ganancias obtenidas en el destino pueden regresar a los lugares de origen y alimentar la corrupción, debilitando las instituciones.
Durante décadas, las organizaciones se beneficiaron de la desconexión entre Estados, de los vacíos legales y de las dificultades para compartir información. Esa separación empieza a reducirse mediante iniciativas de cooperación entre América Latina y Europa, que incluyen programas e inversiones para facilitar el trabajo conjunto.
Confianza e información oportuna
Una parte de la cooperación puede ser inmediata. Oficiales de enlace europeos que trabajan en Costa Rica o Panamá pueden facilitar el intercambio de datos sobre un buque o un contenedor posiblemente contaminado. Las investigaciones financieras transfronterizas son más complejas: todavía cuesta seguir un cargamento hasta quienes lo encargaron, financiaron o participaron en la cadena. Como los mercados criminales suelen operar por segmentos y no siempre responden a una jerarquía clara, reconstruir sus vínculos requiere cooperación internacional.
Para Campos, compartir información depende de la confianza entre las personas e instituciones involucradas. Las mesas de trabajo permiten conocerse y crear canales directos; así, una alerta sobre un contenedor que viajará de un país a otro puede llegar a tiempo mediante el contacto establecido previamente.
La cooperación jurídica formal también es necesaria, pero puede tardar meses. Si una investigación tiene plazos legales breves, una respuesta que llega ocho o nueve meses después puede hacer que el caso se pierda. Por eso los contactos directos y el intercambio oportuno de información son parte central de la respuesta.
Ambos especialistas pidieron revisar los sectores vulnerables al lavado de activos. Brombacher, mencionó, a modo de ejemplo, las subastas de ganado, como escenarios donde el negocios ilícito se hace presente con relativa facilidad. “Cuando hay poca regulación, registros insuficientes y pagos en efectivo, la compra y venta de animales puede servir para dar apariencia legal a dinero ilícito. Identificar esos espacios y cerrar las brechas reduce oportunidades para las redes”, indicó.
Campos añadió que Costa Rica y Panamá necesitan actualizar y armonizar sus leyes. Si un mismo delito está definido con términos distintos en cada país, la cooperación judicial se vuelve más difícil, incluso cuando existe voluntad de investigar la misma conducta.
La capacidad de adaptación también es clave. Cuando se cierra un mercado, los grupos criminales buscan otro; cuando se refuerzan controles en ciertos puertos, pueden cambiar de ruta. Brombacher observó que Europa invirtió considerablemente en seguridad portuaria, mientras las redes comenzaron a utilizar otros puntos de entrada. Pese a esa inversión, la cocaína nunca había sido tan barata en Europa como ahora, un indicio de que las estrategias deben revisarse conforme cambian los mercados y las rutas.
La ciudadanía también puede aportar
La seguridad no corresponde únicamente al gobierno o a la policía. Campos planteó que la ciudadanía puede compartir información sobre cambios y movimientos que observa en su comunidad. Comprende que exista temor a denunciar, especialmente cuando hay desconfianza en las instituciones; por eso considera importantes los canales anónimos. En delitos como el microtráfico, el narcotráfico, la trata y el contrabando, las autoridades pueden actuar de oficio a partir de información sin que necesariamente se presente una denuncia firmada.
Esa participación no significa armarse ni crear grupos de autodefensa. Campos recordó que, en algunos lugares, grupos formados para proteger a sus comunidades terminaron integrados en las mismas estructuras criminales que buscaban enfrentar. La colaboración ciudadana, sostuvo, consiste en aportar información y actuar con legalidad en la vida diaria.
El mensaje final de Brombacher fue mantener la paciencia y la confianza, incluso para países pequeños o con recursos limitados: se trata de una tarea internacional que requiere convocar a instituciones, comunidades y socios de otras regiones. Campos insistió en que la criminalidad no genera desarrollo para las personas ni para los países. La respuesta, coincidieron, es persistir en la cooperación y no aceptar como normal aquello que erosiona la vida cotidiana.
Sobre los entrevistados
Daniel Brombacher dirige desde 2024 el Observatorio Europeo del Crimen Organizado de Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Es especialista en crimen organizado y políticas de drogas en Europa. Antes estuvo al frente del programa Global Partnership on Drug Policies and Development de la cooperación alemana GIZ y ha publicado libros y artículos sobre estos temas.
Alejo Campos es director regional de Crime Stoppers International para el Caribe, Bermuda y América Latina, y forma parte de la junta directiva de la organización. Desde 2011 impulsa un modelo de Crime Stoppers en español adaptado a las realidades de la región. También dirige Surf City El Salvador y participa en iniciativas regionales contra la trata de personas, la corrupción y el crimen organizado transnacional.
Escuche nuestra conversación completa en PolítiKAS, el podcast de la Konrad Adenauer Costa Rica y Panamá.
