- La falta de magistrados suplentes retrasa la protección efectiva de los derechos y demanda una salida institucional conforme a la Constitución
Por: Cynthia Briceño
PolítiKAS
¿Qué ocurre cuando una persona necesita que la Sala Constitucional proteja sus derechos, pero el tribunal no puede integrarse para resolver su caso? Esta pregunta, que debería ser hipotética, hoy es real y motivo de preocupación para ciudadanos y autoridades en Costa Rica.
Desde que vencieron los nombramientos de los últimos magistrados suplentes del tribunal constitucional, se han acumulado casos que no pueden resolverse porque uno o varios magistrados propietarios han debido apartarse.
Detrás de la cifra más reciente —123 expedientes sin resolver— hay personas que esperan una respuesta sobre pensiones, servicios públicos, salud, ambiente, transporte y decisiones de distintas instituciones del Estado.
En conversación con el presidente de la Sala, el magistrado Fernando Castillo Víquez, analizamos el trabajo cotidiano del tribunal y las consecuencias de esta situación urgente.
“Detrás de cada expediente hay una persona que espera. Por eso, el problema trasciende los puestos vacantes y el trámite pendiente en la Asamblea Legislativa: alcanza la posibilidad de hacer valer los derechos frente al poder”, resume el magistrado.
La cultura del “salacuartazo”: una justicia cercana
La justicia constitucional suele asociarse con debates jurídicos complejos o grandes controversias políticas. Sin embargo, su presencia es cotidiana. Las personas acuden a la Sala para reclamar derechos relacionados con la salud, la educación, la información pública y los servicios del Estado. En una década, el volumen de asuntos que llegan a la sala pasó de unos 17 mil casos a cerca de 40 mil asuntos resueltos al año, explicó el magistrado.
Castillo, atribuyó ese crecimiento a dos factores: deficiencias en la prestación de servicios públicos y una ciudadanía cada vez más consciente de los derechos que puede exigir.
El punto de partida, señaló, es el derecho de toda persona a una justicia pronta y cumplida. “Cuando una persona tiene un problema y quiere una solución pronta, hay un aspecto humano muy importante que nosotros no podemos soltar ni dejar de lado”, dijo.
Proteger derechos sin sustituir a otros poderes
En su labor diaria, la Sala resuelve asuntos estrechamente vinculados con las decisiones públicas. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde puede llegar cuando sus fallos inciden en políticas públicas?
Castillo trazó el límite con claridad: “Lo que está haciendo la Sala es cuidar el ámbito de la legislación: no legislar, sino verificar que la legislación y la actuación administrativa respeten los derechos fundamentales”.
Ese control responde a las reglas fijadas por el constituyente y convive con el desarrollo democrático de las políticas públicas. La independencia judicial no equivale a una ausencia de límites; permite aplicar la Constitución con imparcialidad y proteger a las personas cuando una autoridad vulnera sus derechos.
Los suplentes son una garantía, no un detalle administrativo
Para cumplir esa función, la Sala debe poder integrarse. Cuando un magistrado propietario se inhibe o debe apartarse de un caso, la legislación permite que sea sustituido por un suplente. La figura resguarda la imparcialidad y evita que esa garantía paralice al tribunal.
El problema surge cuando no hay quién pueda sustituirlo. “Lo importante es entender qué es lo realmente relevante ahí, y la verdad es que nuestra labor gira en torno a las personas”, subrayó.
La espera, entonces, deja de ser una cuestión interna del Poder Judicial. Puede afectar a quien necesita un medicamento, acceso a información, una respuesta institucional o la revisión urgente de una actuación pública.
Ante la acumulación de casos, distintos sectores han planteado alternativas de emergencia para integrar el tribunal mientras se concretan los nombramientos. Para Castillo, cualquier solución debe preservar la institucionalidad y ajustarse a la Constitución: la urgencia no puede ignorarse, pero tampoco resolverse de cualquier manera.
El magistrado dijo, confiar en que se encontrará una salida que permita resolver los expedientes y mantener abierta una vía efectiva para defenderse frente al Estado. No está en juego únicamente la eficiencia de un tribunal, sino la confianza en las reglas de la convivencia democrática y la protección de la dignidad de las personas.
Escuche el episodio completo de PolítiKAS y conozca por qué la integración de la Sala Constitucional es una garantía democrática que debe seguir funcionando.
