1. Señor Chamorro, las noticias que nos llegan desde Nicaragua son muy preocupantes. Con las recientes detenciones, a menos de tres meses de las elecciones, el gobierno de Daniel Ortega tiene bajo arresto a 32 opositores (a la fecha del 11 de agosto), entre ellos siete aspirantes a la presidencia. ¿Cuál es la justificación que utiliza el régimen para estos arrestos?
    

Entre septiembre y diciembre del año pasado, el régimen aprobó cuatro leyes para criminalizar la promoción de los derechos democráticos e inhibir y despojar de sus derechos políticos a los potenciales competidores políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Estas son: la ley de "agentes extranjeros", la ley especial de "ciberdelitos", la ley 1055 de "defensa de la soberanía", y la ley de "delitos de odio". La mayoría de los detenidos han sido capturados por la Policía, supuestamente para investigarlos por la violación de estas leyes, en particular la ley 1055, que les imputa sin pruebas el delito de "traición a la patria", por demandar elecciones libres. Según estas leyes represivas, disentir del régimen, o promover una protesta cívica, equivale a una tentativa de "golpe de Estado". Esta ha sido la justificación oficial para capturar y procesar a líderes políticos, cívicos, empresariales, campesinos, estudiantiles, periodistas y defensores de derechos humanos.
 

2. ¿Qué se sabe de las condiciones de encarcelamiento de los presos políticos?

De los 32 presos políticos, 4 están bajo arresto domiciliario. Una de ellas es mi hermana Cristiana Chamorro, quien se encuentra en aislamiento, en su casa, pero le permiten que sea visitada por sus hijos. Los otros 28 detenidos, entre ellos 5 aspirantes presidenciales: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, y Miguel Mora, así como el politólogo José Antonio Peraza, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, los líderes del partido Unamos, entre ellos los exguerrilleros Dora María Téllez, y Hugo Torres, la dirigente política Violeta Granera, los empresarios José Adán Aguerri y Luis Rivas, el periodista Miguel Mendoza, la defensora de derechos humanos María Oviedo, los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, y decenas más, se presume que están en la cárcel de El Chipote, de la Dirección de Auxilio Judicial. Nunca han sido vistos por un familiar o un abogado, y algunos tienen ya más de 60 días presos. Están virtualmente secuestrados, en una flagrante violación de sus derechos humanos.

3. ¿Cuál es la base de poder y apoyo que tiene el régimen Ortega-Murillo? ¿Cuánto apoyo tienen el presidente y la vicepresidenta realmente en la población?

El soporte principal del régimen radica en el control total del Estado y del aparato represivo: Policía, Ejército, y las bandas irregulares de paramilitares. Ortega y el FSLN tienen un apoyo político que oscila entre el 20 y el 30% del electorado. Representan la primera minoría política del país, muy organizada y cohesionada, pero una minoría política al fin. Económicamente, el régimen se financia con una política tributaria extorsiva, y al terminarse los fondos de la cooperación venezolana en 2017, su principal fuente de financiamiento externo es el Banco Centroamericano de Integración Económica.

4. En 2018 hubo protestas antigubernamentales masivas que fueron reprimidas con violencia por las autoridades. ¿Usted espera que los acontecimientos anti-democráticos podrían provocar otras protestas masivas de la población nicaragüense?

Desde septiembre de 2018, después de la matanza que dejo más de 300 asesinatos, miles de heridos, 100.000 exiliados y centenares de presos políticos, la protesta cívica está prohibida y criminalizada. En Nicaragua vivimos bajo un estado policial, no hay libertad de reunión ni movilización, por lo tanto, es impensable que pueda surgir una protesta masiva, cuando estamos en medio de una escalada represiva. Solamente si se suspende el estado policial y cesa la represión, podrían generarse condiciones para una nueva ola de protestas y marchas masivas. En estos momentos, todas las acciones de protesta cívica son pequeñas y de corta duración, para evitar la represión.

5. ¿Cuál podría y debería ser el rol que desempeña la Comunidad Internacional en esta crisis? ¿Realmente pueden hacer una diferencia?

La comunidad internacional puede jugar un papel crucial para enfrentar la crisis de Nicaragua, pero no puede sustituir a la presión cívica nacional; juntas, la presión diplomática y la presión interna, pueden hacer la diferencia.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos como la CIDH de la OEA y OACNUD de la ONU, han jugado un papel clave para documentar la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Pero a nivel político, falta mucha más solidaridad y apoyo de Centroamérica y América Latina para aislar a la dictadura. Por ejemplo, en la última votación en la OEA, 26 países condenaron las violaciones a los derechos humanos y demandaron elecciones libres, pero algunos países clave como México y Argentina se abstuvieron de votar, y en Centroamérica también se abstuvieron Honduras y Belice.
Por otro lado, hay una nueva tendencia hacia la coordinación de acciones multilaterales entre Estados Unidos y la Unión Europea, para ejercer más presión en contra del régimen. Pero falta una estrategia de acciones más efectivas, que pueda incidir en algunas llaves de financiamiento del régimen como el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BID. Pero, insisto, la única forma en que el impacto de la comunidad internacional sea más efectivo, es coordinando esta acción de forma simultánea, con la presión de la oposición democrática nicaragüense, incluyendo la sociedad civil, el sector empresarial, y el liderazgo moral de la Iglesia Católica. 

6. Usted mismo se ha tenido que exiliar. ¿Lo ve realista que después de las elecciones usted regrese a su país?
    

Yo tuve que salir al exilio, igual que muchos nicaragüenses, para preservar mi libertad y poder seguir haciendo periodismo. Mi redacción fue allanada por la Policía el 20 de mayo y mi casa el 21 de junio, sin ninguna orden judicial.
El  7 de noviembre, no habrá una elección justa, transparente y competitiva, sino unas votaciones, bajo un régimen de partido único en la cual Ortega y Murillo no tendrán contendientes. Ortega se reelegirá, en medio de la abstención sin legitimidad política, y provocará un agravamiento de su propia crisis.
No es viable, por lo tanto, planear regresar a Nicaragua después del 7 de noviembre. Lo que los exiliados demandamos para regresar al país es la anulación de esas elecciones, la suspensión del estado policial, y el retorno a Nicaragua de la CIDH y OACNUD como garantes mínimos del restablecimiento de los derechos humanos.
Mientras tanto, yo seguiré haciendo periodismo desde Costa Rica, y espero regresar a Nicaragua cuando existan garantías que cesen la represión y se restablezcan todos los derechos democráticos.

_{Entrevista realizada por Evelyn Gaiser, Representante de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Costa Rica.}