El 7 de septiembre de 2020 la Alianza Federalista conformada por 10 gobernadores de 32 (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato) anunciaron su salida de la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores). La alusión de los gobernadores que abandonaron la mesa política de diálogo, de la que disponen estados y federación, tuvo varias aristas: la principal, el mal manejo de la pandemia, pero también, la disminución de participaciones (asignaciones presupuestales de la federación que los estados pueden gastar libremente)  y aportaciones federales (asignaciones que la federación transfiere bajo condición de gasto para objetivos específicos) que las entidades reciben por concepto de los Ramos Generales 28 y 33. 

Al interior de la CONAGO y de la Alianza Federalista incomodaron las restricciones en las reuniones para intervenir por partido político y no por estado.

Aunado a ello, la desaparición de 109 fideicomisos que incluían materias esenciales como la asignación de recursos a CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y el FONDEN (Fondo Nacional de Desastres), marcaron una ruptura importante no sólo financiera, sino política. Al interior de la CONAGO y de la Alianza Federalista incomodaron las restricciones en las reuniones para intervenir por partido político y no por estado, por lo que se privilegiaba la relevancia ideológica y no la representativa.

Ante ello, la respuesta del presidente López Obrador se centró en calificar a la Alianza Federalista como oportunista frente a los comicios electorales que se celebrarían el 6 de junio de 2020. Además, pidió a los gobernadores presentar las debidas iniciativas de Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF, legislación encargada de estipular fórmulas y rubros de asignación presupuestal a los estados y municipios) al tiempo en que él mismo se negaba a sostener reuniones particulares con la Alianza Federalista.

De acuerdo con el Instituto de investigaciones Belisario Domínguez del Senado de la República, durante la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión (1 de septiembre 2018 con corte al 8 de enero de 2021), se presentaron 24 iniciativas de Reforma a la LCF; dos de ellas promovidas por los Congresos estatales de Michoacán y Sonora. Los puntos más frecuentes entre las iniciativas fueron el aumento del Fondo General de Participaciones de la Recaudación federal (del 20% actual al 21, 25, 30 o 40%), la modificación de entrega directa a los municipios mediante los estados y la diferenciación del porcentaje otorgado del Fondo General de Participaciones entre estados y municipios.

La presentación de iniciativas a la LCF anteriores a la creación de la Alianza Federalista, ponen en evidencia las inconformidades respecto a la actual distribución presupuestaria. Asimismo, demandan la urgencia de una continua comunicación hacendaria entre la federación, los estados y municipios a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (vigente desde 1980 y encargado de coordinar las haciendas entre los órdenes de gobierno para evitar tributaciones dobles al contribuyente). 

Para ello, debe considerarse que el paradigma federal predominante en las últimas dos reformas a la LCF en 2007 y 2013 fue incentivar la recaudación local para que los estados dependan menos de la federación. La realidad es que México se mantiene entre los países con los ingresos tributarios más bajos, medidos en relación al tamaño de la economía, de entre los países que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda, Francisco Arias, indicó que, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), el país recaudó 14.4 por ciento en 2020, por debajo del promedio de la OCDE de 20.3 por ciento. 

No puede esperarse mayor recaudación sin plantear una mejor distribución presupuestal en la que estados y municipios vean reflejada su productividad.

Por lo tanto, si la federación pretende generar autonomía fiscal real para los estados y municipios, no debe perder en cuenta que los incentivos institucionales son directamente proporcionales a los resultados; es decir, no puede esperarse mayor recaudación sin plantear una mejor distribución presupuestal en la que estados y municipios vean reflejada su productividad sin arriesgar los principios de equidad, cooperación e interdependencia. A menudo, las quejas desde el poder estatal se han referido, cuando menos en el último trienio, en resaltar la desigual distribución del Fondo General de Participaciones basado en afinidades políticas desde el ejecutivo y el retraso en el depósito de las aportaciones federales. En tanto, el poder ejecutivo ha señalado la poca transparencia en el gasto de los recursos otorgados por la federación, además de los altos niveles de endeudamiento por parte de los estados y municipios.

El federalismo fiscal se ha convertido también en un tema relevante de seguridad interior.

Cierto es que, en la disputa entre órdenes de gobierno, la principal agenda fiscal debería estar compuesta por la urgente atención a la población en condiciones de vulnerabilidad alimenticia, de salud y seguridad. El Estado, a través de su administración pública debería tomar como fin último el de preservar la gobernabilidad y presencia jurídica en cada rincón del país. La ausencia de recursos en algunos estados y municipios del país han dejado a la población en estado de indefensión frente al incremento de actividades como el crimen organizado que amenaza profundamente el orden constitucional; es decir, el federalismo fiscal se ha convertido también en un tema relevante de seguridad interior.

Las últimas acciones emprendidas por el ejecutivo respecto al presupuesto de egresos avalado por la Cámara de Diputados han marcado una significativa centralización del recurso hacia el ejecutivo. Aquello que se ha dejado de destinar al Ramo 33 mediante aportaciones de la federación a estados y municipios a través de recortes importantes como el FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, eliminado en 2021), FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), FASSA (Fondo de Aportaciones para los servicios de Salud) y FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social), entre otros, se ha destinado completamente a los programas emprendidos desde el ejecutivo como la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Gobernación, así como asignaciones directas a programas sociales y al sector salud por concepto de pandemia COVID-19. Al respecto, el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social) a través de su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 señaló que las transferencias presupuestarias directas del presidente López Obrador no detienen el aumento de la pobreza por carecer de carácter estructural, por lo que la línea de pobreza en México no sólo no ha reducido, sino que va en aumento tras la pandemia.

El federalismo fiscal en México debería ser una constante de certeza para la población independientemente de las afinidades partidistas.

En suma, el federalismo fiscal en México debería ser una constante de certeza para la población independientemente de las afinidades partidistas entre los órdenes de gobierno dado que de ello depende el desarrollo social y económico. Por lo tanto, su coordinación y constante comunicación hacendaria debería ser la norma y no una excepción en coyunturas específicas que desaparecen tras los reflectores; para ello, es esencial que todas y todos los actores con un papel representativo para la federación tengan voz y voto en igualdad de condiciones. El respeto al pacto federal deberá ser incentivado en todo momento desde las atribuciones del ejecutivo, cada vez que, desde la asignación presupuestal se evite el desmantelamiento de los estados y municipios en detrimento de medidas clientelares que afecten al último fin del Estado: la persona humana y el bien común.