Actualidad y desafíos en la política migratoria de México - Oficina de la Fundación en México
Notas de acontecimientos
La bienvenida al debate sobre la actualidad y retos de las políticas de migración en México dieron Janina Grimm-Huber, coordinadora de proyectos de la KAS México, que presentó el trabajo que realiza la KAS en México y explicó el formato del KAS Paper, así como Dra. Adriana González Arias, investigadora y docente del ITESO de la facultad de relaciones internacionales, autora de este KAS Paper.
Del ámbito político Salvador Berumen Sandoval, miembro de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, arrancó el círculo de discusión con la afirmación que sólo 450,000 personas que viven en México están en condición de extranjería, y por esa circunstancia la sociedad mexicana no está sensibilizada por los retos que ellos enfrentan. En consecuencia, la legislación y las políticas públicas migratorias de México han carecido por mucho tiempo de una visión integral que privilegie la protección y el respeto de los derechos humanos, no solo con respecto a los extranjeros que viven en México, sino también a las personas en movilidad y a sus propios connacionales que regresan después de haber vivido en el extranjero. Con mirada a que México se enfrenta con diversos perfiles de migrantes y flujos de migración, Salvador Berumen llega a la conclusión que las leyes deben de contemplar tiempo, espacio y poblaciones objetivo. En este sentido, calificó a la Ley de Migración (LM) de 2011 como un buen avance porque aborda el fenómeno migratorio como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Adicionalmente, define principios de política y derechos de migrantes, facilita y ordena los flujos migratorios desde y hacia México. Otro ejemplo con el que respaldó su argumentación de que México está progresando en la regulación migratoria, es la implementación del Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018 que incluye lineamientos de política y gestión migratoria de manera explícita, integral, transversal y multisectorial. Además incluye muchos aspectos que antes no fueron considerados, como son los derechos humanos, migración y desarrollo, género, no discriminación, cultura de la migración y bienestar de la persona migrante.
Karina Arias, asesora de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, concordó con el orador anterior en que ha habido un cambio de paradigma con respecto a la inclusión de los derechos humanos en la legislación migratoria mexicana a partir de la LM. Sin embargo, opinó que la ley no solo tiene aspectos positivos, sino que también es restrictiva. Además se preguntó ¿cómo dictaminar leyes y reformas desde una perspectiva de derechos humanos? Criticó, en este sentido, la Ley General de Población y la LM dado que siguen incluyendo el concepto de la detención a migrantes irregulares a pesar de ser una seria privación de libertad. Felicitó por eso dos nuevas propuestas de reforma que actualmente están siendo discutidas en la Cámara de Diputados. Una se refiere al artículo 111 que propone reducir los tiempos de detención en la estación migratoria y la otra a la fracción V, que busca quitar la indefinición de la detención en caso que la persona metiera un recurso relacionado con su situación migratoria. Además reclamó con vista a la LM que queda pendiente incluir la migración de retorno, por lo que, en su opinión, siendo estrictos, esta ley solo se puede caracterizar como ley de extranjería, no de migración. Por último habló de los retos que la legislación y la administración mexicana se enfrentan, que son por un lado la estandarización de requisitos de la ley y sus reglamentos, y por otro lado la corrupción y la parcialidad que sieguen prevaleciendo al momento de otorgar un documento migratorio.
María Victoria Mercado Sánchez, diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y miembro de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, sensibilizó por la situación tan desfavorable en la que se encuentran los migrantes en su paso por México. Llegan a ser víctimas de extorsión, secuestro, vejación y violencia, no solo de grupos ilícitos sino también de las autoridades mexicanas y hasta de sus propios connacionales. A su juicio, el marco normativo existente no es lo suficientemente amplio y preciso para evitar que sigan existiendo arbitrariedades en contra de migrantes y que existan vacíos legales que dan paso al mal desempeño de los actores que están tratando directamente a los migrantes. Otro aspecto que los vuelve un grupo de personas altamente vulnerable es el hecho que no se dejan atender en centros médicos públicos por causa de la desconfianza y miedo a las autoridades. En consecuencia son las propias casas migratorias que atienden la gran mayoría (88,3 por ciento) de los casos de enfermedad o accidentes de los migrantes. Ante estas graves circunstancias, opina necesario que se generen condiciones jurídicas, políticas y prácticas públicas con un enfoque más humanista y alineadas a los derechos humanos. En este sentido, comentó que su partido ha propuesto varias iniciativas, como la emisión de un documento que acredite el derecho al libre paso por el país con un máximo de 180 días para los migrantes en tránsito. Su fin principal es erradicar la migración irregular. Otra es la creación de una base de datos, tanto del ingreso de los migrantes como de su tránsito, así como de un registro forense para evitar que cuerpos o personas estén en situación de desaparición. Finalizó abogando por hacer un mayor esfuerzo en garantizar la libertad de los migrantes, es decir, no privarlos de ella solo por el hecho de ingresar y cruzar por México.
Leonel Cordero Lerma, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y secretario de la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados, compartió con los otros integrantes de la mesa su punto de vista referente a la LM. Reconoció que la ley en sí es buena, pero que el problema primordial es que no se aterriza adecuadamente. Esto se debe, en su opinión, a una total descoordinación entre todas las instancias del gobierno federal y estatal que tratan el fenómeno migratorio, de tal grado que ni siquiera saben sobre la existencia del PEM 2014-2018. También atestigua una ineficiencia en los procesos legislativos en la Cámara de Diputados, ya que muchas de las propuestas de ley o de reformas no logran avanzar porque se retiran voluntariamente por el bloque mayoritario de la Cámara que las había presentado originalmente. Las opiniones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y del Instituto Nacional de Migración (INM) influyen aquí de manera decisiva dado que son las instancias ejecutivas que le competen estos temas. De igual manera examinó críticamente la calidad de trabajo de las instituciones gubernamentales en juego. La SEGOB, que es la instancia principal encargada de asuntos migratorios del país, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que se encarga de la política exterior mexicana, tienen la desventaja que atienden muchas áreas a la vez. Tampoco existe una coordinación entre el SAT, la aduana ni la SRE con respecto a la reinserción laboral del migrante. El INM, por otro lado, sólo implementa medidas administrativas para los extranjeros en México y migrantes en tránsito, pero no atiende a los connacionales que viven en una situación irregular afuera del país. Un aspecto que no ha sido discutido por los interlocutores anteriores pero que afecta sumamente a los avances en la gestión de asuntos migratorios es la falta de presupuesto. Este análisis le lleva a proponer dos cambios principales: la creación de la Secretaría del Migrante, que fungiría como un ente coordinador de todos los esfuerzos de la atención del migrante, y buscar una mayor asignación de recursos para los programas migratorios.
Patricia Zamudio, Consejera ciudadana del INM, intervino en el marco de esta mesa de trabajo como representante de la sociedad civil, y dio a conocer en primer lugar al Consejo Ciudadano del INM. Fortalecer el espacio entre la sociedad civil y academia, formular propuestas e intercambiar opiniones son los fines principales de los 13 consejeros que provienen de distintas partes del país y de los invitados permanentes, que son el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos y el titular de Asuntos Migratorios de la SEGOB. Los temas principales que se tratan en los diferentes grupos de trabajo son: regularización migratoria, niñez migrante, repatriados, visas y estancias por razones humanitarias, fortalecimiento institucional, reformas a la LM, reglamentos y disposiciones administrativas, tarjetas de visitante regional para Honduras y El Salvador y protección internacional. Presentó dos iniciativas con más detalle. El primero fue un proyecto piloto que ofreció una alternativa a la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes (NNA). Se buscaron espacios de acogida ajenos a las estaciones migratorias establecidas para poder brindarles una atención más adecuada. El segundo se dedica a la regularización, particularmente a identificar los criterios de procesos para homologarlos y supervisar los módulos de recepción de los deportados así como promover cambios en la LM.
Melissa Vertiz, quien es integrante del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, una red de ONG´s, albergues y personas especialistas que promueve la construcción de marcos normativos y políticas públicas en materia de movilidad humana con enfoque de derechos humanos y género, y Berenice Valdez Rivera, integrante del Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI), se sumaron en grandes rasgos al diagnóstico general de sus colegas. Agregaron que la legislación y la política pública deben de tener un enfoque regional y que hay que plantear propuestas transversales, involucrando también a las instancias de salud, educación y otros. Asimismo, reiteraron sobre la necesidad de armonizar el marco normativo de acuerdo a los tratados internacionales, pero también a nivel de las legislaciones internas. Melissa Vertiz reclamó especialmente que la política migratoria no establece mecanismos reales de exigibilidad, justiciabilidad, accesibilidad y asequibilidad. Consideró todavía más preocupante que en la práctica sigue habiendo procedimientos discriminatorios y discrecionales que violentan los derechos de los migrantes constantemente. Ante esta incapacidad del Estado de crear condiciones para que no existan actos de discriminación y xenofobia, la sociedad civil se ve más y más en la posición de proteger a los migrantes. Así, teniendo recursos limitados, lleva la agenda de derechos humanos y movilidad humana, muchas veces en contextos de violencia donde existe una colusión por parte del crimen organizado y del Estado. Es por ello que acentuó la responsabilidad que tiene que asumir el Estado de garantizar, proteger, defender y promover los derechos humanos. Berenice Valdez se pronunció a favor de reestructurar las responsabilidades del INM de tal manera que se quedasen fuera de cualquier política que esté relacionada con la reintegración y el retorno, dado que no forman parte de sus facultados por lo que tampoco cuentan con la estructura necesaria.
Aldo Partida, integrante del equipo jurídico del diputado local Pedro Kumamoto en Jalisco, dio a conocer la historia y el contexto de la Ley de Hospitalidad que se aprobó en octubre del 2016 con el fin de reconocer los derechos de las personas en situación de migración en Jalisco. Explicó que la propuesta de ley devino de un ejercicio de gobernanza y que planteaba, en su origen, un pleno entendimiento de hospitalidad, aceptación e integración. Por ello incluía reformas a todas las leyes estatales relevantes (Ley orgánica de la Fiscalía General, Ley de Salud, Ley de Educación, Ley de Registro Civil, Ley de Administración Pública) para lograr la incorporación de los migrantes a la vida cotidiana en Jalisco y garantizar sus derechos . Con esto, las personas en condición migratoria podrán acceder a servicios de salud y educación al igual que los demás. A la vez, las instancias a cargo de los migrantes, como por ejemplo el Registro Civil, estarán obligadas a brindar un trato igualitario a los migrantes. Lamentablemente, así finalizó su intervención, la propuesta de ley no ha sido aprobada en toda su plenitud.
Del ámbito académico Ofelia Woo Morales, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, que estudia las trayectorias migratorias de los migrantes retornados en áreas urbanas de Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México, sugirió que el concepto del migrante debe distinguir entre el migrante retornado de las décadas pasadas y el migrante retornado actualmente. Relató de los resultados de sus estudios que elaboró a través de entrevistas, y que analizan las experiencias de migrantes retornados contemporáneos en México. Detectó que hacen falta un registro para los menores que ya tienen una experiencia educativa binacional y una política de Estado que integre la educación binacional y trate la educación multicultural e intercultural con mayor importancia. Además, insistió en la necesidad de “repensar, entender y explicar la diferencia entre la perspectiva de género y la generacional” para definir más claro los grupos objeto de la política migratoria mexicana.
Sofía de la Peña y Ileana Martínez, ambas profesoras del ITESO e integrantes del Programa de Asuntos Migratorios del ITESO (PRAMI), presentaron el trabajo y los retos del PRAMI, que tiene el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad civil acerca de los problemas vinculados al movimiento migratorio. Remarcaron la incidencia del PRAMI para el trabajo comunitario con enfoque a los migrantes, sus familias y comunidades binacionales que prevalecen en Jalisco. El PRAMI se involucra no sólo en el proceso del Plan Estatal de Desarrollo, pero también en el subprograma especial sobre migrantes. Ileana Martínez destacó que a pesar de que en el tema migratorio trabajan muchos actores relevantes a nivel regional, nacional y local, hace falta que empujen, desde sus distintas agendas, aún más el tema para que la agenda nacional empiece a incluir todas las migraciones. Además exigió el desarrollo de una política estatal fuerte, que sepa conectar mejor a las secretarías relevantes en los distintos órdenes de gobierno, ya que las agendas sobre niños y mujeres migrantes, migración de retorno o jaliscienses en el exterior son limitadas. Sofia de la Peña reportó que se ha presentado el trabajo del PRAMI ante las administraciones municipales. Además de iniciativas para la modificación de las leyes de ingresos municipales y de la Ley General del Estado del Registro Civil para si mplificar los trámites de la doble nacionalidad, el PRAMI actualmente trabaja en un proyecto piloto que busca informar ampliamente sobre la iniciativa “Soy México”. También propuso “de avanzar a que haya áreas de atención a migrantes a nivel municipal”.
