Las economías criminales representan uno de los desafíos más importantes al desarrollo social sostenible y a la institucionalidad en el país. Sus efectos están, no solo ligados al flagelo de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, sino también a la persistencia de una informalidad, que, en muchas ocasiones, opera como una zona gris que permite la consolidación y expansión de este tipo de prácticas. En colaboración con la Fundación Konrad Adenauer y USAID, Capital Humano y Social ha elaborado el estudio "Las economías criminales en el Perú", una investigación que explora el trasfondo de la tala ilegal de madera, el contrabando en nuestra frontera sur, la explotación y trata de personas, la minería informal, y la usurpación mafiosa de propiedades públicas y privadas.