Entre promesa de democracia y concentración del poder
La reforma constitucional de 2024 está erosionando cada vez más el estado de derecho mexicano. La separación de poderes y la relativa independencia del poder judicial, aunque necesitadas de reforma y criticables, se verán socavadas por la elección directa de jueces a nivel nacional y en todos los niveles administrativas, que se celebrará por primera vez el 1 de junio de 2025. El concepto subyacente de otorgar al pueblo mexicano la facultad de decidir sobre la selección de sus jueces es altamente cuestionable a la luz del proceso de selección y la repentina destitución de todos los jueces que se habían desempeñado hasta la fecha. Mientras que Bolivia, donde este proceso se introdujo en 2011, está a punto de revertirlo debido a los malos resultados, México se embarca en este experimento, que el gobierno celebra ostensiblemente como una mejora democrática. Es probable que la influencia política, la corrupción, la infiltración del crimen organizado, la inseguridad jurídica para los inversionistas y la población, y la falta de acceso a la justicia se intensifiquen en el futuro previsible como resultado de esta reforma y la consiguiente elección directa de jueces.
