Hacia agendas políticas desde la visión de la juventud indígena latinoamericana - Programa Regional Participación Política Indígena en América Latina
Notas de acontecimientos
Del 24 al 25 de noviembre se llevó a cabo el encuentro regional de jóvenes políticos indígenas: “Hacia agendas políticas desde la visión de la juventud indígena latinoamericana”, evento que se realizó en el Lago Titicaca en el Departamento de La Paz, Bolivia.
A pesar de que es importante adaptarse a las tendencias globales, sobre todo la juventud representa un rol especial a la hora de mantener las tradiciones indígenas en un mundo globalizado. Un instrumento para alcanzar esta continuidad son agendas políticas y políticas públicas. Es de suma importancia ser partícipe en su diseño, implementación y evaluación; es necesario incidir en ellas y en los que las elaboran (en el caso de no estar involucrado directamente en su creación). Asimismo, es importante tener conocimiento sobre temas que conciernen a las poblaciones indígenas como pluralismo jurídico, autonomías indígenas, la consulta previa, entre otros, para poder realizar un cabildeo efectivo. Por lo tanto el objetivo del evento fue discutir temas de suma importancia para los pueblos indígenas y, en base a esto, realizar propuestas de agendas políticas y aprender como difundirlas y crear un impacto.
Entre los jóvenes invitados estuvieron Vivian Jiménez del Partido Unión Social Cristiana de Costa Rica; el Alcalde de Santiago Atitlán, Guatemala, Tomás Chiviliu; Cristobal Cholotio, Coordinador de Formación Política de la Federación de Pueblos Mayas (FEDEPMA) de Guatemala; la concejala suplente de Oruro, Bolivia, Ida Gladyz Villca; el chiquitano y militante del partido “Los Verdes”, Edgar Sumami de Bolivia; Ariel Montezuma, Relacionista Público Comarcal del diputado Irene Gallego (circuito 12-2) de Panamá; Benita Carpintero, promotora del Partido Popular de Panamá; Karen Verónica Solar y Erick Pinedo, ambos militantes de las juventudes del Partido Popular Cristiano de Perú; Steven Martínez, militante del Partido Conservador Colombiano; Alejandra García, encargada de la gestión de proyectos y programas en el municipio de San Sebastian Río Hondo de México; Pierre Gibert Collipal, candidato a concejal del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Chile; y María Constanza Torres Zamora, asesora de la senadora del PDC Soledad Alvear, de Chile.
El evento primeramente dio lugar a exposiciones sobre temas como la consulta previa, la autonomía indígena, el pluralismo jurídico y las políticas públicas para pueblos indígenas. Los expositores fueron en orden respectivo: el boliviano Marco Antonio Baldivieso, ex Magistrado; el boliviano Marco Mendoza, Coordinador del Proyecto “Fortalecimiento de Justicia de Pueblos Indígena Originarios de Bolivia” y del área de derechos indígenas de la Fundación CONSTRUIR; Aresio Valiente de Panamá, Presidente de la Unión Nacional de Abogadas y Abogados Indígenas; y Víctor Hugo Cárdenas, ex Vicepresidente de Bolivia.
Luego de las exposiciones se organizaron cuatro mesas de trabajo donde cada grupo trabajó diferentes temas, escogidos por los participantes mismos, para luego desarrollar agendas políticas para estos temas, como: 1) autoridades tradicionales versus autoridades políticas, 2) conflictos entre usos y costumbres y derechos individuales, 3) diálogo intercultural: redefinición de los elementos culturales de los pueblos indígenas y 4) visión de desarrollo del siglo XXI con pertinencia cultural. Las mesas de trabajo estuvieron moderadas por Griselda Galicia, Secretaria Técnica de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de México.
Finalizando, se dio un último taller sobre cómo difundir estas agendas políticas trabajadas en el primer taller y cómo crear un impacto. El facilitador a cargo de este taller fue Rafael Loayza, Director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana.
Exposiciones
El primer expositor fue Marco Antonio Baldivieso, abogado constitucionalista y profesor especializado en derechos fundamentales y en tratados internacionales del sistema interamericano. El tema de su exposición fue “La consulta previa como un derecho para los pueblos originarios”.
La consulta previa es una oportunidad reglada para iniciar un diálogo formal sobre emprendimientos y planes de desarrollo; implica la concertación entre los interesados (Estados, indígenas, empresas y otros). La consulta busca acercar las visiones de desarrollo y alinear los intereses de las partes, minimizando el impacto ambiental, social y cultural en territorios indígenas. Representa un instrumento normativo útil y positivo que busca el acuerdo o el consentimiento con los pueblos indígenas.
En algunos países de América Latina, la consulta previa tiene rango constitucional, lo que significa que este derecho es vinculante. Acá se pueden destacar los ejemplos de Bolivia y Ecuador. Las constituciones están encima de las demás normas nacionales. El derecho a la consulta previa también se encuentra en algunos instrumentos internacionales como en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas; en el primer caso con carácter vinculante y obligatorio.
El Estado a su vez no puede atropellar las necesidades, costumbres y territorios de los indígenas, más allá, tiene que respetar la cosmovisión indígena y la consulta es el instrumento que hace cumplir al Estado con este principio. A partir del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas, las normas y reglas de la consulta previa son: que se consulta en caso de proyectos de desarrollo de salud, cultura, educación, etc.; que se consulte a los habitantes ancestrales que han vivido por generaciones en los territorios correspondientes; que se haga la consulta previamente; el objetivo principal es que se consulte para llegar a tener una concertación y obtener el consentimiento; para que el procedimiento de la consulta sea lo más imparcial posible, debería ejecutarla un organismo que no tenga función estatal; los resultados o las consecuencias de la consulta deben tener carácter vinculante y ser respetados tanto por las comunidades como por el Estado; la consulta debería ser un procedimiento de buena fe, que contenga normas y reglas básicas para lograr la transparencia. Adicionalmente, se deben considerar los siguientes principios: la consulta debe ser libre, lo que significa que nadie oprese a nadie dentro del proceso; antes de que se consulte a los pueblos indígenas, estos deben estar informados; y el proceso debe ser democrático, es decir, que se consulte a todos en términos de género, etnia o edad.
El expositor ejemplificó las normas y principios de la consulta, mostrando los déficits y errores del proceso de consulta previa en el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia. Así se ha consultado a grupos sociales que no eran habitantes ancestrales dentro del territorio y que persiguen intereses económicos, como los cocaleros. El Estado en el año 2008 ya firmó un contrato con una empresa brasilera para que se encargue de la construcción de la carretera que atraviesa el territorio indígena antes de haber consultado; no habían veedores ni instancias imparciales que ejecutaran la consulta, sino fue el Estado mismo que consultó y además posteriormente a la medida a consultar.
Un tema muy discutido y conflictivo es la pregunta de la obligación o el nivel vinculante. Según el Convenio 169, si no se llega a un consenso, el Estado tiene derecho a tomar la decisión que le parezca pertinente. Según la Declaración de las Naciones Unidas, la consulta tiene un carácter consultivo y es de facto no vinculante. Esto dirige a la pregunta ¿qué pasa si un Estado no cumple con las normas y principios de la consulta? ¿Qué poder e interés tienen las instancias internacionales de intervenir o sancionar en estos casos? El expositor señaló que lastimosamente no existe una instancia internacional de este nivel – ni la OIT ni las Naciones Unidas – que tenga el poder o la autorización en caso de violación de estas normas y principios de la consulta, para intervenir plenamente o precisamente. Sin embargo, en base al sistema interamericano, es decir la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí existe la obligación de cumplir con las normas y principios de la consulta a partir de los fallos emitidos en casos como Saramaka vs Surinam, donde se dictó que la consulta sí es vinculante. Surinam no ratificó el Convenio 169, pero sí el Pacto de Costa Rica, pacto que obliga a los países signatarios a acatarse a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema de la forma de realizar la consulta previa sigue siendo un obstáculo, el que sólo se remedia mediante legislación interna respecto al procedimiento.
La presentación de Marco Mendoza trató sobre el tema “Autonomías indígenas y descentralización”. El expositor empezó su presentación con la explicación de conceptos básicos: la descentralización administrativa, la autonomía y las competencias. La descentralización administrativa supone la transferencia de facultades de administración, control, legitimidad y recursos. La autonomía es la capacidad de tomar decisiones en ciertos casos sin depender de nadie. Es también la potestad o cualidad gubernativa que se reconoce a las entidades territoriales, para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios, administrar recursos y realizar funciones y ejercer atribuciones determinadas por ley. Las competencias son las atribuciones legítimas a una autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Existen cuatro tipos de competencias: las privativas, las exclusivas, las compartidas y las ejecutivas.
A continuación de la presentación de los conceptos básicos y teóricos, el expositor presentó los desafíos en la práctica. En materia de las autonomías, los desafíos afectan la forma de éstas: ¿Cómo constituir las autonomías a partir de un marco normativo vigente?, ¿cómo estructurar y articular las autonomías? En materia de las competencias se pregunta: ¿Cómo delimitar y asignar las competencias?, ¿cómo resolver los conflictos de competencias respecto a la delimitación territorial, los recursos naturales, las rentas y tributos, la carencia de recursos naturales propios?
El artículo 270 de la ley boliviana sobre la estructura y organización territorial del Estado, puntualiza los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. Pero el desafío es de materializar lo que son estos principios, como, por ejemplo, el principio del autogobierno, el de la transparencia, de la participación y del control social.
El punto culminante de la presentación del señor Mendoza fue la aclaración sobre el régimen de las autonomías. Las autonomías en Bolivia se subdividen en cuatros áreas: la autonomía política (la facultad de adoptar políticas y normas en los temas que les conciernen, aprobar y extender normas), la autonomía administrativa (facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad), la autonomía económica (facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la ley) y la autonomía normativa y judicial (solamente vigente en las autonomías indígenas; es la facultad de crear normas y de administrar justicia).
También existen cuatro clases de autonomías: las autonomías departamentales, las autonomías municipales, las autonomías regionales y las autonomías indígena originaria campesinas. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Las normas que regulan la legislación sobre las autonomías indígenas existen a nivel nacional, como a nivel internacional: las normas internacionales son el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las normas nacionales son la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley del Régimen Electoral y las normas y los procedimientos propios de cada autonomía indígena y sus estatutos autonómicos.
El expositor aclaró los conceptos de indígena originario campesino (los pueblos y naciones de Bolivia cuya existencia es anterior a la colonia), de la libre determinación (derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro, por ejemplo, sobre su forma de gobierno e instituciones), del autogobierno (reconocimiento y ejercicio de la vigencia de sus sistemas de justicia: cosmovisión, sistemas propios de autoridades, normas, procedimientos y sanciones) y de la gestión territorial integral (proceso por el que las organizaciones indígenas administran su territorio de forma participativa y en consenso con todas las comunidades, de acuerdo a sus valores culturales).
La autonomía indígena originario campesina tiene facultades legislativas, fiscalizadoras, ejecutivas y de administración de justicia.
El tema del pluralismo jurídico en América Latina estuvo a cargo del señor Aresio Valiente. Empezó con la explicación de los conceptos de pluralismo jurídico, de jurisdicción y de jurisdicción indígena, así como de las características del derecho indígena. Después presentó los instrumentos internacionales relacionados con los pueblos indígenas y las normativas latinoamericanas.
Como introducción corta el expositor habló de la noción de los pueblos indígenas y del conocimiento sobre estos pueblos. Preguntó a los líderes jóvenes indígenas cuantos pueblos originarios existen en sus países. Resultó que fuera del caso de Costa Rica, donde la población indígena es muy baja (1% de la población), no se sabía exactamente cuantos pueblos indígenas estaban representados en cada país. Por ejemplo, en el caso boliviano, se dice que existen 36 naciones indígenas, porque la Constitución reconoce a 36 idiomas originarios. Pero en los hechos, la mayoría de los indígenas hablan quechua y aymara, pero provienen de diferentes etnias. Con este ejemplo mostró el expositor la dificultad de definir el objeto de derecho que son los pueblos indígenas, porque falta mucho conocimiento.
Cada pueblo indígena tiene así sus propios usos y costumbres que, en algunos casos, se ven confrontadas con el derecho ordinario. El derecho indígena es cosmológico, colectivo, unitario, oral, participativo, reparador, espiritual y no formalista. En primer lugar el derecho nacional protege a los derechos individuales y, por el contrario, el derecho indígena protege a los derechos colectivos ante todo. El derecho indígena es unitario también porque es toda la comunidad que decide sobre las co nsecuencias de un hecho mientras que en el derecho nacional hay muchos tribunales diferentes por cada tipo de hecho (penal, familiar, civil, ambiental, etc.). El derecho indígena es también participativo porque todos los miembros de la comunidad son abogados, defensores y jueces al mismo tiempo. El derecho indígena es reparador porque la idea fundamental del derecho indígena es de revertir daños y de reintegrar al individuo a la comunidad. La jurisdicción indígena es la facultad que tiene la autoridad tradicional o el organismo tradicional indígena, para resolver los conflictos que surjan por la violación de sus normas, escritas o no, de acuerdo a los procedimientos creados por ellos.
El expositor presentó de manera precisa las maneras diferentes de abordar el derecho indígena, especialmente de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y México. Por ejemplo, en la Constitución de Colombia de 1991 se prevé en su artículo 246 que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La Ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.” En el caso de México, la Constitución Política del Estado reconoce desde 2001 el derecho de los pueblos indígenas de aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
El expositor concluyó que el derecho ordinario y el derecho indígena tienen que coordinarse, complementarse y ser interlegales, de acuerdo al contexto actual e histórico.
El último expositor fue Víctor Hugo Cárdenas, indígena aymara y ex Vicepresidente de Bolivia, que habló sobre el tema “Políticas públicas para los pueblos indígenas en América Latina”. Empezó su exposición mencionando las políticas públicas en las diversas esferas.
Los temas de recursos naturales, territorio y justicia ya fueron tocados por los expositores anteriores, por lo que Cárdenas se enfocó en demás ámbitos de las políticas públicas. Por ejemplo, se puede observar un proceso de legitimación de la salud indígena. Existen países donde se separa el sistema de salud occidental y el de los indígenas. En otros se intenta integrar uno con el otro, por lo que se habla de un sistema de salud intercultural. En Bolivia los indígenas dependen del Estado y no existe un ministerio que se ocupe de los asuntos indígenas. Así que las políticas deberían ser transversales. Pero el sistema de salud es dictado por la Comisión Nacional de Salud para las poblaciones indígenas, lo que es contradictorio a la transversalidad.
En lo que concierne la educación, muchos países ya integraron en sus sistemas la educación intercultural bilingüe. Las políticas públicas de educación intercultural en toda América Latina han mejorado; se pueden evidenciar programas que integran el sistema indígena de educación al sistema tradicional. El punto clave de esto es que este sistema es sólo para indígenas. La pregunta es entonces ¿qué quiere la interculturalidad? ¿No debería la educación ser algo para todos y no sólo para los indígenas?
Luego el expositor habló del tema de políticas públicas de desarrollo. Este tema contiene gran potencial de conflicto por las diferentes visiones que tienen el Estado y los pueblos indígenas respecto al desarrollo. Surge la pregunta: ¿Planes de desarrollo o planes de vida? A pesar de estas visiones distintas, también en este tema existen avances a nivel de la región. Así en Perú existe el programa de biocomercio; en México el programa de impulso a proyectos sustentables en zonas indígenas; en Panamá granjas sostenibles; en Brasil proyectos sustentables en zonas indígenas; en Colombia planes de desarrollo de entidades territoriales o planes de vida o planes de Ordenamiento Territorial Municipal; en Argentina proyectos de desarrollo de comunidades indígenas; en Guatemala la Comisión Paritaria de Tierras.
También a nivel de institucionalidad han habido avances. En Chile en 1953 se creó la Dirección de Asuntos Indígenas, la misma que se cambió de nombre por Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en el año 1993. En Ecuador se evidencia el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) y el Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala (FODIGUA). La creación de instituciones estatales que se dedican al tema indígena muestra una vez más el cambio de la institucionalidad y el intento de cambiar políticas públicas sectoriales hacia políticas públicas transversales. En Bolivia la Constitución dice que las políticas públicas son transversales, pero aplicar esas políticas públicas transversales a todos los sectores es muy difícil.
La razón de hablar hoy en día sobre el tema indígena tiene dos factores: internos y externos. Las razones internas son: la recuperación de las libertades civiles y políticas por medio de la democracia; la emergencia de nuevos liderazgos indígenas con visiones locales, regionales, nacionales e internacionales; movimientos populares y no indígenas que se solidarizan con movimientos indígenas; y las construcciones de proyectos indígenas en la política. Las razones externas son: la promoción de derechos humanos y las libertades democráticas; la caída de las dictaduras militares en la región en los años 80; las reformas democráticas de Estados en América Latina; la globalización del tema indígena; la agenda de los organismos de cooperaciones internacionales.
Otro punto con vasta importancia es la definición de quien es el sujeto - quien es indígena en América Latina. Los censos muchas veces sólo preguntan por la lengua hablada para definir quién es indígena y quien no lo es. Esto distorsiona el cálculo de la población indígena. La pregunta étnica se debería regir por la autoidentificación. En Bolivia, a partir del año 2000 la autodeterminación de ser indígena aumentó constantemente. Esto implica que la identidad indígena aparenta ser una construcción política y social.
Para clausurar la presentación, el expositor, en base a una pregunta, dio consejos sobre cómo los pueblos indígenas pueden mejorar su situación y llegar a tener avances notables en su forma de vivir. Primero, es necesario hacer cambios al interior de los mismos pueblos. Un primer paso podría ser mirarse más como ser humano que indígena o no indígena. Asimismo, hay que dejar los pasados 500 años atrás para poder prever y organizar los siguientes 500 años de manera efectiva. Segundo, desde el exterior, es necesario cambiar la administración del Estado. Lo que se puede construir y administrar desde abajo, no se necesita hacerlo desde arriba; es decir, dejar que los municipios, regiones y departamentos se auto administren para llegar a tener más beneficio o bien común para todos, indígenas y no indígenas.
Taller sobre agendas políticas
Las conclusiones del primer grupo, que trabajó una agenda política sobre el tema de las autoridades tradicionales versus las autoridades políticas, fueron que la figura de las autoridades en general debería estar construida por indígenas y por no indígenas. La participación de actores indígenas en la política asegurará la incidencia en políticas públicas y ayudará a recorrer un camino común hacia visiones de desarrollo y un significado compartido del bien común y la comunidad.
El segundo grupo, que tocó el tema de los conflictos entre derechos colectivos e individuales, apuntó a la motivación al cambio y la concientización mediante formación ciudadana. Y es que este grupo critica sobre todo la violación de los derechos de las mujeres en los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Ven ahí los límites de los usos y costumbres: en la violación de derechos humanos.
El tercer grupo, respecto a la redefinición cultural de los pueblos indígenas, estableció un marco general de trabajo que puede ayudar a la definición de una agenda política respecto al tema. Primero establecieron qué elementos culturales indígenas existen: la cosmovisión, el idioma, la gastronomía, la vestimenta, los lugares arqueológicos, la literatura propia, tecnología a la incorporación cultural, saberes y conocimientos, entre otros. Como objetivo definieron “sentar las bases para la redefinición cultural y la visión juvenil del siglo XXI”. La metodología para trabajar hacia este objetivo pueden ser foros, talleres, seminarios, campañas, simposios, redes sociales, video conferencias, entre otros. El grupo meta son jóvenes, indígenas líderes tradicionales y políticos, estudiantes, profesionales, agricultores y artesanos y campesinos. Los resultados esperados son consensos, pronunciamientos, resoluciones, participación política con pertinencia cultural, literatura cultural, unificación de criterios, difundir el patrimonio tangible e intangible.
El último grupo se enfocó en el tema de la identidad indígena en el siglo XXI. Es obligación de todos los jóvenes de considerar todas las visiones para llegar a un punto intermedio por lo que es necesario formar alianzas estratégicas entre adultos y jóvenes. Actualmente es visible una falta de identidad cultural, falta a acceso a educación, falta de igualdad de oportunidades, falta de apertura de la sociedad hacia las diversas culturas. Ven como soluciones no sólo alianzas entre jóvenes y adultos, sino también mediante el aporte de los jóvenes de sus conocimientos para un desarrollo económico sustentable, lo que requiere no migrar de sus comunidades hacia las urbes. Asimismo, es necesario propiciar un diálogo interno en los lugares de origen para recuperar experiencias y potencializar estas comunidades con el conocimiento de los jóvenes, evitando el aislamiento. Con cada generación se pierda la cultura por lo que es importante proporcionar una estabilidad multicultural y transmitir los usos y costumbres a las nuevas generaciones.
Taller sobre difusión de agendas políticas
El facilitador de este taller, Rafael Loayza, empezó diciendo que el problema del multiculturalismo es administrar la diferencia. Actualmente, para simplificar la política se marcan las diferencias, es decir, lo indígena, lo no indígena, los ricos, los pobres. Sin embargo, la diferencia debería ser vista como criterio de unidad.
Entonces, ¿qué es lo que se va a comunicar? En primer lugar es necesario representar lo político ante la sociedad sin acentuar las diferencias. Asimismo, es necesario tener competencias para influenciar a las masas receptivas. En este sentido lo que mejor funciona es la creación de la consciencia. Lo último significa creer en la acción por si misma. Por último, es importante tener claro el valor racional de la acción. El valor racional es el más estable a largo plazo ya que significa construir moralidad en las personas. Incluso es lo más peligroso porque el valor racional hace que se actúe por convicción.
Existen tres actividades para generar valor racional: 1) manejo proactivo informativo (climas de opinión, agendas en medios de comunicación, notas de prensa, eventos de importancia social); 2) diseño de campañas y mensajes; 3) marketing político en base a análisis empírico (que dicen y que piensan las audiencias).
Conclusiones
En el marco del evento, se evidenció repetidamente la pregunta qué significa ser indígena en el siglo XXI. Sobre todo los jóvenes tienen que encontrar un equilibrio entre las tradiciones de sus comunidades originarias y las exigencias de un mundo tecnológico y globalizado.
Fue interesante el hecho de que los jóvenes líderes indígenas percibieran como positivas sus tradiciones, usos y costumbres, como también percibieron positivos los logros de la cultura occidental. Trataron de conciliar los valores positivos de ambas culturas (la indígena y la no indígena).
Se criticaron usos y costumbres que no estuvieran conformes a la época actual, por ejemplo, que afectaran los derechos de las mujeres. Se dieron ejemplos específicos: en algunas comunidades aymaras y quechuas en Bolivia se obliga a las mujeres violadas a casarse con sus violadores. Así se restaura el honor de la familia y la mujer. En numerosas culturas las mujeres no tienen derechos de cogestión y por ende no pueden ejercer cargos públicos.
La moderadora Griselda Galicia de México se refirió a un poema para ejemplificar el dilema de las mujeres, que por un lado se sienten conectadas a sus culturas, pero por otro rechazan los usos y costumbres de la misma. En la comunidad de origen de la poeta Natalia Toledo es tradición que las mujeres entren vírgenes al matrimonio. Como prueba el marido debe colgar la sábana manchada en la puerta de la casa en la noche de bodas. Si esto no fuera el caso, los vecinos colocan una olla rota en la puerta de la casa de la novia, lo que significa una deshonra para la familia. En este caso, el marido tiene derecho de no aceptar a la mujer como esposa.
TRADICION
Natalia Toledo
Zapoteca, Premio Nezahualcóyotl(2004)
Hubo quien probó el mosto de tu piel,
te caminó de la cabeza a los pies sin abrir los ojos
para no descubrir el resplandor del sol.
Hubo quien sólo pellizcó la comida
y no quiso beber el chocolate de los compadres
y el pozol de semilla de mamey.
Hubo quien colgó en la puerta de tu casa una olla rota
y no quiso pagar la fiesta.
No supieron los tontos que una flor caída al suelo
Sigue siendo flor hasta su muerte.
Varios participantes destacaron, que el objetivo debería ser acentuar los elementos positivos de las culturas indígenas y no indígenas y que los elementos negativos debieran ser superados. También hicieron hincapié en los desafíos que enfrenta su generación. La generación de los padres luchó por el reconocimiento de los derechos indígenas, derechos que fueron incluidos en instrumentos jurídicos internacionales y constituciones. Los jóvenes indígenas del siglo XXI enfrentan ahora el reto de exigir el cumplimiento de estos derechos y al mismo tiempo construir puentes entre la cultura indígena y no indígena, resaltando y viviendo lo positivo de cada lado.
