Publicador de contenidos

Notas de acontecimientos

El Derecho a la Consulta Previa: El Caso de Cuatro Cuencas

Varias actividades en Perú

Del 31 de octubre al 5 de noviembre se llevaron a cabo varias actividades en Perú relacionadas con la consulta previa en la región de las Cuatro Cuencas. Las actividades y el viaje fueron organizados por el Despacho de la Congresista María Soledad Pérez, el Programa Regional de “Participación Política Indígena” (PPI) de la KAS, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República de Perú y la Fundación Humanismo y Democracia de España, fundación que fue representada por el Senador Dionisio García y el Diputado Ignacio Uriarte.

Publicador de contenidos

Antecedentes

(según Informe “Consulta previa Lote 192-1AB. Experiencias en el acompañamiento de un proceso en curso en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón” del Despacho de la Congresista María Soledad Pérez Tello)

En la zona de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón se evidencia la existencia de impactos ambientales y sociales generados a partir de la presencia de la industria petrolera en el territorio nacional. Cabe destacar que la Amazonía es de vital importancia no sólo para Perú, sino para el mundo. Cuenta con una superficie total aproximada de 750,000 km², que constituye el 61,3% del territorio nacional peruano y el 13,2% de toda la Amazonía del planeta; su dimensión, su diversidad biológica y los pueblos indígenas u originarios asentados en la misma, ameritan que el Estado les brinde una especial atención, considerando que específicamente en el caso de los pueblos indígenas, no sólo pugnan por mantener su riqueza cultural y sus costumbres ancestrales, sino que tienen mucho que aportar a la sociedad por sus conocimientos.

En las últimas décadas, la Selva peruana se ha convertido en un foco de atractiva inversión para muchas empresas nacionales y extranjeras, puesto que en ella se encuentran gran cantidad de recursos naturales. Al respecto, es importante señalar que la inversión es clave para el desarrollo del país y para la generación de trabajo y que el discurso de desarrollo, inversión y trabajo no se opone al de respeto de los derechos humanos y el medio ambiente. No obstante, las inversiones, en muchos casos, no han tenido mayor control ni supervisión por parte del Estado y han traído como consecuencia que los pobladores amazónicos, quienes durante generaciones vieron satisfechas sus necesidades con lo que les proporcionaba la naturaleza, se vean hoy empobrecidos y sufran los estragos de impactos negativos, tales como la pérdida o degradación del suelo, agua, biodiversidad, recursos forestales y servicios ambientales, así como de la pérdida de su capacidad productiva.

Con respecto a la inversión, el Tribunal Constitucional Peruano, en la Expediente N° 001-2012-PI/TC, señala que el Estado debería tener como aspiración proteger un tipo de inversión que brinde previsibilidad sobre la extracción de los recursos naturales y hace referencia a que se deben considerar cuatro puntos esenciales “i) aspectos relativos a la prevención de conflictos y de posibles daños que puedan generar determinada inversión en recursos naturales, ii) fiscalización estatal de la actividad privada a fin de determinar si cumple con los estándares nacionales de protección, iii) reparaciones integrales en caso de afectación a la población y iv) concretización del principio de coparticipación de la riqueza”.

La presencia de las empresas extractivas en los territorios indígenas ha generado la afectación en la forma de vida y organización de las comunidades y también problemas relacionados con la pérdida de identidad y estructura social, alteración de sus patrones culturales, formas de uso de sus recursos y espacios así como expectativas respecto de los beneficios que les puede proporcionar un determinado proyecto. Las operaciones extractivas realizadas en territorio indígena sin cumplir con los estándares internacionales y la normativa vigente, ha generado la vulneración de derechos individuales, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la identidad, entre otros, así como la vulneración de derechos colectivos, como el de ser propietarios de sus territorios, el de mantener sus costumbres y gozar de un medio ambiente adecuado.

El Perú viene atravesando por una serie de conflictos socio-ambientales generados entre pobladores de una misma comunidad y entre estas, las empresas y el Estado. Dichos conflictos en su mayor parte son originados debido al deterioro en la forma de vida y costumbres de los pueblos indígenas, debiendo señalarse que en algunos casos los mismos han llegado a situaciones de violencia de las cuales debemos aprender para que no vuelvan a repetirse. Dichas situaciones de conflicto, han ameritado que en los últimos años el Estado brinde una especial atención a los pueblos indígenas, obligando a las autoridades a buscar soluciones a fin de encontrar caminos alternativos que mejoren los problemas que afectan a la población y eviten situaciones de violencia. Igualmente, esta situación de conflicto ha obligado a los pueblos indígenas a organizarse a la usanza occidental a fin de buscar consensos y puntos comunes entre las diferentes comunidades indígenas y el Estado.

Es importante resaltar, que tanto el Estado como los representantes indígenas a través de sus Federaciones (FEDIQUEP, FECONACO, ACODECOSPAT y FECONAT), han venido dando pasos importantes para caminar en torno a la construcción de una solución a los problemas socio-ambientales existentes en la zona de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, de manera que se asuma la responsabilidad por la vulneración de los derechos socio-ambientales, y se garantice la remediación de los territorios.

Así, en los últimos años, desde el Congreso de la República se han desarrollado una serie de acciones de fiscalización y una serie de visitas a las zonas afectadas, dada la preocupación por la vida y la salud de los pobladores amazónicos que habitan las cuatro cuencas.

Por otro lado, durante la legislatura 2011-2012, se conformó el Grupo de trabajo sobre la “Situación de los Pueblos Indígenas de las Cuencas de los Ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón”. Dicho Grupo como parte de su plan de acción, realizó un viaje de constatación de los derrames de petróleo y observación de las zonas impactadas, concluyendo sus labores con un informe que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Asimismo, los reclamos de los representantes de las Federaciones Indígenas ante las autoridades, motivó que el Estado conformara la Comisión Multisectorial adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargada de analizar, diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las condiciones ambientales y sociales de las poblaciones de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. La labor de dicha Comisión se desarrolló a través de dos grupos de trabajo, uno referido a los temas ambientales y otro que trabajó los temas sociales buscándole dar solución a las demandas de la población.

La labor de la Comisión Multisectorial concluyó sus labores luego de presentar los diagnósticos encargados, dando paso a la conformación de la denominada Mesa de Desarrollo, adscrita a la PCM y conformada por una gran cantidad de Ministerios y organismos del Estado.

Si bien han habido avances y se han ido dando pasos hacia la recuperación de la confianza entre el Estado y los pueblos, esto no alcanza. Estando el Perú ad portas de la realización de varios procesos de consulta previa y de decidir el otorgamiento de la licitación para el futuro contrato de concesión del lote petrolero N° 192; proceso que sin duda alguna será importante y deberá servir como ejemplo para futuras consultas previas y otorgamiento de concesiones, es importante que el Estado no cometa errores y de pasos firmes hacia ese camino. En tal sentido, para el éxito de dichos procesos, es necesario buscar la solución a los problemas de contaminación preexistentes, a la falta de reconocimiento al derecho de la propiedad ancestral de los territorios de los pueblos indígenas u originarios (lo que redunda en la ausencia de titulación), a la compensación por el uso de tierras e indemnización por daños derivados de la actividad, a que se regule de manera justa las servidumbres y a que solucionen los problemas de salud y educación que tanto reclaman los pobladores amazónicos.

Finalmente, cabe señalar que la zona de las cuencas de los ríos Pastaza Corrientes, Tigre y Marañón, enfrenta un serio reto para el año 2016. La consulta previa, obligatoria, libre, informada y de buena fe se tiene que producir indefectiblemente para poder volver a licitar el lote petrolero denominado antes 1AB, hoy 192, asentado en las tres primeras cuencas.

Por dicha razón, las organizaciones mencionadas organizaron una actividad de cinco días, en la que se sostuvieran audiencias públicas en cada una de las cuencas y en las que se pudiera sostener un diálogo con los pobladores a fin de escuchar sus demandas, entendiendo los problemas que afrontan día a día en una zona tan aislada y desprotegida como la que habitan dichos ciudadanos y ciudadanas, y dándoles la confianza de que sus problemas sería trasladados adecuadamente a las autoridades competentes.

El objetivo de la actividad fue tratar el tema de la consulta previa, considerando las limitaciones y problemas existentes en la zona: a) Espacio geográficamente aislado, b) poca o nula presencia del Estado, c) pobladores que viven en condiciones inadecuadas para su salud, bienestar y desarrollo, y d) contaminación de sus territorios y aguas, producto de 40 años de explotación petrolera.

Dicha actividad, tuvo que ser modificada en un 50 %, dado que el 29 de octubre la Cuenca del Pastaza había decidido iniciar una medida de fuerza que pasaba por la toma de las instalaciones del Aeropuerto de la Comunidad de Andoas. La razón de tal medida fue que no estaban conformes con el convenio por el uso de canteras, que había sido firmado entre la Empresa petrolera PLUSPETROL y la comunidad, pero además por la inacción de la Mesa de Desarrollo conformada por la mayoría de los sectores del Estado y dependiente de la PCM. La referida medida de fuerza, obligó a la comitiva a modificar el itinerario inicialmente planteado, dado que el ingreso a las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre, indefectiblemente debía hacerse por el aeropuerto de Andoas, ubicado en la cuenca del Pastaza (zona del conflicto).

Actividades

La primera actividad se llevó a cabo en la ciudad de Iquitos en las dependencias del Ministerio de Cultura el 31 de octubre. Se trató de una mesa de trabajo, donde el Apu de la cuenca del Marañón (Alfonso López), como los asesores de las Federaciones y la representante del Vicariato, tuvieron oportunidad de realizar un resumen de lo que viene ocurriendo en las zonas de influencia petrolera y le plantearon a los invitados sus cinco demandas básicas para que se pueda llevar a cabo la consulta previa de los lotes petroleros: 1. Titulación, 2. Compensación, 3. Remediación, 4. Indemnización, y 5. saneamiento básico.

La segunda y tercera actividad se llevaron a cabo el 1ero y 2 de noviembre. Se trató de visitas a comunidades indígenas. En coordinación con el Apu Alfonso López, líder de la Federación denominada “ACODECOSPAT”, se gestionó el ingreso a las Comunidad de “Grau” y “20 de Enero”, las mismas que fueron visitadas durante estos días. En la visita a dichas comunidades, se pudo constatar la pobreza existente en la zona, y las válidas demandas de la población en lo que respecta al tema de salud, educación y saneamiento básico. Además, se observó la dificultad en el acceso, por ser zonas geográficamente aisladas, lo que dificulta cualquier tipo de intervención por parte del Estado.

La cuarta actividad fue una audiencia pública el día 3 de noviembre en la Ciudad de Iquitos.

Dicha actividad fue llevada a cabo en el Auditorio del Instituto de Investigaciones de la Amazonía (IIAP). Durante la audiencia pública se tocaron temas referidos a la titulación y los apus señalaron su preocupación por la cercanía del término del contrato de concesión otorgado a la empresa PLUSPETROL. Además informaron sobre las cinco condiciones mínimas para que se pueda llevar a cabo la consulta previa para licitar el lote petrolero ubicado en las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre. Adicionalmente, se contó con la participación de Alberto Chirif, experto en temas indígenas, quien realizó una descripción de los problemas en materia de titulación y esbozó algunas posibles soluciones al problema.

Como quinto actividad, el 4 de noviembre se llevó a cabo una Sesión Descentralizada y Audiencia Pública en la Comunidad 2 de Mayo en la Cuenca del Marañón. Además, gracias al apoyo logístico de Petroperú, se realizó una visita a la Comunidad de Cuninico, zona en la que ocurrió un serio derrame de petróleo, producido por dicha empresa. Durante la visita a la zona del derrame, los representantes de la empresa informaron a los congresistas e invitados que se venían haciendo trabajos de remediación a la zona y los llevaron a verificar tal hecho. Durante la sesión descentralizada, los congresistas e invitados extranjeros tomaron nota de las demandas de los apus y de la población en general, quienes manifestaban su desconfianza frente al Estado y su preocupación por el poco plazo restante para lleva a cabo la consulta previa. Los apus de cada una de las federaciones tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista y sus críticas al proceso de dialogo que se viene desarrollando en la Mesa de Desarrollo, y manifestaron su preocupación por los problemas sociales existentes en sus comunidades, tales como salud, educación, saneamiento y otros.

Cabe destacar sin embargo, que en la cuenca del Marañón, si bien también opera la empresa PLUSPETROL, el proceso de consulta previa no es aún un problema, dado que su contrato de concesión tiene vigencia hasta el 2021. En este caso en particular, si bien está igualmente presente el tema referido a la contaminación, los pobladores están bastante más preocupados por lo referido a la titulación de sus territorios y a las demandas sociales tales como saneamiento básico, educación y salud.

Finalmente, el día 5 de noviembre la congresista María Soledad Pérez Tello y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos organizaron una mesa de trabajo en la ciudad de Lima a fin de compartir las conclusiones de la actividad realizada en la Región de Loreto durante los días 31 de octubre, 01, 02, 03 y 04 de noviembre. En dicha reunión cada uno de los participantes en la visita compartió sus experiencias, para luego darles paso a los invitados de cada uno de los sectores. La principal conclusión de la actividad fue que existe un espacio de decisión creado en la Mesa de Desarrollo, la misma que debería tratar los temas relacionados a las cinco condiciones básicas planteadas por las federaciones indígenas, y que sin embargo, la desconfianza y el poco o nulo conocimiento de los participantes a la Mesa respecto de la forma de vida de los pobladores indígenas, hace difícil que las partes se pongan de acuerdo. Se señaló además la preocupación por el poco tiempo para realizar el proceso de consulta previa.

Conclusiones finales

- Las autoridades necesitan seguir haciendo el esfuerzo de comunicarse con las poblaciones afectadas por la cont aminación y el abandono de tantos años. Dichos esfuerzos pasan por respetar los compromisos asumidos y los plazos señalados. Esto generará confianza, la misma que se ha perdido con los reiterados incumplimientos y postergaciones.

- La consulta previa debe constituirse en una garantía tanto para el Estado como para las comunidades, y debe verse como una buena oportunidad para incluir dentro de los contratos de concesión, lo que en ella se acuerde. Debe verse como una cuestión positiva y una oportunidad, y no como una traba a la inversión.

- Debe procurarse trabajar en el diseño de solución de los cinco puntos señalados por las comunidades indígenas, los mismos que son condición previa para la realización de la consulta previa.

- El viaje a la región Loreto, la visita a las comunidades señaladas y las audiencias públicas realizadas tanto en la ciudad de Iquitos como en la Comunidad 2 de Mayo, además de la toma del Aeropuerto de Andoas, han puesto en evidencia el serio problema que se vive en estas zonas. El aislamiento de las comunidades, origina una mayor indefensión, puesto que hace que, tanto los programas sociales como los servicios básicos sean de difícil acceso justamente para quienes más lo necesitan.

- En lo que se refiere a los cinco puntos antes señalados, si bien todos son importantes, ha sido un tema recurrente el referido a la titulación de los territorios indígenas, y dado que es necesario tener planteamientos concretos para los problemas que se viven en estos lugares tan alejados y olvidados, se ha tomado la decisión de trabajar a profundidad el tema, intentando de esta manera contribuir a la solución de los problemas que afrontan las poblaciones indígenas en dichas zonas.

Compartir

Publicador de contenidos

comment-portlet

Publicador de contenidos