Notas de acontecimientos
El 8 y 9 de mayo se llevó a cabo el taller internacional “Desarrollo: visiones, políticas y buenas prácticas” en el Hotel Europa de la ciudad de La Paz. De manera conjunta, las fundaciones Konrad Adenauer y Construir, elaboraron un programa dividido en tres partes fundamentales: taller con comunidades indígenas sobre ejes comunes, exposiciones magistrales motivadoras de expertos y taller en mesas de discusión sobre desarrollo y sus implicaciones. Entre los invitados estuvieron representantes de organizaciones indígenas, expertos nacionales e internacionales, y representantes estatales.
Primera parte del taller: La visión indígena del desarrollo
El día miércoles 8 por la mañana se iniciaron las actividades en el salón “El Solar” con esta primera parte del programa denominada: “Taller con comunidades indígenas sobre ejes comunes”. Luego de las palabras de bienvenida e inauguración del taller de la representante del Programa Regional “Participación Política Indígena” (PPI) de la Fundación Konrad Adenauer, Susanne Käss, se dio paso a la presentación de los objetivos y metodología de trabajo, por Marco Mendoza, Coordinador del Proyecto “Fortalecimiento de Justicia de Pueblos Indígena Originarios de Bolivia” y del área de derechos indígenas de la Fundación Construir.
En seguida se procedió a la presentación de los participantes y formación de grupos de trabajo cuyos resultados se exteriorizaron en una plenaria que se dio al finalizar la mañana. Cada mesa procesó un tema diferente: visiones de desarrollo, derecho al desarrollo y a la consulta, gestión territorial y buenas prácticas. Esta labor fue una guía para la tercera parte del taller y brindó insumos a los participantes indígenas locales para encarar una discusión profunda y analítica. El trabajo en las diferentes mesas dio paso a la elaboración de matrices que resumieron las propuestas procesadas al interior de cada equipo de debate.
Segunda parte del taller: Exposiciones temáticas
Para un mayor acercamiento a las distintas visiones, esta segunda parte del taller se desglosó en tres bloques: La visión estatal del desarrollo, la visión de la sociedad civil del desarrollo y la visión indígena del desarrollo. Cada eje temático estuvo representado por dos personalidades expertas en el tema, que brindaron exposiciones reveladoras sobre la materia del desarrollo y como éste es tratado en los distintos ámbitos.
El primer bloque estuvo precedido por la presentación de José Antonio Viera-Gallo, Ex Ministro Secretario General de la Presidencia de Chile titulada: “¿Hacia un desarrollo plural e inclusivo?”. Esta exposición empezó con una introducción a la contextualización de la realidad del país chileno, mostrando sus fortalezas y sus debilidades a nivel económico y social.
También habló de los temas referidos a tres grupos indígenas en Chile: aymaras al norte, rapa nui en las Islas de Pascua y mapuche en comunidades y centros urbanos; que en total ascienden a 1 800 000 personas, según el último censo. A pesar de tratarse de tres realidades distintas, a través de los años, todas han adquirido mayor conocimiento de sus derechos como pueblos indígenas, lo que a su vez ha derivado en una mayor insatisfacción por las promesas incumplidas del Estado. El compromiso vulnerado de la Ley Indígena, que dicta la restitución territorial, es una de las más grandes decepciones para la comunidad indígena. En materia de derechos indígenas, destacó la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), durante la presidencia de M. Bachelet, tras once años de tramitación en el parlamento.
Por un lado, Viera-Gallo abordó el tema de los recursos naturales, puntualizando la problemática de la escasez del agua en distintas partes del país. En el norte se entra en conflicto con proyectos de extracción minera, donde cerca de un 40% de la inversión de empresas extranjeras se encuentra pausada, lo que representa una gran pérdida para la industria y el país. Paralelamente, en el sur, a pesar de las altas precipitaciones, también existen conflictos relacionados con este importante recurso natural debido a la plantación masiva de árboles de eucalipto y pino radiata que absorben el agua y dejan a comunidades indígenas y no indígenas sin el mínimo de agua necesaria para los cultivos.
Por otro lado, la generación y transporte de los recursos energéticos, también constituyen un problema integral, ya que en muchos casos pasan por territorios indígenas y generan enormes conflictos. Las plantas generadoras de energía hidroeléctrica, aunque tengan centrales pequeñas, cuando tienen que ver con tierra indígena, son un tema muy delicado. Es decir, que en general las inversiones tanto estatales como privadas, son vistas más como una amenaza que como una oportunidad para los indígenas.
Viera-Gallo concluyó su exposición con una reflexión sobre el acontecer actual de los pueblos indígenas en Chile y su integración al país. Habló sobre las tensiones que se dan en las mismas comunidades mapuches entre los más tradicionales y los jóvenes que quieren salir a las ciudades para estudiar y trabajar. A pesar de los esfuerzos del gobierno chileno por un crecimiento con equidad, éste no contempló el desarrollo desde una visión indígena, lo que ha contribuido a una crecida de la insatisfacción de varios grupos. Los más radicales ya han contemplado la opción de exigir autonomía, casi en un sentido de independencia, para lograr el autogobierno del territorio.
Al término de esta exposición, Jorge Panay, Ex Viceministro de Economía de Panamá exhibió su ponencia bajo el título: “La visión estatal del desarrollo desde la visión del Estado de Panamá”. Este expositor, empezó por plantear la situación económica de su país, en la que la globalización, el canal de Panamá y los indígenas juegan un papel importante para entender la realidad de sus ciudadanos. Panay dio datos importantes sobre la riqueza que en un 80% se concentra en las manos del 2% de la sociedad, lo que hace de Panamá un país desigual. Entre las cifras que reveló Panay, también se encuentra que el 17% de la población más pobre (entre los que se encuentran todos los grupos indígenas), obtiene tan solo el 0.5% de la riqueza que genera el país.
En el largo proceso de recuperación del Canal de Panamá después de 1968, se planteó el nuevo concepto de garantía de la paz social. En este transcurso todos los sectores, especialmente los económicos, fueron cediendo posiciones, para incorporar sectores populares en favor de la unión para enfrentar a los norteamericanos en la recuperación del canal. En este lapso, se prometieron muchas reivindicaciones; finalmente se firmaron los tratados del Canal de Panamá y el 31 de diciembre de 1999 Estado Unidos abandonó su administración. Desde ese día Panamá pasó a ser un país independiente.
Panay explicó que la política pública panameña apostó por la globalización desde 1997, año en que se firmó la carta de intenciones con el Banco Interamericano. Se dice que Panamá está avanzando muy rápido en dirección a convertirse en un país del primer mundo, sin embargo esta categoría no debiera medirse únicamente por su crecimiento económico y sus grandes edificios, sino que también debiera corresponder el establecimiento como Estado con derechos, instituciones, oportunidades y bienestar para sus habitantes.
Panamá es un país con 3.5 millones de habitantes; se caracteriza por ser el país que une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico a través de su canal, en torno al cual se desarrolla un complejo económico. En el afán de los empresarios de expandir la frontera económica, han encontrado mucha resistencia liderada principalmente por los grupos indígenas.
Según el expositor, la independencia de Panamá generó el primer reconocimiento a la unidad de los territorios de los indígenas. Hoy esos espacios físicos son llamados “comarcas” y son administrados por las autoridades tradicionales elegidas por los propios indígenas. Hoy en día se calcula que el 12% del territorio panameño es de propiedad de los indígenas; esto está reconocido por ley en su constitución. La primera comarca que se crea es la de Guna Yala que crea un modelo de control y autonomía sobre su territorio. Esto sirvió de ejemplo para otros grupos indígenas que hay en el país, por lo que ahora ya existen cinco comarcas indígenas: Guna Yala, Ngäbe Buglé, Emberá, Madugandí y Wargandí. Todas ellas trabajan bajo la dirección de sus autoridades tradicionales, que representan los intereses de los habitantes ante el gobierno y cualquier empresa que tenga intenciones de afectar en alguna medida su territorio. Las comarcas son territorios reconocidos en la constitución y en las leyes como propiedades colectivas de los indígenas que las habitan.
Jorge Panay informó sobre la situación de los indígenas en su país y enumeró algunos de los sucesos que se dieron en torno a este tema. Explicó que los indígenas migraron a las montañas, a las costas y al sur, debido a la explotación y marginación que sufrieron en los centros urbanos. Paradójicamente, éstas son las áreas más ricas y productivas en el ámbito turístico ya que rinden un equivalente a las ganancias alcanzadas por el canal de Panamá. Asimismo, surgieron pugnas constantes con los colonos que destruyen las tierras en el territorio indígena. Además, uno de los yacimientos de cobre de alta calidad más importantes para el Estado, está en una de las comarcas.
Con el fin de explotar el yacimiento evadiendo y pasando por encima de los derechos de los indígenas, se hicieron esfuerzos por hacer una ley para modificar el código minero en la asamblea. Esto desencadenó en movimientos de protesta que lucharon por lo que se consolidó en una ley que eliminó la ley de propiedad del Estado y prohibió la minería en la zona indígena de todo el país. De esta manera, la minería está prohibida en las comarcas, a menos de que por iniciativa, decisión interna y con un proyecto sostenible de los propios indígenas, decidan explotarla. Sin embargo, Panay explicó que éste tipo de iniciativas todavía requiere de un largo proceso que, entre otros factores, exige mucho tiempo antes de que se puedan dar negociaciones entre las empresas multinacionales y las comarcas para la explotación de la minería.
El panameño relató un ejemplo de caso minero con características distintas que se dio en el centro del país, en donde se inició la excavación con la suma de seis millones de dólares. Dentro de este sector vive un pequeño grupo indígena, al cual la empresa responsable le ha tenido que cumplir con todas las normas, leyes internacionales y procedimientos dictados, incluyendo los medios de movilización. Para la supervisión de este caso asistieron inspectores de las Naciones Unidas, por lo que en estos asuntos, el gobierno no osa meterse en decisiones de las comarcas, lo que indica que existe una conciencia de la necesidad de realizar consultas a los indígenas sobre actos que pueden afectar su territorio. Seguidamente, el expositor mencionó el conflicto que se dio con la hidroeléctrica de Campo Blanco; explicó que se dieron 36 concesiones sin consultar con los indígenas. Paradójicamente éstos, no se beneficiaron ni siquiera con luz eléctrica para la comarca, lo que llevó a que se emitiera la ordenanza que obliga a la hidroeléctrica a contribuir entre el 5 al 15% de su producción al fondo de desarrollo de la comarca.
Panay reveló que luego de varios procesos de apoyo a la educación, como la beca universal y un subsidio estatal para las comarcas, entre otros, todos los grupos indígenas hoy en día cuentan con recursos humanos formados en diferentes áreas: intelectuales, abogados, ingenieros, etc. Esta nueva generación de indígenas es capaz de enfrentar y defender estos territorios con un perfil científico de manera contundente.
En las comarcas se reconocen las autoridades tradicionales y las municipales. Sin embargo, existe un problema a la hora de distribuir los recursos. Citó el ejemplo de la comarca Ngäbe Buglé, que queda en el norte, en la frontera con Costa Rica, y es la que cuenta con el territorio más grande con respecto a las demás comarcas, donde se establecieron doce unidades administrativas que acapararon los recursos económicos y no los transfirieron a las autoridades tradicionales, a pesar de que las juntas comunales de las comarcas y los municipios cuentan con algunos fondos, se debilitó su estructura.
Para el experto el tema indígena no es de interés, preocupación y responsabilidad únicamente de los indígenas, sino más bien es un tópico que atañe a toda la sociedad, hecho que se ha demostrado en las numerosas luchas sociales que han trascendido los límites de las comarcas. Por lo tanto la sociedad civil, el gobierno y las grandes empresas multinacionales se han visto involucradas en los diferentes procedimientos que se tienen que tomar en cuenta al momento de afectar territorio indígena.
Con estos antecedentes, Panay se pronunció al respecto del futuro de los indígenas de su país, señalando que no basta con tener autonomía del territorio, que el siguiente paso es saber administrar y aprovechar de manera sustentable todos los recursos para el bien común. Lo más importante es que los indígenas se conviertan en socios del desarrollo y no así en empleados del desarrollo, empleando sus recursos humanos capacitados. Éstos deben trabajar con la perspectiva de establecer negociaciones con compañías y entidades que cuentan con el capital necesario para desarrollar los proyectos. En casos como el turismo, éstos deberán regirse bajo estándares de calidad internacionales, al mismo tiempo que deben contar con las certificaciones y aprobaciones de las autoridades tradicionales de las comarcas correspondientes al territorio.
En conclusión, no sólo es importante la incorporación de un sistema de valores y culturas al proceso de desarrollo, de importancia vital para el progreso de los países como Panamá, sino que en primera instancia, hay que estudiar e informarse sobre cuáles son las necesidades y deseos de los mismos pueblos indígenas. Todo esto se debe dar en un proceso que se establezca bajo las consignas de libertad y democracia, porque no se trata de enfrentarse, unos contra otros, sino más bien de unir fuerzas para sacar adelante un país inclusivo con objetivos claros. Para alcanzar esto, es necesario construir sobre la base de la justicia, el conocimiento y la ética.
En el segundo bloque se habló de la visión de la sociedad civil del desarrollo, para el cual la licenciada en historia latinoamericana, Alicia Williner realizó una exposición. La experta del Área de Desarrollo Rural del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) efectuó una disertación sobre el “Cambio estructural y planificación para el desarrollo incluyente de América Latina y el Caribe”. Empezó revelando que la CEPAL, que pertenece al sistema de Naciones Unidas, lleva trabajando en la visión del desarrollo cuatro años. Williner procedió introduciendo al contenido de su presentación, desarrollado en cinco puntos generales, donde la igualdad fue el tema central.
El primero se refirió a una visión integrada del desarrollo, donde la especialista comenzó hablando de la coyuntura y el proceso a largo plazo del desafío de la igualdad en América Latina y el Caribe. En este contexto, se refirió a los requerimientos que tiene la igualdad para efectivizarse. Para explicar mejor, Williner describió la continuidad y ruptura del esquema actual que existe en los países de la región. En este sentido, expresó que es ineludible un cambio estructural para poder alcanzar la aspirada meta de la igualdad. Este primer punto revela básicamente, que el fin de todos estos esfuerzos es la igualdad, mientras que el camino para llegar a ella, es el cambio estructural y vehículo para alcanzarlo, son las políticas.
El segundo punto trató de la inversión como instrumento central del cambio estructural y puente entre el corto y el largo plazo, en donde hizo una comparación entre los países latinoamericanos con las inversiones que se realizan en Asia. La experta tocó el tema de los cuellos de botella en la infraestructura, que son los que traban el crecimiento, la competitividad y la equidad. En este espacio habló de las causas de la insuficiente inversión en la región, que se traducen en ciclos de crecimiento moderado y de corta duración. Para la representante de la CEPAL, está claro que la inversión de hoy configura la estructura y el crecimiento del mañana.
Como tercer subtítulo, Williner planteó el tema de las brechas sociales y heterogeneidad estructural, donde explicó que las condiciones del mercado de trabajo son claves en la desigualdad. Según la experta, las crisis económicas agravan sus efectos en el desarrollo social, mientras el empleo se concentra en sectores de baja productividad y bajos salarios. De esta manera aclaró que la segmentación educacional reproduce y amplía las desigualdades laborales y la discriminación social. Según la experta, la capacidad y oportunidad que tiene el individuo para elegir la vida que quiere vivir, es el indicador que define el nivel de igualdad y bienestar social.
El cuarto tema abordado por la representante de la CEPAL, fue el de las políticas que contribuyen al cambio estructural con igualdad. Williner afirmó que la visión integrada del desarrollo incluyente, requiere del trabajo del Estado y de las políticas coordinadas. En este sentido, habló de que la política industrial es necesaria para el cambio estructural virtuoso, y de cómo implementar una política de este tipo con una visión a largo plazo. Williner explicó que la política macro debe acomodarse al objetivo superior del desarrollo y que una política de esta naturaleza, necesita un pacto fiscal. En lo social, la experta reveló la importancia de políticas redistributivas y el desarrollo de capacidades, a tiempo de proteger a los sectores vulnerables durante fases iniciales del cambio estructural. Para la CEPAL, la Institucionalidad laboral es esencial para que el cambio estructural se pueda dar con igualdad. En síntesis, lo que se plantea es la integración de las políticas y una visión a largo plazo. En este sentido, la expositora tocó el tema de las oportunidades para una mayor y mejor integración regional, y la centralidad del Estado y de la política. Según la expositora, la clave del éxito de un desarrollo es incorporar las visiones y las culturas de los propios pueblos de los países. En la visión que propone la CEPAL, el cambio estructural, la igualdad, el dinamismo económico y la sostenibilidad ambiental deben complementarse entre sí.
Como último tema, Alicia Williner planteó la siguiente pregunta: ¿qué papel puede jugar la planificación en la estrategia de cambio estructural para el desarrollo incluyente? Para responderse a esta pregunta, explicó la planificación y la gestión pública en América Latina y el Caribe a grandes rasgos. La expositora habló del proceso del cierre de brechas a la planificación para el desarrollo y de los aspectos clave en la planificación del siglo XXI en América Latina y el Caribe. Williner expuso lo que están haciendo los países de la región para contribuir a su plan de desarrollo e hizo hincapié que debe prestarse atención especial al tema de los derechos. Para concluir su exposición, la experta habló sobre lecciones y desafíos de la planificación para el desarrollo inclusivo.
Para la segunda parte de este bloque Marco Mendoza, Coordinador del Proyecto “Fortalecimiento de Justicia de Pueblos Indígena Originarios de Bolivia” y del área de derechos indígenas de la Fundación CONSTRUIR, expuso el tema: “Desarrollo sostenible de los pueblos indígenas”. El expositor comenzó su ponencia con una serie de preguntas que fue respondiendo a lo largo de su ponencia. Para el boliviano, el modelo de desarrollo que se elabore, depende de la visión de país que se tenga. En este sentido, las políticas públicas deben ir en sentido de una visión plural y en favor de los derechos de la madre tierra y no mono-cultural con una visión de desarrollo extractivista como se ha ido dando. Para el expositor, la importancia de analizar las diferentes visiones de desarrollo, radica en la necesidad de canalizar los esfuerzos para generar leyes de resguardo a los sectores más vulnerables y dirigir proyectos en favor de un desarrollo que beneficie a toda la población. Según Mendoza, en el caso de Bolivia no se debe hablar de inclusión, sino de participación de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Por lo tanto, la lectura del Convenio 169 de la OIT, suscrito por Bolivia, debe hacerse bajo la premisa del derecho que tienen los pueblos al autogobierno y la libre determinación.
El expositor boliviano señaló que el diseño de políticas, planes, programas y presupuestos, deben contribuir directamente a acelerar el proceso de transición del Estado colonial y republicano a uno plurinacional comunitario. Para Mendoza, no sólo se trata de una reivindicación de las naciones originarias y organizaciones indígenas y campesinas, sino que es un imperativo constitucional para el Estado boliviano. Este proceso de transición que mencionó el expositor, debe incorporar al conjunto de las instituciones existentes y a la pluralidad del mundo indígena al ejercicio de la gestión pública. En este sentido, debe haber un proceso de readecuación y un ejercicio real del poder administrativo del Estado boliviano. Sin embargo, esto presupone un proceso de diálogo auténtico, donde se vayan incorporando los valores y los diferentes sistemas de organización de los propios pueblos indígenas. De esta forma será posible, que los planes de vida y de gestión puedan ser tomados en cuenta al momento de desarrollar los proyectos a nivel local, departamental y nacional. Para el expositor, es ineludible abrir diferentes lógicas de participación, porque no es suficiente con la participación popular, porque sin importar cuantos indígenas hay en cada Estado, cada uno tiene la autoridad de ejercer sus derechos.
Tradicionalmente los territorios habitados por indígenas han sido declarados como desocupados, por lo que bajo la lógica extractivista, se han dictado disposiciones de apertura de caminos, con la excusa de integrar el país. Con estas acciones, se ha desconocido la gestión territorial indígena y se han vulnerado los derechos de los habitantes de estas regiones. El expositor denunció que a pesar de que los derechos de los pueblos indígenas sobre la gestión de sus territorios ancestrales estén precisados en las leyes, es lamentable que no haya verdaderamente una actitud y predisposición de cumplirlos. El hecho de que los derechos sólo se eleven a nivel declarativo y no se respeten en la práctica, es un tema que inquieta profundamente a los actores de los procesos que se encuentran en crisis actualmente.
El experto ilustró el escenario con el ejemplo del caso TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) en Bolivia, donde el anuncio de construcción de una carretera transversal, ha desatado gran controversia. La consulta previa, que según el expositor más bien adoptó forma de referéndum, obligó a los indígenas optar por un modelo de democracia representativa con mayorías y minorías, cuando tradicionalmente se obedece a una figura de democracia comunitaria. Todo esto llevó a que en este sector se quebraran estructuras comunales y familias enteras se vean enfrentadas, lo que implica que para enmendar los daños, es necesario mínimamente regenerar este tejido social.
Para concluir su presentación, el expositor advirtió la importancia de establecer proyectos de consulta previa que cumplan con todas las normas, incluyendo estudios de viabilidad que tomen en cuenta el impacto ambiental que implica y respetando a las autoridades naturales. En este sentido, se resaltó el valor de que el proceso de consulta se realice bajo la concepción de bienestar, generada a partir de la construcción de consensos y el respeto a los derechos. De esta manera, Mendoza insistió en la necesidad de entender y comprometerse con las estructuras de gestión territorial de los pueblos originarios, a nivel regional. Explicó que el ejercicio del derecho no es una concesión, sino un cumplimiento del Estado con los pueblos indígenas, que debería consistir en construir espacios plurales de diálogo.
El día jueves 9 de mayo, el taller reanudó sus actividades con la apertura del tercer y último bloque “La visión indígena del desarrollo”, donde el presidente de Emprendimiento Turismo Comunitario Sostenible en Bolivia, Freddy Limaco, hizo su presentación sobre el “Albergue Ecológico Chalalán Madidi”. El expositor, que a su vez también es un líder y defensor de los derechos indígenas, luego de saludar a la audiencia y agradecer por la invitación de la KAS a participar del taller, procedió a la introducción de su tema, revelando el contexto y la ubicación del sector que representa.
Ubicada al norte del departamento de La Paz y “descubierta” por los españoles en 1616, la comunidad de San José de Uchupiamona, se ha venido adaptando a nuevos sistemas de sobrevivencia. Al principio, este pueblo se solventaba en base a la recolección de productos del bosque y la explotación de pieles de animales salvajes; luego procedió a incorporarse al trueque con el sector del altiplano. Según lo relatado por Limaco, hacia los años 50, la comunidad fue adaptándose al sistema monetizado y ya en los 80 se incorporó al comercio de productos como la chancaca, el arroz, el maíz y la harina de yuca.
Ya en el año 1987, la comunidad decidió que no podía seguir viviendo aislada y estableció contacto con autoridades de gobierno, pidiendo asistencia técnica y apoyo económico para los servicios requeridos. Sin embargo, se tropezaron con las políticas públicas que no estaban dirigidas al desarrollo de los pueblos indígenas, por lo que el año 90 se suman a la gran Marcha Indígena obteniendo de esta manera el 8% de las regalías de las empresas madereras del sector. Limaco relató cómo poco después emprendieron de manera precaria la actividad turística, de la que hasta entonces sólo formaban parte de manera indirecta. Gracias a la ayuda de personas externas, consiguieron la suma de 12mil dólares que dio pie al proyecto, conformando un equipo de ingenieros civiles, biólogos y expertos en turismo, para elaborar el diseño del proyecto eco-turístico de la comunidad. El proyecto terminado fue presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que lo aceptó con mucha predisposición, comprendiendo que se trataba de una forma sustentable de explotar el bosque y aprovechar sus recursos naturales. Sin embargo, la comunidad detectó que estas iniciativas para el desarrollo debían ir acompañadas por la educación que, hasta entonces, sólo llegaba a nivel primario.
El proyecto piloto se consolidó demostrando las capacidades de este pueblo indígena de manejar esta empresa que hoy en día ya cuenta con la capacidad de albergar a treinta visitantes. El “ecolodge” ha sido el punto de arranque para capacitar a más de treinta jóvenes en el idioma inglés y a varios más en temas administrativos y de coordinación. Sin embargo, según Limaco, la lucha por este desarrollo sustentable no ha sido sencilla debido a la amenaza de avasallamientos de su territorio, por lo que la comunidad se vio obligada a encarar con recursos propios el saneamiento y la titulación de su territorio.
De esta manera, Limaco expuso el trabajo de desarrollo estratégico e integral del territorio y esclareció que es necesario entender que existen diferentes concepciones del mundo. Expresó que por esta razón es necesario trabajar conjuntamente en la elaboración de proyectos y alternativas de desarrollo. A pesar de que son idiomas diferentes, según el expositor, se deben unir esfuerzos por el bien común, emulando características de otras culturas. Para concluir con su exposición, apeló a una frase que se encuentra gravada en la moneda boliviana: “La unión es la fuerza”.
El administrador del Congreso General Guna de Panamá, Kinyapiler Johnson, hizo su aporte al tercer bloque con su exposición: “Guna Yala: una autonomía en resistencia y lucha”, mencionando la “separación de la patria” de 1903. Este fue el año, en el que se separaron políticamente de la Gran Colombia, quedando gunas apartados en fronteras artificiales de ambos países.
Según Kinyapiler, un segundo acontecimiento relevante para la revolución, fue la conclusión de las obras del Canal de Panamá, debido a que la mano de obra extranjera huyó para no volver a sus países de origen. De esta manera, esta población se asentó en las costas del caribe, cerca de las fronteras de los dominios guna. Los indígenas guna pidieron protección del Estado al percibir que esta población de migrantes empezó a robarle la producción. Esta situación se aprovechó para instaurar puestos de vigilancia policial en territorio guna, que posteriormente reprimieron a los indígenas. El expositor relató cómo los indígenas llamaron a la revolución en medio de fiestas carnavaleras de manera estratégica, logrando así el reconocimiento de los gunas y su territorio.
Para el experto, en el tema de las comarcas panameñas, las visiones de desarrollo de los guna se resumen en dos pensamientos; por un lado está lo que dijo uno de sus jefes guna al respecto del desarrollo propuesto por el gobierno: “tu estilo de desarrollo nos empobrece”. Y por otro lado, el concepto de desarrollo que tienen los indígenas de esta región, que se traduce en el concepto de hermandad que no se limita a lo humano, si no que se extiende a todos los elementos de la naturaleza. En este sentido, Kinyapiler puntualizó que la visión de desarrollo guna se resume a entender que es necesario estar consciente de la existencia del ‘otro’ y ‘sentir’ esa existencia.
El panameño exteriorizó la fortaleza de la organización guna, asegurando que ésta radica en la Casa de Reunión, que es el centro de la vida política, social, oral y se presta para todos los acontecimientos de diálogo y desarrollo de planificación.
Posteriormente, Kinyapiler reveló a la audiencia varios mapas en los cuales identificó el área que abarcan las comarcas y explicó que en su país también se hizo el reconocimiento de más tierras colectivas. Mostró como las comarcas son el área fuertemente estampada en los mapas de indicadores de pobreza, superficie dónde paradójicamente está concertada la mayor biodiversidad. Así mismo mostró que éstos son a su vez los territorios con mayores concesiones mineras y solicitudes de aprobación para proyectos de exploración en Panamá. Estos datos llevaron al experto a preguntarse lo siguiente: ¿los indígenas realmente son pobres o simplemente han sido empobrecidos? Sin embargo, destacó que a pesar de todas estas dificultades, el turismo en la zona está bajo control y administración guna, lo que les trae buenos ingresos. Es de esa manera que se ha ido adquiriendo experiencias enriquecedoras que han dado paso a crear la capacidad de negociación con transnacionales.
Para terminar su exposición, el panameño habló de los problemas y desafíos que atañen en la actualidad a los indígenas. Por un lado, habló de la militarización que sigue siendo tema de debate entre el gobierno y los pobladores del sector, además de una serie de demandas ligadas a la utilización de sus iconografías y diseños, para fines comerciales. Por otro lado, habló del reconocimiento de la propiedad intelectual de las lenguas indígenas de su país. Explicó que a pesar de los intentos de su gobierno de exterminar los idiomas nativos, hoy en día persisten, han retomado fuerza y se han convertido en el orgullo de los indígenas del presente.
En beneficio de este último bloque temático, Edwin Miro, Presidente de la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aportó con la exposición de “La experiencia del Manejo Compartido de la TCO Chimán Mosetene con el SERNAP en la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas”. Dando una breve introducción a su tema, el dirigente técnico comenzó ubicando a la audiencia en el contexto geográfico, cultural e histórico de la creación de este importante sector con doble estatus: Territorio Indígena y Área Protegida.
Tras 21 años de intenso trabajo y gestión territorial, los pueblos indígenas de esta zona (tsimanes, mosetenes, tacanas, esse ejas y lecos), han conformado un equipo que ha alcanzado grandes logros. Desde el reconocimiento de su territorio y la expulsión de concesiones mineras, forestales y petroleras, han logrado establecerse como un referente de unidad entre los indígenas, persiguiendo un mismo fin: el desarrollo sustentable. Elaborando planes estratégicos de manejo y planes de vida, aprobados por el consejo de corregidores, máxima instancia indígena, han ido buscando aliados, según relató Miro. Es de esta manera que se fueron llevando a cabo iniciativas de turismo comunitario, como es el caso de “Mapajo”, para así asegurar el ingreso de recursos económicos a las familias. Sin embargo, el turismo no es el único proyecto destinado a generar dinero. En el sector se dan emprendimientos de producción de café ecológico, miel, comercialización de jatata, entre otros.
Miro explicó que este tipo de desarrollo de las comunidades se da gracias al trabajo conjunto de las bases, es decir, de las familias en coordinación con los técnicos y las autoridades. Sin embargo, el técnico advirtió que el gobierno actual, al igual que la cooperación internacional, ya no pretende invertir en estos proyectos, lo que perjudica al modelo de desarrollo que han planteado las comunidades.
Para concluir, el experto destacó que en temas de educación, salud y en el cuerpo de protección, se ha avanzado progresivamente. Sin embargo, las amenazas, como la ampliación de la frontera agrícola, el asentamiento de concesiones petroleras y la reactivación de la represa El Bala, continúan preocupando a las comunidades. A pesar de estos conflictos, según el técnico, las alianzas estratégicas, el trabajo conjunto y la gestión territorial compartida, son los ejes centrales del progreso de las comunidades del Pilón Lajas.
Tercera parte del taller: Trabajo en grupos
Para un mayor aprovechamiento de los conocimientos adquiridos y, en ese sentido, elaborar nuevas propuestas frente a las problemáticas, se procedió al trabajo en grupos. Cada una de las cuatro mesas de trabajo recibió un tema específico: visiones de desarrollo, derecho al desarrollo y a la consulta, gestión territorial y buenas prácticas.
El trabajo en grupos tuvo excelentes resultados que se plasmaron en las exposiciones de cada uno de los ejes temáticos, sobre los cuáles se procesaron temas clave y propuestas. La primera mesa trató el tema de las visiones de desarrollo, en donde se trabajó intensamente para elaborar propuestas sobre cómo articular las visiones de desarrollo de las naciones y pueblos indígenas con las visiones de desarrollo de las instancias públicas contenidas en los Planes de Desarrollo Nacional. Además se establecieron sugerencias interesantes sobre qué deben hacer los pueblos indígenas para incorporar sus programas y proyectos a los programas y proyectos municipales, departamentales y nacionales. Pero también se constituyeron propuestas sobre lo que deben hacer las entidades públicas para incorporar en sus programas y proyectos municipales, departamentales y nacionales las demandas de los pueblos indígenas. Asimismo, se debatió de qué manera se podrían articular los presupuestos de las entidades territoriales indígenas a los presupuestos municipales, departamentales y nacionales.
Entre las propuestas que destacaron estuvo el exigir el reconocimiento y consolidar el territorio y la participación política de los pueblos indígenas con representación directa y elegida por normas y procedimientos propios en las diferentes instancias del Estado, e incorporar a los sistemas de planificación un Plan de Desarrollo Indígena que responda a las necesidades de los pueblos indígenas que formen parte de los Planes Nacionales de Desarrollo Plurinacional. Éste debe ser construido desde las diferentes visiones de los pueblos indígenas, bajo el supuesto de que los Estados deben garantizar los recursos para su elaboración e implementación.
Además se habló de que deben crearse planes transfronterizos de pueblos indígenas en diferentes países que incluyan la participación activa en las instancias internacionales indígenas y éstos se incorporen a los planes nacionales. Asimismo, se concluyó la importancia de incidir en los foros internacionales (UNASUR, MERCOSUR, OEA, ALBA, etc.), y de incorporar las diferentes visiones de desarrollo en la currícula educativa: formal, alternativa, superior, técnica, etc..
Otra propuesta para que los pueblos indígenas puedan incorporar sus programas y proyectos a los programas y proyectos municipales, departamentales y nacionales, fue la existencia de una instancia jerárquica (ministerio) que vele por la incorporación de los derechos indígenas y visiones de desarrollo en las políticas públicas y que sea nombrada en consenso con los pueblos indígenas. A más de socializar, difundir e informar sobre las diferentes visiones de los pueblos indígenas, se propuso capacitar a los funcionarios públicos acerca de la diversidad de visiones desarrollo que existen en los diferentes países con participación de los pueblos indígenas y promover y/o elaborar los planes de vida o planes de gestión territorial de todos los pueblos indígenas.
A la pregunta sobre qué deben hacer las entidades públicas para incorporar en sus programas y proyectos municipales, departamentales y nacionales, las demandas de los pueblos indígenas, se plantearon tres líneas fundamentales de acción: 1) el reconocimiento y respeto de planes de vida o planes de gestión territorial de los pueblos indígenas; 2) fortalecer y promover espacios de participación de autonomía indígena; y 3) crear una instancia autónoma de observación, seguimiento y evaluación de cumplimiento de políticas públicas diseñadas para los pueblos indígenas.
Luego de una profundización en el tema de la articulación de los presupuestos de las entidades territoriales indígenas a los presupuestos municipales, departamentales y nacional, se resolvió que una buena forma podría ser el asignar recursos a los planes de vida o de gestión territorial indígena, además de incluir la participación de los pueblos indígenas en la elaboración y discusión de los presupuestos generales.
“Derecho al desarrollo y a la consulta” fue el tema que desarrolló el siguiente grupo que expuso su trabajo. Este equipo igualmente trabajó sobre la base de las problemáticas relacionadas con el tema central. En este contexto, la mesa discutió sobre cuáles son los principales desafíos que deben enfrentar los Estados para hacer efectivo el derecho al desarrollo y a la consulta de los pueblos indígenas. Concluyó que entre estos desafíos se encuentran el respeto al derecho a la consulta previa y de buena fe ya que no se puede dar desarrollo sin consulta. Además establecieron que la participación activa y efectiva desde abajo, desde los pueblos indígenas, en la elaboración de la ley de consulta es de suma importancia, así como un marco que garantice los derechos elaborados con los propios actores y no en gabinete, respetando la Constitución y el derecho internacional. Hicieron énfasis en que no se debe confundir la consulta previa (derecho únicamente de los pueblos indígenas) con la consulta pública.
Como siguiente punto, el grupo de trabajo habló sobre los principales desafíos de los pueblos indígenas para hacer efectivo su derecho al desarrollo y a la consulta. En este sentido, determinó que es necesaria la consolidación y defensa del territorio y la autonomía, además del fortalecimiento orgánico sin injerencia política del Estado. Pero también establecieron la necesidad de exigir el derecho a la participación y a la consulta, además de una ley de consulta adecuada y participar en la elaboración de dicha ley. Precisaron que la consulta no es un tema negociable. De esta manera también propusieron elaborar un plan de desarrollo con apoyo del Estado para dicha elaboración. En tal caso, los mismos indígenas debieran administrar su desarrollo. En este sentido, también plantearon exigir al Estado que garantice la formación y capacitación con principios de recursos humanos para el fortalecimiento de la dirigencia y creación de líderes con preparación (visión de principios y dignidad).
Con respecto a los aspectos que deben considerar los pueblos indígenas y los Estados para ingresar en un proceso de consulta, de manera que se constituya en un espacio de diálogo y armonización entre la visión de desarrollo estatal (contenida en los Planes de Desarrollo Nacional) y las visiones de desarrollo indígenas (contenidas en sus Planes de Vida y Planes de Gestión Territorial), el grupo también dio algunas sugerencias. En primer lugar, indicó que se deben respetar una serie de criterios, como la estructura orgánica, los procedimientos y normas propias, el protocolo y proceso, los usos y costumbres y la auto-determinación de los pueblos y sus autonomías. Pero además alentaron a fortalecer la organización indígena y a respetar a los representantes y sus mandatos, ya que toda determinación se da a partir de una asamblea. El equipo de trabajo también determinó la necesidad de proponer y elaborar conjuntamente con el Estado un protocolo de consulta y un cronograma, además de pedir una adecuada metodología de aplicación.
La siguiente mesa de trabajo que expuso sus resultados, fue la que trató el tema del derecho al territorio y la gestión territorial. Bajo este subtítulo, se establecieron una serie de preguntas: ¿Cuáles son los principales desafíos que deben enfrentar los Estados para hacer efectivo el derecho al territorio y a la gestión territorial de los pueblos indígenas? Además: ¿cuáles son los principales desafíos de los pueblos indígenas para hacer efectivo su derecho al territorio y a la gestión territorial indígena? Y ¿qué acciones deben desarrollar los pueblos indígenas en defensa de sus derechos al territorio, frente a los estados y a terceros que se encuentran en territorios indígenas o pretenden ingresar a los mismos? En este mismo sentido se cuestionó ¿cómo los Estados deben compatibilizar los derechos de los pueblos indígenas al territorio y a la gestión territorial indígena con los derechos de terceros que se encuentran en territorios indígenas o pretenden ingresar a esos territorios?
Las sugerencias a estas interrogantes incluyeron más de una propuesta, entre las que destacan: el tomar en cuenta la cosmovisión y el plan de vida de los pueblos indígenas, además de definir políticas públicas que ejecuten la normativa legal y atenúen el desfase que existe en teoría y práctica. En cuanto al tipo de Estado, el grupo de trabajo insistió que debe ser administrado por un gobierno afín al cumplimiento de estos derechos con el compromiso de garantizar la seguridad jurídica de los pueblos indígenas. Asimismo exhortó a que no debe existir injerencia política partidaria o foránea en las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas, al mismo tiempo de que se debe respetar la CPE y no estipular normas anticonstitucionales. Apuntó que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la normativa legal y respetar la consulta previa. En este contexto los gobiernos no deben abusar de su poder y deben respetar la autonomía del Poder Judicial.
También indicaron que entre los pueblos indígenas debe existir respeto a los derechos territoriales titulados y que los pueblos indígenas deben tener representación directa para tener mayor incidencia en las políticas de Estado. Otra propuesta revelada es que cada pueblo indígena debería tener una estrategia de defensa de su territorio en relación al Estado y a terceros, tomando en cuenta que las estrategias tienen que ser consensuadas para una defensa conjunta. Recomendaron un mayor intercambio de experiencias e información entre los pueblos indígenas y originarios para un mejor conocimiento entre los mismos. Así también, las bases de los pueblos indígenas deben tener un seguimiento y control a los líderes que los interpretan, los mismos que deben responder a las normas y procedimientos propios del grupo que representan.
Para cerrar la ronda de exposiciones de los grupos, la mesa a cargo de buenas prácticas, realizó su presentación. Los temas desarrollados de este subtítulo se basaron en los ejemplos presentados en el taller. En este sentido, se han apuntado las principales fortalezas de lo s pueblos indígenas para lograr sus objetivos de desarrollo en un marco de respeto a su identidad cultural. El equipo percibió la importancia de una cosmovisión propia respecto al territorio y la evidencia de las demandas históricas. Además señaló la reconstitución de los territorios ancestrales e hizo alusión a las alianzas entre indígenas a nivel internacional, así como también a los convenios internacionales.
Con respecto a las acciones que deben desarrollar los pueblos indígenas para incorporar su visión y su derecho al desarrollo en un marco de desarrollo más amplio (municipal, departamental o nacional), la mesa enumeró algunas sugerencias. La primera fue la de elaborar un plan plurinacional de desarrollo para los pueblos indígenas; éste debe respetar su cosmovisión. Pero también llamaron a desarrollar una gestión indígena territorial y fortalecer e implementar políticas de Estado respetando este proceso, como instrumento de desarrollo. Además debe existir una gestión territorial plurinacional, que debe regir a todas las comunidades y plantear una agenda común, sujeta a mejora. Otra de las sugerencias planteadas por este grupo de trabajo fue el de la planificación a futuro y fortalecer las autonomías indígenas a tiempo de ejercer una autonomía legítima y el autogobierno, además de la reconstitución del territorio.
Entre las sugerencias también figuraron el reconocimiento y visibilización de la mujer indígena en el rol del desarrollo y la restructuración de su participación política, así como el desarrollo de programas de formación política a nivel departamental, nacional e internacional. De esta forma se pueden establecer escuelas de lideresas para la reflexión de políticas municipales, departamentales y nacionales, con poder de decisión, visión indígena originaria y conocimientos propios de sus territorios.
En cuanto a acciones, el equipo indicó algunas sugerencias para que los Estados desarrollen acciones que incorporen la visión y el derecho al desarrollo los pueblos indígenas en un marco de desarrollo más amplio (municipal, departamental o nacional). Según el grupo, debe haber voluntad política y todos los Estados deben respetar los tratados en cuanto a derechos indígenas. Además señalaron que debe existir un reconocimiento de su tierra y territorio, además de su organización, y por supuesto, el respeto a la CPE por parte del gobierno. Entre sus sugerencias, también incluyeron el establecimiento de una mesa permanente de diálogo a nivel municipal, departamental y nacional, con técnicos expertos indígenas y estatales para exponer y resolver lo que las bases deliberan.
El último punto a tratar en esta mesa, fue la compatibilización de las visiones de desarrollo de los pueblos indígenas y de los Estados en el marco estratégico (Planes de Desarrollo) y operativo (proyectos y presupuestos). El grupo indicó que en primera instancia, el trabajo de buena fe depende de la sinceridad, pero también explicó que existen dos visiones de desarrollo diferentes, una visión estatal y la visión indígena. Sin embargo, ambas tienen directa relación con el uso de recursos, pero la concepción de la madre tierra desde los indígenas es distinta a la del Estado.
Clausura
Luego de una plenaria, donde las últimas dudas, respuestas, aportes y sugerencias se dieron a conocer de manera amplia, se ahondó en los temas de interés y mayor polémica. Asimismo, los asistentes hicieron llegar sus agradecimientos a las fundaciones a cargo de la organización del evento, principalmente por el esfuerzo de crear estos espacios de diálogo. En este sentido, se rescató la importancia de posibilitar más escenarios similares, que no sólo contribuyan a la confraternización a nivel nacional, sino que también a nivel internacional.
Al finalizar el evento, se dio paso a la clausura del evento con las palabras de Marco Mendoza y Susanne Käss, representantes de las fundaciones a cargo de la organización del evento. Ambos agradecieron la asistencia de los presentes, resaltando los excelentes resultados de los grupos de trabajo y sus conclusiones. También valoraron los importantes aportes que se dieron a través de las exposiciones y los comentarios en el transcurso de los dos días de intenso trabajo en el taller internacional: “Desarrollo: Visiones, políticas y buenas prácticas”.