Notas de acontecimientos
Actualmente, el fenómeno del narcotráfico adquirió un nuevo rumbo en América Latina debido a dos factores importantes: primero, la política de legalización de la marihuana en Uruguay, que marcó una reorientación substancial en las políticas anti-narcóticos de la región. Segundo, el fortalecimiento preocupante, según diversos informes de las Naciones Unidas, de un conjunto de redes del crimen organizado que vincula al narcotráfico con otros problemas como la trata y tráfico de personas, así como la penetración del circuito ilícito del tráfico de drogas en diferentes pueblos indígenas.
La pobreza rural y campesina, así como la ausencia del Estado como autoridad para controlar el orden político y la justicia, son el caldo de cultivo para que el narcotráfico se introduzca como un problema capaz de distorsionar los patrones de vida de varios pueblos originarios e indígenas. Las debilidades institucionales para combatir al crimen organizado transnacional, hacen que diversas comunidades enfrenten nuevas situaciones de vulnerabilidad en términos de seguridad humana y desestructuración de sus culturas e identidades.
Es por eso que el PPI planificó ejecutar un evento internacional que reflexione sobre las relaciones entre el narcotráfico, las redes del crimen organizado, los conflictos violentos y sus impactos en los pueblos indígenas, identificando las principales amenazas a la seguridad humana, a las estructuras culturales indígenas, al desarrollo sostenible y a la subsistencia de la democracia en América Latina.
Para esto se convocó a especialistas en la temática de derechos humanos, políticas antinarcóticos, guerra contra las drogas, movimientos indígenas y antropología del crimen en América Latina, no sólo para vincular a investigadores, instituciones internacionales, organizaciones indígenas e instituciones estatales en el debate sobre los impactos del narcotráfico y el crimen organizado en algunos territorios de los pueblos indígenas, sino también para tratar de incidir en el debate sobre el impacto de narcotráfico y el crimen organizado sobre los pueblos indígenas y medidas de remediación de impactos en la región latinoamericana.
Los expertos invitados fueron Víctor Hugo Cárdenas, ex Vicepresidente de Bolivia; la colombiana María Clara Torres de la State University de Nueva York; Daniel Matul del Instituto Centroamericano de Administración Pública de Costa Rica; Luis Mario Martínez de la Universidad Landívar de Guatemala; y el especialista en participación y seguridad ciudadana Josué Ospina de Panamá.
El seminario fue dividido en dos bloques: el primero abordó la situación en América del Sur, el segundo la de Centroamérica.
Víctor Hugo Cárdenas expuso el caso de Bolivia, haciendo énfasis en las características de la movilización indígena de los pueblos yuracaré, mojeño y chimane del Territorio Indígena y Parque Nacional del Isiboro Sécure (TIPNIS), interpretada como un caso de resistencia indígena a la expansión de la frontera agrícola de los productores de coca del Chapare (Cochabamba, Bolivia), cuya producción, casi en su totalidad, está destinada al narcotráfico. La política estatal apoyó esa expansión cocalera mediante el inicio de la apertura de una carretera que atravesaría el corazón del territorio indígena, la revisión de la otorgación de tierras comunitarias de origen (TCO) a algunos pueblos indígenas, la afectación de Parques Nacionales y Áreas de Reserva Natural, el uso contradictorio de leyes nacionales y convenios internacionales y la intervención estatal en la fragmentación de las organizaciones indígenas. Estas acciones públicas cuentan con una creciente influencia política de los productores de coca en las instituciones del Estado, encargadas de la regulación de la producción de coca, pero no para fortalecerla, sino para debilitarla, con las consecuencias de un aumento de violencia y muertes relacionados con el narcotráfico, la división de las organizaciones indígenas, la contaminación del medio ambiente y la progresiva desinstitucionalización del Estado.
María Clara Torres refirió sobre el tema “Sembrando coca, cosechando votos: el caso colombiano”, tema de su tesis doctoral. Comenzó afirmando que comparado a otros países andinos, Colombia tiene una población únicamente de 3% de pueblos indígenas. El número reducido en población indígena tienen como consecuencia que el uso tradicional de la hoja de coca tiene un impacto limitado sobre la sociedad colombiana. La expansión masiva de cosecha de la hoja de coca y la producción de cocaína son un fenómeno relativamente reciente. La presentación de la señora Torres apuntó entonces a presentar su tesis doctoral, la misma que explica qué provocó la producción masiva de este producto considerando que culturalmente la hoja de coca no tiene mucha relevancia. Asimismo, el estudio demuestra cómo la economía de la coca afecta la relación entre la gente en el Putumayo (ubicado en la frontera con el Ecuador) y el Estado nacional y el impacto de cosechas ilícitas en la formación de estructuras estatales locales. Para esto, en su estudio analizó la participación electoral en el Putumayo de 1968 al 2006 y trató de explicar cómo y porqué la gente local que se dedica a la cosecha ilícita de coca participa de elecciones. También investigó las expectativas de los campesinos cocaleros (entre los cuales se encuentran indígenas) y su percepción de la elección. El caso de estudios sugiere que independientemente del estatus ilegal y de ser perseguidos por el Estado nacional, los campesinos cocaleros han participado activamente en política, con lo que han aportado a la construcción de estructuras estatales en algunos lugares en Colombia. Incita a poner especial atención en los procesos políticos y de construcción de estructuras estatales en lugares fronterizos.
Posteriormente, expuso el panameño Josué Ospina sobre “El tráfico de drogas en los territorios indígenas de Panamá: una realidad agravada por la marginación y la pobreza”. Panamá, desde sus inicios históricos, ha sido un punto focal de comercio, y esta realidad aplica también para el comercio ilícito de drogas. Las zonas indígenas, por sus características geográficas son puntos importantes para el trasiego de drogas, lo que ha generado una interacción nacida en algunos casos de la intimidación y en otros de la colaboración. La cercanía con la República de Colombia, es uno de los motivos por los que la zona comarcal Emberá Wounaan ha sido afectada por el trasiego de drogas. No se debe olvidar que uno de los sustentos de las FARC se encuentra en la producción de drogas como la cocaína. En los últimos años, la Policía Nacional ha encontrado en territorio comarcal puestos de descanso de estas fuerzas y en reciente data hasta un laboratorio clandestino. Esta interacción no es reciente, ya desde la década del 70, algunos pobladores indígenas y colonos mantienen relaciones de ventas de suministros a estas fuerzas. También se han reportado procesos de reclutamiento de jóvenes indígenas para el trasiego de drogas. En el caso de la comarca Guna Yala, su posición costera ha desencadenado interacciones más profundas del narcotráfico, generando intermediarios indígenas y en algunos casos, autoridades dispuestas a colaborar con el proceso de trasiego de drogas. También se encuentran grupos de la población indígena que generan sus riquezas a partir de esta colaboración, generando conflictos con las autoridades judiciales del país. Sin embargo, la mayoría de las autoridades indígenas de la comarca Guna Yala, propugnan por combatir y evitar tanto el trasiego, como la colaboración y el creciente consumo que se da en la población jóven de la Comarca. En menor escala este fenómeno se está dando en la comarca Ngäbe Buglé, en la medida que los mecanismos de tráfico de drogas van variando. Sin embargo, el denominador común es lo carencia de respuesta institucional en estos territorios, la pobreza que los afecta y lo difícil, geográficamente hablando, del territorio. La construcción de una respuesta a esta realidad del tráfico de drogas, va más allá del problema de instalar pie de fuerza en estas áreas indígenas, pues mientras la pobreza, falta de educación y de oportunidades se mantenga, la droga seguirá siendo la oportunidad de algunos y el dolor de muchos de los indígenas.
Daniel Matul dio una visión general de Centroamérica lo que concierne el narcotráfico y el crimen organizado. Los pueblos indígenas se ven afectados como actores, tanto como víctimas. En el contexto de las nuevas realidades planteadas por el fin de la Guerra Fría, el descongelamiento de las relaciones Este-Oeste y la llamada transición a la democracia en Centroamérica, los abordajes a la agenda de seguridad hemisférica demandaron un mayor consenso alrededor de una serie de valores e intereses compartidos en materia de seguridad. Como un primer paso y con el objetivo de desarrollar enfoques más apropiados, que reconozcan la existencia de amenazas de carácter no tradicional, los países del hemisferio avanzaron hacia la construcción de regímenes internacionales que reconocieran naturaleza diversa y multidimensional de tales fenómenos. Nuevos grupos de actores están ingresando de manera fluida en el negocio del lavado de dinero y sus actividades conexas; trayendo nuevos desafíos y nuevas formas de operar en el tráfico ilícito. Como resultado de ello, esta situación conduce a una permanente búsqueda y mejoramiento de los recursos y realineamientos dentro del mundo del tráfico ilícito. Entre los más importantes elementos de esta nueva geografía, el crimen organizado y sus redes de apoyos y comercio, están el creciente fortalecimiento de las organizaciones mexicanas y el debilitamiento y fragmentación de las estructuras colombianas. En este contexto, las figuras que lideran el proceso de comercio ilícito son menos importantes que las redes. Este flujo ilegal de bienes, personas, capitales y productos (armas, drogas, vehículos, especies, patrimonio cultural, entre otros) no ocurre de manera lineal. No hay una sola dirección en términos de un “lugar de origen” y un “lugar de destino”. Antes bien, estos flujos tienden a ser circulares, tanto en el flujo de bienes, como en el uso de la fuerza. Las expresiones de la violencia en México, como en Centroamérica (Maras y Zetas), muestran la forma en que el crimen organizado se está rearticulando en una dimensión que rebasa la imagen de la tradicional bodega con la que se organizaba el crimen en la región. Esto significa nuevas formas de organización, de desplazamiento, de control y redes de trabajo. El dinamismo con el que el crimen organizado se rearticula en la región, ha puesto fin a la vieja imagen de “la bodega centroamericana” y, ha marcado, el inicio de una imagen mucho más activa de la región en función de los pequeños actores, que mueven o ayudan a mover bienes, productos, personas y capitales, entre el norte y del sur de América. La forma de percibir y entender a la región en función del crimen organizado podría cambió en los últimos diez años. Ciertamente la imagen de “puente”, “bodega”, “refugio” o “parada”, ya no es suficiente para explicar la presencia de la criminalidad organizada en Centroamérica. Lo que en principio comenzó siendo un “puente” o un “sitio de paso”, ha evolucionado a una imagen que se asemeja más a una “estación de servicio”, que a una bodega. Lo que anteriormente era un problema menor y focalizado (“bodega”), ahora se ha convertido en una amenaza a la seguridad del Estado, con mayor presencia en el territorio de los Estados y con fuertes vinculaciones, no sólo entre los Estados de la región, sino entre actores regionales importantes, como México y Colombia.
Finalmente, el guatemalteco Luis Mario Martínez Turcios habló sobre “Transformación de lo local, e impacto de la inseguridad y el narcotráfico en comunidades indígenas en Guatemala”. En las dos últimas dos décadas, el crecimiento de la criminalidad, la violencia y el fortalecimiento del crimen organizado, fundamentalmente el narcotráfico, están provocando transformaciones importantes en los territorios y en las dinámicas de las comunidades indígenas. Ha favorecido el surgimiento de grupos de seguridad local, que han desplazado al poder estatal y ejercen control de las comunidades, violentando derechos, pero que en muchas ocasiones se asocia con el narcotráfico y otras redes criminales. Además, las características de los territorios indígenas están marcadas por una fuerte conflictividad social, débilmente abordada por el Estado, y que se ve permeada por la realidad del crimen organizado, creando condiciones para escaladas importantes de los conflictos.
Las principales conclusiones del seminario fueron que si bien antes América del Sur era visto como la parte de la región “productora” y Centroamérica como región de “tránsito” del narcotráfico, hoy en día el crimen organizado se mueve en redes establecidas que han logrado romper con los roles otorgados anteriormente. América Latina parece estar inmersa en el problema de narcotráfico y crimen organizado, esto también por la falta de estructuras estatales en zonas remotas de la región. Los efectos sobre los pueblos indígenas son múltiples, tanto en el sentido de que participan en las actividades ilícitas, como también en el sentido que sienten los efectos negativos como violencia, entre otros, sobre sus comunidades.