Notas de acontecimientos
El Foro Internacional “Participación Indígena en Partidos Políticos del Centro Humanista” se llevó a cabo el 10 de mayo en la ciudad de Tegucigalpa en Honduras. Este encuentro internacional fue promovido por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), el Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI) de la Fundación Konrad Adenauer, el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano de Honduras.
Inauguración
De las palabras de inauguración estuvieron a cargo el senador Jorge Ocejo, presidente de la ODCA, Susanne Käss, representante del PPI, Ricardo Álvarez, alcalde de Tegucigalpa y presidente del Partido Nacional de Honduras y Felicito Ávila, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras.
El presidente de la ODCA, Jorge Ocejo, precisó que la participación indígena en los partidos políticos es imprescindible “en primer lugar por el principio universal de dignidad humana; en segundo lugar, por el compromiso con la democracia; en tercer lugar por el compromiso con la igualdad; y, en cuarto lugar, por que la vida comunitaria, la realización integral y la construcción de un mundo mejor sólo es posible con la participación fraterna de todos”.
El senador mexicano destacó que “para la ODCA, el desafío actual es seguir luchando por la democracia pero no sólo entendida como el gobierno de la mayoría, sino como el gobierno de todos”, precisando que “para derrotar la pobreza y las desigualdades que persisten en nuestro continente, aspiramos a sociedades inclusivas y en ellas no puede haber sectores excluidos en razón de su poder económico o social, de su edad, de su sexo o de su origen racial”.
Finalmente, Ocejo llamó a los partidos de la ODCA a incorporar la temática indígena en las plataformas partidarias y promover la participación indígena en los partidos y en la sociedad. “Los partidos de la ODCA tenemos la responsabilidad de seguir siendo fieles a nuestros principios humanistas cristianos y a seguir siendo fieles con la historia de 65 años de lucha por la democracia y la dignidad humana”. Concluyó que “sin la participación indígena en nuestros partidos demócrata cristianos y del centro humanista, cualquier objetivo, cualquier plan de gobierno o política, y cualquier proyecto humanista sería parcial, e insuficientemente democrático”.
Susanne Käss, representante del PPI, sostuvo que “los partidos políticos deben trabajar en la elaboración de políticas públicas y en la creación de estructuras y mecanismos que permitan la participación de líderes indígenas en los partidos políticos”. Advirtió que “la participación política indígena que promueven los partidos humanistas y cristianos se fundamenta en razones de principios y valores, a diferencia de los partidos populistas que la utilizan sólo como una estrategia para ganar votos”.
Por su parte, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Felicito Ávila, destacó el principio de igualdad de oportunidades y de inclusión de todos los sectores en la participación política y recalcó que “los partidos miembros de la ODCA tienen la responsabilidad de ser coherentes con sus principios para cambiar la realidad de los partidos y de la sociedad”.
Finalmente, el presidente del Partido Nacional y actual alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, destacó los avances de su partido y del Gobierno del presidente Porfirio Lobo en la participación indígena en la acción gubernamental y partidaria. Sin embargo, advirtió que se deben generar normas que impidan que el derecho a la participación indígena sea coartado por autoridades electorales o administrativas. Concluyó afirmando que “terminar con la discriminación es indispensable para una democracia plena”.
Exposiciones
Posteriormente a la inauguración, invitados nacionales e internacionales expusieron sobre el tema. Los panelistas fueron Víctor Huitzil, secretario general del Partido Acción Nacional de Puebla (México); Luis Green, secretario de Estado de los Despachos de Pueblos Indígenas de Honduras; Irene Gallego, diputado del Partido Popular de Panamá; y María Soledad Pérez, diputada peruana del Partido Popular Cristiano.
El primer panelista, Victor Huitzil, denominó su exposición “Mi orgullo de ser mexicano, mi compromiso de ser panista”. El panelista Huitzil es militante del PAN desde 1982. El PAN tiene 72 años de historia y es un partido humanista, que se basa en los cuatro pilares de la doctrina del humanismo político: persona humana, solidaridad (forma de convivencia social), subsidiaridad (fundamento de la autodeterminación de las comunidades menores y poder social) y bien común (conjunto de condiciones que permite y favorece a seres humanos de tener un desarrollo integral). Fundado en 1939 por Manuel Gómez Morin junto con Efraín González Luna, Adolfo Christlieb Ibarrola, Rafael Preciado Hernández y otros, el PAN fue durante el siglo XX el principal partido opositor en México. El PAN no se basó en una ideología porque esta estaría en constante metamorfosis social y política. Por eso se fundamentó en los principios de la doctrina mencionada, que no ha sido modificada hasta el día de hoy, pero sí ha sido actualizada considerando que tanto el pensamiento como la tecnología han modificado la interrelación social y las comunicaciones. La actualización de la doctrina del PAN se llevó a cabo en dos momentos: 1) en 1965 y 2) en 2002. Actualmente, el PAN enfoca la búsqueda de la integración de la sociedad en una sola, sin dirigirla.
México cuenta con 32 entidades federativas donde se concentran 2456 municipios y con 112 millones de habitantes. México es de origen indígena. Los indígenas se concentran en 20 regiones ubicadas en 907 municipios. Se habla de 14 millones de habitantes indígenas que representan el 13% de la población total. Entre las etnias con mayor reconocimiento se encuentran los amuzgos en los Estados de Oaxaca y Guerrero; los chinantecos en Oaxaca; los chontales en los Estados de Oaxaca y Tabasco; los huastecos de San Luis de Potosí y Veracruz; los lacandones del Estado de Chiapas; los mayas de los Estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán; los mayos en Sonora y Sinaloa; los mazahues del Estado de México; los mazatecos de Oaxaca; los mexicaneros en los Estados de Durango, Jalisco y Zacatecas; los mixes de Oaxaca; los miztecos de los Estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca; los náhuas de Guerrero; los otomíes del Estado de México; los popolucas de Tabasco y Veracruz; los tarahumaras de Chihuaha, Durango y Sonora; los totonacas en los Estados de Puebla y Veracruz; los yaquis en Sonora; y los zapotecos del Estado de Oaxaca.
Lamentablemente, la población indígena vive en marginalización social, educativa y económica en México. En doce años de gobierno del PAN se han implementado varias políticas públicas en beneficio de los sectores más marginalizados de la población, entre ellos los indígenas. Algunos ejemplos son el programa “Oportunidades” que es una política pública integral que fomenta la salud, la educación y la alimentación. Ayuda especialmente a las familias que viven en condiciones de pobreza alimentaria y/o con ingresos muy bajos. Otro programa es el de “Seguro Popular” que es un servicio de cobertura de servicios de salud a aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con un empleo o que trabajan por cuenta propia y no dependen de ninguna institución para obtener el seguro social. Asimismo, se cuenta con el programa “Piso Firme” que beneficia a las familias que viven en casas con pisos de tierra y los sustituyen por pisos de concreto. Gracias a este programa, 94% de la población cuenta con un piso firme. El programa “70 y más” tiene el propósito de apoyar a mejores condiciones de vida de las personas de 70 años y más; se entrega cada dos meses apoyo alimentario. El programa “Empleo Temporal” atiende a las personas afectadas por la oferta baja laboral. A parte de estas políticas públicas que también benefician a los pueblos indígenas, el gobierno federal del PAN ha creado la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que busca atender de manera directa las necesidades de estos ciudadanos.
Específicamente en Puebla, donde Victor Huitzil es Secretario General del PAN, el PAN gobierna 80 de los 217 municipios, entre ellos la capital. 31 de los 80 municipios tienen población indígena. Un programa que resalta el expositor y define como exitoso en Puebla es el de “Pueblos Mágicos” que destaca las tradiciones de las poblaciones indígenas, lo que hace estas regiones más atractivas para el turismo. El propósito es la mejora de calidad de vida de estos habitantes.
El siguiente expositor, el Secretario de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, Luis Green, centró su exposición en el tema “El Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohundureños y su Contribución al Fortalecimiento de la Democracia”. La institución a cargo de las temáticas indígenas y afrohondureñas, la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH), creada en 2010 bajo el presidente Porfirio Lobo, fue creada para la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas que fomenten el desarrollo económico, social, cultural- académico y ambiental de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes del país. Tiene como objetivo institucional fomentar el desarrollo económico, social, político y cultural a efectos de reducir la pobreza, discriminación y marginalidad, respetando y valorando los conocimientos, principios y costumbres de los pueblos indígenas y afrohondureños. Para alcanzar este objetivo, el SEDINAFROH tiene siete oficinas regionales: la Regional 1 que está ubicada en la región de Puerto Lempira, en la capital Gracias a Dios y se ocupa de los pueblos miskitu, tawahka, pech y afrohondureños. La Regional 2 está ubicada en el departamento de Atlántida, en la capital La Ceiba, región que comprende los pueblos afrodescendientes garifunas y de habla inglesa. La Regional 3 está a cargo del pueblo lenca en el departamento de La Paz. La Regional 4, ubicada en Copán, se hace cargo del pueblo maya chorti. La Regional 5 se encuentra en Catacamas, en el departamento de Olancho, donde radican los pueblos pech y nahua. La Regional 6, ubicada en Yoro, se ocupa del pueblo tolupan. Finalmente, la Regional 7 con sede en Roatán, en Islas de la Bahía, está a cargo de los pueblos afrodescendientes garifunas y de habla inglesa.
Del 12% al 18% de la población hondureña pertenece a los nueve pueblos indígenas y afrohondureños listados a continuación: tawahka, pech, tolupan, lenca, miskitu, maya chorti, garifunas, isleños de habla inglés y nahua. De estos pueblos, los lencas y los garifunas son los más numerosos. Existe presencia de indígenas y afrodescendientes en 16 de los 18 departamentos de Honduras. La totalidad de esta población se encuentra bajo la línea de la pobreza (el 60% representa núcleos de población pobre y el 40% restante vive en condiciones de extrema pobreza).
Según Green, los factores que contribuyen a la pobreza de este sector de la población son el escaso desarrollo institucional/organizacional de los gobiernos locales y de las comunidades para la planificación participativa, gestión, administración y seguimiento de proyectos. También la falta de oportunidades generadoras de ingresos, carencia de asistencia técnica, financiera y de conocimientos del mercadeo de los productos, problemas de tenencia de tierras, etc. son un problema. Asimismo, la falta de acceso a los servicios básicos y el aislamiento geográfico son factores a considerar.
Algunos de los proyectos iniciados por SEDINAFROH son el acompañamiento del Programa Nacional de Educación de las Etnias Autóctonas y Afroantillanas (PRONEEAAH); la elaboración del Reglamento General de la Dirección de Educación Intercultural Multilingüe (DGEIM); la facilitación para la implementación de un modelo de interculturalidad en la Universidad Agrícola de Catacamas, Olancho, que permitió el ingreso de aproximadamente 120 estudiantes de los pueblos indígenas y afrohondureños; actividades de vinculación en redes de género promovidas por el Instituto Nacional de la Mujer y dependencias estatales en defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas y afrohondureñas; acompañamiento a la Primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes celebrada en La Ceiba, Atlántida, entre el 18-22 de agosto de 2011; fomento del Decreto Ejecutivo PCM-003-2011, que declara el año 2011 como el “Año Internacional de los Afrodescendientes” en Honduras; la facilitación en la suscripción y firma de convenios entre el gobierno de la República y los pueblos miskitu, maya chorti y lenca para la atención estatal de sus demandas específicas; el impulso al Proyecto de Desarrollo Microempresario de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMIN), que busca promover el desarrollo de microempresas, orientado al mercado en comunidades rurales pobres en las áreas forestales remotas de los departamentos de Olancho, Yoro, Francisco Morazán y El Paraíso.
La tercera exposición estuvo a cargo de Irene Gallego, diputado del Partido Popular de Panamá. La presentación se denominó “Participación Política en el Partido Popular Comarca Ngäbe-Bugle”. El sistema electoral panameño prevé cada cinco años la elección de un presidente de la República, 71 diputados (de los cuales cinco diputados son indígenas, tres de la comarca Ngäbe-Buglé), 75 alcaldías (nueve alcaldías son indígenas) y 625 representantes de corregimientos (70 representantes indígenas). En Panamá existe la figura de las comarcas (en total cinco), donde la más grande es de las comunidades indígenas ngäbe y buglé. Además de esta comarca, se cuentan la de Kuna Yala y Emberá y las sub-comarcas Kuna Madugandi y Kuna Wargandi. De los aproximadamente 3 millones de panameños, 10% representan población indígena. Existen siete etnias indígenas: kuna, ngäbe, buglé, teribe (naso), emberá, wounaan y bri bri. Los teribe y los bri bri están protegidos por una Ley de Tierras Colectivas (Ley 72).
La participación política indígena en Panamá inicia con la fundación del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en 1960. Durante la dictadura militar en Panamá, de 1968 al 1989, los representantes indígenas no se integran a ningún partido, pero algunos líderes indígenas fundadores son electos como representantes de corregimientos. Su elección no es a través de partidos políticos, sino por papeleta a colores. En esta época sólo la unidad más pequeña de la estructura política administrativa del país es tomada en cuenta. Finalmente, estos líderes son absorbidos por el sistema de gobierno. En 1980 al pueblo ngäbe le es asignado un circuito electoral (4-4) dentro de la Provincia de Chiriquí y a la comarca Kuna Yala otro circuito electoral. En 1989, con la restauración de la democracia, los pueblos ngäbe y kuna eligen un legislador por pue blo por el PDC. También son electos cinco representantes indígenas de corregimientos del PDC. En las elecciones de 1994 postularon candidatos indígenas para legisladores y representantes de corregimientos. Salieron electos dos representantes. En las elecciones de 1999 fueron elegidos un alcalde y cuatro representantes de corregimientos. En el 2001, el PDC cambia su nombre a Partido Popular (PP) para abrirse a un abanico más amplio de electores. En las elecciones del 2004 se realizaron las postulaciones a diferentes puestos de elección en las diferentes comarcas, pero solamente en la comarca Ngäbe-Buglé son electos tres representantes de corregimientos del PP. En las elecciones del 2009 fueron electos dos representantes de corregimientos, un vicealcalde y un diputado. En total, la democracia cristiana ha luchado 52 años por justicia social en las áreas indígenas, como concluye el diputado.
Finalmente, la diputada peruana del Partido Popular Cristiano, María Soledad Pérez, expuso sobre “Dificultades para la Efectividad del Derecho de Participación de los Pueblos Indígenas en Perú”. Existen diversos instrumentos internacionales que otorgan una serie de derechos a los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT nace a partir de un informe sobre trabajo forzoso, en el cual se arroja que el 80% de hombres y mujeres sometidos a trabajo forzoso eran indígenas. El Convenio 169 es uno de los primeros instrumentos jurídicos internacionales que deja a un lado el concepto de asimilación y prevé que los pueblos indígenas tengan derecho a la autodeterminación y se clarifiquen una serie de otros derechos como el derecho a la consulta, la participación política y la acción gubernamental coordinada. También la ONU tiene una serie de mecanismos de protección a los pueblos indígenas: Relator Especial (2001), Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (2002), Declaración de la ONU (2007), etc..A nivel de América Latina el Sistema Interamericano hace grandes aportes. En Perú, la Constitución de 1993 reconoce por primera vez a la población peruana como multicultural y pluriétnica.
En relación a lo institucional, primeramente en 1946 se crea el Instituto Indigenista. Más tarde inician las tareas de la Coordinadora Nacional de Pueblos Amazónicos, Campesinos y Afroperuanos. Asimismo, los pueblos indígenas tratan de hacerse escuchar a través de la Defensoría del Pueblo. El Estado hace un esfuerzo en el sentido de apoyar a un Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la CAN (mesa de trabajo). En el ámbito legislativo se crea una comisión de pueblos amazónicos, andinos, afroperuanos, ambiente y ecología. Adicionalmente, se fomenta la existencia de un grupo parlamentario indígena.
Pese a estos esfuerzos, los indígenas siguieron y siguen viviendo en desventaja: hasta 1979 los indígenas en Perú no votaban, la cuota indígena (amazónica) del 15% no siempre se cumple, sigue siendo un grupo vulnerable, sus derechos no son efectivos, las políticas publicas no son accesibles, siguen en una posición de desventaja, están sometidos a la arbitrariedad, están indocumentados y alejados. Además existe un problema de cuantificación. En el Censo del 2007 el enfoque estuvo en los pueblos indígenas amazónicas y la pregunta étnica tomaba en cuenta sólo criterios objetivos como la lengua, y no el aspecto de la autoidentificación.
La invisibilización de los indígenas en Perú tiene varios riesgos: la no incorporación de los pueblos indígenas en el concepto de Estado genera conflictos sociales (en Perú existen actualmente 200 conflictos) que pueden llevar a la paralización de obras en marcha o la pérdida de vidas humanas. Otro riesgo es la violación a la responsabilidad internacional del Estado por no cumplir su rol de garantía y de respeto y por no implementar los convenios firmados. La imposición de agendas no coincidentes, como la Ley de Consulta, o en el ámbito de la justicia intercultural y la implementación de leyes en general, es otro riesgo. Además, existe el riesgo de la falta de identidad no voluntaria por preferir renunciar a los orígenes e identidad ancestrales para proteger a futuras generaciones y el abandono de modelos tradicionales por temor a la exterminación.
A estos riegos deberían establecerse diversas respuestas. Las respuestas del derecho deberían ser la provisión de una definición de pueblos indígenas uniforme, identificando elementos comunes, para que se hagan efectivos los derechos de todos los pueblos indígenas (no sólo el de los pueblos amazónicos). Además se debería trabajar más en profundidad en la cuota indígena (en la práctica la cuota de mujeres en general ha sido efectiva para mujeres indígenas) ya que existe el peligro de discriminación. También es necesario velar por una representación indígena en el parlamento, en consejos consultivos, introduciendo escaños específicos. El peligro es la falta de representación de la totalidad de la realidad indígena.
Por parte de la política las respuestas deberían ser: voluntad puesta en evidencia a través de políticas públicas inclusivas y consultadas; generación de confianza para dialogar; respeto por nuestras diferencias y conciencia de nuestras semejanzas; búsqueda de una visión de desarrollo común; y respeto por una agenda indígena no partidarizada que se materialice en los planes de gobierno. Las respuestas desde la sociedad deberían apuntar a: debates informados; no discriminación; respeto y tolerancia; buscar consensos; solidaridad en la distribución de la riqueza; consciencia de la pluriculturalidad como riqueza; diálogo como instrumento; entender que los procesos sociales son distintos a los procesos tecnológicos (se necesita más tiempo).
Las ponencias clarificaron que la inclusión de los pueblos indígenas en las estructuras partidarias de los partidos humanistas cristianos sigue siendo un desafío. Sin embargo, el esfuerzo por el apoyo a los sectores sociales marginalizados en general es evidente, sobre todo considerando las políticas públicas. Estas políticas públicas e instituciones estatales que enfocan el tema indígena son un buen inicio para seguir desarrollando políticas para pueblos indígenas, con la intención de incluir a actores indígenas en su diseño, monitoreo y evaluación.
El público consistió en alrededor de 100 personas, entre las que mayormente se encontraban funcionarios y afiliados del Partido Nacional de Honduras y el Partido Demócrata Cristiano de Honduras, como también otros interesados. Como en Honduras la creación del SEDINAFROH es reciente, las preguntas apuntaron sobre todo a la institucionalización de la temática indígena en los diferentes países. Asimismo, el interés por el proceso y la creación de políticas públicas para pueblos indígenas en la región fue evidente.