Notas de acontecimientos
El día 24 de septiembre se llevó cabo el seminario “Políticas públicas pioneras para pueblos indígenas: una comparación a nivel de América Latina” en la ciudad de México, evento organizado por el Programa Regional de “Participación Política Indígena” (PPI) en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Con este evento se apuntó al intercambio de buenas prácticas y experiencias entre los países de América Latina que implementaron políticas públicas para pueblos indígenas. Adicionalmente fue objetivo proveer una visión general del estado de la cuestión en estos países. Los expositores fueron personas y representantes de instituciones que han sido activas en planificar y ejecutar estas políticas públicas pioneras. El evento se llevó a cabo durante todo el día e incluyó amplios espacios de discusión y debate.
Inauguración
El seminario fue inaugurado por la Representante del PPI, la señora Susanne Käss, la misma que dio la bienvenida a todos los presentes e introdujo a los expositores. Para la KAS es importante trabajar el tema de la exclusión indígena en los procesos en general y democráticos en particular. Los pueblos indígenas son sectores muy importantes de la sociedad y se deben buscar mecanismos para una participación política plena. Solamente así es garantizada una democracia estable. Por eso el PPI enfoca dos objetivos principales: 1) La sensibilización de actores no tradicionales, como partidos políticos, para que éstos incluyan en sus estructuras a actores indígenas; y 2) la creación de espacios de diálogo interculturales e interdisciplinarios para que se discutan temas que son de suma importancia para los pueblos indígenas. Este evento tuvo como propósito cumplir ambos objetivos. Adicionalmente, el evento representó un incentivo para reflexionar sobre las políticas públicas ya implementadas y los déficits que representan al no siempre poder resolver los mayores problemas de los pueblos indígenas, como lo es la pobreza.
Francisco Javier Jara, Secretario Ejecutivo de la ODCA, agradeció a todos los colaboradores de este evento y les dio la bienvenida a Susanne Käss, a Stefan Jost, Representante de la KAS en México, a Iván Rodrigo Cortés, Secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y a todas las autoridades, expositores nacionales e internacionales e interesados presentes. Agradeció nuevamente a la KAS por el apoyo continuo a favor de las sociedades latinoamericanas democráticas y humanas. ODCA cumple 65 años de existencia y se ha convertido a partir de este periodo de trabajo permanente en la organización política más antigua existente hoy en el continente. Este evento es muy especial para ODCA ya que refleja el esfuerzo de seis décadas por consolidar la democracia, por perfeccionar y ampliar la participación de todos en una sociedad, así como debe ser una auténtica democracia. La ODCA tiene la convicción que el proyecto político humanista sólo puede ser alcanzado con la participación de todos. Esta convicción se fundamenta en la promoción de la dignidad humana y el respeto a los derechos que emanan de la naturaleza humana. Además que desde el punto de vista del proyecto político de los partidos de la ODCA, aspira a la constitución de una sociedad más humana. La ODCA tiene un compromiso con la ampliación y la profundización de la democracia ya que la exclusión de sectores de la sociedad no sólo consagra la pobreza, las desigualdades y la injusticia, sino también conspira contra el objetivo último de lograr una sociedad en la que todos puedan lograr su realización plena y tener una vida digna. Por lo tanto, se tiene claro que la participación política, económica, social y cultural de las comunidades indígenas no sólo es buena y deseable desde un punto de vista moral, sino que es imprescindible para la profundización de la democracia y un requisito indispensable para lograr el ideal de una sociedad humanista, comunitaria y fraternal. El economista norteamericano Mancur Olsen decía: “Cuando uno se pregunta porqué algunas naciones son ricas mientras otras son pobres, la idea clave es que las naciones producen dentro de sus fronteras no aquello que la dotación de los recursos permite, sino aquello que las instituciones y las políticas públicas permiten”. Por ello se quiere rescatar el valor de las políticas públicas. Pero no sólo de las políticas públicas “a secas”, sino de las políticas públicas con un sentido humanista. La ODCA cree que su responsabilidad es mayor y que puede trabajar con otras organizaciones políticas y asociaciones que compartan el objetivo común de perfeccionar la democracia. El Secretario Ejecutivo destacó la importancia de seguir trabajando en políticas públicas que sean humanistas y que contribuyan a enriquecer la vida de las personas.
Los expositores fueron María Soledad Pérez, Diputada del Partido Popular Cristiano del Perú,; Demetrio Cojtí, ex Viceministro de Educación y actual Asesor del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala; la chilena Isolde Reuque, ex Consejera y Sub Directora de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI); Ana Teresa Ávila, Coordinadora del Proyecto Balance de las Políticas Públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas de Panamá de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana; el mexicano Xavier Abreu, Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); el ex Vicepresidente indígena de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas. Por último, expusieron las mexicanas Eufrosina Cruz, Diputada indígena federal, y Xochitl Gálvez, ex Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y exitosa empresaria indígena.
Exposiciones
La primera exposición, a cargo de María Soledad Pérez Tello, hizo una introducción al aspecto jurídico, como fundamental al aspecto legal del tema. En este sentido, la expositora mencionó como importantes instituciones de derechos a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Naciones Unidas en general y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos dictados por estas instituciones giran alrededor de la dignidad de la persona humana, la justicia, la libertad y la paz. Pero únicamente la ley no es suficiente; se trata de sociedades que necesitan respetar a los indígenas y a los pueblos originarios. Este respeto se dio mediante un proceso sociológico que pasó por el asimilacionismo y recién en la actualidad se caracteriza por el reconocimiento.
Una organización que refleja este proceso es la OIT que apunta a la justicia social mediante la repartición justa de riquezas, que sólo se logra a partir del trabajo. Por eso la OIT enfoca la garantía de derechos laborales, lo que va estrechamente relacionado con el trabajo forzoso. Un análisis del trabajo forzoso demostró que los indígenas son los más afectados respecto al trabajo forzoso. La OIT se propuso regular esta situación a partir del Convenio 107 que tenía todavía una lógica “de arriba abajo” y que supera el complejo racial y la discriminación y la convierte en asistencialismo insertando a los indígenas en la lógica “mestiza”. Esto es superado mediante el Convenio 169 que asegura derechos de participación política plenos y hace hincapié en la libre decisión de cómo los pueblos indígenas quieren vivir; así como en temas de tierra, el derecho a la consulta previa, educación, salud, definiciones como la de los pueblos indígenas, entre otros. Sin embargo, el Convenio 169 se concentra en el tema laboral, por lo que nace la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que es un instrumento mucho más específico para los pueblos indígenas.
En Perú la populación indígena alcanza un 50% de la población; pero esto no está presente porque lo indígena en Perú, desde el punto de vista sociológico, es un tema marginado. Muchos indígenas no se autoidentifican como indígenas para evitar la discriminación. En sentencias de la Corte Interamericana, basados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígena de Naciones Unidas, se ha utilizado mucho el argumento de la propiedad, respetando la relación de los indígenas con la naturaleza, para asegurar demarcaciones territoriales. A partir de esta delimitación territorial, se da protección a los pueblos indígenas, a su educación, a su cultura, etc.. Sin embargo, la Diputada considera que este reconocimiento representa un gran problema en la mayoría de los países latinoamericanos, también y sobre todo en Perú, donde la Ley de Reforma Agraria no ha sido implementada de una forma idónea y que representa un trauma para la sociedad.
Asimismo, en Perú todavía existe el complejo de superioridad y el asimilacionismo, sobre todo en instancias de toma de decisión. Esto fue reflejado en Bagua, donde a partir de una serie de decretos bajo Alan García se cometieron tres grandes errores: 1) Alan García escribió unos artículos en el periódico “El Comercio” llamados “El síndrome del perro del hortelano”, donde critica la poca productividad del Perú teniendo tantas riquezas posibles de explotar y critica poblaciones que “ni comían que ni dejaban comer”, refiriéndose a que todo el proceso de consulta previa no permitía intervenciones en las zonas con recursos extractivos en territorios indígenas. 2) En el artículo de García, parecía que estaba haciendo una división entre ciudadanos de primera y segunda clase. 3) Se despidieron decretos de urgencia que estaban relacionados con la extracción maderera en territorios indígenas, lo que provocó una huelga de los pueblos indígenas y desembocó en confrontaciones violentas en Bagua. Esto conmovió mucho al país y el tema indígena, sobre todo el derecho a la consulta previa, empezó a aparecer en la agenda pública. En reconocimiento a Bagua, se presentaron cuatro proyectos de leyes sobre la consulta previa, tres por parte del partido de gobierno. Al final se escogió a un proyecto que no reconocía los supuestos en el que el consentimiento se consolida. Y ese es el gran problema de la legislación del Perú; no se acepta que existen por lo menos tres situaciones, donde el consentimiento es obligatorio: desplazamiento de la población, ingreso de militares y desplazamiento de deshechos tóxicos. Se crea una texto sustitutorio en agosto de 2012, la Ley 29785, llamada Ley de Derecho a la Consulta Previa para los Pueblos Originarios reconocidos en el Convenio 169 de la OIT. El reglamento de esta norma se demoró siete meses porque quedaban preguntas abiertas respecto a la delimitación territorial, a la autoidentificación, la falta de una base de datos adecuada, entre otros. El Viceministerio de Interculturalidad, que reglamentó la Ley, finalmente despidió el Decreto 001/2012. Todavía no se ha dado ningún caso de consulta previa; la primera está planificada para los próximos meses a propósito de la legislación del Lote 1-AB, que es un lote petrolero que ya tiene 40 años de trabajo, pero que enfrenta el vencimiento de la concesión. En estos 40 años no se han mitigado los daños (contaminación, deshechos, etc.) de este lote petrolero a los pueblos indígenas.
Entonces ¿cuáles son los problemas de implementación? Primero, no se acepta el consentimiento por obligación porque se prioriza la inversión. Esto es un error, porque finalmente los Estados por irresponsables tendrán que reparar daños a las empresas, a las que les dieron las concesiones necesarias para explotar recursos en territorios propios, y a los pueblos indígenas. El supuesto de consentimiento obligatorio sí existe y ha sido recogido por la Corte Interamericana en todos los casos con pueblos indígenas. Incluso los Estados latinoamericanos tienen la obligación de consultar, aunque no hayan firmado el Convenio 169 de la OIT o/y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Naciones Unidas, porque están sometidos al sistema de la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia obliga a los países a los procedimientos de consulta previa.
Otro gran problema que existe en América Latina, es que no se sabe que hacer con los proyectos que fueron aprobadas entre 1995 y 2012 y que no fueron sometidas a la consulta previa. En el caso de Perú, la ley y el reglamento no contemplan el reglamento y la aprobación de leyes a nivel legislativo. En el legislativo se ha discutido el proceso de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada en base a un informe con toda la base internacional, elaborado por una serie de instituciones, y reflejando la problemática actual del tema en Perú. Acá el Tribunal Constitucional juega un rol importante de que se cumplan las reglas y que todos los insumos sean tomados en cuenta.
El tercer problema es la desconfianza que existe entre indígenas y mestizos. Esta desconfianza se ha generado porque muchas veces los mestizos no cumplieron con sus promesas de mejorar la salud y la educación para los pueblos indígenas. El cuarto gran problema son las agendas diferenciadas. La agenda hoy de los pueblos indígenas del Perú es declarar la inconstitucionalidad parcial de la Ley de Consulta Previa por no reconocer los supuestos de cumplimiento obligatorio, así como mejorar sus condiciones de salud y educación. La agenda del ejecutivo es hacer la primera consulta previa sin tener claridad sobre la base de datos y la delimitación territorial. La agenda del legislativo es reglamentar la ley y ajustar la agenda cultural.
En base a esto, los desafíos de las políticas públicas en Perú son ajustar el presupuesto, repensarlo y replantearlo. Lamentablemente hoy en día a nivel de los congresos, el presupuesto no se debate, se aprueba. Otro desafío son las dificultades geográficas por el problema de accesibilidad. Así, la distribución de regalías, por ejemplo, nunca llega a estas comunidades.
El segundo expositor fue Demetrio Cojtí, que tocó el tema de “Políticas indígenas actuales del Estado guatemalteco”. El señor Cojtí introdujo su exposición manifestando que Guatemala tiene un paradigma monista y racista respecto a la desigualdad; existen razas y culturas superiores e inferiores. Desde 1985 hasta hoy se ha dado la tentativa de iniciar con políticas públicas de tipo igualitario y pluralista, sin embargo, estas políticas públicas no se consolidan porque no existe voluntad y decisión política para apoyar la política pluralista de reconocimiento a los pueblos indígenas. En la actualidad sigue la inercia del antiguo paradigma racista y desigualitario que está presente desde la invasión española.
La política vigente es asimilacionista. Se reconocen los derechos culturales, pero sólo a nivel individual y no colectivo. Los derechos indígenas que no están reconocidos son los políticos, los de territorialidad, de autodeterminación, de autogobierno y los derechos a la representa ción. Mucho menos está abordado lo que es cambiar la estructura del Estado, por ejemplo, cambiar lo que es un Estado unitario y centralista a un Estado federal y con estructuras autonómicas. Esta forma de organización política es la más conveniente para Estados que son pluriétnicos, multiculturales y multilingües, como lo es Guatemala.
Los acontecimientos clave que han ayudado que en Guatemala se eleve el perfil de los pueblos indígenas, fue la Guerra interna que terminó en 1985, la nueva Constitución Política del Estado que corta de cierta forma con el paradigma antiguo monista y racista e introduce el pluralismo (sobre todo visible en la Declaración de la Constitución), los Acuerdos de Paz (Acuerdos Indígenas) que toman vigencia en 1996 y el cambio de era en el 2012 según la percepción maya.
Desde la perspectiva legislativa, el Congreso ha aprobado alguna legislación específica para pueblos indígenas. Sin embargo, lo que predomina es la igualdad de todos, por lo que el enfoque está en los derechos individuales y no en los colectivos. Se ha ratificado el Convenio 169 y se han emitido algunas leyes, como la Ley de Idiomas Nacionales en el 2003 y la Ley de Divulgación contra el Racismo y la Discriminación. En términos generales, existen más leyes para la juventud y para las mujeres que para indígenas. En algunas leyes se nombra simbólicamente a los pueblos indígenas, como en la Reforma al Código Penal, en el Código Municipal, en la Ley de Sistemas de Consejos de Desarrollo y en la Ley de Descentralización. Se creó la Comisión de Pueblos Indígenas dentro del legislativo, de la cual ningún indígena o diputado quiere asumir la dirección. Además se creó la Academia de las Lenguas Mayas en 1989 desde el Congreso de la República. Pero no se ha institucionalizado ni la participación ni la representación de los pueblos indígenas. Hubo la implementación de secretarías para pueblos indígenas en algunos partidos políticos, pero que, según el expositor, son más simbólicas. Se puede decir que la elaboración de leyes para pueblos indígenas se ha paralizado desde el 2004 como también se ha podido observar una reducción paulatina del presupuesto general del Estado en temas indígenas y en las instituciones estatales designadas para indígenas.
Desde la perspectiva del ejecutivo, existe legislación gubernamental específica como acuerdos gubernativos que se generan desde la presidencia, por ejemplo, el Acuerdo de Generalización de la Educación Bilingüe. Lo que concierne legislación específica ministerial, se pueden destacar el Acuerdo Ministerial Pro Traje Indígenas (en algunas escuelas los niños todavía son persuadidos a no usar sus trajes típicos, pese a que existe una ley que regula este tema) y la propuesta de ley para lugares sagrados (esta propuesta de ley y nueve adicionales, entre ellas la de consulta, aún no pasan por el pleno en el Congreso). Desde 1996 se han creado varias instituciones indígenas estatales específicas que hasta la fecha ascienden a entre 16 a 21. Existen algunas instancias de “alto nivel” donde son nombrados representantes indígenas directamente por organizaciones indígenas, que son posicionados por el gobierno, como la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, el Consejo Asesor del Presidente de la República, la Defensoría de la Mujer Indígena, el Fondo para Desarrollo Indígena, entre otras. Las instituciones indígenas de “bajo nivel” dependen de un ministerio, de una secretaría o de un órgano descentralizado, como las direcciones generales, subdirecciones, departamentos, etc.. Asimismo, en el Ministerio de Trabajo existe un departamento que trabaja temas del Convenio 169 de la OIT, en el que entre sus trabajadores sólo se encuentra un indígena.
Entre las políticas públicas desde el ejecutivo se encuentran los Lineamientos de Multiculturalidad e Interculturalidad para el Sistema Educativo Nacional, la agenda pública para pueblos indígenas en el marco de los Acuerdos de Paz 2005-2012, la política pública para la Convivencia y la Lucha Contra la Desigualdad y el Racismo en Guatemala y planes y programa generales, donde sí se puede hablar de la consideración de una cierta interculturalidad en el país.
Desde el organismo judicial, las acciones para indígenas han avanzado muy poco a comparación de los otros poderes. Existe escaso acceso a los derechos por parte de los pueblos indígenas, y si existe, sin pertinencia cultural y jurídica. Para remediar esto, se han contratado a algunos intérpretes y traductores mayas judiciales y se han creado tribunales o juzgados comunitarios móviles o ambulantes para que puedan impartir justicia. Esto es para acceder al derecho estatal o mestizo. En cuanto al reconocimiento del derecho indígena, se puede decir que existe un reconocimiento constitucional de estos derechos. Adicionalmente, el organismo judicial lleva un compendio de todos los fallos que han emitido los Consejos de Ancianos, los que han emitido las alcaldías auxiliares, porque en las comunidades se resuelven los conflictos de cierta manera, por ejemplo, a través de la inmediata reparación. En algunos casos los tribunales y los jueces del derecho estatal han reconocido los fallos y no han vuelto a juzgar esos mismos delitos porque ya han sido fallados y decididos por el derecho indígena. Asimismo, se ha creado una Unidad de Asuntos Indígenas en el Órgano Judicial que tiene como objetivo asesorar en e introducir el derecho indígena en planes, programas y políticas del Órgano Judicial y capacitar a funcionarios y jueces del Órgano Judicial en el derecho indígena y pluralismo jurídico. También se han contratado a intérpretes o traductores bilingües y jueces bilingües.
Como evaluación de las políticas públicas para pueblos indígenas en Guatemala, el expositor comenta que dentro del Estado las políticas públicas son como una “incrustación”, como una estructura marginal dentro de una estructura general y masiva. Cuando se implementan estas políticas públicas, son capitalinas y urbanas en cuanto a cobertura geográfica. Su naturaleza en general es discursiva, declarativa o de palabra; las políticas públicas se quedan a nivel declarativo y al de la proclamación de estas políticas. En cuanto a la sostenibilidad, las políticas son de los gobiernos de turno, y no de Estado. La obligatoriedad del abordaje parece ser opcional u optativo. La direccionalidad es exploratoria o de ensayo-error, porque no se tiene un modelo de Estado multiétnico y multilingüe que sea aceptado por todos y hacia el cual todos se dirigen. Por último, la vigencia predominante es simbólica y folclórica.
Esta evaluación se da en base a las siguientes explicaciones: existencia de un sistema político y Estado casi fallidos; falta de voluntad política para acciones decididas del Estado y de gobiernos contra el racismo; falta de un movimiento indígena fuerte para presión y sostenibilidad; y falta de un modelo de Estado multiétnico aceptado para orientar políticas, planes y programas.
La siguiente expositora fue la chilena Isolde Reuque que habló sobre “Las políticas públicas y la participación social”, con un especial enfoque en los pueblos indígenas y, sobre todo, en las mujeres. A través de diversos encuentros y convenciones, donde los pueblos indígenas han dado a conocer sus reivindicaciones, se han circunscrito a agendas reivindicativas definidas por Naciones Unidas. Así se han ido configurando una seria de políticas públicas tendientes a revertir las diversas situaciones de discriminación vividas en Latinoamérica, en forma especial de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas. Pese al esfuerzo, la exclusión política, económica, social y cultural que afecta a los pueblos indígenas y a las mujeres no ha variado sustantivamente. Ello, por cuanto cualquier avance importante en estas materias, implica cambios profundos de políticas públicas y sociales que la mayoría de los gobiernos de turnos casi no cumplen, pues se requiere de un cambio ideológico real en sus estructuras y disposiciones políticas.
El Estado chileno no se encuentra exento de esta crítica, aún revisando el esfuerzo desplegado a partir de los años noventa, momento en que se institucionalizan las demandas del movimiento de los pueblos indígenas. Desde 1980 en adelante y luego, con la restauración de la democracia, los esfuerzos se vuelven visibles mediante la creación de instituciones como la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), la Corporación Nacional de Desarrollo indígena (CONADI) y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Aún no se ha logrado alcanzar relaciones de equidad entre los pueblos indígenas y el Estado y tampoco entre los sexos en las distintas esferas de la sociedad nacional.
El Estado y la sociedad civil mantiene una relación llamada de integración, como respuesta a las movilizaciones sociales que realizan los estratos que se sienten vulnerados, otorgándole con ello, desde los gobiernos de turno, mayor interés a mantener la gobernabilidad del Estado que a la respuesta real de las demandas. Las políticas públicas y sociales se establecen como un instrumento del Estado que tiene dos propósitos entre sí: 1) redistribuir ingresos entre la población y 2) contener las demandas de las poblaciones marginadas, más que legitimar derechos. Por lo tanto, el Estado es reactivo a las demandas. Recuperada la democracia, la respuesta no se hace esperar y se crea una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas, no sin dificultades. Se priorizan aspectos eminentemente jurídicos y se consolida nuevamente una estructura institucionalizada donde 1) el Estado juega un rol y representa a los indígenas, 2) se canalizan las demandas a través de instituciones creadas para esos fines, y 3) se institucionaliza el derecho al desarrollo antes que el derecho al derecho.
En este contexto la tierra y la pobreza siguen siendo el problema histórico en las regiones de mayor población indígena (mapuche). Hoy como ayer los pueblos indígenas, que en Chile son doce, reconocidos por la Ley 19.253 de 1993, no controlan los elementos claves para asegurar su sobrevivencia, lo que se expresa en la imposibilidad de ejercer plenamente sus derechos; estos son el derecho a la propiedad de la tierra, el territorio (suelo y subsuelo) y su identidad. Por otro lado, a pesar de muchas dificultades políticas y técnicas, se han realizado algunos esfuerzos y avances para promover políticas y programas para dar cumplimiento a los objetivos que la ley demanda, lo que ha sido reconocido por organizaciones mapuche. Se ven líneas relevantes por la magnitud de sus recursos financieros involucrados como la restitución de tierras y la implementación del Programa Orígenes (uno de sus objetivos era dejar capacidades técnicas instaladas en los diferentes servicios públicos sobre políticas hacia los pueblos indígenas). Por su parte los pueblos originarios han transitado, en relación al Estado chileno, desde una demanda centrada en la propiedad de la tierra hacia una demanda más amplia que incluye el derecho al desarrollo político y cultural.
Los avances respecto a políticas públicas para pueblos indígenas se realizan sobre todo gracias a la determinación de la Concertación, desde la transición a la democracia -1989- y a través de sus distintos Presidentes (Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet) de asumir un compromiso político con el mundo indígena y de hacerse cargo de las demandas de las organizaciones. Por ejemplo, el Pacto Multicultural Re-Conocer, impulsado por la Presidenta Bachelet, instruye a todos los servicios públicos a incorporar la temática indígena en sus planificaciones y presupuestos. Antes se intentó de centralizar en una repartición del gobierno los temas indígenas; hoy se están transversalizando e institucionalizando en toda la estructura estatal. Otro ejemplo es el Programa Orígenes. El entonces Presidente Frei concluyó los diálogos comunales, plasmando las demandas planteadas a través de un acto en La Moneda al cual por primera y única vez asistieron 1.000 lonkos. De ahí nació la necesidad de articular al Estado para incorporar la variable indígena en las políticas públicas. El 2001 el Gobierno del Presidente Lagos firmó un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para iniciar la I Fase del Programa Orígenes. En La Araucanía se trabajó con 424 comunidades (2001-2006). El 2006, dando continuidad a las políticas públicas de la Concertación en materia indígena, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se inicia la II Fase, que se extiende hasta el 2011, abarcando un total de 738 comunidades en esta región. El Programa Orígenes tuvo el siguiente efecto sobre las comunidades y territorios: devolución de territorios, lo que permitió a las comunidades articularse para plantear sus demandas; instalación de Mesas de Planificación Local (MPL), las cuales son espacios desde donde las comunidades, representadas por sus respectivos dirigentes, interactúan con el Estado; Proyectos Culturales, los cuales permiten honrar a los antepasados cuando la comunidad prioriza el uso de recursos en el mejoramiento o reparación de algún Eltum (cementerio). En general, son las propias comunidades que en sus reuniones habituales deciden en qué gastar el Fondo de Decisión Local (FDL). Desde ahí nacen los proyectos que luego son sancionados por los dirigentes de la MPL para ser financiados por el Programa Orígenes.
La expositora comentó que lo que falta es que la institucionalidad pública de las regiones del país, donde existe un alto porcentaje de población indígena, se adecúe definitivamente al trabajo de desarrollo que llevan adelante estos pueblos. Esto incluye también a los municipios que tienen la obligación de incorporar la temática indígena –en el caso de la Novena Región- en sus presupuestos. La ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte del gobierno permite plantear el tema indígena como un tema político real de la sociedad en su conjunto y no sólo como una materia que atañe a la voluntad del gobierno de turno.
Respecto a las reflexiones finales, la expositora piensa que los pueblos indígenas tienen la necesidad de un bienestar, que es preocupación de toda la sociedad. Desde el Estado con lógica occidental se mira y asume como un modelo de atención a los indígenas en estrecha relación con el avance científico y tecnológico y su modelo económico. Sin embargo, la integralidad originaria va mucho más allá del diagnóstico (la pobreza) y el tratamiento de una demanda específica. La cosmovisión de los pueblos originarios sustenta el conocimiento relativo al equilibrio de las relaciones entre lo espiritual, natural, económico y social. Desde esa perspectiva, el sistema mapuche- en contraposición al sistema occidental- se caracteriza por su integridad, que interrelaciona los diferentes sistemas que coexisten en el mundo mapuche para alcanzar el “buen vivir”. En este andar nos damos cuenta que si bien es cierto que el Estado ha implementado mayores y mejores espacios para la atención de las personas, las inequidades y desigualdades se evidencian en la calidad del trato que se otorga en los servicios públicos. Claras diferencias entre ser atendido por los sistemas no mapuche y los sistemas de atención mapuche, son visibles. Por eso un avance importante en estas materias implica cambios profundos de mentalidad, de políticas públicas y sociales que produzcan una nueva mirada, reconociendo lo diferente.
En representación de Panamá, expuso Ana Teresa Ávila sobre el tema “Balance de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas de Panamá”. Actualmente el crecimiento económico en Panamá es alto, pero sigue existiendo mucha pobreza, analfabetismo, desempleo, etc. sobre todo en áreas indígenas. Entonces sí es necesaria la idea de organismos internacionales en Panamá; sin embargo, éstas se han retirado por el auge económico.
En Panamá existen siete pueblos indígenas: los ngäbes, los gunas, los emberá, los wounaan, los bri bri, los buglés y los naso-tjërdi. Asimismo, constan cinco comarcas indígenas, siendo la más antigua la comarca Kuna Yala: Kuna Yala, Emberá-Wounaan, Ngäbe-Buglé, Kuna de Madugani y Kuna de Wargandi (la última comarca fue creada en el año 2000). En el año 2008 la Ley 72 estableció el procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas que no estuvieran dentro de las comarcas. Esta Ley no legaliza automáticamente las tierras. El pueblo naso-tjërdi actualmente cuenta con una propuesta legal para crear su comarca, y el pueblo bri bri está uniendo fuerzas para conseguir que sus territorios sean reconocidos como comarcas o tierras colectivas.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo panameño de Transparencia Internacional, llevó a cabo en los años 2010 y 2011 el Proyecto “Balance de las políticas Públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas de Panamá” para promover la participación de los pueblos indígenas en la consulta, definición, evaluación y ejecución de las políticas públicas panameñas dirigidas a alcanzar los Objetivos del Milenio (ODM). Con este fin, primeramente se participó de un congreso general de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), que está compuesta por las autoridades tradicionales de los siete pueblos. En el balance lo que se señaló es que los pueblos indígenas no son tomados en cuenta; las personas que elaboran políticas públicas nunca han hablado con los pueblos indígenas sobre sus necesidades.
Este proyecto se dirigió al gobierno y a instituciones públicas para recordarles la labor según lo firmado en los convenios y tratados, a los cuales 40% no se hacen seguimiento. Un contrato que no se firmó es el Convenio 169 de la OIT. Esto se debe a un tema político, puesto que 20% del territorio pertenece a indígenas y este territorio contiene recursos naturales muy valiosos.
Asimismo, la Fundación mencionada incentivó mesas de trabajo donde se analizó el ya existente Plan Estratégico de políticas públicas para pueblos indígenas, que contiene seis ejes: a) lograr contribuir en la reducción significativa de la pobreza extrema en los pueblos indígenas y así cumplir con los ODM; b) desarrollar competencias orientadas al desarrollo económico en familias de pobreza extrema tales como capacidad empresarial, emprendimiento e innovación, asociatividad y nuevos esquemas de financiamiento de acuerdo a las potencialidades del territorio y del mercado, con el fin de incrementar los ingresos de los usuarios de la red de oportunidades; c) garantizar los espacios de diálogo, coordinación y articulación de las políticas públicas entre las dependencias estatales con responsabilidades directas en las zonas indígenas; d) promover el respeto a los derechos humanos, la equidad y el buen trato entre las poblaciones indígenas y ; e) fortalecer la oferta de servicios públicos, especialmente los de educación y salud. Adicionalmente, se realizó un análisis de las instituciones estatales que están alineadas con el Plan Estratégico (en total 46) y las instituciones públicas que imparten políticas para pueblos indígenas. En el año 2010, de las 33 instituciones monitoreadas, 15 tenían políticas directas; 13 contaban con políticas indirectas y cinco no expresaron si contaban con políticas directas o indirectas. En el año 2011, de las 46 instituciones monitoreadas, 23 tenían políticas directas y 23 contaban con políticas indirectas. Sin embargo, se pudo observar también que se trabajaron proyectos empaquetados de políticas públicas que no atienden a las realidades particulares de cada zona.
Respecto a las políticas de inclusión y participación en el diseño y ejecución de las políticas públicas, de las 33 instituciones monitoreadas en el año 2010, 22 tenían algún mecanismo de consulta o participación, diez no contaban con mecanismos de participación y una no contestó por lo que se desconoce si cuentan con algún mecanismo. De las 46 instituciones monitoreadas en el año 2011, 23 consultaron con las autoridades tradicionales o con los congresos comarcales, once tenían algún mecanismo de consulta o participación y nueve no contaban con mecanismos de participación. Entonces, en Panamá sí se hacen consultas, pero no son participativas. Existe un error conceptual desde los órganos de poder: la visión es que los pueblos indígenas quieren que se les de todo, lo que no corresponde a la realidad.
Específicamente, en encuestas grupales con indígenas realizadas por la Fundación sobre políticas de participación indígena, se evidenció que en el año 2010 los principales problemas identificados fueron la falta de respeto a sus territorios; la no ratificación del Convenio 169 de la OIT que obliga al proceso de consulta libre e informada; la falta de capacitación para la producción sostenible; la necesidad de que se respete y promueve la educación intercultural bilingüe; la falta de seguimiento a los programas de salud en las áreas indígenas; y la falta de fomento de empresas indígenas sostenibles. En el 2011, los problemas identificados fueron la falta de centros de salud equipados; la falta de caminos de penetración; la falta de proyectos agrícolas con capacitación; la necesidad de proyectos para la autogestión; y la falta de respeto hacia la educación intercultural bilingüe. Las principales conclusiones sacadas en el 2010 fueron: la no existencia de un plan estratégico para consultar a los pueblos indígenas; cuando la consulta se realiza, el programa, proyecto o actividad ya viene diseñada; no se toma en cuenta la opinión de las autoridades y de las comunidades; y en ocasiones no se les consulta, se impone la decisión. En el año 2011, las conclusiones listadas se mantuvieron.
La expositora concluyó que las instituciones públicas necesitan mejorar su alineamiento entre sus planes y el plan estratégico del Gobierno en el tema indígena y ODM. Asimismo, se requiere fortalecer su sistema de planificación y seguimiento, con indicadores concretos que permitan medir impactos. El proyecto facilitó a las instituciones la categorización de los programas proyectos y planes, como también a mejorar en el manejo de la información interna. Sin embargo, aún faltan detalles. Por ejemplo, la información no está por pueblos, lo que permite inferir que las instituciones no presentan proyectos o programas con un abordaje cultural específico para cada pueblo indígena. No se tienen claramente definidos los mecanismos de comunicación con los pueblos indígenas por lo que en muchas ocasiones no se les hace partícipes de los procesos de diseño, formulación y discusión de las políticas públicas, lo que genera problemas a la hora de la ejecución y fiscalización de los programas y proyectos. De allí la importancia de la ratificación del Convenio 169, que representa una de las mayores garantías en el reconocimiento de sus derechos, forma de organización, autogobierno, autodeterminación, espiritualidad, entre otros derechos. Todas las instituciones, sin excepción, son susceptibles de instaurar y/o mejorar sus políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, fortaleciéndose de este modo el Estado de derecho. Estas mejoras deben ser una actividad constante, así como lo debe ser la vigilancia del cumplimiento de las mismas a realizarse de manera eficiente. Se requiere la implementación de programas específicos de corto, mediano y largo plazo, diseñados a partir de diagnósticos integrales realizados con la participación activa de las comunidades indígenas de los siete pueblos y de sus doce estructuras tradicionales. Las instituciones públicas deben ser respetuosas de sus conocimientos y organizaciones sociales, tradicionales y culturales.
Como quinto expositor, se tuvo el honor de contar con la presencia del mexicano Xavier Abreu, que tocó el tema de “Políticas públicas pioneras para pueblos indígena en México: una visión desde el gobierno”. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice respecto a los pueblos indígenas que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, y que la comunidad de un pueblo indígena es una unidad social, económica y cultural que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Los principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 evidencian que la población indígena supera los 15.7 millones de personas y que existe un importante número de personas que se autoadscribe como indígena; el mayor número se encuentra en Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Puebla y México, Estados donde el total de la población indígena supera el millón de personas.
México está en el octavo lugar entre los países con un número de pueblos indígenas considerable y es el país con mayor población indígena en América Latina. Anualmente el Estado mexicano asigna siete mil millones de dólares al tema indígena al año, presupuesto que supera al presupuesto para pueblos indígenas de todos los países de la región. La tercera parte de los municipios del país son indígenas. Las regiones indígenas ocupan una quinta parte del territorio nacional. El 70% de los bosques de coníferas y el 60% de las selvas se encuentran en regiones indígenas y la diversidad biológica de sus territorios ha influido en el desarrollo de sus culturas y de su historia. La mayor parte de la población indígena vive en áreas rurales, donde existe más monolingüismo, lo que conlleva a más pobreza. El 70% de la población indígena vive en pobreza; el 40 % en pobreza extrema. La pobreza en México se mide por medio al acceso a la canasta básica.
En la historia de México existen tres tiempos: una época donde las políticas públicas no consideraban a los pueblos indígenas, un segundo tiempo donde las políticas públicas empezaron a incluir a los indígenas, pero sin oírlos, y un tercer tiempo donde se los considera, se los oye, pero todavía no se les escucha. Ahora en México también se habla de la identidad cultural como el eje del desarrollo social. La identidad tiene varios aspectos: el primero y más importante es la cosmovisión de un pueblo, que se refiera a valores, saberes, y usos y costumbres. Otro aspecto de la identidad es la lengua. Sobre todo en México es importante mantener los idiomas propios ya que cada vez menos personas hablan las lenguas nativas. El tercer elemento es la forma de organización social. Cada pueblo tiene distintos cargos; casi siempre los más importantes son los de gobernador tradicional y de bienes comunales. Los cargos son un sincretismo de la religiosidad ancestral con la evangelización. Otro elemento son los usos y costumbres, cuya aceptación se debería dar siempre y cuando no agreden a los derechos humanos, sobre todo en temas de derechos de género. Finalmente, también las expresiones son parte de la identidad, como la música, arte, vestimenta, etc.. Todos los elementos mencionados de la identidad deben ser incluidos en las políticas públicas.
La gestión pública tiene que estar orientada al desarrollo humano sustentable, educación, salud, servicios básicos, infraestructura, proyectos productivos, entre otros. En México, en lo que menos se invierte es en mejorar las economías de las comunidades indígenas. Asimismo, debe utilizarse la consulta como medio de trabajo con los pueblos indígenas. Esto no se ha logrado en México, salvo en el Estado de San Luis de Potosí, Estado que está trabajando en una ley de consulta. A nivel nacional hubo una reforma en junio de 2011 al artículo 1 de la Constitución, donde los derechos humanos ya no se “conceden” si no se “reconocen” por naturaleza. Asimismo, se recoge a nivel constitucional todos los tratados internacionales suscritos por México como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, entre otros. Actualmente el poder judicial está obligando al poder ejecutivo a consultar.
Otras reformas constitucionales importantes se realizaron en el año 2001 en el artículo 2 y en el 2011 en el artículo 1, artículos que conciernen a los derechos de los pueblos indígenas. Pero falta reconocer sus derechos colectivos, es decir, que los pueblos indígenas sean sujetos al derecho. Todavía es necesario trabajar en las condiciones legales y en la conciencia jurídica, así como en la revalorización de las culturas indígenas y el diálogo intercultural. Sigue existiendo mucha discriminación, por lo que lo mencionado es de suma importancia. Es fundamental el concepto y la pertinencia cultural para definir los caminos al desarrollo de los pueblos indígenas. Por eso las políticas públicas tienen que surgir de los mismos indígenas. Desde el gobierno es necesario tener una estructura territorial para poder abarcar los lugares que habitan los diferentes pueblos indígenas.
Posteriormente, se contó con la exposición del ex Vicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, que habló sobre “Políticas públicas para pueblos indígenas en Bolivia: entre la esperanza y la desilusión”. Empezó preguntando al público que cómo es posible que un gobierno con un apoyo inicial de más del 50% ahora sólo tenga una base fija de electores del 30%. También hace la pregunta retórica de cómo fue posible que un candidato indígena haya podido reunir los votos indígenas y mestizos, considerando que actualmente el gobierno ordenó represalias contra una marcha indígena el año pasado.
Para responder a estas preguntas explicó que el primer tema clave para entender a Bolivia es que el gobierno de Evo Morales definitivamente ha incidido en el aumento de la representación indígena en el Estado a nivel nacional, departamental y local. Los votos que obtuvo el gobierno han sido un resultado de su propio mérito. Sin embargo, la mayor parte de la población ha emitido un voto de “frustración”. El país se había cansado de las antiguas oligarquías políticas y estaba en búsqueda de una nueva opción. El voto positivo representa menos de la mitad. Los electores “frustrados”, que al comienzo votaron por Morales, ahora se han decepcionado, por lo que se explica la actual reducción del apoyo electoral. El núcleo leal sigue apoyando al gobierno en un 30%, el mismo que está compuesto en su mayoría por el sector cocalero y no por el de los indígenas, campesinos o populares como muchos piensan. Los cocaleros que están en favor del gobierno provienen del Chapare. En Bolivia existen dos regiones de cultivo de coca: el Chapare y los Yungas. La coca de los Yungas es apta para uso interno, rituales, fines religiosos y medicinales; la coca del Chapare es utilizada para fines ilegales. Más del 90% de la coca producida en el Chapara, que se encuentra en el departamento de Cochabamba, está destinada al narcotráfico. Asimismo, el gobierno reconoce que más del 63% de la hoja de coca de los Yungas y del Chapare circulan por circuitos informales.
El partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), no ha sido parte de las luchas populares hasta el año 2003. El discurso del presidente y de sus principales dirigentes nunca fue étnico o indígena. Los que sí tuvieron y tienen un discurso indígena son la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la organización que representa a los indígenas de las tierras bajas de Bolivia y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), la organización de los indígenas de tierras altas. En Bolivia en las tierras altas se encuentra la mayor parte de la población indígena (entre aymaras y quechuas llegan a mas de dos millones de habitantes). Antes cinco organizaciones eran el sustento del gobierno, llamado el “Pacto de Unidad”: las Bartolinas Sisas (mujeres indígenas), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSCUTCB), los Colonizadores/Intercutlurales (indígenas de tierras altas que migran a tierras bajas), la CIDOB y la CONAMAQ. Actualmente, las dos últimas se distanciaron visiblemente del gobierno.
En Bolivia existen alrededor de diez millones de habitantes, de los cuales aproximadamente seis millones son indígenas. En porcentajes, Bolivia y Guatemala son los países con más población indígena. En cifras absolutas, México, con alrededor de 15 millones de indígenas, es el país que más indígenas tiene. Bolivia ya tiene 30 años de vida de democracia. Un tema en esos 30 años ha sido el de la progresiva presencia indígena en los círculos públicos, a nivel municipal, departamental e incluso a nivel nacional. Hoy en día en la Asamblea Nacional (parlamento) de 23 a 25% son indígenas, más hombres que mujeres, de aproximadamente 160 parlamentarios en total.
¿Cuál era la Bolivia de los pueblos indígenas antes que el MAS asumiera el gobierno? Ya se ha ido avanzando en muchas medidas, medidas que el actual gobierno reclama como ideas propias. Por ejemplo, la Constitución de 1994 ya reconocía los derechos de los pueblos indígenas. A nivel económico, antes la inversión pública la definía el gobierno central en un 75%. La Ley de Participación Popular, promulgada en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, redujo el mencionado porcentaje a algo más del 20%. A partir de esta Ley, del 100% de la inversión pública, el 50% y más lo debían definir los municipios, entre ellos municipios indígenas; el gobierno central definía alrededor del 23% y los departamentos el resto. Asimismo, en esa época se amplió la educación intercultural bilingüe a nivel nacional, la misma que ya se vino desarrollando desde los años 80. En 1996, también se promulgó la ley sobre los derechos territoriales indígenas. Las llamadas Tierras Comunitarias de Origen fueron reemplazadas por el actual gobierno por Tierras Indígenas Originarias Campesinas. Antes las mujeres indígenas no tenías derecho a ser titulares de propiedades, lo que fue remediado mismamente en ese periodo por una ley.
¿Qué políticas públicas ha implementado el actual gobierno de Bolivia? Para responder a esta pregunta, primeramente es importante definir el concepto de políticas públicas. La teoría dice que son un conjunto de acciones que realiza el gobierno en el marco de la ley de la constitución que beneficia al interés común y que se realiza dialogando con la sociedad. No es una acción, son un proceso de acciones. Según esta definición, así el expositor, actualmente no existen políticas públicas en Bolivia. Lo que existe en Bolivia son acciones de gobierno que son muy eventuales y puntuales. Asimismo, promesas iniciales por parte del gobierno no se han cumplido, como establecer que todos los funcionarios públicos tienen que hablar un idioma indígena. Estas promesas tampoco se han podido cumplir ya que el MAS no ganó las elecciones con un programa de gobierno, sino con consignas electorales, consignas como la nacionalización de todas las empresas en manos privadas y la industrialización de la economía del país. Lo que bajo el MAS se logró, es la promulgación de una nueva Constitución con vastos derechos indígenas; el establecimiento del pluralismo jurídico, regulado por una ley (Ley de Deslinde Jurisdiccional) que lamentablemente limita al derecho originario “al robo de gallinas”; la elección del órgano judicial por voto popular, que si bien la intención era dar poder de elección al ciudadano, se politizó la elección ya que los candidatos potenciales fueron elegidos por el parlamento, donde el MAS tiene mayoría absoluta, lo que llevó a que el candidato con más votos sólo obtuviera el 15% ya que dos tercios de la población se opuso a votar bajo estas condiciones; la nacionalización de empresas, que terminó siendo un fracaso ya que en vez de exportar, por ejemplo, hidrocarburos, como Bolivia lo solía hacer, hoy en día se importa porque bajó la capacidad productiva; la otorgación del bono “Renta Dignidad” para ancianos, medida que fue asumida de otros gobiernos (“Bonosol”); la otorgación del bono “Juancito Pinto” para escolares y del bono “Juana Azurduy” para mujeres embarazadas.
Víctor Hugo Cárdenas observa que el gobierno de Evo Morales se está “desenmascarando”. Primero, la “máscara indígena” puede ser refutada por los acontecimientos alrededor del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Incluso el Pacto de Unidad, es decir el sustento social del gobierno, se desmoronó debido a que la CIDOB y la CONAMAQ están enfrentados con el gobierno por la construcción de una carretera a través del TIPNIS. El TIPNIS ha desencadenado una discusión en Bolivia alrededor de la consulta previa, proceso que el gobierno recién implementó después de que más del 70% de la carretera ya estuviera construida, cuando el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Bolivia, menciona que la consulta deber ser previa, libre e informada.
En cuanto a la “máscara de la pobreza”, económicamente Bolivia está viviendo un auge por el alto precio de las materias primas. Aún así más de la mitad de la población sigue viviendo en pobreza. En diciembre de 2010 el famoso “gasolinazo”, es decir, la eliminación de la subvención a la gasolina, produjo protestas sociales tan fuertes, que el presidente tuvo que retractarse. Estos sucesos casi provocan la caída del gobierno.
Con las elecciones judiciales el gobierno demostró que tampoco su “máscara institucional” es válida. El argumento de justicia imparcial se vio debilitado con el poco apoyo electoral y la pre-elección de los candidatos por el partido de gobierno.
En Bolivia, al parecer no existen políticas públicas, sino acciones bien o mal dirigidas hacia los pueblos indígenas. Lamentablemente, el discurso indígena ha sido utilizado políticamente. Existen muchos instrumentos legales para pueblos indígenas en Bolivia, sin embargo, en la práctica un déficit de la aplicación de estos instrumentos es visible, lo que sobre todo se refleja en los acontecimientos alrededor del TIPNIS.
A continuación expuso Eufrosina Cruz, Diputada Nacional por el PAN, sobre “Un camino hacia la unidad, la justicia, la dignidad y el respeto a nuestros pueblos”. Eufrosina Cruz es indígena zapoteca. Hablar de unidad, justicia, dignidad y respeto es referirse a la democracia y al desarrollo. Se busca el respeto de la identidad cultural, sin violentar los derechos humanos.
Muchas veces se violan los derechos humanos amparándose en los usos y costumbres y el derecho consuetudinario. En vastas comunidades indígenas las mujeres, por ejemplo, no pueden participar de las asambleas. La Diputada es originaria de Oaxaca, Estado que tiene 570 municipios, de los cuales 418 se rigen bajo usos y costumbres. En casi 95 de estos municipios las mujeres no pueden acceder a las asambleas comunitarias.
En general en México las políticas públicas no se desarrollan desde una visión indígena. Aunque 15 millones de habitantes mexicanos son indígenas, el tema indígena no es transversal. Así la población indígena sigue viviendo en pobreza. Ésta, como afirma la expositora, hace ignorante. Una vez que se remedia esta ignorancia, el querer cambiar el entorno se vuelve un problema. Pero es necesario abrir espacios y hacerse escuchar, asumiendo la responsabilidad y las consecuencias que esto conlleve. Actualmente en los 570 municipios en Oaxaca, diez mujeres ejercen una función política por partidos políticos y seis por el lado de usos y costumbres. Esto representa una oportunidad. Los programas de los gobiernos son realizados sin preguntar a los pueblos indígenas. Pero para ser tomados en cuenta es necesario ser parte de la política para así, por ejemplo, influir en la creación de una ley de consulta previa a nivel nacional.
La última exposición se refirió al “Reto de las políticas públicas hacia los indígenas en México”, a cargo de Xochitl Gálvez, Ex Directora de la CDI, y de origen indígena. La expositora expresó la importancia de hacer énfasis en la educación. De todas las evaluaciones de educación, la indígena es la peor evaluada. El problema es la desigualdad, por lo que las políticas públicas tienen que apuntar a eso. El tema de usos y costumbres, que en ciertas ocasiones violan los derechos humanos, se resuelve con la educación.
Otro tema en el cual Gálvez hizo énfasis, es el desarrollo económico de las comunidades. A esto se llega mediante educación y financiamiento para el desarrollo. Según la expositora quedaron temas pendientes en la reforma constitucional: los pueblos indígenas como sujetos de derecho, no como sujetos de interés público. No es posible que toda biodiversidad que existe en México sea investigada y patentada por laboratorios extranjeros y éstos sean los que tengan el bienestar económico. Actualmente existen diez universidades interculturales, las que deberían tener el apoyo para esta investigación científica. Es necesario hacer uso de toda la biodiversidad y todo el conocimiento tradicional y hacer negocio con todo el patrimonio que se tiene. Pero ahí es donde no se invierte. Por ejemplo, las nuevas leyes mineras tienen que ser mucho más redistributivas con las regiones indígenas, porque si no lo son, con el paso del tiempo, va a ser imposible abrir una nueva mina. Y de que le sirve a la empresa extranjera tener los papeles y los permisos si no tiene el apoyo de la comunidad. A esto la expositora lo llama “el impacto social”. Tiene que haber un consentimiento de la comunidad, ya que sin esto de nada sirven los estudios de impacto ambientales o de negocios. Es necesario dejar de pensar en políticas asistencialistas. El subsidio quita la dignidad a las personas de ganarse el día a día con su trabajo.
La expositora apunta como solución a una figura denominada “social business”. Con filantropía se arruina el negocio, pero tampoco todo puede ser sólo negocio. Esta es la alternativa al modelo neoliberal: ni todo ganar, ni todo dar. El “social business” es una respuesta a cómo lograr una visión de negocio intermediaria.
En conclusión, la propuesta de la expositora fue fomentar la educación y desarrollo económico. Se puede ser indígena, mantener la costumbre y se puede vivir bien o mejor, de acuerdo a las capacidades de cada uno. Las políticas públicas tienen que estar orientadas a explotar los recursos económicos, la biodiversidad, el conocimiento cultural, pero de manera adecuada y sustentable. Se puede conservar la cultura y vivir bien.
Clausura
Las palabras de clausura estuvieron a cargo de Stefan Jost, Representante de la KAS en México. El tema representa un desafío transversal en lo personal, lo político y lo institucional en el sentido de reconocer lo distinto, lo diferente, pero de igual manera definir y buscar lo común en estas distintas áreas. Quedó claro para todos que no es algo fácil. Se hizo mucho pero por otro lado falta un largo camino por recorrer. En este proceso no pueden existir modelos fijos; es un proceso abierto.
Hace años hubo una discusión sobre el presidencialismo y el parlamentarismo, iniciado por europeos, partiendo del análisis crítico del presidencialismo latinoamericano. Hoy en día esta discusión académica quedó absuelta en lo institucional y lo político. Actualmente están apareciendo nuevos procesos, para lo que es necesario tener apertura.
Otros
Para poder trabajar y entender estos procesos, sobre todo los relacionados a la temática indígena, la KAS México realizó un taller el día 25 de septiembre para establecer una propia línea en la temática indígena. Un grupo de indígenas y expertos no indígenas ayudó al establecimiento de una agenda respecto al tema. El equipo del PPI compartió sus experiencias con la intención de dar insumos.