Cámara PPI

Del 6 al 7 de octubre se realizó la cuarta reunión del Consejo de Expertos del Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI) de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en la ciudad de Oaxaca, México. El Consejo de Expertos se reúne una vez al año y tiene el propósito de sugerir al PPI temáticas a trabajar y metodologías adecuadas a seguir. Los participantes de este Consejo fueron en esta ocasión: Marco Mendoza (Bolivia), Andrés Jouannet (Chile), Catalina Soberanis (Guatemala), Simeon Tiu (Guatemala), Griselda Galicia (México), Guillermo Padilla (México), Josué Ospina (Panamá) y Mirva Aranda (Perú).

Este Consejo fue novedoso porque se introdujo al nuevo Director del PPI, Maximilian Hedrich. El Consejo sirvió entonces sobre todo para que el nuevo Director pueda tener una visión general de la situación indígena en los diferentes países de América Latina y hacerse conocer con los invitados.

En este sentido, Mirva Aranda de Perú comentó que se están por realizar las elecciones de gobiernos regionales y alcaldes. El tema indígena es existente en estas elecciones puesto que la Ley de Cuotas Nativas estipula que el 15% de candidatos debe ser indígena. Sin embargo, esto sólo aplica para los indígenas de la Amazonía, no para los de la Sierra, puesto que éstos no son “clasificados” como indígenas. Justamente el Ministerio de Culturas tiene la tarea de identificar quiénes son indígenas y quiénes no y crear una base de datos. Asimismo, el Ministerio de Culturas actualmente está realizando una campaña contra el racismo y da capacitación a traductores de lenguas indígenas (sobre todo para juicios legales). En el poder judicial también hubo avances: se creó la Oficina Nacional de Justicia de Paz y de Justicia Indígena. Adicionalmente, el Ministerio de Educación creó un Consejo de coordinación con las organizaciones indígenas, sobre todo en lo que concierne la Educación Intercultural Bilingüe. A pesar de estos avances, el tema indígena sigue teniendo retrocesos. En el tema de la consulta previa, por ejemplo, existe desconfianza por parte de las organizaciones indígenas porque a pesar de tener una Ley, las normas siguen siendo restrictivas y de desventaja para los pueblos indígenas. Estas por lo menos son las conclusiones después de 18 procesos de consulta previa. Otros temas pendientes y de impacto para los pueblos indígenas en el Perú son la trata de personas, el cambio climático y la identidad cultural.

En Panamá, Josué Ospina comentó que la expectativa de vida en su país ha disminuida a 64 años. La pobreza tendría nombre indígena. A nivel político y para remediar esta situación, existen cinco diputados indígenas de los cuales cuatros son del PRD y uno de Cambio Democrático. Ninguno de los diputados es de Darién que es una Comarca pero que se ajusta a estructuras políticas tradicionales occidentales. Además se está pensando en la creación de un Ministerio de Pueblos Originarios; actualmente existe un viceministerio. Esto tiene sobre todo relevancia considerando que el 12 de octubre se ratificará el Convenio 169 de la Organización International de Trabajo (OIT). Hasta le fecha hubo reservas por el tema laboral. Temas importantes relacionados a lo indígena son los recursos naturales, el cambio climático y los planes de desarrollo integrales. Respecto al primer tema, el índice de crecimiento poblacional en Panamá actualmente es del 10%. Esto aumenta la necesidad de abastecimiento energético. En este sentido muchas de las hidroeléctricas en Panamá se encuentran en territorio indígena. La resistencia indígena ha retrasado las construcciones y los conflictos continuos requieren respuestas rápidas. Sobre todo el Partido Popular ha trabajado un plan, pero no hay acciones claras. Respecto al cambio climático, muchos pueblos indígenas, como los gunas, tienen que desalojar islas por inundaciones, perdiendo así sus territorios y sus formas de vida. Respecto a los planes de desarrollo integrales, éstos causan muchos conflictos debido a la naturaleza genérica y el desconocimiento en algunas comarcas de las autoridades indígenas por las autoridades elegidos de acuerdo a parámetros occidentales.

México tiene un problema parecido al de Panamá en cuanto a los recursos naturales. 12% de los territorios indígenas están concesionados a empresas mineras. En este sentido se han incentivado reformas estructurales como energéticas, entre ellas algunas que dan acceso preferencial a los recursos en territorios indígenas. En consecuencia la consulta previa sigue sin estar reglamentada. Sin embargo, sí se están visibilizando cambios y procesos para los pueblos indígenas. En Oaxaca, por ejemplo, hubo reformas en lo que concierne la representación en el Congreso, distritos electorales indígenas, entre otros. Existe la exigencia por más participación política efectiva y no necesariamente mediante partidos políticos ya que en muchas comunidades se han identificado mecanismos de “intervención” e “intromisión” por parte de los mismos. En Michoacán y Oaxaca se ha creado el Consejo Consultivo de Asuntos Indígenas que genera un modelo de pluriculturalidad en representación. Por otro lado, la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca tiene un proyecto de reforma constitucional que prevé incrementar la visibilidad de los afros, del Convenio 169 de la OIT y con ello el derecho a la consulta previa, libre e informada.

En Guatemala los Acuerdos de Paz no han tenido los impactos esperados según la guatemalteca Catalina Soberanis. La pobreza sigue siendo rural (alrededor del 81% de los pobres viven en las áreas rurales). Los departamentos con mayor población indígenas son los con menores índices de desarrollo humano. La violencia, el crimen organizado y el narcotráfico siguen rigiendo en muchas partes del país. El sistema de justicia es difícil de acceder para algunos ciudadanos por el idioma y no existe respeto por el pluralismo jurídico. Respecto a la participación política, según encuestas de Naciones Unidas, las áreas rurales son las que más apoyan al Estado de Derecho, pero sólo el 36.1% confía en el Estado. Sin embargo, 54% sí confía en los gobiernos locales. En general Guatemala confía en la democracia, más que otros países latinoamericanos. A pesar de esto, la participación política indígena sigue siendo baja. Sólo cuatro indígenas, por ejemplo, forman parte de la Asamblea Constituyente. Incluso aunque existen los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE), producto de los Acuerdos de Paz, estos no son únicamente indígenas. Las autoridades indígenas y sus estructuras propias fueron desmanteladas por el conflicto armado. Si bien existen intentos de reestructuración, esta es más “occidental”. Así, en 2015 habrá elecciones y los representantes de los pueblos indígenas piden curules de acuerdo a la representación proporcional. Esto fue denegado por la Corte Constitucional. Actualmente, de acuerdo a Simeón Tiu, se apunta a diez diputaciones en el Congreso y se está en negociaciones con los partidos políticos para hacer reformas internas para poder posibilitar esto. Como en el caso de Panamá y México, también en Guatemala muchos de los recursos naturales, sobre todo hídricos, se encuentran en territorios indígenas. No se cumple con el derecho a la consulta previa lo que conlleva a violencia entre el Estado y las partes afectadas.

Colombia sería el país con más receptividad para el tema indígena, según Guillermo Padilla. La reforma de 1991 a la Constitución prevé circunscripciones especiales indígenas y afros. La iniciativa de fomentar la participación política indígena origina de las mismas organizaciones indígenas. Al comienzo los indígenas no tuvieron tanto impacto en el Congreso porque el sistema no les era conocido. Ahora esto ha cambiado. Respecto a la consulta previa, en Colombia se han realizado alrededor de 200 consultas previas. Debido a que muchos indígenas viven en extrema pobreza, y los recursos se encuentran en territorios indígenas, muchos se ven obligados a vender sus tierras. Actualmente el presidente Santos asignó a un empresario a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente, con la tarea de acelerar los procesos de consulta previa. Esto estaría contra la naturaleza de la consulta, ya que esta requiere tiempo y debe adecuarse también a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, que pueden tomar su tiempo.

Los pueblos indígenas en Chile, a diferencia de Colombia, han sido y siguen siendo excluidos de los procesos políticos. Respecto a esto los pueblos indígenas, sobre todo el pueblo mapuche, piden más atención. Actualmente, la Araucanía, lugar de donde mayormente provienen los mapuches, es lugar de violencia por protestas. El Superintendente de la Araucanía es Francisco Huenchumilla, de descendencia mapuche y con amplia experiencia indígenas, está tratando de intervenir entre el Estado y los mapuches. Algunos partidos políticos sugieren, como el PDC, que cada pueblo indígena tenga su consejo para comunicar con el Estado. Asimismo, se propone la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas o Cultura que actualmente está en consulta bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente, y siguiendo el modelo de Nueva Zelanda, se propone que exista representación directa de los pueblos indígenas en el Parlamento chileno, con un mínimo de cinco diputados y dos senadores. La idea es que un diputado represente a los pueblos indígenas del norte, es decir, a los aymaras, kollas y diaguitas; un diputado represente a los indígenas urbanos, puesto que la mayoría de los indígenas viven actualmente en la capital del país; un diputado rapa nui; y dos mapuches.

Bolivia, como lo comenta Marco Mendoza, es un país muy diverso y es necesario entender las particularidades. En el Censo del año 2001 los indígenas fueron definidos a partir de la lengua, en el año 2012 a partir de la auto-identificación. Esto resultó que de un 60% de indígenas en Bolivia, el porcentaje bajara a un 42%. En Bolivia las diferentes identidades son unificadas en el término “indígena originario campesino”, pero no todos los pueblos indígenas son iguales. Muchos aymaras y quechuas, por ejemplo, son urbanos, y muchos aymara-quechuas hablantes no se identifican como indígenas. Estas diferentes identidades sobre todo se visibilizaron en el conflicto alrededor del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y en la afiliación política de muchos a partidos políticos tradicionales. Sin duda hubo avances para los indígenas en Bolivia. Cabe mencionar los procesos alrededor de las once autonomías indígenas, los curules para indígenas en el parlamento nacional y en los congresos departamentales, el reconocimiento de la democracia comunitaria, entre otros. Pero también se pueden identificar retrocesos como la Ley de Deslinde Jurisdiccional, el recorte a los Distritos Municipales Indígenas, entre otros. Los desafíos son hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el derecho al autogobierno y a la autogestión territorial, y fortalecer el diálogo interior político.

Posteriormente, se realizó una evaluación conjunta de las actividades realizadas en la gestión 2014, se debatió el tema de aliados estratégicos y metodologías y se habló sobre los nuevos temas a tratar en la gestión 2015. Algunos de estos temas fueron empresarios indígenas, cambio climático, conocimientos tradicionales, instituciones para pueblos indígenas, entre otros.