El taller fue organizado con el objetivo de analizar, discutir y proponer sobre la base del documento preliminar elaborado por el Lic. Pedro Ixhíu, asesor de la Unidad de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial, cómo se ha prestado y cómo debería prestarse el servicio de justicia –investigar, defender y resolver- con pertinencia cultural y consideración de los derechos humanos culturalmente diferenciados. herramienta que servirá de guía para juzgados, salas, fiscalías y defensorías públicas de Huehuetenango, Totonicapán, Quiché, San Marcos y Quetzaltenango.

Posterior a la presentación del contenido del documento preliminar por su autor, el experto Guillermo Méndez explicó la metodología de trabajo haciendo énfasis en la importancia de identificar los diferentes espacios de atención pertinente en el desarrollo del proceso penal guatemalteco.

Los participantes se organizaron en mesas de trabajo conformadas para garantizar la participación de jueces, fiscales y defensores públicos.

Cada mesa trabajó sobre los siguientes puntos: a) determinación de la forma como se administra justicia con pertinencia cultural en cada una de las instituciones representadas en el grupo –estado de situación–; b) observación del documento preliminar que contiene el borrador del protocolo conforme la etapa del proceso penal; c) propuesta de acciones para corregir y enriquecer el documento preliminar y para contribuir a la institucionalización de la prestación del servicio con pertinencia cultural.

Un representante de cada una de las mesas de trabajo expuso las acciones concretas dentro de las cuales el experto Guillermo Méndez destacó las siguientes en el documento de síntesis elaborado: a) utilización de peritajes antropológicos, sociológicos y psicológicos en el idioma particular de los sometidos a investigación o a proceso penal; b) conocimiento general de las autoridades indígenas (promoción y publicitación); c) declaración expresa de las partes en conflicto de someterse a la autoridad indígena con el objeto de dirimirlo; d) necesidad de comunicar a las autoridades de justicia penal oficial desde el inicio del proceso penal, la pertinencia cultural en la resolución del conflicto; y, e) hacer prevalecer la razonabilidad al crear pautas de coordinación entra la justicia penal oficial y la justicia indígena.