No hay Estado de derecho sin división de poderes. La experiencia ha demostrado que una condición necesaria para garantizar democracia sustentable y Estado de derecho es el reparto del poder estatal entre diferentes poderes. Si bien estos poderes todos tienen que servir al interés general, se controlan y se limitan mutuamente en su ejercicio del poder. En algunos Estados del continente se pueden observar las consecuencias desestabilizadores del hecho de socavar intencionadamente el principio de checks and balances o de respetarlo sólo aparentemente.

En ocasiones puede parecer estorboso para la rápida implementación de proyectos políticos que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se controlen y se limiten mutuamente. Las complicadas negociaciones entre gobierno y parlamento o las correcciones judiciales de actos legislativos o ejecutivos no siempre parecen llevar a la meta. No obstante, dentro de una cultura constitucional basada en el diálogo constructivo, solamente el reparto del poder estatal entre varios actores permite llegar a soluciones democráticamente justificables y garantiza la salvaguardia de los valores y reglas fundamentales estipulados en la constitución. De esta manera se protege el sensible orden estatal y social contra excesos oportunistas o populistas y se prepara el terreno para que los responsables políticos puedan reaccionar de manera bien meditada y en base a criterios objetivos. Desde luego, esto presupone una conciencia democrática de responsabilidad. El hermetismo y el egocentrismo de las elites económicas y políticas se oponen a un orden justo y liberal, al igual que el revanchismo histórico.

Bibliografía:

Derecho Internacional de las Contrataciones Administrativas

Informe sobre Congreso de Reelección del Ejecutivo en América Latina

Procedimiento y Justicia Administrativa en América Latina