A las palabras anunciadas por el gobierno de Estados Unidos siguieron los hechos. El 9 de marzo, el presidente de Estados Unidos dio a conocer por Decreto de Gobierno la aplicación de la ley aprobada en diciembre para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela. "Estamos obligados a promover el respeto de los derechos humanos, salvaguardar las instituciones democráticas y proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela", dice el texto.

Las primeras personas sancionadas fueron siete militares de mediano y alto rango, jefes de servicios de inteligencia y de la policía, así como una fiscal. El mensaje es unívoco: no sólo los miembros de más alto rango del gobierno, sino también aquellos que ejecutan las órdenes deben afrontar las consecuencias. Debido a que entretanto aumentan las dudas sobre la capacidad de sobrevivencia de su propio gobierno también en el seno del régimen venezolano, las sanciones específicas contra determinadas personas contribuirán posiblemente a generar un sentimiento de inseguridad en el campo chavista. Después de todo, se sabe que entre los venezolanos, independientemente de su color político, EE.UU. todavía sigue siendo un destino popular de viaje y emigración. Las personas sancionadas son objeto de prohibición de ingreso a los Estados Unidos y, si disponen de activos perso- nales en EE.UU., los mismos serán congelados. A los ciudadanos estadounidenses les está prohibido hacer negocios con las personas sancionadas.

EE.UU. y España toman medidas contra el dinero negro de Venezuela.

En otro paso, el presidente de EE.UU., Obama, en consulta con el Departamento de Estado, ordenó al Ministerio de Hacienda (Tesoro) estadounidense identificar y perseguir a aquellas personas o empresas que están involucradas en negocios que brotan de fuentes ilegales de dinero de Venezuela o que son responsables de estas transacciones. Sólo un día más tarde, el Tesoro de Estados Unidos acusó a la Banca Privada d’Andorra de haber lavado dos mil millones de dólares que provienen de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Las autoridades andorranas han arrestado ya a dos gerentes de banco quienes – contra el pago de sumas exorbitantes – hubieran llevado a cabo el negocio para partidarios de Venezuela, cuya identidad se desconoce en la actualidad, valiéndose para ello de empresas de fachada. En tal contexto fueron transferidos caudales de dólares que pasaron al menos por cuatro bancos en Estados Unidos. Las autoridades españolas también reaccionaron inmediatamente y allanaron una sucursal del Banco de Madrid que pertenece a la Banca Privada d'Andorra. Las imputaciones afectan no solamente a clientes venezolanos, sino también a rusos y chinos.

El requisito del visado para ciudadanos de Estados Unidos y la controversia sobre el personal de la embajada.

El rápido actuar por parte del gobierno de Estados Unidos está demostrando que la acción no vino por sorpresa. Por consiguiente, cabe esperar que sigan otros pasos que serán también una consecuencia de las provocaciones permanentes por parte del gobierno venezolano. Además de las constantes agresiones verbales, que suelen carecer de nivel y fondo, también causó revuelo el anuncio reciente de Maduro de que en el futuro los ciudadanos estadounidenses van a necesitar un visado para viajar a Venezuela, "con el fin de contrarrestar las agresiones imperialistas". Además, se dictó una prohibición de entrada para algunos políticos estadounidenses, como el ex presidente George W. Bush. La sociedad venezolana ha respondido en diferentes redes sociales con desprecio y burla, ya que Venezuela más bien se beneficia y no sufre daños de los pocos turistas estadounidenses.

Maduro exigió asimismo la reducción del personal de la Embajada de Estados Unidos en Caracas de 100 a 17 diplomáticos. Esta cantidad corresponde al número de diplomáticos acreditados en la Embajada venezolana en Washington DC. De esta manera se pretende establecer un equilibrio. El gobierno de Estados Unidos reaccionó con incomprensión porque si se agrega a los diplomáticos en los consulados venezolanos en Estados Unidos, se llegaría al número de 74.

Dado que la mayoría del personal de la embajada trabaja en el área administrativa, las medidas adoptadas por Maduro implicarán problemas en la emisión de visados estadounidenses para los viajeros venezolanos. Es posible que Maduro haya considerado concienzudamente y de antemano tal efecto a fin de restringir el tráfico de personas entre Venezuela y Estados Unidos. Esto no afecta solamente a los venezolanos de la oposición que tienen una segunda “patita” en Estados Unidos, especialmente en Miami, sino también a los nuevos ricos chavistas, la así llamada "boliburguesía" que a pesar de las diferencias ideológicas no oculta su afecto por el estilo de vida americano y se siente a todo gusto en el "imperio" estadounidense. También es posible que en el caso de la reducción forzosa del personal de la embajada se trate de una provocación deliberada para provocar una contrarreacción de EE.UU. la que no se hizo esperar mucho tiempo tal como lo demuestra la adopción del decreto por parte del presidente Obama. Si conforme al propósito de Maduro, EE.UU. procediera a reducir el personal de la embajada y los consulados venezolanos a un total de 17 personas en todo el territorio de Estados Unidos, tal medida supondría el cierre de consulados y los venezolanos residentes en EE.UU. que en su mayoría son de la oposición, ya no podrían votar en las próximas elecciones parlamentarias.

¿Dictador a tiempo? La "Ley Habilitante Antiimperialista" entra en vigor.

Como respuesta inmediata al decreto del gobierno de Barack Obama, el presidente venezolano Maduro presentó sólo un día después una así llamada "Ley Habilitante Antiimperialista" en la Asamblea Nacional que le permite promulgar decretos con carácter de ley sin la participación del Parlamento y del Tribunal Supremo. Esto afecta también al orden estatal constitucionalmente consagrado o a los derechos fundamentales que están protegidos por la Constitución. De igual manera el presidente puede expe- dir decretos que protegen al país contra "peligros externos" o actividades que amenazan el orden público. La vigencia de la Ley Habilitante, que fue ratificada por la Asamblea Nacional el domingo 15 de marzo en la segunda y última lectura, está prevista hasta el fin del año.

Gobierno alega supuesta invasión estadounidense.

A modo de justificación Maduro señaló un bloqueo económico, comercial, financiero y energético que supuestamente Estados Unidos estaría preparando. "Vamos a hacer un plan especial militar y voy a dirigir personalmente todo el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo el presidente, cuando anunció una maniobra de varios días de duración de las fuerzas armadas a las que se considera como mal organizadas. Con apariencia marcial llamó a no permitir que "la bota yankee toque tierra venezolana". Venezuela no es "Libia o Irak, sino un territorio de la paz." Después del discurso, varios miembros del gabinete emplearon una retórica prebélica igualmente exagerada. El ministro de Defensa, Padrino López, anunció que "se defenderá la patria con la vida". Una observación emitida entretanto por Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, según la cual "no se promoverá la inestabilidad en Venezuela" sino que se pretende lograr un "cambio de comportamiento" de Caracas, no hizo que se apagara el ruido de sables en Caracas. Los medios de comunicación dirigidos por el oficialismo están advirtiendo ya de "bloqueos de Estados Unidos" y los "ataques imperialistas". Las fuerzas armadas fueron preparadas adecuadamente, ex soldados fueron invitados a registrarse como reservistas y la ciudadanía a participar en ejercicios militares.

Más represiones y preparativos para el caso de una derrota electoral.

Hay otras interpretaciones plausibles para la aprobación de la Ley Habilitante, fuera de aquella de la agresión externa que fue puesta en escena con mucho bombo. De esta manera, con la retórica nacionalista y socialista, el gobierno distrae de la crisis económica y de abastecimiento. Con la ayuda de la Ley Habilitante se pudo igualmente fortalecer la represión contra la oposición. El jurista y experto en materia constitucional, Afonso Pedro Del Pino, ve en la ley un programa de prevención del gobierno para el caso de una derrota electoral en las próximas elecciones parlamentarias. Maduro dispone ahora de los recursos tanto para reducir los derechos de un Parlamento posiblemente controlado por la oposición como para seguir impulsando la transformación del Estado socialista. Además, sobre la base de la nueva ley, puede impedir fácilmente los preparativos electorales de la oposición o incluso suspender sin demora las elecciones.

La sospecha de que la Ley Habilitante persigue exclusivamente fines que tienen que ver con la política interna es apoyada por el hecho de que tal ley no es necesaria en el caso de una agresión externa, puesto que el Presidente ya dispone de las herramientas necesarias para afrontarla. Además, la constitución también prevé la posibilidad de declarar un estado de excepción. Esto no le parece ser políticamente oportuno al mismo Maduro, no obstante, él mismo alimentaba la sospecha de perseguir intenciones políticas internas con esta iniciativa de ley: "Con la ley habilitante en la mano vamos a perfeccionar el sistema jurídico venezolano para que no haga falta llamar el estado de excepción.” ¿De qué manera y por qué se tiene que modificar precisamente el sistema jurídico? - esta es una pregunta cuya respuesta sigue debiendo el jefe de Estado y comandante militar.

Gobierno irresponsable hace que el país se hunda en el caos.

Los resultados de las encuestas están indicando un cambio político en las mayorías parlamentarias. Esto se debe principalmente a la crisis económica y social en el país y hace que éste se hunda cada vez más en el caos. Urge actuar rápidamente. Las colas ante los supermercados son cada vez más largas y resulta cada vez más difícil garantizar el suministro de alimentos y artículos de consumo diario. A pesar de la imposición de precios fijos para la mayoría de los productos, la inflación está aumentando rápidamente porque los precios para todos los demás productos suben o hay que adquirirlos en el mercado paralelo. Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), una familia de cuatro personas necesita 2,8 veces el salario mínimo para satisfacer las necesidades alimentarias de un mes. Sólo en enero de 2014, el aumento de los precios para alimentos fue de un 14,6 por ciento dentro de un mes.

Una devaluación de la moneda y la liberación general de los precios aumentarían la disponibilidad de bienes, pero la mayoría de la población no podría pagarlos, al menos

temporalmente. Ciertamente, en tiempos preelectorales tal situación no es favorable para el gobierno que no hace otra cosa que administrar la escasez.

No sólo en los supermercados estatales, sino también en el comercio minorista privado se está recogiendo con mayor frecuencia los datos biométricos de los clientes y se está registrando los bienes que han comprado, una práctica que constituye una pesadilla para todas las personas encarga- das de proteger los datos personales. De esta manera se pretende evitar que ciertas personas compren demasiados productos para luego revenderlos en el mercado negro por un precio que es varias veces superior. Sin embargo, esta medida no surtirá ningún efecto sobre el mercado negro porque la mayor parte de los bienes se da por perdidos ya antes de que lleguen a las tiendas.

El sector de la salud está al borde del colapso.

La crisis afecta también con toda su fuerza al sector de la salud. Los importadores de medicamentos y equipos médicos se quejaron recientemente de que desde el principio del año en curso el Gobierno les haya asignado montos insuficientes de dólares para cambiar dinero y que debido a ello pueden importar solamente cantidades que son significativamente menores al volumen de las mercancías importadas en el año pasado. En la actualidad hay cada vez más personas que mueren o sufren más porque ya no se les puede dar un tratamiento adecuado. De acuerdo con datos de un informante de la Cámara de la Industria Farmacéutica CIFAR, el gobierno debe ya ahora unos 500 millones de dólares a los importadores que efec- tuaron pagos por adelanto para las importaciones.

Pero no solamente en lo que respecta al abastecimiento básico, sino también en otros sectores de la economía, la producción y los servicios se han ido paralizando y con ello se ha ido agudizando la crisis. El país depende en gran medida de las importaciones que son financiadas casi completa- mente con los ingresos provenientes del petróleo. La caída del precio del crudo en los mercados petroleros agrava la crisis de abastecimiento en el país y afecta principalmente a los sectores pobres de la población.

Venezuela vende reservas de oro en Wall Street.

Debido a la escasez de divisas, el gobierno venezolano recurre justamente a Wall Street. Así publica la agencia de noticias Reuters que conforme a informaciones privilegiadas, Venezuela quiere vender reservas de oro por un valor de alrededor de 1,4 mil millones de dólares. Al país se le concede un derecho de tanteo y, después de cuatro años, puede volver a comprar las reservas de oro. El negocio, en el que van a participar por lo menos el Bank of America y Credit Suisse, va a ser concluido en abril. Esta operación no carece de ironía, porque después de todo, por un lado, el gobierno socialista en Caracas se dirige precisamente a Wall Street, la encarnación del capitalismo endemoniado a diario, y, por otro lado, el gobierno de Estados Unidos, a pesar de las sanciones, no puede o no quiere impedir aquella compraventa de oro que le podría garantizar durante algún tiempo la supervivencia al gobierno de Maduro, antes de que posiblemente se produzca una bancarrota nacional.

Conflicto fronterizo con Guyana se extiende – Exxon perfora en el Atlántico en busca de petróleo.

Cuando la mayoría oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó la Ley Habilitante en la Asamblea Nacional, el presidente Maduro reiteró que con esta ley se quiere evitar que los EE.UU. "pongan las manos a la riqueza de Venezuela". Sin embargo, el socialdemócrata opositor, Ángel Medina, criticó la privación de poder del congreso y caracterizó la ley como "un arma contra todos los que piensan diferente." Según Medina, las amenazas a la soberanía del país parten más bien de Cuba, Rusia, China y el conflicto fronterizo con Gu yana.

A principios de marzo, el presidente de Guyana, Donald Ramotar, anunció que se perforará en el Atlántico en busca de petróleo. Ya fueron concedidas licencias a la compañía Shell y la empresa petrolera transnacional ExxonMobil de EE.UU. El área de extracción se extiende sobre un tramo costero cuya soberanía no está definitivamente resuelta. La demarcación fronteriza en el océano depende en gran medida de la resolución sobre la región de Guayana Esequiba y es administrada por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899, la Convención de Ginebra del 17 de febrero de 1966 y el Protocolo de Puerto España de 1970. A partir de entonces siempre ha habido discusiones e incidentes en torno a la pertenencia del territorio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana defendió con mucha vehemencia las reclamaciones territoriales de Guyana y exhortó a Venezuela a no obstaculizar la exploración de petróleo en el área guyanés. El Gobierno de Venezuela no envió ni una respuesta diplomática y tampoco reaccionó militarmente, tal como fue el caso en octubre de 2013 cuando la Armada impidió operar a un buque de exploración de Guyana.

Estados Unidos utiliza la debilidad de Ve- nezuela en la región.

Tras el reciente anuncio de Guyana, los países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y Cuba, en la 16 cumbre efectuada en las Bahamas, reafirmaron el apoyo para Guyana y no para Venezuela. Es cierto que Cuba y la mayoría de los Estados de CARICOM apoyan tradicionalmente a Guyana en el conflicto por la Guayana Esequiba, pero al mismo tiempo la mayoría de los países se benefician de suministros a precios más baratos de petróleo procedente de Venezuela debido a su afiliación a la alianza regional Petrocaribe. Por lo tanto, resultó sorprendente la univocidad en las muestras de solidaridad con Guyana en vez de emitir una declaración neutral. Seguramente esto no se hizo sin cálculo previo, de todas maneras los países de Petrocaribe están preparados a que Venezuela reducirá o cortará por completo los suministros de petróleo debido a la crisis económica originada en su país.

Sin embargo, parece que EE.UU. se está preparando para llenar el vacío que se creará en el caso de un debilitamiento de Petrocaribe y la finalización de otras formas de cooperación energética de Venezuela en la región del Caribe, una cuestión que también implicaría un cambio en la ponderación de los votos en las organizaciones regionales tales como, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Primera Cumbre sobre Seguridad Energética en Washington DC.

El 26 de enero, el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, inauguró la primera cumbre sobre la seguridad energética en el Caribe en la que participaron 25 estados y ocho organizaciones regionales e instituciones internacionales, entre ellos también Alemania. En su discurso de apertura, Biden recordó que se está produciendo un desplazamiento tanto en la explotación global como en la accesibilidad a los recursos energéticos. "En Estados Unidos tenemos funcionando más equipos de extracción de petróleo y gas que en el resto del mundo. México, Canadá y EE.UU. constituyen el nuevo epicentro de la energía - no la península arábiga", agregó el vicepresidente de Estados Unidos. Se debería implementar un plan integral que prevea la integración de los países del Caribe para que éstos se desarrollen y lleguen a ser “vecinos prósperos, seguros y energéticamente independientes” en un contexto democrático.

Inevitablemente el proyecto se encuentra en competencia con la cooperación energética de Venezuela y podría reducir la dependencia de la región del Caribe del grifo del petróleo venezolano. Estados Unidos apuesta por la ampliación de las energías renovables, por inversiones privadas en la búsqueda de soluciones energéticas y por reformas en el sector energético.

Venezuela reacciona polarizando.

Por lo tanto, la evocación de Venezuela de una supuesta guerra iniciada por Estados Unidos puede ser desenmascarada a nivel nacional como una maniobra de distracción con la finalidad de incrementar la represión y, a nivel internacional, como reacción al avance de Estados Unidos en la región. Nicolás Maduro estiliza a Venezuela como una víctima y llamó a las naciones de la región a apoyar a su país. Huelga decir que no faltaron las manifestaciones de solidaridad obligatoria de los países izquierdistas del ALBA, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Cuba.

También los países afiliados a la UNASUR advirtieron contra la injerencia en los asun- tos internos. Declaraciones de otros estados que tienen más bien un carácter neutral, fueron interpretadas en favor del régimen en Caracas por los medios nacionales de comunicación.

La oposición se muestra preocupada.

La oposición en Venezuela teme que de las tensiones entre EE.UU. y el gobierno venezolano surjan sobre todo problemas en la próxima contienda para las elecciones parlamentarias ya que Maduro logró reinterpretar las sanciones de Estados Unidos en los medios de comunicación nacional sirviéndose para ello de los resentimientos más torpes. Empero, varios políticos de la oposición coinciden en que esta ventaja es solamente de corto aliento y que no podría continuar hasta la fase decisiva de la campaña electoral.

Además, dentro de la oposición hay un consenso respecto de la utilidad de la ley habilitante en tanto recurso para aumentar la represión. Bajo el pretexto de tener que actuar en contra de la injerencia de Estados Unidos, también se va a reforzar el control político interno. El Presidente del Parlamento planteó hace poco un control de las orga- nizaciones nacionales y extranjeras de la sociedad civil.

Intento de diálogo UNASUR condenado al fracaso.

Con toda probabilidad van a aumentar las tensiones políticas internas cuanto más se acerque la fecha de los comicios parlamentarios. El escenario más probable será el de resolver el conflicto político interno en las urnas, si bien es casi inconcebible que las elecciones parlamentarias se desarrollen en un entorno justo y equitativo. Ya en el período previo, valiéndose de una maniobra inconstitucional, fueron designadas personas cercanas al gobierno como integrantes de la comisión electoral. La comisión electoral también ha pedido a la alianza de la oposición – Mesa de Unidad Democrática (MUD) – que realice pagos anticipados para la celebración de las elecciones primarias, mientras que la comisión no exigirá del partido del gobierno – PSUV – que asuma los costes para las elecciones preliminares.

La confianza entre la oposición y el gobierno sigue siendo baja. El reciente intento de la Alianza de Estados – UNASUR – y el Nuncio Apostólico de mediar en el conflicto estuvo condenado desde un comienzo al fracaso debido a la actuación del Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper. Hubo declaraciones en favor del gobierno, y si bien todos los partidos importantes de la oposición están unidos bajo el techo de la MUD, Samper invitó en concreto a solamente cuatro personajes de la oposición. Mientras que Julio Borges (presidente del partido Primero Justicia), Henrique Capriles (Primero Justicia, gobernador de Miranda), Henri Falcón (presidente del Partido de Avanzada Progresista, gobernador de Lara, exfuncionario del PSUV) y Henri Ramos Allup (presidente de Acción Democrática) debían participar en las conversaciones, no fue cursada una invitación al Presidente de la MUD, Jesús Torrealba, quien criticó duramente la decisión y calificó la actuación como provocación para dividir la MUD. Muchos líderes de la oposición estuvieron de acuerdo con él.

El intento de diálogo de UNASUR no es ni digno de crédito ni tampoco imparcial, lo que aumenta la sospecha de que aquí se trataba simplemente de una táctica dilatoria del gobierno para mantener a raya a la oposición en los medios de comunicación hasta la celebración de las elecciones y presentarse como conciliador. En las próximas semanas y meses aumentará la presión sobre el gobierno en Caracas. Como de costumbre, Maduro va a buscar la culpa entre sus adversarios políticos y va a tratar de comprobarlo mediante las más diversas excusas y acciones, sin importarle cuán absurdas las mismas puedan ser. La comprensión del hecho de que el proyecto chavista está fracasado se irá imponiendo solamente con el relevo del gobierno que esperamos se produzca pacíficamente.