La seguridad pública y el avance del crimen organizado se han consolidado como uno de los principales desafíos para Chile y América Latina. ¿Cómo enfrentar el creciente poder de las organizaciones criminales? ¿Qué capacidades requiere el Estado para responder a estas nuevas amenazas? Estas fueron algunas de las preguntas abordadas durante el desayuno internacional “Crimen Organizado: Chile y Latinoamérica”, organizado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC).
Durante la actividad, el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, analizó la evolución de la seguridad en Chile y la región, con especial énfasis en los cambios en la percepción ciudadana de la inseguridad y en el creciente impacto del narcotráfico y del crimen organizado. Asimismo, destacó la importancia de distinguir entre la inseguridad percibida y la victimización efectiva, argumentando que ambos fenómenos responden a dinámicas diferentes y requieren respuestas específicas desde las políticas públicas.
A lo largo de su exposición, Galli señaló que la seguridad debe entenderse como un concepto multidimensional, que abarca desde la protección de las personas y el mantenimiento del orden público, hasta la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley. En este contexto, sostuvo que los desafíos actuales no se limitan a abordar el aumento de la criminalidad, sino que también incluye hacer frente a la consolidación de organizaciones criminales capaces de ejercer control territorial, corromper instituciones y aprovechar las debilidades del aparato estatal.
El expositor también abordó las implicancias de la digitalización y las transformaciones en el acceso y circulación de la información. Según explicó, datos estratégicos para la seguridad ya no se concentran exclusivamente en las instituciones públicas, sino que se encuentran cada vez más en manos de plataformas digitales y empresas tecnológicas. Esta situación plantea nuevos retos para el Estado en materia de acceso, análisis y utilización de información para la prevención y persecución del delito. Frente a ello, propuso fortalecer los mecanismos de control y prevención de la corrupción, desarrollar estrategias diferenciadas para reducir tanto el temor ciudadano como la victimización y complementar los enfoques tradicionales mediante herramientas avanzadas de análisis de datos.
La exposición fue seguida de una discusión moderada por Jorge Sahd, director del CEIUC, en la que participaron miembros del cuerpo diplomático, académicos, expertos en seguridad y representantes del ámbito político. El intercambio permitió reflexionar sobre las capacidades institucionales necesarias para enfrentar el crimen organizado, fortalecer la coordinación entre los distintos organismos del Estado y resguardar el Estado de derecho frente a amenazas cada vez más complejas y transnacionales.