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En este coloquio participaron expertos en el tema, entre estos: la Dra. Helena Alviar García, Directora de la Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes; el Dr, Hugo Palacios Mejía, Abogado, fundador de la firma Estudios Palacios Lleras S.A.; y el Dr. Juan Manuel Charry Urueña, Conjuez de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Esta sesión estuvo moderada por el Dr. Javier Francisco Franco, quien propuso como temas de discusión, las competencias y límites de la Corte Constitucional en la elaboración de políticas públicas, la conveniencia del diseño de éstas a cargo de los jueces de la Corte Constitucional o a cargo de otras instituciones del Estado; las consecuencias imprevistas de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional - sentencias referentes a la reforma del sistema de salud y los desplazados-; la toma de decisiones de la Corte Constitucional acerca de la emergencia social y la posterior declaración de inexequibilidad.

La sesión inicio con la intervención de la Dra. Helena Alviar, la cual afirmó que el debate respecto a quién debe diseñar las políticas públicas, es un asunto que puede ser abordado desde una perspectiva ideológica, según el modelo de desarrollo económico que deba ser adoptado en Colombia. Por lo tanto dar una respuesta clara a este asunto es complejo pues depende de que modelo se escoja para justificar o no las actuaciones de la Corte Constitucional; ya sea desde el neoliberalismo que defiende la separación de poderes y el liberal intervencionista o liberal moderno que argumenta la colaboración entre las ramas del poder. Por último la Dr. Alviar afirmó que en el mundo moderno las instituciones pueden realizar funciones de otras dependiendo de la inactividad sobre un tema específico. En este caso la elaboración de políticas públicas por parte de la Corte Constitucional y su excesiva actividad –para algunos- se debe a la inactividad de otras instituciones que no cumplen a cabalidad sus funciones.

A continuación, el Dr. Juan Manuel Charry afirmó que el tema de las competencias y la toma de decisiones de los jueces de la Corte Constitucional, va más allá del debate ideológico. Argumentó que los límites que le corresponden a la Corte, se deben relacionar con las reglas del juego que se deben cumplir. Además, refutó el diseño de políticas públicas que incluyen intereses particulares. Específicamente la sentencias del sistema de salud, las cuales son producto de decisiones equivocadas, no debatidas y sin controles de la Corte Constitucional. El Dr. Charry Terminó su justificación alegando la falta de debates en donde se haga un balance de los recursos con los que se cuenta para no incurrir en un desequilibrio económico, afirmando: “la salud es un derecho dentro de lo que es posible y lo que es financiable”.

Enseguida intervino el Dr. Palacios, quien expuso su inconformidad con la posición agresiva que ha tomado la Corte Constitucional en la creación de políticas públicas, asegurando la inexistencia de mecanismos de control y la ausencia de debates en donde se logre un sistema probatorio en base del cual se tomen decisiones.

Respecto al tema de la emergencia social y la declaratoria de inexequibilidad, La Dra. Alviar y el Dr. Charry estuvieron de acuerdo en que la Corte no extralimita sus funciones en este sentido, sino que más bien colabora en que la rama legislativa no sobrepase sus funciones, teniendo en cuenta la motivación de la emergencia social. Sin embargo el Dr. Palacios manifestó que transferir la decisión a un juez que no tiene toda la visión del contexto, es desacertado.

Así mismo, se abordaron otros temas como las decisiones con corte político que toman los jueces de la Corte Constitucional, asociado al argumento planteado del Dr. Palacios de “public Choice”, que explica cómo un funcionario busca maximizar su utilidad y por lo tanto sus decisiones en alguna manera reflejaran sus intereses particulares, y la visión particular que tenga del Estado.

Este conversatorio culminó con la exposición de diversas propuestas de los expertos a la pregunta sobre cuál es la salida al activismo de la Corte Constitucional, y qué reglas podría establecer la sociedad para limitar a los funcionarios, en este caso, a los jueces. De acuerdo a esto, el Dr. Palacios planteó extender el régimen de incompatibilidad, así mismo dijó que la definición de las políticas públicas debería estar en el Congreso y en el Gobierno y no en la Corte, ya que de no ser así habría incertidumbre jurídica.

También sugirió promover los escenarios sociales, el diseño de sistemas de control jurídico a la calidad (conformidad de las decisiones con los temas descritos en la comunidad jurídica) de las decisiones de la Corte y la sostenibilidad fiscal como derecho colectivo. Finalmente, la Dra. Alvear propuso un congreso que represente verdaderamente los intereses de los ciudadanos, así mismo una reforma al sistema político y la creación de un ente veedor de la actividad legislativa de la Corte Constitucional.