Académicos, representantes del gobierno y de la rama judicial, así como miembros del Congreso y de la policía, debatieron durante dos días sobre la caracterización de las dinámicas del crimen organizado tanto en Colombia como en el resto de la región, las implicaciones para la política de la "Paz Total" y posibles soluciones frente a la problemática. La conferencia se inició con un saludo de bienvenida pronunciado por María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP, Walter Kemp, director del Global Initiative, y Stefan Reith, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia.

Tras una introducción temática y metodológica al tema se presentaron las líneas de actuación que en su conjunto conforman la política de la “Paz Total” y se desarrolló una conversación alrededor de las mismas. Los cinco pilares de la llamada Paz Total incluyen diálogos regionales de paz, negociaciones de paz con el ELN y la implementación de los acuerdos de paz con las FARC aparte de esfuerzos en cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos y el sometimiento de grupos criminales a la justicia. Referente a los procesos jurídicos se hizo énfasis en que solo ciertos casos son admisibles al proceso judicial previsto en la Ley de Justicia y Paz. Las penas inferiores que se conceden por la aportación de verdad en este proceso no son aplicables, por ejemplo, en casos de narcotráfico. De igual manera, la vía de negociaciones políticas está cerrada a los grupos dedicados al narcotráfico. Además, se destacó la relevancia de inteligencia para el conocimiento de las estructuras criminales y su caracterización que sirven como base de procedimientos agiles, entendibles, rápidos y claros.

Partiendo de estas temáticas se celebró el primer panel del día, que abordó la cuestión del crimen organizado en la región latinoamericana junto con su caracterización. Asimismo, los ponentes reflejaron sobre el papel de dinámicas de violencia en las estructuras del crimen organizado y hablaron de qué tan políticos son los grupos en cuestión. Basándose en experiencias de Brasil, Colombia, México y El Salvador, el panel expuso la diversa actividad económica de las organizaciones criminales, que incluye la extorsión de impuestos ilícitos, la participación en los sectores de Internet y electricidad y el lavado de fondos adquiridos ilegalmente entre otros. En su actuar, estos grupos criminales suelen utilizar la violencia con distintos niveles de frecuencia, gravedad y visibilidad, como una herramienta de coerción y comunicación. Destacando el alcance del crimen organizado en el ámbito político y la prevalencia de la corrupción, varios participantes resaltaron que el crimen organizado sería imposible sin vínculos y arreglos con el Estado.

El siguiente taller se centró en la experiencia colombiana con respecto al crimen organizado y contó con panelistas que identificaron factores como la posición privilegiada del país en términos geoestratégicos y climáticos y la presencia limitada del Estado como factores que contribuyen al fenómeno. Haciendo referencia a las localidades de Medellín, Buenaventura, el archipiélago de San Andrés y los territorios fronterizos con Venezuela y Panamá, los expertos se mostraron preocupados por expresiones criminales como la extorsión masiva y el reclutamiento de jóvenes y menores.

Mientras que los paneles de la primera jornada del evento se centraron en la caracterización y el análisis del crimen organizado, el programa del miércoles se enfocó en las experiencias y las lecciones aprendidas en la lucha contra estos fenómenos.

Además de los dos paneles programados, el segundo día del encuentro contó con una intervención del presidente del Senado, Roy Barreras, que reiteró públicamente que el sistema de justicia transicional, así como las negociaciones políticas sobre ceses al fuego no están abiertos a narcotraficantes. Tras su discurso, Barreras respondió a las preguntas de los expertos reunidos.

Después de una breve introducción temática destacando la importancia de la inteligencia que permite una conceptualización adecuada del problema y la concepción de políticas públicas eficaces, se abrió el tercer panel de expertos.  En este marco, los ponentes compartieron sus experiencias en materia de contención y desmantelamiento del crimen organizado en Italia, México y los países centroamericanos. Más allá de explicaciones sobre la corrupción sistémica, las motivaciones y estructuras internas de distintos grupos de crimen organizado, se resaltó que no sólo es importante la caracterización de grupos individuales, sino también la de las estructuras de confrontación en general. La definición como conflicto armado o guerra tiene repercusiones en el tratamiento de los crímenes según el derecho internacional humanitario y con respecto a los derechos humanos. En cuanto al desmantelamiento del crimen organizado, se apostó por cambiar la narrativa al efecto de que no se trata de una guerra que se pueda ganar, sino sólo de un fenómeno que puede ser contenido y regulado. Dado que existe una demanda inelástica global de la droga, medidas que no están directamente relacionadas con la cocaína, se podrían presentar exitosas a más corto plazo.

El encuentro concluyó con un taller en torno a los esfuerzos pasados y actuales para combatir el crimen organizado en Colombia. Mientras que la Fiscalía informó de avances, por ejemplo, en la exhumación e identificación de víctimas del conflicto y se presentaron ciertas estrategias que han permitido recuperar el control estatal, impulsar un cambio social y crear oportunidades económicas a nivel local, también se aludió a los desafíos que plantea una estrategia nacional. Uno de los retos consiste en generar conocimiento para definir con precisión la amenaza existente y, además, diferenciar, clasificar y prever los actos perpetrados por grupos implicados en la criminalidad organizada. Según uno de los expertos presentes, será necesaria una conceptualización más compleja de la problemática. Por último, se insistió en que hay que combatir la corrupción en sus distintas manifestaciones.